El poder político se gana para aplicarlo, no para compartirlo.
Sería autoengañarse haber pensado que el PRI, PAN y Partido Verde en la Cámara de Diputados federal no se hubieran unido para aprobar la reforma energética. Incluso la élite pensante de la izquierda había calculado el aplastamiento que la mayoría en la cámara baja del Congreso de la Unión aplicaría a los opositores a la llamada “madre de todas las reformas”, propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde el primer minuto en que se ideó el llamado Pacto por México, los estrategas del partido mayoritario en el Congreso de la Unión analizaron, estudiaron y calcularon su poder cameral para llevar el proyecto reformista al mencionado recinto legislativo con la firme idea de concretarlo antes de que terminara el año 2013.
Lo ideal hubiera sido que la izquierda —opositora a la reforma energética— vetara o sacara a tiempo del Pacto por México el tema energético, pero fue la astucia de los priistas y del gobierno federal lo que llevó a los líderes del PRD a firmar el mencionado pacto y, de esa manera, legitimar lo que ya habían calculado con filigrana los operadores tricolores.
Y, la verdad, estuvieron en su derecho los priistas y el gobierno en virtud de que el poder político se gana para aplicarlo, no para compartirlo, y eso fue lo que concretaron los grupos en la élite gubernamental y legislativa.
Quizá fueron los opositores institucionalizados los que mostraron su debilidad, escaso oficio y falta de malicia para reflexionar de que el haber aceptado el Pacto por México los llevaría al desfiladero.
Los perredistas no se enfrentaron a los gobiernos bisoños del PAN que durante 12 años no supieron contener al partido de izquierda; se encararon con un paradójico rejuvenecido priismo dotado de viejas mañas, viejos discursos y efectivos tiros de precisión para alcanzar sus objetivos, como ya lo hicieron con todo el paquete de reformas a una distancia de 12 meses de haber iniciado la administración de Peña.
No cabe la menor duda de que muchos legisladores priistas se quedaron con las ganas de aplicar la “roqueseñal” cuando se aprobó en lo general y en lo particular la reforma energética.
Y, la verdad, hicieron bien los priistas ganadores en evitar festejar con tan peculiar estilo en virtud de que aún falta medir la reacción de una inmensa mayoría de mexicanos que han permanecido estáticos, discretos y callados frente a la reforma energética, pues posiblemente están esperando la oportunidad para responder al respecto.
Tal vez en breve se reflejará su postura con el deterioro de la popularidad del gobierno federal en funciones, o bien, será en las urnas en el año 2015 cuando los mexicanos, sutiles hasta el momento, proyecten su aprobación o rechazo a la reforma energética y, de esa manera, volver a la realidad a un gobierno que posiblemente hubiera ganado más con la modernización de Pemex sin modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo propusieron a tiempo simpatizantes de la izquierda nacional.
Seguramente es muy pronto para atinar las reacciones de los ciudadanos de a pie ante la reforma energética, pero hay que reconocer la habilidad del gobierno y su partido representado en el congreso federal, cuyos miembros pagarán los costos de un posible desacierto ya concretado en un recinto alterno cameral, o bien, disfrutarán de un suculento acierto. Ya se verá.
Sustancia de la reforma
—El documento modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y cuenta con 21 transitorios para permitir que las empresas privadas participen en el sector energético, mediante contratos de servicios, de utilidad compartida, producción compartida o de licencia, entre otras modalidades.
—Plantea que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, organismos descentralizados, se conviertan en empresas productivas del Estado, a más tardar en un plazo de dos años, una vez publicada la reforma.
—La ley reglamentaria establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado respecto a las actividades estratégicas en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos (fuente: Cámara de Diputados).
