Ya en 1971 Eduardo Galeano bautizaba a América Latina como la región de las venas abiertas, la de la mano de obra barata, la del subdesarrollo, la que alimenta la prosperidad ajena, la que contradictoriamente es pobre como resultado de la riqueza de sus tierras.

 

Hoy poco ha cambiado. El desarrollo todavía despliega desigualdad, la pobreza se extiende y se concentra la riqueza, y el bienestar de las clases y las naciones dominantes sigue suponiendo la condena de multitudes a la pobreza.

 

La brecha se extiende, tanto que ni los recursos naturales y humanos parecen ser capaces de sacar de la pobreza a 167 millones de habitantes, y a otros 66 millones de la indigencia. Son 600 millones los habitantes que integran América Latina y el Caribe.

 

De tal realidad los gobiernos son conscientes, o por lo menos están al tanto de que junto con sus sociedades tienen en sus manos la responsabilidad de apostarle a la igualdad, la inclusión, la protección social, y de atender a las demandas de los muchos derechos postergados para que América Latina pueda integrarse, desarrollarse y ser.

 

La región en su conjunto se ha caracterizado por varias particularidades, como la desigualdad socioeconómica, de género y étnica; el avance de los procesos de transición demográfica y urbana; la diversidad y complejidad cultural de la región; y la debilidad institucional y el denominado déficit de implementación relacionado con las capacidades técnicas precarias, recursos insuficientes, ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación, y dificultades para el diseño de políticas.

 

Todas, dentro del marco de la plena integración de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos, obligan a los países y organismos internacionales a identificar nuevos desafíos en el actual contexto demográfico, social, económico, político, cultural e institucional.

 

Es así como en las últimas dos décadas, la región, reconociendo la urgencia de actuar con base en sus especificidades, ha llevado a cabo un largo proceso de integración del enfoque de derechos en las políticas de desarrollo y población a través de la implementación del Programa de Acción de El Cairo (PA de la CIPD), que fue adoptado por 179 países en septiembre de 1994 en la IV Conferencia Internacional sobre Población y desarrollo (CIPD).

 

A partir de entonces, los asuntos referidos a población dejaron de priorizar números para darle lugar a las personas, se puso a los seres humanos como el centro de toda discusión y se entendió el desarrollo como un derecho de todos los seres humanos, esto con el fin de lograr la reducción de la pobreza y las desigualdades de género, generacionales y étnicas; promover la salud y derechos reproductivos, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres; e impulsar la inclusión y participación de grupos poblacionales relevantes.

 

Discutir una nueva agenda

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido la responsable de llevar el seguimiento oficial de la implementación del Programa de Acción de El Cairo, para lo cual ha trabajado de la mano del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

 

Ambos organismos fueron los encargados de realizar la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto pasados en Montevideo, Uruguay, con el fin de examinar los progresos del PA de la CIPD en los últimos 20 años e identificar las medidas fundamentales para reforzar su implementación después de 2014 y antes del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, y enfrentar asuntos emergentes en materia de población y desarrollo de la región.

 

El cumplimiento de los ODM, que están relacionados con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, suponen el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar y la salud sexual; la disminución de las tasas de mortalidad materna; elevar la esperanza de vida al nacer a 75 años; y asegurar la educación primaria para todos e intentar suprimir la diferencia entre las tasas de escolarización de los niños en la enseñanza primaria y secundaria.

 

Hasta la fecha, ninguno de ellos ha podido cumplirse en su totalidad a nivel regional, siendo el de la disminución de la mortalidad materna el que menores avances ha registrado, y el que, desafortunadamente, ha sufrido un aumento considerable. Tiene una tasa regional por debajo de 210 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos; la desigualdad y la pobreza sí enferman y matan en la región… 

 

Los temas sobre población y desarrollo, que se abordaron en la reunión por considerarse prioritarios en la propuesta de la agenda después del 2014, fueron: Derechos, necesidades y demandas de niños, adolescentes y jóvenes; Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; Igualdad de género, y Brechas en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

 

También, Migración internacional y protección de los derechos de todas las personas migrantes; Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental; Pueblos indígenas: pluriculturalidad y derechos; y Afrodescendientes: derechos y combate a la discriminación racial.

 

20 años después

 

En “una esquinita importante de los grandes ríos de América del Sur”, como describió a Uruguay su presidente, José Alberto Mujica Jordano, representantes oficiales de 38 países miembros de la CEPAL, de 24 organismos internacionales y de 260 organizaciones no gubernamentales, se dieron cita en el marco del vigésimo aniversario del Programa de Acción del Cairo para discutir dicha propuesta regional y compartir los logros, los retos y retrocesos de la región en materia de desarrollo y población.

 

Mujica, quien inauguró la reunión, recordó que al estar viviendo en la época de la explosión técnica y científica, de la acumulación de capital, de la multiplicación acelerada de las fuerzas productivas, de la intercomunicación y de la presión permanente sobre la demanda agitada y tumultuosa en un mundo de enormes tendencias globalizadoras, nos tenemos que hacer la pregunta de si los jóvenes serán más felices.

 

“¿Pero qué es la felicidad y cuáles son sus contenidos?”, se preguntó. “No tengo respuestas muy claras, pero no puede estar muy lejana a la libertad”, respondió.

 

“La libertad es difícil de definir, pero tiene varios ingredientes, el primero es la capacidad de tolerar el universo, lo contradictorio y lo que es distinto, porque la libertad supone un hondo respeto de la condición humana; pero hay una libertad más personal, más pequeña, pequeña para el mundo, pero grande para cada uno de nosotros, que es tener tiempo para vivir, lo cual significa gastarlo en aquellas cosas que nos motivan, porque si todo el tiempo de mi vida es una mercadería que para tenerla tengo que pagar y consumir, difícilmente puedo ser un hombre libre; soy libre en el momento en que gasto el tiempo que no tiene precio, que no tiene valor de mercado, que tiene valor de motivo, que le da sentido al placer de vivir y existir”, aseguró José Mujica.

 

También llamó a los jóvenes a que no se dejen robar la juventud de adentro, “esa que es peleable territorio adentro, mirándonos hacia nosotros mismos”, y que está unida a una palabra que consideró muy simple y muy pequeña: “Solidaridad. Solidaridad con la condición humana”, concluyó.

 

Al igual que Mujica, intervino la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien recordó que el rostro de América Latina y el Caribe sigue develando una gran heterogeneidad productiva y territorial, la diversidad y complejidad cultural, la desigualdad social, de género y étnica, la debilidad institucional, la abundancia relativa de recursos naturales, un contexto de rápida transición demográfica y de persistentes desigualdades cruzadas.

 

“En los últimos 20 años la transición demográfica se generalizó y avanzó más rápido que lo previsto, lo que permitió que prácticamente todos los países de la región se vieran favorecidos por el bono demográfico que da a la región la oportunidad única de construir una arquitectura del bienestar que responda mejor a las nuevas realidades”, aseguró.

 

Añadió que en este escenario es de primera importancia reforzar el rol del Estado social para asegurar la igualdad de oportunidades y resultados para niños, adolescentes y jóvenes, y a los actuales y futuros ciudadanos la protección social que “dignifique su vejez y los vuelva resilientes frente a nuevos riesgos sociales que surgen de la vida en sociedad”.

 

A Newsweek en Español le dijo en entrevista que llegó la hora de la igualdad y aseguró que los seres humanos están buscando sociedades en las que no haya tanta desigualdad, que es la que conspira contra todo futuro y plan regional. “En Latinoamérica el 20 por ciento más rico respecto al 20 por ciento más pobre tiene ingresos por más de 17 veces, y en los países más desiguales, más de 25 veces, nosotros ya no queremos eso”.

 

Por su parte, el director ejecutivo del UNFPA, Babatunde Osotimehin, dijo que hoy la gente en Latinoamérica y el Caribe está más empoderada que hace 20 años. “Cada vez más las personas están reconociéndose a sí mismas como ciudadanos y están encontrando mecanismos para que sus voces sean escuchadas. La región ha tenido un considerable crecimiento económico en la última década y los programas de protección social en muchas naciones están asegurando que más personas, incluyendo a los pobres y a quienes han privado de sus derechos, se beneficien de su crecimiento”. 

 

Asimismo llamó a promover la igualdad de género, la calidad de vida, la seguridad económica, el derecho de las mujeres a decidir formar o no una familia, el derecho a la educación, la igualdad étnica y territorial, la seguridad social para las personas adultas, el derecho de los migrantes y el combate al tráfico ilícito de migrantes, así como el combate a la mortalidad materna y el embarazo adolescente.

 

El camino recorrido

 

Tras la intervención de Osotimehin, representantes de las naciones participantes expusieron los logros alcanzados en sus países desde 1994 y hasta la fecha a través de los cuales se concluyó, según datos oficiales de la CEPAL, que la desigualdad ha mantenido una ligera tendencia a la baja, pero la región continúa siendo la más desigual del mundo y se prevé que para 2054 América Latina alcance niveles de pobreza de 23.3 por ciento —medido según el índice de desarrollo humano (IDH)—, cifra inferior al 37.5 por ciento —porcentaje estimado para los países con un IDH medio, pero aún lejano del 12.2 por ciento de los países que ostentan un IDH alto.

 

En materia de planificación del desarrollo económico y social y reducción de la pobreza, esta última pasó de 48.8 por ciento en 1990 a 28.8 por ciento en 2012, sin embargo, aún hay 167 millones de latinoamericanos en la pobreza y 66 millones viviendo en la indigencia.

 

En lo referente a igualdad de género se considera que ha habido un mejoramiento gradual de la condición económica y social de la mujer, al igual que un avance paulatino hacia la igualdad entre uno y otro sexo, pero a pesar de ello las mujeres todavía sufren desventajas y diversos tipos de discriminación. En 2012 solo el 23.2 por ciento de los parlamentarios nacionales eran mujeres, y los trabajos no remunerados, así como las tareas domésticas y de cuidado de otras personas sigue siendo en su mayoría responsabilidad de ellas.

 

La maternidad adolescente —de 15 a 19 años— cayó en 2010 a niveles inferiores, 13 por ciento, después de que en el año 2000 subió por sobre el 14 por ciento; sin embargo, se mantiene por sobre las cifras anotadas en 1990, que eran inferiores al 12 por ciento.

 

Sobre derechos reproductivos y acceso a la salud sexual y reproductiva, los avances suponen su reconocimiento en las constituciones que recientemente fueron promulgadas, al igual que el establecimiento de planes y programas específicos en la materia en varias naciones en las que, en su mayoría, la demanda insatisfecha de planificación familiar disminuyó situándose por debajo del 4.7 y 12 por ciento, que son cifras que están por debajo del 12.4 por ciento, que es el promedio mundial.

 

Entre 1990 y el 2011 la mortalidad infantil también se ha reducido en la región, y la mayoría de los países tiene una tasa por debajo de 20 niños fallecidos por 1000 vivos.

 

También se ha logrado implementar acciones para cumplir los objetivos vinculados a los niños, jóvenes y adolescentes, personas mayores y otros grupos de la población integrados por indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. Al menos ocho países implementaron políticas y programas dirigidos a niños, se han desarrollado programas de protección social y promovido el acceso de niños y adolescentes a la educación habiendo importantes avances en la cobertura de educación primaria, la cual llega al 90 por ciento.

 

En el caso de los jóvenes, numerosos países sumaron iniciativas en materia de institucionalidad y establecieron leyes o implementaron planes nacionales de juventud, y se impulsó la multiplicación de acciones dirigidas a mejorar su capacitación para lograr aumentar la empleabilidad y fortalecer su empoderamiento.

 

Para el sector conformado por las personas mayores se estableció un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento y se creó un grupo de trabajo sobre los derechos humanos de las personas mayores en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual debe preparar un proyecto de convención interamericana para la promoción y protección de los derechos de las personas mayores.

 

Para los pueblos indígenas —671 pueblos indígenas reconocidos por los estados, que incluyen más de 46 millones de habitantes— y afrodescendientes —se estima en más de 120 millones de personas— se han implementado medidas relacionadas con los derechos, la participación, la memoria y el reconocimiento cultural de los pueblos originarios, la capacitación y el apoyo para actividades productivas en el emprendimiento y la inserción laboral y la visibilización estadística.

 

En materia de institucionalidad se crearon organismos específicos para atender, respaldar o canalizar la voz de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y en lo referente a información sociodemográfica, la gran mayoría de los censos de la ronda de 2010 incluyeron una o más consultas sobre etnia.

 

Para las personas con discapacidad se han considerado sus derechos en muchas de las nuevas constituciones, se han creado instituciones destinadas a atenderlas y se pusieron en práctica varias iniciativas que promueven la integración y el apoyo a las personas con discapacidad en ámbitos específicos como el trabajo y los ingresos, la educación, salud y el uso del tiempo y cuidado.

 

En tanto, la migración internacional ha mostrado un aumento generalizado trayendo consigo una serie de consecuencias como la visibilidad de las remesas, el protagonismo de las comunidades de migrantes y una mayor preocupación por la necesidad de proteger sus derechos, que se ha visto reflejada en nuevos lineamientos normativos, políticas y acuerdos.

 

Y sin embargo, nada de esto es todavía suficiente.

 

Igualar para crecer y crecer para igualar

 

Conscientes de que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los planteados en el Plan de Acción de El Cairo de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo es necesario, pero no suficiente, para el desarrollo de la región en su conjunto, en la Propuesta de agenda regional se subraya la urgencia de igualar para crecer y crecer para igualar y se pone a los derechos humanos como marco de referencia fundamental para la implementación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, así como para la agenda de desarrollo después de 2015.

 

Asimismo se identifica como fundamental el fortalecer el rol del Estado y dotarlo de capacidad para proveer una gestión estratégica con una mirada de largo plazo para intervenir en el diseño del desarrollo nacional, y reconocen las brechas considerables de implementación en diversas áreas del Programa de Acción de la CIPD, al igual que la presencia de algunos factores asociados a procesos globales, que inciden en las relaciones de la población y el desarrollo sostenible de la región, y los factores característicos de Latinoamérica y el Caribe.

 

Como factores asociados a los procesos globales está por supuesto la globalización, que en América Latina y el Caribe ha mostrado resultados inestables y muy desiguales de un país a otro; la crisis económica iniciada en 2008; y el desarrollo sostenible y el cambio climático —en la región se observa una tendencia creciente en número de desastres ocasionados por eventos o fenómenos naturales.

 

En el caso de los factores característicos de la región destaca la persistente desigualdad en sus diferentes formas —ingresos, territorial, étnica, racial y de género—, el contexto demográfico donde resalta la reconformación etaria, la vigencia del bono demográfico, el envejecimiento poblacional y sus desafíos, la mortalidad por violencia que afecta a las y los jóvenes, los altos índices de mortalidad maternal y embarazo adolescente, y grandes disparidades como consecuencia del acceso discriminado a los servicios, en especial a los de salud sexual y reproductiva.

 

La propuesta de agenda regional, que derivó de la primera reunión de la CIPD, está basada en los elementos proporcionados por el diagnóstico de la situación regional y las experiencias de cada país en la implementación del PA desde su creación, y recoge y llama a proteger el legado en cuanto a la integración de todas las normas reconocidas en derechos humanos —como marco común para las políticas y los programas— en materia de población y desarrollo, y a identificar la necesidad de abortar el desarrollo desde una perspectiva integral.

 

Lo impostergable

 

Las áreas identificadas como prioritarias en el marco de la agenda regional en población y desarrollo después del 2014 son ocho, y en primer lugar posicionan los derechos, necesidades y demandas de los niños, adolescentes y jóvenes, ya que está demostrado que las fases iniciales del ciclo de vida es en donde se forma la persona y personalidad, que son decisivas para el desarrollo de la persona.

 

Los objetivos para atender dichas demandas suponen el garantizar el ejercicio de derechos, la disponibilidad de opciones, el acceso a oportunidades y la protección social idónea para todas las etapas de formación de vida; lograr una transición hacia la vida adulta satisfactoria para todos los jóvenes, y lograr una salud sexual y reproductiva satisfactoria y plena para los adolescentes y jóvenes.

 

El ministro de Educación de Costa Rica, Leonardo Garnier, dijo en entrevista a Newsweek en Español que invertir en la juventud es indispensable, puesto que “un país nunca va a ser mejor de lo que son hoy sus niños y su jóvenes; entonces, si no mejoras la niñez, la adolescencia y la juventud no vas a poder mejorar las sociedades. El futuro depende del presente”.

 

Por su parte, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba aseguró a Newsweek en Español que no se puede seguir pensando en niñez, juventud y adolescencia con miras hacia el futuro. “Se les debe preparar para vivir el momento de hoy, para aprender los códigos complejos de la vida, asumir nuevas responsabilidades y no ser personas manipuladas, sino libres, de participar con criterio propio, y sobre todo, entender qué significa ser ciudadano y sujeto de derechos”.

 

Asimismo, el envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos se vuelve un asunto relevante sobre todo cuando AL y el Caribe atraviesan por un período de transformaciones demográficas con profundas implicaciones en la estructura etaria de su población debido al aumento progresivo de la proporción de los adultos y personas mayores.

 

Los objetivos planteados son el aprovechar el bono demográfico para convertirlo en una oportunidad y enfrentar los retos del envejecimiento de la población a largo plazo; adecuar las políticas de salud a los desafíos del perfil epidemiológico resultante de la transición demográfica y epidemiológica; y avanzar hacia el reconocimiento e inclusión del cuidado de los sistemas de protección social en un marco de solidaridad, igualdad, autonomía y bienestar de las familias y las personas.

 

Carlos García, embajador de la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas, asegura que, sobre todo en el tema del envejecimiento, la gente no ha logrado hacer conciencia para poder entender que “el adulto mayor es un sujeto de desarrollo que necesita integrarse a las políticas de desarrollo nacional para contribuir desde su edad, desde su experiencia, desde su propia especificidad, al desarrollo”.

 

La igualdad de género es la tercer área prioritaria para la que se plantea la necesidad de fortalecer las estructuras del Estado y el papel estratégico que han desempeñado los mecanismos para el adelanto de la mujer; el fomentar el diseño y la implementación de políticas públicas consistentes para alcanzar la autonomía física, económica y política; el redoblar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y que limitan o impiden la plena igualdad de género; y el desarrollo y fortalecimiento de las políticas y los servicios universales de cuidado, basados en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

 

Markela Montenegro de Herrera, directora general del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, dijo a Newsweek en Español que, para que las mujeres sean efectivamente sujetas de derechos, hacen falta políticas públicas dirigidas específicamente a las mujeres. “Debemos tener transversalidad de género en el Estado, lo que implica que los presupuestos sean sensibles al género y que los recursos se distribuyan en todos los ámbitos para las mujeres”. 

 

Como cuarta prioridad esta la superación de las brechas en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, cuyos objetivos son el avanzar en el acceso universal y la garantía del ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales y en el mejoramiento de la respuesta de los servicios.

 

Según la ministra de Salud del Ecuador, Carina Vance, en los años recientes en América Latina 81 mujeres que perdieron la vida por cada 100 000 personas nacidas vivos; seis de cada 10 embarazos no fueron planificados, 67 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años utiliza métodos anticonceptivos modernos, y 79 nacimientos de madres adolescentes, de entre 15 y 19 años, ocurrieron por cada 1000 mujeres.

 

La migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes, como quinta prioridad, supone el logro de la inclusión de la migración internacional en las agendas y estrategias nacionales de desarrollo después de 2015, considerando su promoción y facilitación en virtud de las contribuciones de las personas migrantes al bienestar y la igualdad de los países de origen, retorno y destino; el avance en la consecución del diálogo y la cooperación internacional sobre migración, derechos humanos y desarrollo en los espacios existentes dentro de la región; y el avance en la protección de los derechos de todas las personas migrantes.

 

Al respecto, Ana Durán, asesora principal para la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), señaló en entrevista con Newsweek en Español que los retos a los que se enfrenta la región en términos de migración tienen que ver con que esta se ha globalizado. “Pasamos de ser países básicamente expulsores de migrantes hacia Estados Unidos y Europa, a que la migración ahora sea interna y casi todos los países son países de origen, tránsito y destino, lo que se vuelve un reto para los gobiernos para que apliquen políticas integrales que vean las tres facetas del fenómeno de la migración”.

 

A su vez, Juan José García, viceministro de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños, aseguró que para volver a la migración un derecho humano se debe crear una propuesta regional que la haga posible, lo que pasaría al no volver delito el movimiento migratorio, al haber oportunidades en el proceso de migración, especialmente en los países de destino, y al comenzar a respetar los derechos humanos de miles de migrantes no solo en los países de destino, sino de tránsito de la migración.

 

Como sexta prioridad está la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental, que requieren de adelantar estrategias regionales para avanzar decididamente hacia la eliminación de las situaciones de inequidad relacionadas con la ubicación de la población en el territorio; mejorar la capacidad del Estado en sus distintos temas, en materia de formulación de políticas, planes e instrumentos de gestión territorial; y potenciar la ventajas de urbanización y otras tendencias de la distribución espacial.

 

Según dijo a Newsweek en Español Ana María Larrea, subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) del Ecuador, la fuerte concentración de población y de servicios en algunos territorios provoca desigualdad. “Tradicionalmente las poblaciones acuden a los territorios donde más oportunidades hay buscando mejores condiciones de vida, y se van de los lugares que no se las pueden ofrecer”.

 

La séptima prioridad es los pueblos indígenas, pluriculturalidad y derechos, y demanda el lograr la plena inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las políticas nacionales avanzando en el respeto y la garantía de sus derechos individuales y colectivos; considerar los perfiles demográficos particulares de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las políticas y programas; avanzar en el respeto y garantías de sus derechos territoriales y prestar atención a la movilidad y los desplazamientos forzados; y generar conocimiento e información confiable y oportuna sobre pueblos indígenas y afrodescendientes a través de procesos participativos.

 

“Por un lado hemos reconquistado derechos históricos que se reflejan en reformas constitucionales, marcos jurídicos, creación de institucionalidad indígena, contamos con autonomías de los pueblos, pero ese marco jurídico no se transforma en cambios en la vida cotidiana de los pueblos. Todavía vemos enormes brechas, somos los más pobres, con más altas tasas de mortalidad materna, no hay educación y nuestras adolescentes se embarazan a temprana edad”, aseguró a Newsweek en Español Myrna Cunningham, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones indígenas de las Naciones Unidas.

 

Finalmente, los afrodescendientes, derechos y combate a la discriminación racial, suponen la octava prioridad del PA de la CIPD. Los objetivos planteados en esta materia son los mismos que los de los pueblos indígenas. Según Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud de República Dominica, dos décadas atrás no se hablaba del tema de afrodesendencia y hoy en términos generales ha habido avances relevantes en términos de políticas públicas e institucionalidad para los afrodescendientes”, pero, aún así, todavía hay muchos desafíos que tienen que ver con la falta de poder político y
presupuesto, aun cuando son más de 150 millones de población afrodescendiente en
la región.

 

Brechas profundas

 

A pesar de que en términos generales la región ha logrado avances muy significativos, tanto en términos económicos como en políticos, sociales, económicos y culturales, todavía persisten brechas profundas que impiden que América Latina y el Caribe se integre, se desarrolle y, sobre todo, que sea a partir de que su gente viva libre y en condiciones igualitarias y como sujetos de derechos. 

 

Mientras tanto, no es de asombrarse que, según datos proporcionados por la Semplades, el 20 por ciento de la población del mundo reciba el 83 por ciento del ingreso mundial, y las fortunas de las 27 personas más ricas del planeta asciendan a casi 676 000 millones de dólares, lo que equivale al PIB de los 53 países más pobres del planeta, es decir, 27 personas acumulan la riqueza de 1000 millones de habitantes de los países más pobres.

 

Tampoco, que América Latina sea la región más desigual del planeta y dé cobijo a 10 de los 15 países más desiguales del mundo, y que el 38 por ciento de su población corra el riesgo de caer en condiciones de pobreza al tiempo que comparte la tierra con el hombre más rico del planeta.

 

Ante tal escenario, Marcela Suazo, directora de la oficina regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, en entrevista con Newsweek en Español señala que la lucha contra la desigualdad y la erradicación de la pobreza constituyen el principal imperativo moral de la humanidad y el mayor desafío para América Latina y el Caribe.

 

¿La hora de la igualdad y la libertad? Esperemos que todos los latinoamericanos lleguen a tiempo.