Millones de pesos costó a los contribuyentes el Palacio Legislativo de San Lázaro y muchos más la nueva sede del Senado de la República (que desde un primer momento se advirtió su pésima ubicación) para que los legisladores no puedan trabajar ahí.
Recientemente, diputados y senadores estuvieron peregrinando por toda la ciudad buscando donde hacer su trabajo y es que, en uno más de sus chantajes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ala disidente del sindicato de ese gremio, decidió impedir que se procesara la legislación secundaria de la reforma educativa, específicamente la Ley del Servicio Profesional Docente.
Desde su creación hace 34 años (1979) la CNTE ha hecho de la parálisis y el chantaje su modo de vida principalmente en Oaxaca en donde sexenio tras sexenio han utilizado las movilizaciones, plantones y bloqueos para obtener privilegios y dinero para su organización más allá de lo que por ley les correspondería.
La Ley del Servio Profesional Docente contempla la evaluación periódica de estos maestros, que cumplen con menos de 50 días de los 200 que contempla el calendario lectivo y eso si el paro no duró todo el año. También abre por primera vez la posibilidad de que, como en cualquier trabajo, quienes no estén calificados o no cumplan con los requisitos sean despedidos para contratar a quien si lo esté. ¡Pero no! Para los maestros de la Coordinadora, la plaza de maestro es un bien patrimonial que en su lógica pueden heredar, rentar, vender, prestar y todo lo que a usted se le ocurra, estimado lector. Por esto, no se trata de un problema de diálogo, estos profesores sienten que se juegan un derecho adquirido, que nunca debieron de tener.
Como esto se discute en las cámaras federales, la CNTE decidió trasladar su protesta a la ciudad de México, pero, con el patrocinio de nuestros impuestos y dinero que les dan los gobernadores de los estados en donde tienen presencia, felices de librarse de ellos aunque sea por unos días.
Y como ha sido su tradición no vienen en busca de diálogo, ni a hacer uso de su legítimo derecho de manifestación; llegaron a vandalizar, a bloquear avenidas, a dañar edificios y monumentos, incendiar coches e incluso sus protestas ya cobraron una vida, no de un policía, ni de uno de sus agremiados, sino de un ciudadano que sufrió un infarto y no pudo ser atendido oportunamente por los equipos de emergencia a causa de los bloqueos de decenas de calles y avenidas que provocan a diario en la capital.
El Zócalo, esa plaza pública emblemática e histórica, ante la complacencia de las autoridades del Distrito Federal, las cuales les proporcionan baños portátiles, está plagada de lonas y hasta casas de campaña para que su estancia en el centro de la ciudad sea más placentera. Vaya, ni se quejaron de que les desmantelaran un cine gratuito que el GDF había colocado en esta plaza para disfrute, así dijeron, de los menos favorecidos.
Los presidentes de cada una de las cámaras tienen la facultad de exigir el uso de la fuerza pública para garantizar tanto su seguridad como el pleno desarrollo de sus actividades legislativas, pero claro, ninguno ha querido asumir la responsabilidad y han preferido andar errantes en busca de un lugar para trabajar. Por tratarse de uno de los tres poderes de la Unión, las fuerzas federales están obligadas a resguardar los recintos legislativos, pero solo han servido de tiro al blanco para los proyectiles de la disidencia magisterial. La policía capitalina está obligada a garantizar la seguridad y el libre tránsito de los capitalinos, pero solo ha servido de triste espectador ante los actos vandálicos y la desperdicios de miles de automovilistas varados por horas en las arterias de la ciudad.
Así pues este grupo, que no todo el magisterio, sale a las calles con esa licencia que las autoridades le han dado a él y a quién se le ocurra enmascarase y desde el anonimato secuestrar personas dentro de edificios, robar comercios a su paso, golpear a trabajadores de la prensa y a cualquier persona que vista de traje, esgrimiendo una convenientemente mal entendida libertad de expresión y reivindicación social.
Y si alguien, desde cualquier tribuna, manifiesta una opinión contraria a su movimiento, inmediatamente se vuelve presa de un grupo de aplaudidores más violento aún que salen a insultar con gran variedad de inventivas pero una pobreza de argumentos que mueve a la ternura.
Hoy, por temor a ser señalados como represores por hacer cumplir la ley, los gobiernos Federal y locales han abdicado a su responsabilidad y cualquiera, en cualquier momento puede convertirse en rehén de la CNTE, o cualquier otro grupo que abandere una supuesta demanda social, aunque en realidad solo se trate de una turba con intereses muy particulares.
Max Weber definía al Estado como el monopolio de la violencia. Los ciudadanos cedimos a nuestros gobernantes electos la capacidad de protegernos, vigilarnos, resguardarnos, impartir justicia, hacer cumplir las leyes e imponer los castigos a quienes las infrinjan, para que no tuviéramos que andar cuidándonos con palos y piedras los unos de los otros.
Y a todo esto, ¿y los niños?
Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario Proyecto 40. Twitter: @HanniaNovell
