Este miércoles se llevó a cabo la reunión pública promovida por asociaciones ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para ampliar la información sobre el proyecto “Fraccionamiento Los Cobos”, que promueve la empresa “Banco Interacciones S.A.” y la empresa constructora GIG para desarrollarse en el bosque del mismo nombre.
La reunión pública se llevó a cabo en un hotel del sur de la capital a partir de las nueve de la mañana, participando alrededor de 100 personas entre los promoventes del proyecto, ponentes de la sociedad civil, funcionarios federales, estatales y municipales y asistentes que se registraron previamente para participar.
Por parte de la empresa “Banco Interacciones”, participaron el Lic. Mauricio Liévanos Núñez, Rodrigo Vázquez de la Torre y el representante legal José Cabral Moreno, quiénes dieron a conocer las especificaciones de la solicitud de impacto ambiental del proyecto de fraccionamiento en el Bosque de Cobos, misma que se presentó el 29 de enero del año en curso ante la delegación de la SEMARNAT.
Entre los aspectos del proyecto, señalaron que se contempla la construcción de 11 mil nueve viviendas de tipo social en 124 hectáreas del Bosque de Cobos, a desarrollarse en 17 etapas y en aproximadamente 14 años. En cada año se buscaría construir entre 400 y 600 lotes por etapa.
A decir de los promoventes, se reservarían algunas zonas para áreas verdes como jardineras vecinales, así como implementar un programa de manejo de áreas verdes en el fraccionamiento.
De igual forma, aseguran que con el proyecto se mejorará la recarga del manto acuífero que se encuentra debajo de la zona que se busca construir y por la cual atraviesan tres escurrimientos hídricos.
Agregaron que, en la zona del proyecto, fueron ubicadas 22 especies de flora silvestre, especialmente cactáceas, mezquites y huizaches. Así mismo, se avistaron 11 especies de fauna silvestre como la lagartija escamosa del mezquite o la víbora de cascabel, que se encuentra sujeta a “protección especial” según la SEMARNAT.
Además, se registraron 32 especies de aves, incluida la aguililla rojinegra que también está en “protección especial” y 14 especies de mamíferos como el ratón, el conejo del desierto y el zorrillo manchado.
De acuerdo a la solicitud, se detectaron 12 impactos ambientales en el proyecto, para los que se tiene contemplado igual número de medidas de mitigación:
1) Modificación del patrón hidrológico superficial: Se diseñarán obras hidráulicas que permitan encauzar los flujos hidrológicos superficiales, manteniendo su dirección y flujo.
2) Disminución en la captación de agua en la microcuenca: Se realizará una reforestación en aproximadamente 14 hectáreas que permitirán la captación de agua en la microcuenca, aunque no especificaron el lugar que sería reforestado.
3) Incremento del potencial erosivo por reducción de la cubierta vegetal que protege el suelo: Se llevarán a cabo buenas prácticas ambientales durante la ejecución del proyecto, aunque no se especificaron en qué consistirían.
4) Modificación estructural del sustrato por la eliminación mecánica y manual de la vegetación y retiro de la capa fértil del suelo: Se recuperará la capa fértil del suelo, recopilándola en un almacén temporal y usada en las acciones de reforestación.
5) Disminución de la calidad del aire durante la etapa de construcción del proyecto: Las emisiones a la atmósfera causadas por la maquinaria obedecerán la normativa vigente.
6) Disminución de la abundancia individual de especies botánicas por el cambio de uso de suelo: Se realizarán actividades de rescate y reubicación de flora silvestre, así como reforestación de acuerdo a análisis de índices de diversidad.
7) Afectación a la riqueza botánica por cambio de uso de suelo: Se realizarán actividades de rescate y reubicación de flora silvestre.
8) Disminución de la abundancia individual de especies zoológicas por el cambio de uso de suelo: Se llevarán a cabo actividades de rescate, ahuyentamiento y reubicación de fauna silvestre.
9) Afectación a la riqueza zoológica por cambio de uso de suelo: El área a reforestar (sin definir) generará nuevo hábitat para las especies existentes actualmente en el área.
10) Reducción y fragmentación del hábitat disponible para la fauna silvestre: El área a reforestar tendrá una calidad ambiental más elevada que el hábitat fragmentado actual.
11) Modificación, transformación y cambio de uso de suelo: Se presentó un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, mismo que presenta medidas de mitigación particulares en materia de CUSTF.
12) Modificación de la calidad del paisaje: El proyecto contempla dentro de su diseño arquitectónico áreas verdes que permitirán mejorar de manera notable la calidad visual y paisajística del predio.
Las preguntas
El mayor porcentaje de las respuestas a las más de cien preguntas emitidas por integrantes de la asociación civil, biólogos, académicos, estudiantes y especialistas sobre el impacto ambiental de la construcción de un fraccionamiento en el Bosque de Cobos; fue insuficiente.
Durante más de dos horas, los ciudadanos cuestionaron diversos temas, pero los más frecuentes versaron sobre los daños ambientales causados por la tala de árboles, la dotación y posterior uso de aguas tratadas en el terreno, además de la afectación de la flora y fauna que, con el proyecto, se podría causar en el área.
Entre las preguntas más relevantes, se cuestionó a los promotores sobre la cantidad de Oxígeno que se dejaría de emitir con la tala de 36 mil árboles y arbustos para la construcción de viviendas, pregunta que no fue respondida con claridad.
“Hay impactos ambientales puntuales que son de mediano plazo durante la construcción del proyecto e impactos a largo plazo por la actividad humana que se va a dar ahí, por las viviendas. Esta área ha perdido su capacidad natural de regenerarse por las actividades antropológicas desarrolladas ahí, por eso lo vemos como un lugar viable”, dijo Rodrigo Vázquez de la Torre, promotor del proyecto.
Sobre la contaminación que se generaría una vez que se habiten las viviendas, los promotores aseguraron que “el municipio capital recolectará los residuos y se publicarán reglamentos de condóminos para concientizar a los posibles habitantes sobre no tirar basura”.
Aseguraron que, de las 36 mil especies que talarán, 29 mil se rescatarán y harán una reforestación de 8 mil 160 especies en una superficie de 14 hectáreas, cuya zona no fue definida. Por el permiso para la tala de flora, la empresa pagaría un total de 6.5 millones de pesos.
“¿Cómo piensa hacer la empresa para que se ocupen las viviendas estando a cinco kilómetros de cualquier vialidad primaria y sobre todo habiendo actualmente 36 mil 893 viviendas deshabitadas en la ciudad que equivalen casi al 15% del total de las viviendas de la ciudad?”, preguntó Jaime Gallo, director del Instituto Municipal de Planeación (Implan).
Al respecto, los promoventes respondieron que “el estudio de mercado ha revelado que este tipo de desarrollos es de lo que hay necesidad en la localidad, esto es un tema de oferta y demanda, habrá a quién le interese vivir ahí, no es un aspecto ambiental del proyecto”.
Y agregaron que, para su proyecto, no se investigaron los datos sobre viviendas desocupadas en la capital.
Dentro de la exposición, los promotores aseguraron que el proyecto contempla 11 mil nueve viviendas verticales, aunque en el documento de Manifiesto de Impacto Ambiental entregado a la delegación en Aguascalientes de la Semarnat, se señala que sólo se contemplan 7 mil 600, por lo que los especialistas cuestionaron si, los daños ecológicos detallados en el proyecto, corresponden a un menor número de casas de las que pretenden construir.
Al respecto, Vázquez de la Torre aceptó que “en efecto es un error que habremos de rectificar en cuanto al número, sin embargo, toda la información y cálculos se hacen sobre una superficie de 11 mil nueve viviendas”. Por el momento se desconoce si dicho error podría conllevar una penalización legal.
En el tema relativo al agua, aseguraron que se prevé la instalación de una planta de tratamiento para aguas residuales, cuya descarga no afectará a la microcuencia de Cobos cercana al polígono donde se pretende construir, explicando que las aguas tratadas serán utilizadas para el riego de las áreas verdes planeadas en el proyecto.
Sin embargo, los especialistas en el tema criticaron la falta de información. Agustín Bernal, ingeniero bioquímico y guardabosques de Cobos, aseguró que la cantidad de agua vertida provocará inundaciones y terminará por contaminar el arroyo.
Finalmente, una de las asistentes cuestionó la falta de información sobre el cuidado y preservación de los objetos arqueológicos que se encuentran en la zona de Cobos, a lo que, José Cabral, representante legal de los promotores, afirmó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) está por emitir un dictamen para liberar la zona y permitir la construcción.
Y añadió que la intención es la edificación de un museo.
“La empresa firmó un convenio, hace un año, de prospección con el INAH, el INAH ha estado trabajando ya desde entonces, vinieron cuatro arqueólogos y recorrieron el predio y no nos ha emitido el dictamen el INAH porque falta un estudio que parece ya la próxima semana se emite y el siguiente paso es, si el INAH nos lo permite, hacer un museo en el proyecto para que lo que todos sospechamos que está ahí, se pueda aprovechar y la gente lo pueda conocer. Se dice que al margen del río hay vestigios de mamut, la idea es extraerlo y exponerlo en el desarrollo dentro de un museo”.
De entre las observaciones realizadas por los especialistas, se preguntó porqué no se planeó la utilización de concreto permeable para no afectar la filtración de agua en el subsuelo y la necesidad -según la Organización Mundial de la Salud- de que, por cada persona, deben existir por lo menos diez árboles para contrarrestar el cambio climático. A lo que los promotores respondieron que no tenían información sobre el asunto.
Ponencias de la sociedad civil
En la reunión pública se registraron 12 ciudadanos entre ambientalistas, académicos, autoridades del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y expertos en urbanismo, hidrología y arqueología; quienes presentaron ponencias sobre observaciones a la solicitud de impacto ambiental por parte de la empresa promovente.
En la ponencia de la estudiante ambientalista Rossana Bernal, se señaló que en la solicitud de impacto ambiental no se especifican las especies de flora y fauna del arroyo de Cobos que se verían afectadas, por lo que es prácticamente imposible conocer el impacto ambiental que se podría ocasionar con la construcción del fraccionamiento.
Por su parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Marco Alejandro Sifuentes, afirmó que el estudio es parcial e incompleto, ya que se omiten los lugares con patrimonios paleontológicos y arqueológicos que están incorporados al ecosistema.
Asimismo, puntualizó que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040, la zona en la que se busca llevar a cabo el proyecto está considerada como una “zona de conservación”, por lo cual no se puede utilizar con fines industriales, habitacionales o comerciales.
De igual manera, el urbanista Felipe de Jesús Huerta, criticó la falta de planes limitativos en la solicitud de impacto ambiental, además de que los impactos ambientales negativos se reducen sólo a las fases de preparación del sitio y urbanización y no en la fase de desarrollo del fraccionamiento.
Por su parte, el investigador de la UAA y miembro de la asociación “Movimiento Ambiental”, Víctor Hugo Salazar, señaló que no existe un estudio de demanda habitacional en la zona que justifique el proyecto, además de que no existe en la región un corredor industrial como se afirmaba en la solicitud.
En el caso de las ponencias del secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Adrián Castillo, y del director del IMPLAN, Jaime Gallo Camacho, no se consideraron en la solicitud de los promoventes la otorgación de servicios una vez creado el fraccionamiento en los rubros de educación, salud, servicios públicos y agua, así como criticar la propuesta de que se desarrolle un condominio en lugar de un fraccionamiento, ya que eso limita la intervención del municipio en la dotación de los servicios y aseguraron que se trata de un un modelo muy criticado en Aguascalientes.
Al final de la reunión pública, el delegado de SEMARNAT, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, indicó que, desde la presentación de la solicitud de impacto ambiental, y la integración del expediente se asigna un plazo de 60 días para analizar la información, que puede ser mayor si se solicitan datos complementarios a los promoventes, o existe consulta pública, como es el caso.
“Se puede ir primero con los 60 días que tienen de inicio y se pueden ir otros 60 días que tendría el promovente para ampliar la información, entonces el proyecto se puede ir hasta 120 días hábiles, más otras cosas que se pueden alargar por tiempos”.
Asimismo, reiteró que los señalamientos vertidos en la reunión pública no son vinculatorios con la resolución definitiva y únicamente se considerarán aquellos que tengan sustento jurídico en las diversas legislaciones en la materia.
