Sus raíces han cambiado, sus consecuencias aún no.
Este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebra 150 años de existencia. La organización humanitaria, creada para ayudar a las víctimas de guerras, conflictos y otras situaciones de violencia, continúa hoy aliviando el sufrimiento de los más necesitados; y, ahora, en distintos y desafiantes contextos.
A más de 50 años del inicio de las dictaduras militares en América Latina, junto con un gran número de conflictos armados y guerras civiles, los desaparecidos, los detenidos, las comunidades desplazadas y la protección de la población civil siguen siendo los retos apremiantes que enfrenta el CICR. El Comité ha estado presente monitoreando condiciones de detención, restableciendo vínculos familiares, brindando salud y ayuda material a miles de víctimas que han sufrido de alguna manera los estragos de la violencia armada.
Mientras que Colombia trata de ponerle fin a uno de los últimos y más antiguos conflictos del hemisferio, las necesidades humanitarias siguen siendo importantes en muchos otros países de la región. Ahora, las causas de la violencia son muy diferentes, pero siguen representando un panorama de mucho sufrimiento físico, mental y psicosocial para los involucrados. Los escenarios han cambiado: mientras que hace 50 años los gobiernos represivos, las guerrillas y los grupos de autodefensa eran los causantes de la violencia hacia su propio pueblo, ahora son la violencia armada, las complicadas redes criminales y hasta las pandillas que usurpan la fuerza pública las que ocasionan preocupantes cifras de violencia día a día. El contexto se ha transformado considerablemente; sin embargo, las violentas consecuencias continúan siendo, en esencia, las mismas.
Para conocer más acerca de la mella de la violencia y de los esfuerzos humanitarios en pro de la protección de las personas, la promoción del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina, Newsweek en Español entrevistó a Patricia Danzi, jefa de operaciones para América, y a Yves Giovannoni, jefe de la Delegación Regional para Venezuela y el Caribe, del Comité Internacional de la Cruz Roja.
El primer extracto de la entrevista es con Yves Giovannoni.
—¿En qué momento decidió el CICR extender su acción humanitaria hacia América Latina y cómo lo hizo? ¿Qué antecedentes provocaron que el Movimiento de la Cruz Roja volteara su mirada hacia el sur de América?
—Para los primeros antecedentes hay que remontarnos a la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, en 1932, donde los delegados del CICR pudieron visitar campos de prisioneros de guerra de ambas partes del conflicto. Más cercano a nuestro tiempo, en 1954, después de que fue derrocado el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, o durante los acontecimientos ocurridos en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, en 1955, el CICR pudo también visitar a detenidos de seguridad. Todo se aceleró en la década de 1960, antes de que se abriera una delegación regional para el continente realizamos visitas a muchas cárceles en Argentina, Brasil Haití, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, lo que conllevó a la apertura de la primera Delegación Regional, en Caracas, en 1972.
“Sin duda, no podemos hablar de la década de 1970 sin evocar la acción humanitaria del CICR en Chile y en Colombia. En septiembre de 1973 abrimos la delegación en Santiago, poco después de que el presidente Salvador Allende fuera derrocado; los primeros años no fueron fáciles, pero a partir de 1974 tuvimos más acceso a un mayor número de lugares de detención. El CICR ha estado presente en Colombia por más de 40 años, y hoy en día sigue teniendo una docena de oficinas que abordan las consecuencias del conflicto armado (uno de los más prolongados del mundo) y otras situaciones de violencia.
“Desde ese entonces, durante la década de 1960, los delegados de la organización empezaban a difundir los conceptos básicos del derecho internacional humanitario para explicarle al mundo que hasta la guerra tiene sus límites. Hoy en día, las normas básicas del derecho humanitario internacional son conocidas por muchos, incluso en las zonas más remotas del país donde perdura la dinámica del conflicto.
“Es a finales de la década de 1970 cuando aparecen los operativos de asistencia y, poco a poco, lo que ahora llamamos la protección de la población civil, con el despliegue de nuestros colaboradores en Nicaragua y El Salvador. Nuestro trabajo no ha cesado de evolucionar constantemente. Así como los retos y las dinámicas cambian a medida que va evolucionando el conflicto, de la misma manera evoluciona la acción humanitaria. Nos adaptamos a nuevos retos y constantemente tratamos de asegurarnos de que las víctimas y sus familiares puedan contar con nuestra ayuda en los momentos más difíciles”.
—¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron respecto a las personas desaparecidas? ¿Pueden describirnos su acción en Chile en la época
de Pinochet?
—Ante todo, el derecho a conocer la suerte y el paradero de un ser querido es una preocupación fundamental del derecho internacional. Es oportuno precisar que, con base en ese mismo derecho, la responsabilidad de proporcionar esa respuesta incumbe a las autoridades de cada estado. Volviendo al pasado de la región, en su momento uno de los retos para el CICR fue la cantidad limitada de delegados frente a las múltiples necesidades que generaron esas situaciones, sobre todo durante el período conocido como los “Años de Plomo”, durante las dictaduras militares.
“Tomando el caso de Chile como ejemplo, ese fue un reto mayor: tener acceso a las cárceles, establecer un nivel de diálogo suficiente con las autoridades para iniciar un trabajo constructivo, eso llevó tiempo. Con los desaparecidos hubo un empeño mayor, pero persistieron las dificultades. Se consiguió obtener la información necesaria para procurar respuestas adecuadas a muchos familiares, pero en muchos otros casos no las hubo. Y eso no es solo un patrón latinoamericano: trabajar en la cuestión de las personas desaparecidas es una labor a largo plazo, muy compleja.
“Hoy día hay todavía miles de familias que esperan recibir respuestas, ya sea en Perú, Guatemala, Colombia, etcétera. Cada caso es diferente y requiere un proceso de búsqueda propio. Lleva tiempo y, en muchos casos, es extremadamente difícil obtener resultados”.
—¿Después de ese período se ha avanzado en esta situación o sigue siendo algo cuya solución marcha
con dificultad?
—En los 10 años que han transcurrido desde la celebración de la Conferencia Internacional en Ginebra sobre las Personas Desparecidas y sus Familiares, hemos abordado y comprendido en mayor profundidad los retos y las necesidades tan diversas de estas familias. Yo mismo organicé la Conferencia Continental en Lima, en 2003, sobre la temática con el fin de sensibilizar a las autoridades sobre dicha problemática, examinar métodos y acordar avances hacia prácticas comunes en términos de prevención de las desapariciones y la respuesta a las necesidades de las familias. En esos ámbitos por supuesto que hemos avanzado, pero el esclarecimiento sobre lo que ha pasado con las familias de desaparecidos sigue siendo un importante reto al día de hoy.
—El sufrimiento que generan los conflictos armados u otras situaciones de violencia no se limita a los que toman parte en ellos; lo sufre, lamentable e inevitablemente, la población en general. ¿Cuáles son las consecuencias humanitarias más comunes en la región?
—Al pensar en la población afectada, ya sea por conflicto armado u otras formas de violencia armada, evocamos consecuencias humanitarias que lamentablemente perduran aún hoy en día en muchos contextos: muertos, heridos, desaparecidos, el desplazamiento de comunidades enteras acarreando no solo la pérdida de sus propiedades y medios de sustento, sino, en numerosos casos, también la pérdida del contacto con sus familiares.
“Por otra parte, hay que tomar en cuenta que gran número de personas privadas de libertad en la región han podido estar o siguen estando expuestas a condiciones de detención preocupantes. Sin olvidar las consecuencias que generan la amplia disponibilidad de armas o la presencia de municiones o artefactos sin estallar y abandonados.
“El CICR ha intentado dar respuesta a esas consecuencias y lo ha hecho también mano a mano con las sociedades nacionales de la Cruz Roja de cada país, un hecho que hay que subrayar ya que, sin ellas, todo lo que hizo —y hace— el CICR en América Latina sería imposible.
“Retomando la temática del desplazamiento, muchas personas han tenido que huir de manera incontrolada, dejando parientes atrás; una de nuestras respuestas han sido los esfuerzos de restablecimiento de lazos familiares, uno de los marcos de acción en los que se han obtenido valiosos resultados conjuntamente con las sociedades nacionales de la Cruz Roja de la región”.
—¿Qué características latinoamericanas han imposibilitado o facilitado las acciones del CICR para llevar a cabo su cometido?
—Entre los factores que han facilitado la acción del CICR en la región nombraría, sin duda, el grado de proximidad cultural e idiomática. Resulta más fácil aprender el castellano, portugués, inglés y francés, mientras que en otros contextos encontrar a delegados que aprendieran o dominaran el pashtu, el árabe o el tamil ha representado una dificultad añadida. Establecer una relación y diálogo fluido con las partes es esencial en nuestra labor, así pues, la cuestión idiomática es sin duda un facilitador para llevar a cabo la intermediación. Añadiría que otro factor que permitió al CICR trabajar en la región fue el amplio reconocimiento de nuestro mandato.
—En América Latina el Comité se enfrentó por primera vez al desarrollo de la violencia generada por grandes conflictos internos en cada país, ¿en qué cambió el CICR a su llegada a esta zona del continente, a diferencia de su larga historia en las confrontaciones multinacionales?
—Hasta la década de 1960, el CICR mayormente visitaba prisioneros de guerra, en conflictos armados internacionales, pero no sería preciso quedarse ahí: en América Latina el CICR respondió a necesidades humanitarias provocadas por diferentes tipos de violencia armada; estuvo presente durante el conflicto armado internacional en las Malvinas y, al mismo tiempo, habíamos ya trabajado en el marco de conflictos internos.
“Nuestra experiencia en el continente ha enriquecido, sin duda alguna, el abanico de respuestas del CICR en materia de protección de la población y, de nuevo, especialmente en materia de actividades a favor de las personas privadas de libertad. En el ámbito de los detenidos de seguridad, tuvimos un papel de vanguardia y podemos decir que en la región es donde se abrió el ámbito de acción referente a velar por el respeto de las garantías judiciales, muy importante desde el punto de vista humanitario. Para ilustrar el caso, por ejemplo, si yo estoy en la cárcel detenido un año y todavía no me han informado de las razones de mi detención, si mi juicio está de cierta forma perjudicado, eso causa también mucho sufrimiento mental y hasta físico.
“En el tema de la protección de la población, América Latina ha sido un terreno de experimentación. Me refiero, ante todo, a violaciones del derecho internacional humanitario. Tenemos que ir a donde ocurrieron los hechos, documentarlos y, según nuestras modalidades de trabajo en el marco de la confidencialidad, propiciar y mantener un diálogo constructivo con los responsables para señalarles, por ejemplo, las posibles irregularidades en el comportamiento de sus tropas —me refiero a cualquier parte del conflicto, como podrían ser grupos guerrilleros o grupos insurgentes—. El hecho de que una entidad internacional humanitaria, neutral e imparcial señale directamente a los posibles responsables, las irregularidades que estén aconteciendo, tiene un valor añadido, ayuda. Pero, obviamente, se trata, una vez más, de una labor a mediano y largo plazo.
“El marco legal internacional evolucionó también en esta época, con la adición, a finales de la década de 1970, de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, para poder responder mejor a los problemas humanitarios en América Latina, así como en África y Asia. Estos nuevos protocolos mejoraron significativamente la protección jurídica conferida a los civiles y los heridos y, por primera vez, establecieron normas humanitarias aplicables en guerras civiles”.
—Indudablemente, los contextos políticos y sociales han sufrido una gran transformación en América Latina (y lo seguirán haciendo). ¿Qué cambios tuvo que hacer el CICR para adaptarse a estos cambios y hacer frente a una violencia cuyas causas han ido evolucionando?
—Efectivamente, los dos últimos decenios han presenciado la emergencia de otras formas de violencia armada. Si bien sus causas son de otra índole, las consecuencias humanitarias que estas generan son agudas y complejas. El CICR, al igual que los otros componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se ha ido adaptando en paralelo a la evolución de las dinámicas de la violencia armada, hemos ganado en operatividad y todas las partes del Movimiento estamos mejor preparadas para los retos venideros.
“Esta misma evolución ha requerido que el CICR emprenda una reflexión y acción respecto al uso de la fuerza legítima por parte del Estado y la protección de las personas en situación de violencia. A cada peldaño le corresponde una norma humanitaria diferente, y ahí estamos observando avances sustanciales en la región”.
—Por otro lado, el Comité posee principios que lo identifican y a los que se ha apegado sin importar la época. ¿Cuáles son estos fundamentos sobre los cuales ha trabajado el CICR para el respeto del derecho en los nuevos contextos de violencia en América Latina y el Caribe?
—Lo que no ha cambiado a lo largo de estos 150 años de acción humanitaria son los principios fundamentales que constituyen nuestra esencia: la humanidad, neutralidad, la imparcialidad y la independencia en los que se basa nuestro accionar. Destaco nuestra neutralidad política porque tenemos que conocer muy bien el entorno, pero la neutralidad política es justamente una posición que hay que preservar a cada instante; la motivación que nos mueve a atender a la gente que sufre a raíz de la violencia armada viene siempre con este abordaje imparcial e independiente. Creo que hemos logrado preservar estos principios y que eso es todavía lo que representamos hoy. Son nuestra identidad y nuestra contribución al fortalecimiento de los valores humanitarios en este mundo.
Las prioridades
Por otro lado, Patricia Danzi nos asistió en la visualización de la evolución y los retos de la violencia contemporánea para comprender sus causantes, sus desenlaces y las perspectivas que tiene el CICR para combatir esta nueva era de violencia en América Latina.
—¿Cuáles son las prioridades clave que hoy en día tiene el Comité, como parte de la red humanitaria más grande del mundo, para esta parte del continente?
—Una importante porción de nuestras prioridades actuales siguen estando estrechamente ligadas al conflicto colombiano al que el CICR dedica el 40 por ciento de sus recursos humanos y financieros destinados al continente. Colombia sigue siendo hoy en día nuestra más grande delegación en la región.
“Estamos dedicando también importantes esfuerzos para tratar de dar una respuesta multidisciplinaria a las consecuencias humanitarias en situaciones de violencia armada. La problemática que las relativamente nuevas dinámicas de violencia armada en América Latina generan en la población, su sintomatología y sus consecuencias son, infelizmente, muy familiares para nosotros: muertos, desaparecidos, los traumas psicológicos y psicosociales que desarrollan las poblaciones afectadas, etcétera. Seguimos trabajando también a favor de los desplazados en toda la región, y llevamos a cabo actividades a favor de las personas migrantes sobre todo en América Central y México, a través de nuestra Delegación Regional para México, América Central y Cuba.
“Otra de nuestras prioridades apremiantes siguen siendo las personas privadas de libertad porque observamos que las condiciones de detención son deplorables en muchos de los países de la región, y esto tiene varias raíces; algunas son fruto de la aplicación de políticas de seguridad que aspiran a ser más efectivas, pero, en muchos casos, se trata de un problema de recursos para proporcionar a los detenidos condiciones de trato y de detención adecuadas de acuerdo con las normas nacionales y los estándares internacionales aplicables en la materia. Así que, para nosotros, los detenidos seguirán siendo una prioridad”.
—¿Qué otras actividades se están llevando a cabo para brindar ayuda a la población más afectada por las actuales formas de violencia?
—Tomemos como ejemplo el caso de México: hace unos años hicimos un estudio para conocer mejor el impacto que la violencia armada tenía sobre la población y quiénes eran los más afectados. Las conclusiones pusieron de manifiesto que la población más afectada eran los migrantes. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hay mayor visibilidad al respecto? Porque son vulnerables, y dentro del grupo de los migrantes, las mujeres y los niños son los más expuestos a esos factores de vulnerabilidad; a menudo no llevan documentación y pueden ser víctimas de múltiples formas de explotación por parte de diferentes actores.
“Con base en ello, el CICR decidió trabajar en asociación con la Cruz Roja Mexicana para brindar una respuesta racional, apropiada y efectiva en apoyo a las necesidades de esta población, para brindarles una mayor protección y, asimismo, sensibilizar a las autoridades, incluyendo a las norteamericanas, sobre las necesidades y los riesgos a los que está expuesta la población migrante en tales contextos de violencia. En este sentido, el trabajo conjunto es el que nos permite multiplicar el impacto que queremos tener.
“Nuestra modalidad de trabajo y nuestra fortaleza es nuestra capacidad de mantener un diálogo con las autoridades, incluyendo a las fuerzas armadas y de seguridad del país, con la población en general y con determinados grupos, lo que nos permite una respuesta humanitaria multidimensional a problemáticas como esta”.
—El CICR ha presenciado las últimas cinco décadas de conflictos armados y violencia en América Latina, ¿qué caracteriza a esta violencia contemporánea?
—La violencia ahora es más compleja, y la naturaleza de la violencia armada y de los conflictos armados han cambiado, pero, una vez más, las consecuencias son relativamente iguales. Retomando, por ejemplo, lo que concierne a la desaparición, la consecuencia no ha cambiado: para una familia representa el mismo sufrimiento perder a un hijo en un conflicto entre las FARC y el ejército colombiano, que perder a un hijo a lo largo de la ruta migratoria entre Guatemala y México. La consecuencia para la familia y para la madre es la misma.
“Así pues, independientemente del contexto en el que se haya dado la desaparición, el CICR se esfuerza por dar una respuesta a esta. En México y varios países de América Central estamos trabajando la temática de la desaparición y las actividades en favor de familiares de personas desaparecidas durante estos procesos de migración. Al mismo tiempo, estamos asesorando técnicamente a las autoridades acerca de la adecuada atención y acompañamiento que deben recibir los familiares de personas desaparecidas y promoviendo la cooperación regional en la materia. A nivel regional se está impulsando la homologación de sistemas de gestión de información sobre personas desaparecidas con el fin de contribuir a la prevención de desapariciones y a aumentar las tasas de identificación. El objetivo final debe ser siempre el mismo: la prevención de dichos fenómenos y la respuesta adecuada a la población afectada por estos.
“Otra característica es que la violencia es ahora más oculta y no tiene límite temporal, no al menos uno previsible. No es un acuerdo de paz el que va a cambiar las cosas, son fenómenos que tienen su raíz en problemáticas sociales arraigadas y profundas, en la desigualdad. Y la respuesta no puede ser solo una respuesta humanitaria; cierto, las organizaciones humanitarias podemos contribuir y apoyar la solución, pero la solución a problemáticas estructurales es mucho más compleja que solo eso”.
—En medio de un contexto tan complejo, ¿existen algunas ventajas que faciliten hoy en día la labor del CICR en la región?
—Una de las ventajas que tenemos hoy en día en América Latina es la existencia de marcos legales detallados o la capacidad de crearlos. Hay países, como México y Colombia, donde la existencia de estos marcos debería permitir una mejor protección de las personas; sin embargo, la dificultad se encuentra a nivel de su aplicación concreta. Pero habiendo voluntad, una organización como la nuestra puede apoyar más a las instituciones, y ayudarlas a hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, en lo que concierne a las normas que regulan el uso de la fuerza, con base en el derecho internacional de los derechos humanos el CICR está proporcionando asesoría técnica a los estados, promoviendo la creación de marcos legales unificados en la región y dando soporte a la integración de dichas normas mediante la capacitación y difusión de las normas aplicables para fuerzas armadas y de seguridad con el fin de sensibilizar a sus efectivos y proporcionarles las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con su tarea.
—En este sentido, ¿qué escenarios futuros prevé el CICR para América Latina y el Caribe? ¿Cómo ve el desarrollo de la violencia y cuáles son los desafíos que enfrentará?
—Vamos a tener que trabajar más de manera asociativa, apoyándonos en estructuras que ya existen y llevar ciertos de los servicios que proveen los estados a la población. También hay un aspecto de comunicación que no podemos obviar: las nuevas tecnologías están cambiando las dinámicas de la población en general. La población afectada por la violencia no es una excepción y tiene creciente acceso a estas plataformas; muchas comunidades afectadas en el mundo están utilizando estos medios para comunicar, para dar visibilidad a su situación. Son importantes plataformas de movilización y, en muchos casos, efectivas. Una realidad a tomar en cuenta.
“El aspecto psicosocial es un ámbito muy importante. Si retomamos la problemática de las personas desaparecidas, el fenómeno genera consecuencias psicosociales, no solo a nivel de la familia y allegados de la persona desaparecida, sino a nivel de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. Para ello, estamos ya trabajando para ampliar nuestro abanico y capacidad de respuesta a ese nivel.
“Concluiría diciendo que vamos a ver cada vez menos conflictos internos clásicos frente a un aumento de una forma de violencia que tiene también un impacto psicosocial muy alto, con multiplicidad de actores y cada vez más vinculada a motivos económicos. La proporción de la población afectada por este fenómeno será mayor a causa del nivel de organización y de los medios de los que los actores disponen. Aunque no exclusivamente, se manifestará crecientemente en medios urbanos, y este escenario representa la presencia de más actores, más fronteras invisibles, y se necesita más tiempo para entender el ambiente en el cual uno trabaja. En fin, las diferentes formas de violencia armada siguen evolucionando, pero las consecuencias de la violencia seguirán siendo relativamente similares, y habrá que trabajar por comprender los nuevos contextos para adaptar el accionar y continuar brindando apoyo humanitario a los más desfavorecidos”.
No a la violencia
Quizá lo más preocupante de la violencia que ha presenciado América Latina es que no ha sido solo violencia que ha atentado físicamente en contra de grupos de individuos, sino que ha atacado nuestra humanidad en todos los niveles. Es una violencia que ha afectado nuestra moral, nuestro ánimo, nuestra confianza entre nosotros mismos, y ha pasado a modificar nuestro carácter como cultura: nos ha hecho negligentes con los problemas que dañan a los desfavorecidos y nos ha aclimatado a una falsa justicia. La verdadera urgencia es empezar a comprender la violencia moderna. Es entender cómo prevenir y hacer frente a una violencia que está arrebatando cruelmente la esperanza de millones de latinoamericanos, forzándolos a continuar luchando sin respuestas, a solas y en silencio.
El CICR ha trabajado —y continúa haciéndolo— incansablemente, a lo largo de esta región del continente, como un ente neutral que intenta comprender los contextos y la naturaleza de la violencia contemporánea, para dar respuesta a sus consecuencias humanitarias y establecer, en la medida de lo posible, un diálogo constructivo con los actores de esta violencia.
Sin duda alguna, el velar por los derechos de los afectados por la violencia representa más que nunca una tarea compleja, porque el mundo cambia vertiginosamente y la violencia se ha adaptado a él con alarmante prosperidad. Mientras que, lamentablemente para América Latina, esto solo ha significado la intensificación de las condiciones de exclusión y de injusticia social.
Resulta imprescindible el actuar de organizaciones humanitarias como el CICR para dar respuesta inmediata al sufrimiento de tantos latinoamericanos afectados por la violencia: a las condiciones de los detenidos, a los desaparecidos, a los migrantes que arriesgan su vida; y dar voz también a los familiares que buscan respuestas y aliento en medio de tal clima de desesperanza.
Hay que desechar nuestra costumbre y nuestro silencio ante la injusta violencia que hemos tolerado desde hace más de 50 años.
