La propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos beneficiaría principalmente a los mexicanos que viven de manera ilegal en esa nación y, además, reforzaría el sistema de verificación de identidad y seguridad social.

Salir de las sombras. Esa es la idea central de una propuesta que busca abrir las puertas a la regularización de 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. Estas sombras tan amplias abarcan de California al estado de Washington; de Florida a Nueva York. Sombras que a lo largo de más de 20 años cubren a hombres y mujeres que forman parte de Estados Unidos pero que, paradójicamente, no lo son en el papel.

“Ya es hora de actuar para arreglar el averiado sistema de inmigración y hacerlo de tal manera que requiera de la responsabilidad de todos —de los trabajadores que están aquí ilegalmente y de aquellos que los contratan— y que garantice que todos jueguen acatando las mismas reglas”, señala un comunicado de la Casa Blanca estadounidense, el cual refleja la postura del presidente Barack Obama y su partido de cara a la nueva realidad que vive ese país.

La “sensata propuesta” de la administración del presidente Obama, según califica la Casa Blanca, está centrada en cuatro ejes: “Primero, continuar con el fortalecimiento de nuestras fronteras. Segundo, acabar con las empresas que contratan trabajadores indocumentados. Tercero, hacer que los inmigrantes indocumentados se responsabilicen antes de que puedan ganarse su ciudadanía; es decir, que sea un requisito que los trabajadores indocumentados paguen sus impuestos y una sanción, que se vayan al final de la línea, que aprendan inglés y que pasen revisiones de antecedentes. Cuarto, agilizar el sistema legal de inmigración para las familias, los trabajadores y los empleadores”.

La propuesta es “sensata” para Estados Unidos; ¿pero abrir la puerta a la legalización lo es para México?, ¿para América Latina? El antropólogo Jorge Durand, experto en temas migratorios, considera que sí.

“No podemos pensar en 11 millones” de personas legalizadas, dice el profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pero sí en alrededor de ocho o nueve millones de migrantes ilegales con posibilidad de ser beneficiados, de la cual Durand estima que la mayor proporción son mexicanos.

“Eso nos beneficia tremendamente en el sentido de que ya no van a estar deportando a esa gente, sino que se van a quedar allá, van a poder venir a México de vacaciones, o venir a hacer negocios a México”, comenta en entrevista con Newsweek en Español. “Vamos a tener una comunidad mexicana mucho más sólida, mucho más numerosa. Y eso nos conviene como país. Que nuestra gente que está fuera se encuentre en mejores condiciones y no en una situación lamentable, como la que vive ahora. Ahí es donde está el beneficio; más a mediano y largo plazo”, añade el académico residente en Guadalajara, Jalisco, México.

La posibilidad de legalizarse, sin embargo, no será sencilla. “Van a poner muchas condiciones”, estima Jorge Durand. “Por ejemplo: la vez pasada pusieron una condición de cinco años de antigüedad”, y ahora se habla de que la propuesta migratoria contemple, además, “que puedas comprobar que has pagado impuestos; que has tenido buena conducta, que has estado trabajando; y que no has tenido problemas con la autoridad. Esos puntos van así, como obligatorios”.

Entonces, continúa el profesor-investigador, “todos los que llegaron el año pasado, hace dos, tres años, muy posiblemente no van a poder aplicar para esto. Entonces no van a ser los 11 millones. Puede que sean ocho, diez sería estupendo. En la reforma de 1986 cerca de 75 por ciento de los indocumentados se legalizó. Si nosotros logramos hoy día 75 por ciento de legalización, pues sería un triunfo”.

El vaticinio de que el plazo de espera de un inmigrante ilegal en Estados Unidos sea largo puede no estar alejado de la realidad. El senador demócrata estadounidense Dick Durbin, uno de los hombres activos en la Cámara Alta sobre el tema de la reforma migratoria, ha señalado que el proceso de espera para obtener la residencia permanente podría ser de hasta 10 años, algo que de inmediato provocó la molestia de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

“No vamos a aceptar que ningún proceso o petición familiar (de ciudadanía) tome años o décadas”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) durante una conferencia telefónica con la prensa, según reporte de la cadena televisiva Univisión.

“Los demócratas quieren seguir con el voto hispano, y los republicanos quieren recuperarlo”.

Pero, largo o corto el plazo de espera, uno de los puntos centrales del plan de la administración de Obama contempla lograr que los inmigrantes ilegales dejen de utilizar información falsa al momento

de ser contratados. Para ello el gobierno federal trabaja en el establecimiento de “una tarjeta de seguro social antifraude e inalterable, y requiere que los trabajadores usen documentos antifraude e inalterables para comprobar su autorización para trabajar en Estados Unidos”, según reza parte de la propuesta dada a conocer por la Casa Blanca en su sitio de internet (http://www.whitehouse.gov).

Hoy en día, informa el profesor-investigador Jorge Durand, “hay más de 11 millones de números de seguridad social falsos. Eso es lo que se tiene que corregir. Se tiene que reformar todo el sistema de verificación. Para poder trabajar debes tener ese número. Hay 11 millones de números falsos. Si tienes un número de Social Security bueno en Estados Unidos, se lo prestas a otro y sigues trabajando, y el otro sigue trabajando para ti. Incluso a los muertos no se les declara muertos. Si un mexicano que cuenta con un buen número de seguridad social viene a México y se muere, su número sigue trabajando porque se lo dan a un pariente. Y él asume su nombre. Y entonces es un desorden total, y parte de esta problemática es que nunca se quiso sancionar a los empleadores, y nunca se pudo verificar si el número era de verdad o era falso”.

¿Por qué no se hizo antes esta verificación? “Porque 98 por ciento de los indocumentados pagan impuestos, y no devengan beneficios”, contesta Jorge Durand. Y añade: “¿Entonces dónde está el negocio?

Pues es negocio para el gobierno (de Estados Unidos). Cada año entran millones en impuestos, y no te reclaman servicios. Claro, dices: ‘Ah, pero tus hijos van a ir a la escuela…’. Bueno, pero muchos de ellos son estadounidenses”.

El académico de la UdeG y el CIDE precisa que la gente va a Estados Unidos para trabajar: “Si tú no puedes trabajar, no tiene sentido que vayas. Lo que pasa es que ellos nunca quisieron arreglar eso. Porque nunca quisieron penalizar a los empleadores. Hoy en día la propuesta de ley dice que va a haber sanciones administrativas y criminales a aquellos que contraten a indocumentados. Esos se la van a tener que llevar con mucho más cuidado. Claro, la ley  siempre dice ‘conscientemente’, lo cual es verdad. Pero como había 11 millones de indocumentados y no había un sistema de verificación, pues los contrataban y no pasaba nada. Al que le pasaba era al migrante, que tenía que salir despedido”.

El cambio en la política de verificación de empleados cambió, según el profesor-investigador, por dos razones: la primera es “un asunto de seguridad nacional. No puedes tener a 11 millones de personas de las que no sabes cómo se llaman, que tienen nombres falsos, que no tienes ninguna información sobre ellos. Un país con ese nivel de sofisticación no se puede dar el lujo de tener un porcentaje muy alto de su población en la nada”, explica.

“La segunda es lo que se llama la demografía electoral. Barack Obama recibió [en la elección del año pasado] 77 por ciento de los votos de los hispanos. Y eso es lo que le da el triunfo en los estados que son claves. No a nivel nacional, sino en estados que son fundamentales. Ese margen de maniobra lo ha venido ganando el Partido Demócrata, y lo ganó Obama, y lo perdieron los republicanos”, dice.

¿Es un premio para la comunidad hispana? ¿O es un beneficio para agenciarse más votos?, se le pregunta al académico.

“Es un premio por parte de los demócratas; pero es una movida por parte de los republicanos que no pueden seguir negándose a la reforma, porque están perdiendo ese capital político. Y entonces ellos necesitan volver a las comunidades y decir: ‘Nosotros apoyamos la reforma migratoria’”.

Son dos perspectivas, concluye Durand: “Los demócratas quieren seguir con el voto hispano, y los republicanos quieren recuperarlo. ¿Por qué? Porque el factor fundamental electoral a nivel de presidente (dentro de cuatro años) va a ser el voto hispano”.