Diversos organismos empresariales de Jalisco cuestionaron el reparto de notarías públicas a funcionarios de la entidad y familiares de políticos, y exigieron al Gobierno Estatal aclarar las designaciones.

Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jalisco, la Cámara de Comercio, el Consejo de Cámaras Industriales, el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente y el Colegio de Abogados Capítulo Jalisco solicitaron a la Administración jalisciense realizar correcciones jurídicas para futuros casos.

“Hemos percibido que ese proceso ha sido objeto de interrogantes pertinentes por parte de la opinión pública en cuanto a la legitimidad de algunos de los recién nombrados”, exhibieron en una carta.

Las cúpulas empresariales criticaron que las designaciones ocurrieron al final del sexenio y luego del proceso electoral del 1 de julio, en medio de opacidad y publicidad por la relevancia del asunto.

El 5 de julio pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado la entrega de 16 notarías, entre las que destacan la del ex secretario General del Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; Ángel Zamora Estrada, hijo del senador con licencia, Arturo Zamora Jiménez; el ex diputado priísta Roberto Mendoza Cárdenas y Eugenio Ruiz Uribe, hijo del alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco.

Además, Gerardo Sandoval Fernández, primo del Gobernador y director de Mejora Regulatoria; Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Estado y Carlos Márquez Rico, director del Registro Público de la Propiedad; incumpliendo la ley que les exige no ostentar algún cargo público al obtener el fíat.

Se lanzó otra convocatoria para ocupar 29 notarías vacantes, el examen será el próximo 27 de septiembre, y entre los aspirantes estaría el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara.