México debe frenar a ese Frankenstein antes de que degenere en un nuevo cartel.

El pasado 28 de abril, el gobierno federal, en coordinación con el de Michoacán, inició el desarme, registro y desmovilización de los grupos de autodefensa que operan en la entidad. Nadie sabe bien a bien cómo concluirá ese accidentado proceso, aunque tomando en cuenta la experiencia de Colombia, es posible anticipar que, de no ponerles freno, podrían degenerar en algo muy parecido a un cartel.

Como lo comentamos en una entrega anterior, el 24 de enero de 2013, en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, surgieron los primeros grupos civiles armados con el objetivo de frenar las extorsiones, los secuestros y el robo de mujeres que cometían Los Caballeros Templarios sin distinción de clases: lo mismo contra el propietario de una pequeña tienda que contra ganaderos y grandes productores de aguacate y limón.

A lo largo del año pasado, las autodefensas lograron expandirse a 27 municipios del estado, pero los focos rojos se encendieron en enero de 2014 cuando desconocidos quemaron vehículos en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, a la altura de Parácuaro, así como tiendas, gasolineras y oficinas del municipio de Apatzingán. Se trataba de una de las primeras reacciones de los delincuentes para expresar su desacuerdo con estos grupos.

A fin de evitar estos enfrentamientos, el 13 de enero se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad en Michoacán, mediante el cual la Federación asumía las labores de vigilancia en la zona de Tierra Caliente. De hecho, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió en esa fecha que habría “tolerancia cero para civiles armados”, pidió a los miembros de las autodefensas regresar a sus comunidades y entregar las armas.

En respuesta, José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, grabó dos videos con posturas encontradas. En uno aceptaba las reglas fijadas por los gobiernos federal y estatal; y en otro rechazaba haber autorizado el desarme.

Hipólito Mora, líder de estos grupos en La Ruana (detenido el 11 de marzo como presunto copartícipe en el homicidio de dos de sus pares), advirtió que antes de regresar a sus poblaciones, “primero deberían sacar a Los Templarios” y subrayó que “con gusto” se replegarían, siempre y cuando les dieran las cabezas de los líderes criminales.

Ante esas diferencias, el 27 de enero se acordó “institucionalizar” a esas organizaciones mediante la firma de un acuerdo de ocho puntos en los que se les proponía incorporarlos a los Cuerpos de Defensa Rurales (que serían de carácter temporal), con la opción de integrarse a la Policía Municipal, “siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento”.

Las autodefensas también se comprometían a registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Pocos días después, el 4 de febrero, Mireles volvió a la carga y afirmó que esos compromisos eran “un teatro”.

Un mes más tarde, el 3 de marzo, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció el desarme de estos grupos al argumentar que no existía una justificación “para que continúen portando armamento debido a que el Estado mexicano ya recuperó los territorios que anteriormente estaban en control de grupos delincuenciales”.

Pero, una vez más, surgieron las diferencias. Mientras el funcionario federal reiteraba que el plazo para el desarme vencía el 10 de mayo, y no solo eso, sino que las autodefensas desaparecerían y que quienes portaran armas serían detenidos, José Manuel Mireles aclaraba que solo “guardarían” las armas e incluso tendrían un permiso para portar “cuernos de chivo” y AR-15, aunque “de manera discreta”.

Para evitar equívocos, el comisionado dio a conocer un calendario para el procedimiento de desmovilización, registro y desarme que inició el 28 de abril y que concluirá este viernes 9 de mayo. En los dos primeros días de este proceso, se registraron aproximadamente 1000 armas.

Sin embargo, la operación se desarrolló en medio de contradicciones. Estanislao Beltrán, alias ‘Papá Pitufo’, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcaltepec, aclaró que el proceso era solo un registro de armas y no un desarme.

Felipe Díaz, quien encabeza a esas organizaciones en Coalcomán, aseguró que seguirá portando armas “donde quiera que yo ande”, pero no a la vista, sino en el interior de su camioneta.

Castillo Cervantes aclaró que en el momento en que algún ciudadano pretenda registrar armas de uso exclusivo del Ejército en los módulos de la Sedena, estas serían confiscadas de manera inmediata.

De esta forma, nadie puede apostar a lo que ocurrirá a partir de este 10 de mayo, cuando se venza el plazo impuesto por el gobierno federal para el registro, desarme y desmovilización (entiéndase, extinción) de los grupos de autodefensa. Pero la experiencia internacional sí nos dice lo que podría ocurrir si no se les institucionaliza.

El caso Colombia: semejanzas y diferencias

Con el patrocinio del Ejército Nacional, las autodefensas aparecieron en Colombia a finales de la década de 1970 como respuesta a los excesos cometidos por la guerrilla, como el secuestro de campesinos y el despojo de tierras. Uno de los primeros grupos fueron las Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio, en el departamento de Boyacá.

Y aunque sus primeras manifestaciones se dieron en zonas rurales, también comenzaron a tener presencia en las ciudades, como en el caso de Medellín a través de la Defensa Civil. Ahí, la Policía les dio armas cortas para que hicieran labor de vigilancia y control en los barrios.

De hecho, el gobierno colombiano los legalizó. Pero lo que comenzó como un mecanismo de protección ante la guerrilla y los grupos criminales, pronto se convirtió en un recurso utilizado por el crimen organizado. A mediados de la década de 1980, los hermanos Castaño, miembros del cartel de Medellín, ayudaron al Estado a eliminar al narcotraficante Pablo Escobar y absorbieron a las autodefensas que se transformaron en grupos armados de paramilitares.

Al ver que se habían convertido en una amenaza, el presidente Virgilio Barco derogó en 1989 la ley que permitía la existencia de las autodefensas bajo dos argumentos: la firma de la paz con algunas guerrillas y que algunos de estos grupos fueron cooptados por el narcotráfico.

Dos años después, el presidente Ernesto Samper volvió a legalizar a estas organizaciones debido a que el conflicto con la guerrilla nunca se detuvo. Así surgió la figura de las “cooperativas de vigilancia” o “Convivir”.

En la década de 1990, las Convivir y ejércitos privados de los narcos se sumaron para crear las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que terminaron por desatar una ola de abusos y masacres que provocaron el desplazamiento de unos 5 millones de personas de sus zonas de origen debido a que les robaron sus tierras.

Poner en claro lo que ocurre con estos grupos de civiles armados en México y Colombia nos lleva a una conclusión: su denominador común es la incapacidad del Estado para dar seguridad y garantizar a sus habitantes que viven bajo el yugo de guerrillas o templarios.

Sin embargo, en el país sudamericano lo que surgió como una reacción civil frente a esos abusos llegó a adquirir tanto poder que se transformó en una forma de gobierno paralela, en un monstruo sin control que generó mayor violencia que la que pretendía combatir. Por eso, México debe frenar a ese Frankenstein, antes de que degenere en un nuevo cartel.

Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario Proyecto 40. Twitter: @HanniaNovell