La Ley de Seguridad Interior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) luego de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunciara su publicación y afirmara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaría la constitucionalidad de esta.
A través de un tuit, el DOF informó a las 17:33 que “en edición vespertina se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior”.
Previo a esto, en un mensaje en la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario dijo que no emitirá declaratoria de protección de Seguridad Interior, en los términos de la ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, una vez que sea promulgada.
El mandatario afirmó en la sesión que da “la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley” que, señaló, es especialmente sensible para la vida pública del país.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, señaló.
La voces en contra de la controvertida ley de Seguridad Interior han sumado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y grupos de la sociedad civil que advierten que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
Legisladores mexicanos y la CNDH han anunciado que presentarán acciones de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso mexicano.
Pero el operativo se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.
Organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla subrayando que la estrategia militar no ha sido exitosa.
La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.
Otro punto de legislación que provocó varias protestas indica que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, lo que la deja fuera del escutrinio público.
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(Con información de AFP).
