Al menos una vez al mes, Enrique Silva recibe la visita de sus hijos en el asilo de ancianos Mi Nuevo Hogar, ubicado en la colonia Morelos de Tijuana. Llegó ahí hace un año y medio.
Aunque su familia vive a 35 kilómetros de distancia, una frontera los separa. Ellos residen en San Diego, California; él no tiene documentos para cruzar al vecino país.
El principal temor de Enrique, de 76 años de edad y quien padece la enfermedad de Parkinson, es no volver a ver a sus tres hijos.
Por su mente ha pasado la posibilidad de que no regresen, cansados de la dinámica de cruzar de un país a otro. Destinan más tiempo a hacer fila para regresar a Estados Unidos, que a convivir con él.
“Cuando vienen no están ni una hora”, asegura una de sus cuidadoras, “es uno de los que más síntomas de depresión tiene”.
No lo dice abiertamente, pero Enrique sabe que la muerte puede llegar primero. Ha visto cómo algunos de sus compañeros se han ido antes de su próxima visita.
Él forma parte del padrón de 600 ancianos que viven en alguno de los 19 asilos sin fines de lucro registrados ante el gobierno municipal, que debido a las nuevas disposiciones que aprobó el Congreso de Baja California en septiembre del 2017, podría quedarse sin hogar.
La Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos establece que toda institución que ofrezca albergue a grupos vulnerables debe contar con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC), y quienes no cumplan serán objeto de clausura.
Los asilos que carecen de reconocimiento oficial no están exentos de estas normas. No se sabe cuántos operan en la clandestinidad y las autoridades no se atreven a dar un número.
Para cumplir con la nueva ley tendrán que invertir cientos de miles de pesos en trámites, dictámenes y adecuaciones a sus inmuebles, casi todos viviendas convertidas en asilos.
El director estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas Navarro, opina que no porque los asilos realicen una labor altruista y voluntaria se puede tolerar que los ancianos estén expuestos a situaciones de riesgo, como ocurrió en el asilo Hermoso Atardecer de Mexicali, donde fallecieron 17 adultos mayores en un incendio en 2015.
Por eso está a favor de que ninguna de esas instituciones reciba presupuesto de gobierno si no cuentan con el Programa Interno de Protección Civil.
El Congreso del Estado aprobó esa disposición en septiembre pasado, pero apenas en marzo metió reversa.
Decidieron modificar el artículo 73 y autorizar la entrega de recursos públicos a aquellas instituciones que demostraran que al menos ya estaban en vías de regularse.
“Escucharon una sola voz, la de los organismos de la sociedad civil; se fueron al otro extremo”, lamenta Rosquillas.
El funcionario señala que si bien esas instituciones cumplen con una labor que no hace el gobierno, nadie debería escudarse en ese argumento para poner en riesgo a una persona desprotegida.
Las autoridades lo admiten: están atadas de manos. Si hubiera clausuras o cierres voluntarios de asilos al no cumplir con la nueva ley, no cuentan con instalaciones a dónde llevar a esos 600 ancianos que están enfermos, muchos de ellos abandonados por sus familias.
Todos son operados por la sociedad civil y se encuentran al tope de su capacidad; mientras, las listas de espera van en aumento.
La omisión de los gobiernos se basa en que, en teoría, hacerse cargo de los padres o abuelos es responsabilidad de cada familia.
Pero personas como Enrique no podrían ser llevados de vuelta a su hogar. Él llevaba tiempo viviendo solo en un cuarto a cinco cuadras del asilo; sus hijos nunca han estado dispuestos a dejar su vida en San Diego, California.
La diputada local Eva María Vázquez Hernández explica que iban a negar recursos públicos a las asociaciones civiles, pero reconsideraron la medida.
Solo 2% de los organismos que ofrecen albergue ya cuentan con un programa interno.
El artículo 68 también sufrió cambios. Ahora obliga a los Ayuntamientos a darles acompañamiento en los trámites y de ser posible exentarlos de algunos pagos, pero las cifras son inciertas.
La legisladora reconoce que “la política ahora es ayudar a quienes nos ayudan”.
Pese a que la Ley de DIF Municipal, en el artículo 9 fracción sexta, señala que están obligados a operar establecimientos de asistencia social privada para menores y personas mayores de 60 años en condiciones de abandono, esto último no se cumple. Solo cuentan con un albergue para niños en situación de calle.
La directora de DIF Municipal, Delia Ávila Suárez, concede la razón a los directores de asilos que aseguran nunca han contado con las autoridades.
“Con el gobierno y sin el gobierno han dado la batalla todos estos años”, admite.
A los adultos mayores se limitan a apoyarlos en 63 clubes de la alegría, un espacio de convivencia donde realizan actividades recreativas; también opera la Casa del Abuelo, una estancia que funciona como una guardería para personas de la tercera edad.
La directora del asilo Manos Benditas, María Castellón, afirma que en la Casa del Abuelo solo admiten a “abuelitos bonitos”. No los aceptan si están enfermos o son indigentes, “nunca te van a aceptar a una persona sucia, con piojos, con esquizofrenia”.
Francisca, por ejemplo, tiene esquizofrenia. Toma medicamento que la mantiene bajo control, pero sus manías como repetir varias veces la misma frase, pedir con frecuencia que la lleven al baño y expresar miedo, no la hacían candidata a ingresar a ese sitio.
Además, tiene que haber un familiar responsable que los lleve y recoja a determinada hora.
En cambio, los asilos reciben a adultos mayores en condiciones de abandono, desnutridos y enfermos, incluso indigentes. Parálisis cerebral, Alzheimer, diabetes, demencia senil, esquizofrenia, son los principales padecimientos que manifiestan.
En el asilo Mi Nuevo Hogar vive Ricardo. La diabetes le arrebató sus piernas, solo medio cuerpo yace en una cama. No puede hacer nada sin ayuda; lucha contra una enfermedad que le está ganando la batalla y contra las úlceras en su piel.
Su compañero de cuarto es Margarito, el panadero de la colonia; sufre demencia senil y delirio de persecución. A él lo rescataron porque vivía en condiciones deplorables; su cuota la cubre el patronato.
La ayuda del gobierno es escasa. En una ocasión Castellón recuerda que le llevaron a una anciana indigente con problemas mentales; cuando pidió un donativo le entregaron una caja con repollos. A los días el gobierno se olvidó de ella.
“Nosotros le pedimos al gobierno, pero no nos dan nada. En cambio ellos sí nos llaman para que aceptemos a los ancianitos, porque no tienen a dónde llevarlos”, dice.
El costo de operación del asilo Manos Benditas es de 90 mil pesos mensuales. La cuota por persona es de cinco mil pesos al mes, incluye techo, comida, lavandería y atención de enfermeras.
A pesar de que los directores de asilos reconocen que están preocupados por la sobrerregulación que enfrentan y por la eventual suspensión de los apoyos de gobierno, la mayoría se sostienen de las cuotas y donativos o patrocinios.
En ocasiones llegan con comida, ropa, pañales para adulto y artículos de higiene personal, benefactores que sienten un lazo especial con el que fue el último hogar de su familiar.
Cuidar de las personas de la tercera edad es una labor muy compleja, admite Rebeca Vázquez Pérez, presidenta de la asociación Mi Nuevo Hogar, en donde vive Enrique junto con otras 25 personas.
Y tener que cumplir con la nueva reglamentación hará más pesada la carga de trabajo, pero saben la responsabilidad que tienen.
Hace 27 años fundó la primera central de enfermeras en esta ciudad. Como enfermera, cubría turnos de ocho horas a domicilio, pero al retirarse dejaba a los pacientes en manos de familiares que venían cansados de trabajar, desconocían el manejo médico y no sabían alimentarlos o curarles úlceras.
De ahí surgió la iniciativa de abrir una casa de asistencia en el 2003. Contrató enfermeras, una por cada turno de ocho horas, además de dos cuidadores por turno para el trabajo complementario.
De las 26 personas que viven en ese asilo, cuatro no pagan cuota.
La ayuda la han extendido a un hombre de 49 años con Síndrome de Down, luego de que la hermana que lo cuidaba murió de cirrosis y a una joven de 29 años con parálisis cerebral en condición de abandono.
Además de una serie de enfermedades que los obliga a tomar un amplio “menú” de medicamentos, la mayoría no pueden valerse por sí mismos.
El trabajo es tan arduo, que es común que enfermeras renuncien al cabo de unos meses. Por eso ve complicado ofrecerles capacitación en materia de Protección Civil, “porque se me van”.
Lo que no puede pasar por alto es el abandono de los familiares. Con frecuencia les exige que no se ausenten, pues el buen estado de ánimo es la medicina que muchas veces surte mejor efecto.
Estar separados por una frontera no debe ser pretexto para dejar de visitar a un familiar, señala, por lo que ha tenido que llamar la atención a los méxico-americanos que se ausentan. Más aún cuando no cubren a tiempo la cuota -10 mil pesos al mes en promedio-, siendo que llegan en camionetas del año y sabiendo que es simbólica en comparación con lo que pagarían en Estados Unidos.
De acuerdo al portal SeniorAdvisor.com, el pago mensual en una casa de asistencia modesta en San Diego ronda los 312 dólares al mes, pero son para personas mayores que aún pueden valerse por sí mismas.
Si padecieran alguna enfermedad que limite sus capacidades físicas y mentales, tendrían que ir a una casa de asistencia con servicio de enfermería, con un costo promedio de siete mil 800 dólares al mes en habitaciones compartidas. Esto equivale a casi 160 mil pesos con el tipo de cambio actual.
Por la condición física y médica de los adultos mayores, para el director de Protección Civil Municipal, José Rito Portugal Servín, de todos los sitios que ofrecen albergue a personas en condiciones vulnerables, los asilos son los de mayor riesgo en caso de sismo, incendio u otro siniestro.
Los que padecen demencia senil o Alzheimer es casi imposible que recuerden una ruta de evacuación o una plática de Protección Civil.
“Es más difícil evacuar a personas de la tercera edad, que a bebés en una guardería, de todos los rubros que tenemos, los asilos son lo más complicado”, reconoce.
El Programa Interno de Protección Civil debe contener las acciones a emprender antes, durante y después de un siniestro o fenómeno natural.
Va acompañado de documentos como dictamen de uso de suelo, de instalaciones eléctricas y de gas, dictamen de bomberos y dictamen o estudio estructural del inmueble.
Instalación de señales, extintores, puertas de emergencia, rampas, alarmas, son otros requisitos que implican una fuerte inversión.
En su presupuesto anual no está contemplada. Tendrán que conseguir donativos, ya sea en dinero o en especie; pedirles a los familiares una cooperación extraordinaria no es opción.
El panorama no es sencillo, están en puerta aún más regulaciones. DIF Estatal trabaja en una ley que obligará a los asilos a obtener una licencia de operación, como lo hizo con las casas hogar, que de acuerdo a administradores y directivos, tuvieron que pasar por un exhaustivo proceso.
Hubo orfanatorios que invirtieron cantidades que rebasaron el millón de pesos para cumplir con los lineamientos; ningún trámite fue gratuito. Al menos 14 cerraron sus puertas o están suspendidos.
“Se nos trató como a una empresa, como si fuéramos a abrir un comercio”, asegura uno de los directores de la casa hogar Fundación Manos Unidas de Amor, Obed Quiñonez.
La Procuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, Consuelo Luna Pineda, comenta que han sostenido reuniones para afinar la iniciativa, con la idea de que sean los gobiernos municipales los que se encarguen de la regulación de los asilos.
Pronto se presentará el documento al Congreso de Baja California.
La dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios también se ha sumado a las regulaciones. Si no habilitan un espacio como consultorio médico pronto les llegará una sanción.
Para la directora de Manos Benditas, María Castellón, la intención del gobierno es que los asilos parezcan hospitales privados, pero no les dan presupuesto.
Pidieron la colocación de pasamanos en los cuartos, rampas, programa nutricional, iluminación, alarma sonora, detectores de humo.
La lista es extensa. Expedientes clínicos, aviso de funcionamiento y un responsable sanitario, entre muchos otros requisitos les exigen y quienes no cumplan, serán objeto de sanciones que pueden llegar a la clausura e incluso el arresto administrativo.
Pese a ello, hay asilos que pertenecen a comunidades religiosas y que prefieren no alarmarse con toda esta sobrerregulación.
En el asilo de las Hermanas Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta la regla es no pedir dinero al gobierno, porque hacerlo sería faltar a su fe, dudar de que Dios les va a proveer.
A las instalaciones de esa comunidad religiosa, donde no tienen televisión ni radio, mucho menos internet, llegan los donativos de los creyentes y de la comunidad.
Así se han sostenido durante 25 años. Creer que no tendrán dinero para realizar los trámites y obtener una licencia de operación, también sería dudar de la Divina Providencia.
Pese a que están abrumados por las nuevas disposiciones, Martha Hernández, encargada del funcionamiento del asilo Juan Pablo II, ubicado en La Gloria, asegura que van a cumplir con el Programa Interno de Protección Civil y demás requisitos.
Están conscientes de que sería un golpe muy duro que clausuraran y reubicaran a los asilados, no solo porque muchos no tendrían a dónde ir, sino “porque ya son una familia”.
Mientras directores y activistas enfrentan estos desafíos, ancianos fallecen en su último hogar. Las siguientes horas, días, son de silencio, solemnidad. Nadie sabe quién será el próximo.
Y mientras uno se va, se abre un espacio para que otro llegue a, irónicamente, empezar una nueva vida en un país que cada vez envejece más.
