Los alemanes impecablemente honestos vacilan ante una serie de escándalos financieros que involucran a figuras elevadas, desde el presidente hasta un obispo católico.
En dos semanas, Bettina Wulff será llamada a atestiguar en el juicio a su marido distanciado, Christian Wulff, el expresidente de Alemania a quien se acusa de aceptar sobornos. La audiencia es la última en una larga serie de incidentes embarazosos que suscita dudas con respecto a si los líderes de la nación más poderosa de la Unión Europea son tan honestos como afirman serlo.
Los alemanes se piensan a sí mismos como rectos e impecablemente honorables. La visión generalizada es que los países del Mediterráneo están mal administrados y enredados en escándalos, mientras que los países del norte europeo siguen las reglas. Sin embargo, el juicio del desacreditado Wulff ha puesto de cabeza esa noción.
Para empezar, parece que Alemania se comporta como una república bananera. “Andamos con los humos subidos, diciéndoles a las nuevas democracias que necesitan legislaciones contra la corrupción”, dijo el profesor doctorado Hans-Joachim Mengel, profesor de ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín, “pero nosotros no necesitamos una, ‘porque se puede confiar en nuestros políticos’”.
Wulff, de 54 años, ha sido acusado por una corte de Hanover de corrupción y tráfico de influencias. Él se vio forzado a dejar su cargo en febrero pasado. Tan pronto como se vio en problemas, Bettina, su esposa, una rubia exejecutiva de relaciones públicas, 14 años más joven que él, lo dejó.
Hace cinco años, como primer ministro de Baja Sajonia, según el fiscal Clemens Eimterbäumer, un hombre de 43 años y mentón cuadrado que parece un joven Bruce Willis, Wulff aceptó un soborno por US$1036 de David Groenewold, un productor de películas. Groenewold pagó una estadía en hotel, una niñera y la entrada a la carpa VIP en el Oktoberfest de Múnich.
Posteriormente, Wulff le escribió al gigante de ingeniería y electrónicos Siemens pidiéndole que financiase una película que Groenewold planeaba hacer. Esto, según sugieren Eimterbäumer y su equipo, cuenta como corrupción.
Un presidente venido a menos por un regalo de solo US$1000. ¿Se trata solo de la ultrahonesta Alemania prestándole una atención pedante a las reglas? Al contrario. Aun cuando el regalo es el único cargo que enfrenta Wulff, este es solo un aspecto de una red de amistades mutuamente beneficiosas entre el expresidente y ejecutivos corporativos.
“La reacción de la gente al juicio de Wulff es: ¿solo 770 euros? Eso es ridículo”, dijo Gregor Hackmack, cofundador del grupo de vigilancia parlamentaria Abgeordnetenwatch. “El soborno directo como el crimen del que se acusa a Wulff es muy raro en Alemania”. Pero, añadió él, “hay diferentes grados de corrupción. Muchos políticos aceptan regalos de líderes empresariales. Les aceptan invitaciones a cenar”.
Una serie de negocios misteriosos llevaron al escándalo que obligó la renuncia de Wulff en febrero del año pasado. Hubo un viaje de navidad a Coral Springs, Florida, el cual incluyó una estadía en la lujosa mansión suburbana del multimillonario alemán chatarrero Egon Geerkens.
Cuando miembros de los Verdes en el parlamento estatal de Baja Sajonia le preguntaron a Wulff al respecto, este insistió en que él y Geerkens no tenían tratos comerciales. Pero sí los tenían, indirectamente. La esposa de Geerkens había dado a los Wulff un préstamo por US$675 000 para una hipoteca y comprar una casa. Se sospechaba ampliamente que el préstamo en realidad provino de Geerkens.
La casa que compraron los Wulff, en el poblado de Großburgwedel en las afueras de Hanover, se parece mucho a cualquier otra casa suburbana, aunque los contribuyentes de Baja Sajonia pagaron las ventanas a prueba de balas, las puertas de acero y un cuarto de pánico. Cuando Wulff llegó a la presidencia, la pareja se mudó a Schloss Bellevue, el magnífico palacio del siglo XVIII en Berlín que ha servido como residencia oficial del presidente desde 1994.
Luego se dio el Nord-Süd-Dialog, una conferencia privada en Hanover, la capital de Baja Sajonia. El portavoz de Wulff y su “gemelo siamés”, como Wulff lo llamó laguna vez, Olaf Glaeseker, aceptó 17 viajes vacacionales de parte de un organizador del evento, Manfred Schmidt, y luego usó contactos del gobierno para arreglar patrocinios para el Nord-Süd-Dialog de Schmidt.
Cuando se le preguntó si el gobierno estatal estaba involucrado en la conferencia, la oficina de Wulff lo negó de plano. Glaeseker afirma que Wulff, el patrocinador de la conferencia, sabía del arreglo con Schmidt. Cuando Glaeseker vaya a juicio por cargos de corrupción en Hanover el próximo mes, Wulff será llamado como testigo.
Después de que Wulff llegó a la presidencia, sus tratos comerciales se convirtieron en el foco de una intensa atención de la prensa, en particular del tabloide sensacionalista Bild, con Wulff insistiendo en que no había hecho algo malo. Wulff dijo a Kai Diekmann, director de Bild, que no publicase un artículo y supuestamente le dejó un mensaje amenazador en su correo de voz: “Habrá una guerra”.
Cuando el fiscal Eimterbäumer demandó que se le quitase la inmunidad presidencial a Wulff para ser enjuiciado, a él no le quedó más remedio que renunciar.
El juicio de Wulff, el cual comenzó en Hanover el 14 de noviembre, no solo es la historia apasionante de una estrella política venida a menos a quien se atrapó con las manos dentro de la caja. También ha llamado una atención sin precedentes a la relación siempre íntima entre los políticos alemanes y el sector empresarial.
Siegfried Kauder, un miembro de la Unión Cristianodemócrata del Bundestag hasta este año, describió cómo los empresarios tienden a “crear una atmósfera cómoda para los políticos que les interesan. Te invitan a conciertos y buenos restaurantes. No solo sucede en la política federal [alemana], sino en el Parlamento Europeo, los parlamentos estatales, y en el nivel local también”.
Una manera en que las compañías se aseguran las simpatías de los legisladores es ofreciéndoles charlas públicas muy bien remuneradas. Desde la elección de 2009, el parlamentario Peer Steinbrück, candidato del Partido Socialdemócrata a la cancillería en las elecciones de este septiembre, ha ganado por lo menos US$950 000, además de su salario en el Bundestag de US$133 680, principalmente dando discursos.
Otros nueve miembros del Bundestag han ganado más de US$200 000 a través de trabajos extracurriculares. “Por supuesto, en la realidad los pagos por discursos son por servicios enteramente diferentes”, dijo Hackmack.
El Dr. Günter Krings, líder adjunto de la facción Unión Cristianodemócrata/Unión Social Cristiana en el Bundestag, no está de acuerdo. “Nunca he sentido que haya corrupción entre los miembros del Bundestag”, dijo él. “Por supuesto, algunos miembros son cercanos al sector privado, pero eso todavía no ha llegado a casos de sobornos”.
Pero en Alemania, un país que se enorgullece de hacer las cosas como dicta el libro, la idea de que los políticos sean menos que honorables es preocupante. “Nosotros los alemanes tendemos a pensar que aquí en Alemania todo se hace siempre de la manera correcta”, dijo Konstantin von Notz, un abogado y miembro del parlamento por el Partido Verde. “Lo que tenemos no es en su mayoría una corrupción pura, pero de todas formas no está bien y eso lo vuelve problemático”.
La intimidad entre políticos e intereses empresariales afecta a ambas partes. Hay una especie de ciclo de reciclaje entre los políticos y los negocios que otrora regularon. Como canciller, el socialdemócrata Gerhard Schröder apoyó vigorosamente la construcción de un oleoducto en el mar del Norte desde Rusia hasta Alemania.
Inmediatamente después de perder la elección de 2005, él se unió a Nord Stream AG, la compañía ruso-alemana que construye y opera el oleoducto. Hoy, él es presidente del Comité de Accionistas de la compañía.
Y este año, Eckart von Klaeden, un miembro de la UCD en el Bundestag y secretario de estado de la canciller Angela Merkel, renunció para convertirse en el principal cabildero del fabricante de autos Daimler. Aun así, él siguió siendo un miembro de la junta de gobierno de la UCD.
Mientras tanto, el obispo Franz-Peter Tebartz-van Elst de Limburgo aumentó la creciente animosidad pública para con los líderes alemanes al gastar US$42 millones de dinero de la iglesia para renovar generosamente su residencia oficial, lo cual incluyó una tina de baño de US$20 000. El obispo también mintió sobre sus gastos, viajando en primera clase en un vuelo a India, para luego afirmar bajo juramento que había ido en clase de negocios.
Tebartz-van Elst también enfrentó un juicio, por mentir bajo juramento, un cargo que él resolvió mediante pagar una multa de US$27 000. Por su parte, Von Klaeden ha cedido a la presión de sus colegas de partido y renunció a la junta de la UCD, pero sigue bajo investigación.
El Papa Francisco rápidamente suspendió a Tebartz-van Elst, pero los líderes alemanes no tienen medios para lidiar con sus colegas poco éticos. “Para los políticos elegidos, comprar votos y llevar a cabo actos políticos como resultado de recibir regalos son las únicas cosas prohibidas explícitamente por la ley, y eso es algo que casi nunca puede demostrarse”, explicó Michael Koss, presidente del equipo político en la rama alemana de Transparencia Internacional. “Los miembros del ejecutivo están sujetos a una regulación más estrecha”. Por ello es que Wulff y Glaeseker están siendo enjuiciados.
Solo un legislador alemán ha sido enjuiciado por corrupción. De hecho, Alemania es parte de un puñado de estados miembros de la ONU que no han ratificado el acuerdo contra la corrupción de la ONU. Aun así, dado que se aplican leyes estrictas a los trabajadores del sector público —no pueden aceptar regalos que valgan más de US$37.50—, la mayoría de los alemanes no se ha topado con corrupción.
Pero los vientos están cambiando. Por ejemplo, los fiscales también investigan si Von Klaeden usó su posición como participante en las discusiones sobre la industria automotriz en la cancillería para darle ventajas a Daimler.
“Los fiscales se han vuelto más valientes y ahora tienen la confianza para iniciar investigaciones a políticos, incluso cuando saben que el gobierno puede parar sus investigaciones o moverlos a puestos diferentes”, explica Hackmack.
“En el pasado, la actitud siempre fue: aquí en Alemania siempre hacemos todo de manera correcta, ¿por qué necesitaríamos investigar la corrupción?
“Lo excitante justo ahora es que el fiscal se está atreviendo a enjuiciar a Wulff aun cuando el caso atañe a una suma muy pequeña”.
El caso contra Wulff dominará los encabezados cuando su esposa dé su testimonio el 12 de diciembre. Él la conoció en 2006 y se casaron dos años después. Como primera dama, Bettina le cayó mal a muchísima gente. La veían como una intrigante que quería convertirse en la Hillary Clinton de Alemania. Ella cobró todavía más notoriedad cuando demandó a Google por su función de autocompletar, la cual añadía automáticamente dama de compañía y prostituta a su nombre cada vez que alguien la buscaba. Google aceptó retirar ocho de los 3000 resultados de búsqueda que ella exigió que se suprimiesen.
Recientemente, ella publicó sus memorias en un volumen embarazoso en el que cavila sobre temas tan importantes como tener sexo cuando los guardaespaldas están apostados del otro lado de la puerta.
Según los estándares de Europa Occidental y Norteamérica, la política alemana está notablemente limpia: los jefes del gobierno no poseen importantes productoras mediáticas; los principales donadores de campaña no son recompensados con embajadas muy codiciadas; los parlamentarios no participan de un engaño masivo sobre sus gastos. De hecho, Transparencia Internacional ubica a Alemania en el 13º lugar de su último Índice de Percepción de Corrupción, arriba del Reino Unido, EE UU, Francia e Italia.
Aun así, en medio de los escándalos recientes, hay un reconocimiento creciente de que Alemania necesita de leyes contra la corrupción más estrictas. Thomas Kutschaty, ministro de justicia de Renania del Norte-Westfalia, ha pasado años haciendo campaña para tal legislación. “La cantidad de resistencia con la que me topé al principio fue muy intensa”, recuerda él. “Pero conforme ha pasado el tiempo, he recibido más apoyo. Ahora estoy incluso convencido de que la nueva coalición de gobierno se hará cargo de este asunto”.
El 27 de noviembre, la UCD/USC y el PSD anunciaron que habían tenido éxito en llegar a un acuerdo para formar un nuevo gobierno. Con una fuerza conjunta de 504 miembros del parlamento, la nueva administración tendrá una mayoría abrumadora en el Bundestag de 631 miembros.
“En la intersección entre la política y lo empresarial, no todos son ángeles”, dijo Mengel. “Necesitamos de leyes contra la corrupción apropiadas por la misma razón que tenemos leyes prohibiendo el asesinato: la mayoría de la gente nunca considerará matar a alguien, pero necesitas formalizar el acto de que no está permitido”.
“A todos los grupos parlamentarios del Bundestag les gustaría aprobar leyes contra la corrupción más estrictas, pero es muy difícil definir dónde trazar la línea de lo que está permitido y no está permitido. Algunas personas se niegan siquiera aceptar una taza de café”, dijo Krings.
Entre las ideas promovidas por los grupos parlamentarios está un período de tres años en el que un político que deja su cargo no pueda tomar un puesto que cubra la misma área en el sector privado.
Wulff rechazó un acuerdo con la parte acusadora que le ofreció Eimterbäumer porque quiere limpiar su nombre. Si lo condenan, se enfrenta a tres años de cárcel. Pero un veredicto de culpabilidad está lejos de ser una certeza, y Hackmack hace notar: “Si Wulff es declarado inocente, la gente dirá: ‘Ni siquiera este caso fue corrupción real. No necesitamos hacer algo’”.
Sea cual sea el resultado, los políticos alemanes empezarán a prestarle más atención a quién los invita a cenar o a quedarse a dormir. Podrían terminar perdiendo el techo sobre sus cabezas.
Wulff ya no vive en la casa que compró con el préstamo sospechoso que puso en marcha todo el escándalo. Cuando él y Bettina se separaron previamente este año, él se mudó a un apartamento modesto.
