Juan José Olea Valencia es contundente: la reforma penal de México no pretende disminuir los índices delictivos, sino, más bien, que la aplicación de la justicia sea más efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
El secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal manifiesta que, además, las modificaciones constitucionales que se decretaron el 18 de junio de 2008 en materia penal y de seguridad pública carecen, para echarlas a andar, de un plan para allegarse recursos económicos, de capacitación y de voluntad política para cambiar el modo de aplicar la justicia.
En entrevista con Newsweek en Español, Olea Valencia, quien en la ciudad de México es también el coordinador general del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), explica que la reforma constitucional de 2008 es de gran envergadura para el país.
“En materia penal es la reforma más importante de prácticamente los últimos 100 años porque involucra un cambio del sistema de justicia penal, un cambio de método para resolver problemas de modo diferente a como lo veníamos haciendo durante todo ese tiempo. En 1917, cuando se promulgó la Constitución política que hoy conocemos —la primera fue de 1857—, se creó la figura del Ministerio Público (MP). Y de 1917 al 2008 no había una forma distinta de procurar e impartir justicia, siempre fue la misma”.
¿Qué pasó entonces en el año 2008? Responde Olea: “Se le quitó al juez la autoridad judicial, la autoridad de investigar. Hasta antes de esa fecha se hablaba de Policía Judicial porque esta trabajaba para el juez y no había la figura del MP, entonces el juez investigaba e impartía justicia, por eso se decía que era juez y parte, no había un equilibrio”.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Penales, doctorando en Derecho, Juan José Olea Valencia explica que el sistema inquisitivo que conocemos hoy en día se caracteriza, entre otras particularidades, porque cree en la culpabilidad de la persona y a quien investiga es culpable hasta que se demuestre lo contrario, porque es escrito y lento y porque trabaja bajo un método muy “formal” del proceso penal.
“En la historia de nuestro país conocimos a grandes penalistas que crecieron y se desarrollaron al amparo de ese sistema y que han sido reconocidos a nivel internacional. Quién no recuerda, por ejemplo, al maestro Ignacio Burgoa Orihuela y varios profesores reconocidos a nivel internacional que crecieron en ese sistema, algunos fueron procuradores generales de la República, ministros de la Corte, en fin; ese sistema actualmente ya no responde a la evolución de la sociedad, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos para la investigación del delito, la persecución del delincuente o la impartición de la justicia”.
Juicios orales
De ahí que a partir de 2008 se diera un cambio de procedimiento debido al cual hoy se habla de un sistema de corte acusatorio.
“El sistema de corte acusatorio tiene varios principios. Uno de ellos es la publicidad, los procesos van a ser públicos, el ciudadano va a poder entrar a un juicio donde están juzgando a alguien que no conoce, donde el MP acusa, la defensa argumenta, interroga, contrainterroga, defiende, el MP ofrece pruebas y hay una persona al frente o un tribunal, que es el juez. Ese juez de juicio oral no conoce el asunto, hasta ese momento lo está conociendo con base en el hecho, el derecho y las pruebas que ofrezca la acusación y lo que argumente la defensa, entonces hay una igualdad de defensa contra el acusado.
En fin, el proceso es público, es oral, y el juez tiene que estar presente en todas las audiencias, con el nuevo sistema se tiene que garantizar que el juez siempre esté presente, en una audiencia de control de detención, de otorgamiento de órdenes de aprehensión, etcétera. Con el nuevo sistema, además, si alguien es investigado por la Procuraduría tiene que saber que está siendo investigado. Y en el sistema acusatorio, a diferencia de los juicios en Estados Unidos, en México no habrá un jurado popular, aquel constituido por ciudadanos comunes y corrientes elegidos para formar parte del tribunal para juzgar a un sujeto”.
Cada estado de la República Mexicana tiene como fecha límite el 18 de junio de 2016 para implementar la reforma penal. A la fecha solo 13 entidades han puesto en marcha el nuevo sistema: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Veracruz. Los estados de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Quintana Roo están a punto de arrancar, y las entidades donde no han iniciado, pero ya están preparándose para hacerlo, son el Distrito Federal, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Guerrero y Campeche.
El secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el DF destaca, sin embargo, que el nuevo sistema tiene adversidades que son imposibles de soslayar.
“Por supuesto que las tiene. La primera, cuando se decretó la reforma constitucional no se hizo acompañar de un plan de implementación de los recursos económicos que se requieren, no se pensó en que se necesitaba una nueva gestión, una nueva administración, una nueva casa, una nueva capacitación. Además, como el sistema es oral, eminentemente debemos tener medios electrónicos de comunicación, canales adecuados. He tenido información de entidades federativas donde a veces se les cae el sistema y son momentos críticos porque la operación de investigación tiene que seguir, pues hay términos, plazos constitucionales que se tienen que atender, y hay registros que se tienen que realizar, y eso ha fallado en la reforma penal”.
Falta voluntad política
Además, en algunas situaciones tampoco ha habido voluntad política, según manifiesta Olea Valencia. Por el contrario, lo que sí ha habido es desorientación en muchos casos sobre cómo implementar la reforma.
“Afortunadamente, por ejemplo en el Distrito Federal, existe la voluntad política del jefe de Gobierno, del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y del presidente del Tribunal, existe ese consenso, pero eso no pasa en todos los estados. Por otro lado, hay una resistencia de los operadores al cambio de chip, el MP, el perito, el policía, el juez, el defensor tienen que cambiar sus paradigmas y empezar a mirar las cosas desde otro ángulo. Y la propia víctima del delito también, la víctima debe saber y reconocer que ya no todo va a ser cárcel, y también saber, por otro lado, que en consecuencia tendrá mejor acceso a los derechos humanos”.
Por su parte, “el victimario tiene que saber que si la hace la va a pagar también, pero que se le van a respetar sus derechos durante el proceso, pues va a haber un debido proceso. Las resistencias fundamentalmente se deben a la costumbre de los operadores al actual sistema, esa es una resistencia personal. Muchas personas nos resistimos al cambio, es parte de la naturaleza del ser humano, pero esta obstinación es un enemigo. Una desventaja, insisto, es que no hay recursos; otra desventaja es que hay resistencia al cambio; pero la ventaja es que se requiere una mayor profesionalidad, y también tenemos que aparejarle a la reforma penal otra serie de insumos como el fortalecimiento del servicio público, es decir, empoderar al policía, al perito, al MP y al juez porque hoy en día la percepción ciudadana es de desconfianza en muchos casos, y con toda razón, bien justificada”.
Ante ello, “la idea ahora es regresar al empoderamiento de la confianza del ciudadano y de la autoridad investigadora y persecutora del delito, y sancionadora en consecuencia. Esto a través de una serie de beneficios que vayan adicionalmente no solo con el aumento de salarios, sino que a través de beneficios que tengan que ver con que el servidor público sienta lealtad, que pertenece a una institución, que verdaderamente tiene el respaldo y el soporte de su institución; eso es fundamental, y sobre eso tenemos que trabajar”.
No disminuirán los delitos
El especialista en Derecho y Ciencias Penales apunta que en algunas entidades federativas donde la reforma penal ya se implementó se han cometido varios errores.
“Errores, por ejemplo, porque en el momento en que una persona es detenida, si el policía no le lee los derechos durante el proceso, el juez lo deja ir por violaciones al debido proceso”.
Ello se debe a la carencia de una correcta capacitación de los cuerpos policiacos, “y también a la falta de incorporación de las nuevas tecnologías porque, insisto, el policía debe registrar al momento la hora, el lugar y las condiciones en que una persona es detenida, nada de que se lo lleva y lo regresa en tres días, no. Debe reportarlo y dejar evidencia de eso. ¿Quién interrogó al detenido? ¿Y quién le dijo que podía interrogarlo? ¿Estaba su abogado? ¿No? Entonces queda libre”.
En otro orden de ideas, el coordinador general del IFP de la PGJDF es irrebatible en cuanto a la finalidad del nuevo sistema penal: “Tiene que quedar claro, para no confundirnos, que se trata de una reforma del sistema de justicia. Aunque habla de una reforma de seguridad y justicia, son cosas distintas; el tema de la seguridad está asociado a otros fenómenos, como son la cultura, la economía, la educación, la organización de la ciudad, las zonas marginales, las condiciones de empleo, de pobreza, de consumo de alcohol, de drogas, de falta de oportunidades, ese es un tema de inseguridad; la incidencia delictiva se mueve con base en esos esquemas, por ejemplo, uno de los delitos que mayormente impacta a los capitalinos es el robo en diversas modalidades, y con la reforma penal no se va a disminuir el robo, eso va a seguir existiendo”.
No obstante, ¿qué sí se está logrando con la reforma penal? Responde nuestro entrevistado: “Una evolución del derecho penal, una nueva forma de procurar e impartir justicia donde habrá mayores garantías para el imputado y mayores garantías de defensa y de protección de derechos de la víctima. Esa es la reforma, una mayor transparencia, una mayor publicidad. Pero con la reforma penal no se pretenden disminuir los índices delictivos; es para hacer más efectiva la aplicación de la justicia”.
El IFP y la reforma
De acuerdo con la definición de su coordinador general, el Instituto de Formación Profesional es la casa de estudios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se encarga de formar al personal policial, pericial y ministerial, así como de brindarles la actualización correspondiente de acuerdo con la dinámica y evolución tanto del delito como de la delincuencia y las normas.
El IFP se encarga, justamente, de adiestrar a los cuadros para que adquieran habilidades, destrezas y competencias profesionales que les permitan enfrentar con éxito su quehacer cotidiano.
Adicionalmente, el Instituto cuenta con convenios con más del 50 por ciento de las entidades federativas, y sus profesores, que son instructores de la Policía, MP y peritos, han capacitado a las procuradurías de más de 15 estados en diversas temáticas que tienen que ver con las especialidades que la PGJ ha impulsado.
Expone Olea Valencia: “Actualmente en la PGJ tenemos una licenciatura en Investigación Policial, y los cuadros que estamos formando van a ser los futuros operadores del nuevo sistema de justicia penal. Estamos formando actualmente a 145 policías de investigación, que egresarán del IFP el año que entra. No son policías formados en un curso de un mes, es una licenciatura que tiene reconocimiento y validez oficial por la Secretaría de Educación Pública, es única en su tipo.
“Aquí esa formación inicial de policía es de tres años, más uno de práctica y servicio social para que puedan tener su cédula profesional, son cuatro años. Es toda una carrera, después de la preparatoria son jóvenes que vienen convencidos de que quieren ser policías de investigación, una policía científica. Es decir, el policía de las pistolas ya se tiene que ir superando, digo, tiene que haber, por supuesto porque es trabajar contra la delincuencia, pero la policía científica es la que se va a encargar de brindar las mejores herramientas al MP para que este, al momento de acusar ante un tribunal, lo haga de manera exitosa, con datos y elementos de prueba que le permitan acreditar responsablemente y convencer al juez de la culpabilidad de un sujeto o de un grupo o una pandilla”.
En el DF, en 2015
Nuestro consultado sentencia que el modelo de la policía actual tiene que evolucionar, “debe de subir a la tecnología, debe de haber procesos de investigación que incorporen las nuevas tecnologías, protocolos de investigación, marcos funcionales, estándares de competencia internacional. Hoy en día estamos en la integración de archivos criminales, en base de datos, todo eso facilita la investigación. Antes, hace muchos años, un policía judicial del DF o de cualquier otro estado tenía su libreta y sus notas muy valiosas, pero cuando se moría o se retiraba de la corporación, la información también se iba, o de pronto todo el mundo anda investigando a Juan Pérez sin saber que a Juan Pérez lo tenían detenido en la Policía Preventiva, por ejemplo.
“Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, y ya la Procuraduría avanzando en ese tema en particular, en el momento en el que se detiene a una persona se debe de elaborar un informe policial homologado, el cual tiene imágenes, huellas dactilares, en algunos casos ADN y demás para comprobar que una persona es o está vinculada a determinado delito”.
El sistema penal de corte acusatorio entrará en operación en la capital mexicana a partir del 1 de enero de 2015. Juan José Olea explica que, para ello, el DF cuenta con un Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal y con un Código de Procedimientos Penales.
“Ese Código considera diversas etapas para la investigación del delito, entre otras, una investigación desformalizada, que quiere decir que cuando una persona denuncia un delito, el MP inicia integrando la carpeta de investigación y ordena a la Policía de investigación algunas diligencias que apunten a si efectivamente se está cometiendo un delito o no; a eso se llama investigación desformalizada. Una vez que se tienen ciertos elementos de que alguien está cometiendo un delito, se le vincula a proceso, es decir, inicia la investigación formalizada. Sin embargo, no nada más basta con que alguien señale a otro como culpable, sino que se le tiene que probar.
“Entonces, la investigación tiene etapas, la de preparación a juicio y el juicio. Una vez que la persona ha sido juzgada, que sería en primera instancia, tiene derechos que la ley le impone, como la apelación, y también tendrá el amparo; ya en la apelación obviamente la sala tendrá que resolver su situación jurídica, pero también esa resolución tiene que ser oral y pública”.
El nuevo sistema de justicia penal será implementado en el DF de modo gradual: delitos no graves, delitos que requieren querella y delitos culposos.
Además, una ventaja que tiene la reforma penal es que generará medios alternos para la solución de los conflictos: “Esto quiere decir que en delitos nograves, por ejemplo un robo donde no hay violencia y es de baja cuantía, a lo mejor de 100 pesos, el MP puede decir: ‘De acuerdo con la ley, este es un delito no grave, no hay violencia, y admite un acuerdo reparatorio, una mediación. Yo conmino a usted, víctima, para que se sujete a este proceso, donde a través de este mecanismo de mediación y conciliación se pueda lograr la reparación inmediata del daño. Esta persona que le robó 100 pesos se los va a regresar, pero además él (el ladrón) me va a firmar un convenio de no volverle a victimar. Si él vuelve a robar ya no le voy a ofrecer ese medio alterno a la prisión preventiva o a la cárcel, a lo mejor como sanción le corresponderá trabajo a favor de la víctima, de la comunidad, o a lo mejor le impongo una multa económica o le impongo restricciones de ir a tal o cual lugar o le pongo un brazalete y le digo: tú ya no puedes salir de tal lugar’; si es un delito menor. Pero si es un delito grave, se desarrolla todo el proceso”.
Despresurizar el proceso penal
—Entonces, con esta nueva forma de ejercer la ley prácticamente se van a vaciar las cárceles, que están llenas por delitos menores —comenta Newsweek en Español a Olea Valencia…
—No, más bien lo que pretendemos es despresurizar el proceso penal para que el MP se pueda ocupar de delitos de alto impacto y que afectan los derechos humanos. Por ejemplo, si una persona se robó un litro de leche, por ser la primera ocasión y que no reincida se le va a dar un trato distinto, pero para la otra tendrá que tener una consecuencia mayor. Sin embargo, esta carga de trabajo ocupa el 73 por ciento de la actividad del MP, entonces la idea es no dejar impunes los delitos de alto impacto y que el MP se concentre verdaderamente en aquellos que impactan socialmente.
—¿Cuáles son los delitos que impactan socialmente?
—Violación, secuestro, homicidio, trata de personas, narcomenudeo, fraudes financieros, delitos económicos que son de impacto social fuerte, robo con violencia, robo de vehículos. Ahí es donde el MP se tiene que dedicar a la investigación, se tiene que fortalecer la investigación para que no haya impunidad, de lo contrario nada más se está distrayendo con delitos de baja cuantía, que insisto, no los estoy descalificando, pero creo que se puede dar otra alternativa para la solución del conflicto, y es a través de los medios alternos.
“Ahora, el MP va a tener también un beneficio que se llama criterio de oportunidad. Supongamos que un sujeto se roba una bicicleta sin violencia, y en su huida en la bicicleta se cae y se rompe los brazos y se fractura una pierna. La víctima recupera su bicicleta, pero va y denuncia al MP: ‘Oiga, este sujeto me robó mi bicicleta’. ‘Pero ya la recuperó’. ‘Sí, pero me la robó’. ‘Pero ya la tiene. No voy a iniciar la investigación porque ya suficiente castigo recibió este hombre con los golpes que sufrió, está fracturado’.
“Eso se llama criterio de oportunidad, es decir, no vale la pena poner en marcha al Estado para investigar lo que ya es evidentemente claro. Pero lo que tampoco podemos vender como idea o dejar entrever es que va a haber impunidad. No. Si alguien comete un delito, si se le detiene lo va a pagar, de una u otra forma. Pero también vamos a hacer una política anticrimen más inteligente que permita concentrar a la autoridad en aquellos delitos que verdaderamente le impactan. Si a mí me roban un reloj, con violencia física o psicológica, si no es tan delicado yo lo que quiero es que me regresen el reloj y al tipo ese no volver a verlo. Pero qué pasa, hoy en día muchas personas, por la magnificación y por hacer apología del delito, lo que quieren es la muerte del delincuente, así sea por delitos menores, ¡que lo refundan en la cárcel! Al Estado le cuesta, en promedio, 160 pesos diarios tener personas privadas de su libertad por delitos menores. E, incluso —concluye Olea—, hay personas que por tenerlas un solo día en la cárcel le cuestan más al Estado que el daño que hicieron”.
