Por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 843 mil 512.62 pesos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) interpuso, desde hace 16 meses, una denuncia contra su exsecretario general Francisco Vicente Ortega Sánchez.

De acuerdo con la carpeta de investigación NUC 12-2016-10320, a la cual Criterio tuvo acceso, tras la salida del profesor por incumplir “con el perfil requerido” por los lineamientos del Instituto Estatal Electoral (INE), el ente realizó el proceso de entrega-recepción ese mismo mes, el 27 de octubre de 2015.

De ello, señala el documento, se levantó un acta “en la que se deja constancia del concentrado de fondos” por 480 mil 482.45 pesos, de los que quedó “pendiente” su valoración y arqueo.

Tras la revisión, dice la carpeta radicada en la Mesa 1 de Delitos Diversos de la Unidad de Investigación sin Detenido, el IEEH identificó que, de cinco ejercicios fiscales, de 2008 a 2012, Ortega Sánchez solicitó pero no comprobó la utilización de 379 mil 694.83 pesos. Esto, cuando el organismo era presidido por el consejero Daniel Jiménez Rojo, actual secretario de Desarrollo Social.

De la cuenta pública 2014, en tanto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó un saldo pendiente de recuperar por “Gastos a Comprobar Empleados IEE” por 440 208.44 pesos, cuya falta de “solventación” atribuyen al exsecretario ejecutivo.

“También se encontró que a este exservidor público le faltaba por comprobar 23,609.35 pesos correspondientes al ejercicio 2015”, añade el documento ingresado ante la Procuraduría General de la Justicia de Hidalgo (PGJEH) por el director jurídico del IEEH, Francisco Martínez Ballesteros.

El instituto agregó, en el expediente, que el actual dirigente de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) en Hidalgo “se negó” a entregar una lap top Toshiba (factura 35592 LA455SP5030), registrada como el activo fijo 173.

La denuncia contra Ortega Sánchez fue interpuesta ante la agente del Ministerio Público María José Cornejo Copca, el 14 de octubre de 2016, 13 meses después de que el Consejo General del IEEH encabezado por la presidente Guillermina Vázquez Benítez entrara en funciones.

En entrevista, el director ejecutivo del instituto comicial dijo que exsecretario no presentó la totalidad de las comprobaciones solicitadas tras su salida del ente.

“La suma de todos los fondos que no están acreditados se refieren a recursos que se proporcionaron en su momento, pero que no hubo comprobación de en qué se invirtieron”, expresó.

Afirmó que el organismo hizo procedimientos internos para la recuperación del faltante; posteriormente, el caso se puso a disposición de una autoridad “que resulta competente”, a través de la denuncia penal.

“Hubo una citación, hubo visitas de la policía, tuvimos entrevistas con la policía, presentación de documentos, confrontación de documentos”

–¿Por qué puede pasar que un organismo público autónomo no vea o no quiera ver, o no solicite la solventación de recursos pendientes de un periodo atrasado como 2008? –se le cuestionó

–Creo yo que pudiera ser en razón a que se hacen muestreos –afirmó.

De acuerdo con Martínez Ballesteros, 16 meses después de la denuncia, el exfuncionario no ha solventado ninguna parte de los 843 mil 512.62 pesos.

El abogado afirmó que el IEE tardó un año en iniciar el procedimiento legal contra el ahora representante de la UFIC debido a que “se estaba agotando un proceso administrativo”.

“La ruta que se diseñó para poder atender el asunto era solventarlo, en este caso, en primera instancia por una vía administrativa”, justificó.

“Cuando no hubo, en este caso, la satisfacción del requerimiento por la vía administrativa, entonces se torna al otro camino, que es la denuncia penal, con la cual la ASEH, ese concepto de ese faltante que se lo atribuía al instituto (…) en el momento que presentas la denuncia, en ese momento te lo quito”, dijo.

Según el jurídico, desde la radicación de la carpeta de investigación acudieron a la fiscalía de manera “continua” a “audiencias, a la presentación de algún documento”.

“Cuando pasado algún tiempo no existe como movimiento es cuando se hace una solicitud a la procuraduría diciéndole: ‘oye, ¿hay algo más?’, porque a la mejor la falta de terminación pudiera obedecer a que faltara algún elemento, entonces se hace el acercamiento y se le dice ‘¿hay alguna otra documentación que yo deba presentarte?’”, dijo sobre el documento que ingresó el 17 de octubre pasado ante la PGJEH, como representante legal de IEE, en el que ratifica la denuncia.

Martínez Ballesteros afirmó que durante este periodo el profesor ha comparecido y sido entrevistado por la Policía Investigadora.

Agregó que es una carpeta “compleja”, por lo que dijo que aguardan la determinación de la fiscalía estatal. “Estimo que este asunto está en la fase final y que ya en breve deberá haber una determinación para resolver si, a juicio de la procuraduría, está constituido el delito (de peculado)”.

Vía telefónica, Ortega Sán-chez afirmó a Criterio Hidalgo desconocer la denuncia en su contra; además, negó haber sido llamado a declarar a la PGJEH o contactado por el Instituto Estatal Electoral; tampoco, notificado.

“Yo desconozco de cualquier, no tengo conocimiento, ahorita es el primer dato, ahorita que me estás tú comentando”, dijo el exfuncionario, quien salió del instituto dos meses después de la renovación del Consejo General que encabezaba Mario Pfeiffer, ahora magistrado.

–¿Entonces a usted no lo han citado, nunca ha ido a la procuraduría, no tiene conocimiento que se le siga un proceso?

–No, para nada, ni conocen mi domicilio públicamente, no.

“Yo cuando entregué lo hice todo, yo iba al corriente de la comprobación en todo, los gastos que crecían en todo caso de representación en la secretaría”, afirmó el exfuncionario.

Cuenta 2014

Por reducir el patrimonio de bienes inventariables no localizados sin presentar evidencia de las investigaciones para su localización y ejecución de trámites para darlos de baja, así como por saldos pendientes de recuperar (del cual es señalado Ortega), la ASEH observó al IEE en la cuenta pública 2014 un monto por solventar de 2 millones 688 mil 373.98 pesos.

Gerardo Ávila I Pachuca