Las expectativas de crecimiento que traía consigo la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos se han visto ensombrecidas por la crisis y la dificultad de lograr reformas de fondo
Crecer. Esa es la palabra que más se ha dificultado en materia económica al gobierno de Enrique Peña Nieto en su primer año de trabajo. Crecer, entendiendo que esa palabra tan sencilla implica estabilidad macroeconómica, mejoras en el bolsillo de los ciudadanos, y una perspectiva alentadora del futuro.
Pero crecer es una palabra que no siempre se refleja en el presente y, tanto economistas como ciudadanos de a pie en el país, lo han experimentado en apenas 12 meses.
Y es que México, el “tigre azteca” del que con tanto optimismo escribía en enero de 2013 el periodista Adam Thompson en el diario británico The Financial Times, se quedó estancado a causa de una desaceleración mundial que ha puesto en aprietos a los expertos económicos y hacendarios del presidente mexicano.
Thompson, en un artículo titulado “México: el tigre azteca”, señalaba que desde el triunfo de Enrique Peña Nieto como presidente, “los inversionistas lo habían visto como la mejor oportunidad para desatar el nudo legislativo que había bloqueado las reformas estructurales que muchos analistas creían que podrían transformar en un tigre azteca la muy frecuentemente lenta economía” nacional.
Y en algo tenía razón el periodista del diario británico: apenas arrancaba el gobierno priísta —que retornaba a Los Pinos tras dos sexenios en manos del PAN— y todo era miel sobre hojuelas. La economía lucía sólida, las expectativas de cambios verdaderos regresaban, y los empresarios nacionales y extranjeros veían con simpatía la posibilidad de aprovechar el también llamado momento mexicano para, ahora sí, dar un salto adelante en la economía mundial.
“Llegó la hora de cambiar el curso del desarrollo nacional hacia uno donde el crecimiento económico vaya acompañado de la equidad social y esté guiado por el goce pleno de los derechos fundamentales de toda la población”, sentencia un párrafo del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en mayo de 2013, luego de una serie de consultas y encuestas en todo el país.
Pero el panorama mundial cambió de pronto y México comenzó a sufrir una “desaceleración” en el primer semestre de 2013 algo que, según explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocurrió debido a la poca demanda de las exportaciones mexicanas, lo que afectó en consecuencia al resto de la economía nacional y terminó por “dañar” la confianza de consumidores e inversionistas.
Esta desaceleración tuvo efectos palpables, y negativos, en lo que se esperaba del Producto Interno Bruto para el primer año de Peña Nieto en el poder.
Las proyecciones del gobierno mexicano sobre el crecimiento de la economía en 2013 comenzaron a deslizarse cuesta abajo por un tobogán y pasaron de 3.5 por ciento en diciembre de 2012, a 1.7 por ciento en septiembre de 2013, y conforme se acercaba el cierre del año se mantenían a la baja paulatinamente. Así, apenas el 21 de noviembre pasado la Secretaría de Hacienda federal redujo aún más su previsión de crecimiento económico, dejando la cifra en 1.3 por ciento, muy lejos de las expectativas originales planteadas por las autoridades del país.
Fernando Aportela, subsecretario de la SHCP, tras anunciar el más reciente recorte de las expectativas, dijo que la tendencia de la economía era de crecimiento para el tercer y cuarto trimestre de 2013, lo cual ayudaba a revertir la desaceleración vivida a principios del año.
Las palabras del funcionario de Hacienda coinciden con los análisis de la OCDE con respecto a México. El organismo internacional señala en sus más recientes reportes que en la medida en que las condiciones externas mejoren y el gobierno federal comience a aplicar gasto, el crecimiento del PIB nacional tendrá que mejorar en 2014 y 2015.
La preocupación en torno al crecimiento del PIB tiene una razón de ser, pues en el anterior sexenio, el de Felipe Calderón, el promedio de crecimiento anual fue de 1.7 por ciento (el más bajo para un presidente desde el gobierno de Miguel de la Madrid), incluyendo una recesión en 2009 con -6 por ciento.
Felipe Calderón, sin embargo, logró “estabilizar” la nave en los dos últimos años de su gobierno (2011 y 2012) y el PIB creció a un ritmo de 3.9 por ciento en cada uno, por lo cual un número inferior a ese en el primer año de gobierno de Peña Nieto no corresponde a las expectativas generadas al principio de su administración.
Parte del problema se centró en la crisis económica de Estados Unidos, principal socio comercial de México, pero analistas señalaban que otro factor en esa desaceleración fue el que las autoridades mexicanas no aplicaran a fondo el presupuesto de 2013, y a la falta de obra pública, uno de los motores de la economía nacional en tiempos recientes.
Reforma hacendaria
Mejorar la economía mexicana, según los planes del gobierno de Enrique Peña Nieto, va más allá de lo que ocurra en el entorno mundial. El Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno señala que la política hacendaria es necesaria para “mantener la estabilidad macroeconómica del país” y por ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Luis Videgaray, apostó gran parte de su capital en la reforma sobre la materia que fue presentada al Congreso de la Unión en septiembre del año en curso.
La propuesta, dada a conocer por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray como una reforma no solo fiscal, sino también de carácter social, dividió opiniones entre partidos y sectores de la sociedad. En ella se planteaban más cargas impositivas y, en contraparte, una serie de medidas de apoyo a los ciudadanos, como la creación de un seguro de desempleo, una pensión universal para adultos mayores de 65 años sin acceso a la seguridad social, y apoyos para las empresas que generen nuevos empleos.
Los puntos más criticados de la propuesta fiscal fueron los relacionados con el aumento de la recaudación por medio de gravámenes más elevados, pero sin ampliar la base fiscal. Organismos como la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificaron la propuesta como un retroceso al señalar que la mayor parte de los impuestos recaería sobre la iniciativa privada. El Partido Acción Nacional, por su parte, se sumó a las críticas y anunció una campaña de protestas y actos públicos en contra de la iniciativa. “En el PAN jamás convalidaremos abusos fiscales como el que propone el gobierno federal”, dijo el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, al dar a conocer la postura de su partido.
El proyecto de reforma de Peña Nieto, sin embargo, encontró un aliado que pocos esperaban: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda moderada, paradójicamente uno de los principales impugnadores del proceso de elección del actual presidente mexicano.
La postura del PRD, criticada por algunos sectores del propio partido, fue apoyar las medidas hacendarias de Peña Nieto al encontrar en ellas semejanzas a lo que el partido del sol azteca ha propuesto por años: gravar más a quienes más ganan; crear un impuesto a las operaciones bursátiles (algo que no existía en el país); descartar la aplicación del IVA para alimentos y medicinas; y la creación de la pensión universal y el seguro de desempleo, medidas que gobiernos perredistas han implementado en la capital mexicana que gobiernan de manera ininterrumpida desde 1997.
La reforma hacendaria federal enarbola “algunas de las aspiraciones y banderas históricas de la sociedad y el PRD”, dijo el presidente nacional perredista Jesús Zambrano, al anunciar el respaldo de su partido al proyecto de Peña Nieto. Que alimentos y medicinas no fueran gravados con IVA, añadió el dirigente, es “un triunfo que se erige sobre la persistencia que al respecto han tenido gobiernos del PAN y del PRI”.
Lo cierto es que la propuesta original del gobierno federal no pasó tal como fue planteada originalmente. Uno de los temas que más generó polémica fue la pretensión de cobrar el impuesto al valor agregado a las colegiaturas, a la renta de viviendas, y al pago de hipotecas. La pretensión gubernamental era que, de aprobarse en su totalidad el proyecto, Hacienda podría recaudar el equivalente a 1.5 por ciento del PIB y destinarlo así a las causas sociales “amarradas” al plan. Pero la presión y el cabildeo obligaron a dar marcha atrás en algunos puntos.
Así, por ejemplo, se desechó el IVA a colegiaturas, rentas e hipotecas, algo que fue apoyado no solo por los partidos de oposición, sino también por diputados y senadores del PRI, quienes vieron que la medida era sumamente impopular. Diputados y senadores hicieron algunos ajustes a los límites de exenciones fiscales y deducibilidad (propuestos en la iniciativa) en beneficio de los contribuyentes, y al final la reforma se aprobó con los votos del PRI, PVEM y la mayoría del PRD.
La batalla por la nueva ley hacendaria, sin embargo, dejó muchos resentimientos. Los empresarios, a través de sus dirigentes de cámaras, han externado en diferentes foros su rechazo a muchos de los cambios aprobados. Organismos como el CCE, Coparmex, Concanaco o el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) insisten en que la reforma quedó trunca y que castiga a los causantes “cautivos”. Muchos de estos empresarios, quienes en otras administraciones eran consultados de manera personal sobre las iniciativas fiscales a presentar, se quejaron ahora de no haber sido tomados en cuenta por las autoridades antes de que se hiciera pública la propuesta.
Otro frente que se abrió contra la Secretaría de Hacienda viene de las zonas fronterizas del país, pues la nueva ley hacendaria igualó a 16 por ciento la tasa del IVA que por años fue de 11 por ciento para apoyar la economía en esos lugares. Los comerciantes fronterizos, en particular los que colindan con Estados Unidos, se consideran traicionados por decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia de ellos. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Baja California, anunció que su gremio presentará amparos contra la nueva tasa del IVA en la frontera.
Empleo
Generar empleos ha sido, como ocurre con todos los presidentes, una de las metas más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero generar empleos es, al mismo tiempo, uno de los propósitos más difíciles de cumplir.
El Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto establece, en el renglón denominado México Próspero, que “resulta impostergable impulsar políticas públicas que propicien la generación de empleos y de empresas formales, para brindar certidumbre a los trabajadores en el acceso a los mecanismos de previsión social. Asimismo, reducir los costos que enfrentan las empresas al emplear a trabajadores formales, permitiría aprovechar a plenitud el potencial de la fuerza laboral”.
El reto ha sido grande para las autoridades. Durante 2013, primer año de la actual administración federal, la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente igual que en el último año del sexenio de Felipe Calderón.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que durante los primeros nueve meses del gobierno de Peña Nieto la tasa de desempleo fue a la alza. El instituto gubernamental precisa que en el primer trimestre del año el desempleo representó 4.9; en el segundo trimestre la cifra aumentó a 5; y en el tercer trimestre el número ascendió a 5.2, lo que significa que en México hay actualmente 2.7 millones de personas en capacidad de trabajar, pero sin empleo. En el tercer trimestre de 2012, a finales del gobierno de Calderón, la tasa de desempleo fue de 5.1, según el Inegi.
Calderón Hinojosa, por cierto, cerró su sexenio con un déficit de empleos, pues recibió de Vicente Fox una tasa de desocupación de 3.6 y, al terminar el mandato del michoacano, la tasa había subido a 5, es decir, un total de 2.4 millones de mexicanos sin empleo, un mal número para el anterior mandatario.
Una de las estrategias planeadas por Peña Nieto para su gobierno fue la creación de un Comité Nacional de Productividad. Dicho organismo fue puesto en marcha el 27 de mayo de 2013. En palabras del Presidente, la misión del comité es “realizar el diagnóstico nacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y competitividad en cada sector y rama de la producción; sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo; formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento; estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen el ingreso de los trabajadores a la productividad; y emitir opinión sobre el destino y aplicación de recursos presupuestales, orientados a incrementar la productividad”.
Las perspectivas sobre el incremento del empleo en México, sin embargo, no son alentadoras. Un estudio realizado por Ernesto Peralta, profesor e investigador del ITESM Campus Monterrey, y publicado por Bancomext, señala que aún cuando en el país el PIB creciera a una tasa anual de 7 por ciento, sería hasta el año 2030 cuando en México se lograra solucionar el problema, y en esto ayudaría la tendencia de descenso en la natalidad entre los mexicanos.
Energía
Abastecer de energía al país “con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva” es una de las metas presidenciales planteadas por Peña Nieto en su Plan Nacional de Desarrollo. El resultado, al momento, no ha sido concreto.
Los precios de las gasolinas y diesel se han mantenido a la alza a lo largo del primer año de la gestión de Peña Nieto. La gasolina Magna, la más barata del mercado, costaba 10.92 pesos al inicio de 2013, y hoy se adquiere a 12.02 pesos el litro, es decir, un incremento de 10 por ciento gracias a los llamados “gasolinazos” mensuales (aumentos programados) aplicados ya desde el gobierno de Felipe Calderón.
La gasolina Premium pasó de 11.48 a 12.58 pesos por litro (un incremento de 9.5 por ciento en lo que va del año), y el diesel se incrementó de 11.28 a12.38 pesos el litro (9.7 por ciento).
Pero nadie debe albergar esperanza de que los precios de los combustibles para automotores bajen pronto pese a que Enrique Peña Nieto entregó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para la reforma energética.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía del gobierno federal, ha dejado en claro que la meta de la actual administración es reducir el subsidio que hay sobre las gasolinas, “el subsidio más regresivo del país”, según lo calificó el funcionario, pero no bajar el precio de las gasolinas.
El subsidio al que se refiere el titular de Energía costó a México 214 000 millones de pesos en 2012, por lo que la intención es revertirlo, pues asegura que 24 por ciento de la población, “la más rica”, se lleva 57 por ciento del subsidio.
¿Para qué entonces una reforma energética? Para reducir el precio al consumidor de la electricidad y el gas, productos que también reciben subsidios y que cada vez cuesta más producir.
Con la reforma energética se prevé, además de aumentar la producción de crudo y la explotación de pozos en aguas profundas, explotar las reservas de gas que existen en territorio mexicano, de manera particular el tipo shale, con el cual se podría alimentar las grandes plantas generadoras de electricidad que actualmente funcionan a base de petróleo. Allí, dice Pedro Joaquín Coldwell, es donde los usuarios verán las ventajas económicas.
Pero la iniciativa presidencial no tenía trazas de ser aprobada de manera sencilla, pues enfrenta la férrea oposición del PRD y otros partidos de izquierda que no quieren que se modifique la Constitución Política del país y, con ello, se permita el ingreso del capital privado en Petróleos Mexicanos, la petrolera nacional.
La propuesta de Peña Nieto es hacer los cambios necesarios para que Pemex pueda establecer contratos de utilidad compartida con particulares para exploración y producción, incluso siguiendo al pie de la letra lo establecido por el presidente Lázaro Cárdenas tras la expropiación petrolera de 1938.
En su lucha por lograr la reforma energétic, Peña Nieto cuenta con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), que a cambio pide una reforma electoral que incluya reelección de senadores y diputados.
Si se logra el plan del gobierno federal, y el Congreso de la Unión aprueba los cambios constitucionales, Peña Nieto asegura que se “crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio”, y 2.5 millones para el año 2025.
La presión sobre el gobierno federal y los cambios a la inversión privada en Pemex son fuertes desde el exterior. Medios de comunicación de Estados Unidos y Gran Bretaña, especializados en temas económicos, han señalado constantemente la necesidad de una reforma energética integral en México. La más reciente edición del semanario británico The Economist, por ejemplo, precisa en un artículo que Peña Nieto debe “revivir el espíritu del sector privado”, y que la reforma más urgente es la energética.
El artículo de The Economist, “Lograr o romper para Peña Nieto” (Make or break for Peña Nieto) califica a Pemex como un monopolio con “resultados desastrosos”, y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como otro monopolio que vende al doble de precio que sus competidores en Estados Unidos.
La crítica del semanario a la propuesta, además, es muy dura. Dice que la iniciativa es “decepcionante” al incluir al sector privado con ganancias únicamente en las utilidades, y no en el petróleo mismo, algo que no sería suficiente para atraer a los inversionistas.
