Por aquel entonces, en las últimas semanas de su campaña presidencial, Donald Trump necesitaba un eslogan más motivador. Dado que estaba muy atrás de la candidata republicana Hillary Clinton, su eslogan tendría que ser una maravilla de mercadotecnia, digna de Don Draper, de la serie Mad Men, uno que encapsulara la imprecisa pero atractiva promesa de su candidatura: su culto a los ideales estadounidenses y su completa ruptura con ellos.

El 17 de octubre de 2016, la campaña de Trump-Pence hizo público un plan de cinco puntos para una reforma ética, el cual incluía restricciones al cabildeo. El plan se denominó “Vaciar el pantano”. Trump probó la frase aquel día en un mitin realizado en Green Bay, Wisconsin. La volvió a utilizar al día siguiente en un mitin de Colorado. “Acabaremos con la corrupción del gobierno”, juró, “y vamos a secar el pantano de Washington, D. C.”. Luego recitó una letanía de acusaciones dirigidas a Clinton y a su servidor privado de correo electrónico, tildándola de ser “la persona más corrupta que jamás se haya postulado para la presidencia”.

“Construir el muro” había sido el grito salvaje que inauguró la campaña de Trump. “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez”, era el coro. “Vaciar el pantano” era el número final. Sin embargo, aunque el hecho de hablar sobre la construcción del muro fronterizo emocionaba a Trump, aparentemente nunca se mostró muy emocionado acerca de la pestilente ciénaga en la que se había convertido la capital de Estados Unidos. Lo admitió en un mitin realizado el 26 de octubre en Charlotte, Carolina del Norte: “Lo dije hace cerca de una semana, y no me gusta mucho, no suena demasiado bien. Y todo el mundo lo entendió… Así que ‘secar el pantano’ no me gustaba. Ahora me encanta, ¿verdad?”.

“Secar el pantano” se adaptaba perfectamente a las constantes quejas de Trump sobre el “sistema amañado”, excusando de esta manera lo que, según algunas personas, sería una derrota histórica. Conforme la campaña se acercaba a su fin, Trump se presentó a sí mismo como un mártir de la democracia estadounidense que llevaba a cabo una campaña llena de principios, pero condenada al fracaso.

Sin embargo, ocurrió algo curioso en el camino hacia “un tercer periodo de Obama”. La victoria otorgó a las cosas que dijo Trump durante la campaña una importancia que no habían tenido anteriormente. Y aunque muchas personas comprendieron que su “sistema amañado” era solo una excusa, “secar el pantano” seguramente parecía promisorio.

Así que, conforme se acercaba la toma de posesión, la anticipación bullía por toda la sulfurosa red de políticos de Capitol Hill, grupos de intereses especiales y sus cabilderos de la Calle K, los medios de comunicación, el establishmenty prácticamente cualquier persona que hubiera descartado a Trump y sus eslóganes, considerándolos como un truco publicitario. Ahora, había una pregunta que necesitaba urgentemente una respuesta: ¿Hablaba en serio cuando mencionaba todo el asunto del “pantano”?

En realidad, no. Newt Gingrich, exvocero de la Cámara y partidario de Trump, admitió ante NPR el 21 de diciembre que “secar el pantano nunca fue una promesa”. “Me han dicho que ahora simplemente se desliga de eso”, dijo. “Ahora dice que fue algo lindo, pero ya no desea usar esa frase”.

EL MONSTRUO DEL PANTANO: En la ruta de campaña, Trump juró
“poner fin a la corrupción en el gobierno” y “secar el pantano de Washington”. FOTO:
CHIP SOMODEVILLA/GETTY

Algún miembro de la campaña de Trump debió haber hecho un llamado enfurecido, ya que el exvocero pronto tuiteó que había sobreestimado el caso. Pero eso no acabó con la historia. El mismo día, Politico se preguntó si “secar el pantano” sería “la primera promesa rota” de Trump. Mencionó a la empresa de cabildeo de Corey Lewandowski, el primer director de campaña de Trump, la cual prometía dar acceso a los partidarios a cambio de su apoyo, así como a la empresa consultora que tenía problemáticas relaciones con el extranjero y que estaba dirigida por Michael Flynn, su flamante asesor de seguridad nacional. “Trump y sus aliados han participado en las mismas prácticas de las que acusaron a Hillary Clinton y que juraron cambiar”, se lee en Politico.

Ahora, un año después de la elección, muchos observadores piensan que el pantano ha crecido hasta convertirse en un sumidero que amenaza con arrastrar a todo el gobierno de Trump. Resulta asombrosa la cantidad de funcionarios de la Casa Blanca que enfrentan cuestionamientos, demandas judiciales o investigaciones: Trump, demandado por violar la “cláusula de emolumentos” de la Constitución de Estados Unidos por dirigir su Hotel Internacional Trump en Washington, D. C.; Paul Manafort, el segundo jefe de campaña de Trump, por presuntamente aceptar pagos de partes interesadas prorrusas en Ucrania; Flynn, por realizar un trabajo de cabildeo abierto a nombre del gobierno turco; el yerno y consejero del presidente, Jared Kushner, por no revelar créditos por 1,000 millones de dólares en relación con su empresa de bienes raíces, y al menos seis directores del gabinete son investigados o han sido cuestionados por gastar cantidades exorbitantes en viajes, equipo de seguridad o acuerdos de negocios.

Desde luego, se trata de una afirmación y no de una prueba que demuestre que hubo corrupción, pero ¿desde cuándo la política estadounidense ha esperado a tener la certeza antes de aprobar un juicio? “Son la presidencia y el gobierno más corruptos que jamás hayamos visto”, dice Zephyr Teachout, catedrático de derecho de la Universidad de Fordham y autor de un libro titulado Corruption in America: From Benjamin Franklin’s Snuff Box to Citizens United (La corrupción en Estados Unidos: desde la caja de rapé de Benjamín Franklin hasta Ciudadanos Unidos).

Los partidarios de Trump señalan que los cargos de corrupción son tácticas partidistas para ensuciar su nombre. “El presidente Trump vino a Washington a secar el pantano y está cumpliendo sus promesas”, afirma Raj Shah, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, y menciona el decreto de Trump sobre la ética, la elevación al grado de funcionarios de segundo nivel de los abogados de ética de la oficina del consejero de la Casa Blanca y “los pasos sin precedentes para controlar el desperdicio de los fondos de los contribuyentes”.

Sin embargo, de acuerdo con el historiador presidencial Robert Dallek, ningún líder estadounidense ha actuado con un más puro interés personal como Trump. Dallek afirma que, en términos de corrupción descarada, Trump es peor que Ulysses S. Grant y Warren G. Harding, presidentes que vieron los ejemplos más flagrantes de corrupción en la historia política de Estados Unidos. La reputación estelar de Grant como general de la Guerra Civil se vio empañada en parte por el escándalo de la Red de Productores de Whisky, en la que los funcionarios del Departamento del Tesoro robaban los impuestos de los destiladores de alcohol; miembros del gobierno de Harding saqueaban las reservas de petróleo de Teapot Dome, un sitio rocoso de Wyoming que ha dado su nombre al ejemplo más famoso de corrupción gubernamental en la historia de Estados Unidos. En ambos casos, la falla del presidente fue su falta de supervisión. Dallek opina que hay algo más ignominioso en la Casa Blanca de Donald Trump.

CON FRECUENCIA, Trump insinuaba que Clinton, su opositora
demócrata, encarnaba toda la podredumbre del orden establecido. FOTO: GEORGE
FREY/GETTY

“Lo que hace que esto sea diferente —dice Dallek— es que el presidente parece no decir la verdad con respecto a una multitud de cosas”. En opinión de Dallek, Trump no solo permite la corrupción, sino que la fomenta. El presidente estadounidense hace recordar un cáustico refrán: el pescado se pudre desde la cabeza.

El 29 de junio, el secretario de Asuntos de los Veteranos, David Shulkin, envió un memorando para los gerentes de alto nivel de su departamento. En el documento, titulado “Guía esencial de viajes para los empleados”, se describía un nuevo proceso mediante el cual los viajes deberían ser aprobados y documentados. “Espero que esto produzca una reducción en los viajes realizados por los empleados y que se generen ahorros”, escribió.

Dos semanas después, Shulkin y su esposa, Merle Bari, volaron a Copenhague. Con ellos iban tres miembros del personal de su departamento, así como el esposo de una de ellas. También iba un equipo de seguridad de seis personas. “El viaje de diez días no fue solo por placer”, informó el diario The Washington Post. Pero tampoco se trató de una conferencia de tres días en Tulsa. Shulkin planeó el viaje de manera que comenzara con las reuniones en Dinamarca y terminara alrededor de una semana después con reuniones en Londres. Entre ambas fechas, estuvieron como espectadores en partidos de tenis en Wimbledon, visitaron castillos medievales, pasearon y fueron de compras. Una turista de Madison, Wisconsin, declaró al Post que vio cómo Shulkin y compañía “eran conducidos al principio de la fila” en una atracción de Copenhague. También dijo que uno de los guardias de seguridad de Shulkin, pagados con dinero de los contribuyentes, cargaba “un gran número de bolsas de compra”.

El Post señaló que los contribuyentes reembolsaron sus gastos a Bari, los cuales podrían ascender hasta 3,600 dólares por día. Aunque algunos de los otros miembros de la comitiva pagaron su viaje, los contribuyentes incurrieron en importantes gastos relacionados con vuelos y seguridad. Quizá resulta ingenuo esperar que un director del Gabinete se comunique por Skype en reuniones internacionales, pero Robert McDonald, el director anterior del Departamento de Asuntos de Veteranos, no tuvo que realizar ni un solo viaje al extranjero para hacer su trabajo.

Shulkin es uno de los seis miembros del Gabinete que están siendo investigados (o que, al menos, están recibiendo preguntas incómodas) sobre gastos de viajes o de seguridad:

—El inspector general de la Agencia de Protección Ambiental está investigando a Scott Pruitt, su administrador, por lo que el diario The Washington Postafirma que son “al menos cuatro vuelos no comerciales y militares” en los últimos ocho meses, los cuales han costado al gobierno más de 58,000 dólares. Pruitt también se construyó una cabina a prueba de ruidos con un valor de 25,000 dólares en su oficina, por razones poco claras. El equipo de seguridad personal de Pruitt está formado por investigadores de alto nivel de esa agencia, que supuestamente deberían estar investigando violaciones a las leyes ambientales.

—Steven Mnuchin, el exbanquero de Goldman Sachs que ahora dirige el Departamento del Tesoro, está siendo investigado por apoderarse de un jet del gobierno para que él y su esposa, la actriz escocesa Louise Linton, pudieran ver el Gran Eclipse de Estados Unidos en Lexington, Kentucky. Ese viaje salió a la luz cuando Linton se involucró en una discusión en las redes sociales con una mujer de Oregón que se sintió asqueada por los desplantes de riqueza de la pareja. El mismo mes, Mnuchin tomó un jet C-37 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de Nueva York a Washington. El viaje costó 25,000 dólares a los contribuyentes, y aunque el uso de aviones militares por parte de funcionarios gubernamentales es algo común, existen docenas de vuelos comerciales que cubren diariamente la misma ruta. Timothy Geithner, antiguo secretario del Tesoro del presidente Barack Obama, frecuentemente viajaba en aviones comerciales cuando hacía ese recorrido.

—Ryan Zinke, secretario del Interior, está siendo investigado por gastos de viaje entre los que se incluye un vuelo privado con un costo de 12,375 dólares de Las Vegas a Montana, donde asistió a un evento a beneficio de un equipo de hockey propiedad de uno de sus benefactores. Zinke también está siendo investigado por otros dos vuelos privados.

—Elaine Chao, que dirige el Departamento de Transporte, ha utilizado aviones del gobierno en al menos siete ocasiones, de acuerdo con The Washington Post. También ha sido cuestionada sobre las acciones que posee en Vulcan Materials, una empresa constructora que probablemente se beneficie del plan de infraestructura de un billón de dólares que Chao ha estado promoviendo.

David Shulkin, secretario de Asuntos de los Veteranos. Scott
Pruitt, inspector general de la Agencia de Protección Ambiental. Steven
Mnuchin, secretario del Tesoro. Ryan
Zinke, secretario del Interior. FOTOS: PAUL MORIGI/GETTY; MARK
REINSTEIN/CORBIS/GETTY; NICHOLAS KAMM/AFP/GETTY; MARK WILSON/GETTY

—Rick Perry, el secretario de Energía, tomó un avión privado para visitar “una instalación de uranio en Piketon, Ohio”, a finales de septiembre, de acuerdo con Reuters. También, de acuerdo con la misma fuente, voló a un “aeropuerto privado en Kansas que se encontraba a una distancia de 45 minutos en auto desde el Aeropuerto Internacional de Kansas City”.

—Betsy DeVos, secretaria de Educación, paga de su bolsillo sus viajes privados (es multimillonaria), pero emplea seguridad del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, una acción poco usual que cuesta a los contribuyentes estadounidenses alrededor de un millón de dólares al mes. Es la primera secretaria de Educación que tiene una protección tan amplia en la historia reciente.

Los comentarios indignados sobre los altos vuelos del gobierno de Trump comenzaron cuando Dan Diamond y Rachana Pradhan, reporteros de Politico, recibieron el soplo de que Tom Price, el secretario de Salud y Servicios Humanos, utilizaba aviones privados para viajar alrededor del mundo, enfureciendo a los ya de por sí desmoralizados empleados de ese organismo con irritantes mensajes enviados desde Suiza, Liberia y otras partes. Como escribieron Diamond y Pradhan, el “célebremente reservado secretario del Gabinete” no había presentado sus registros de viaje, en concordancia con la amplia aversión del gobierno de Trump a hacer públicos sus registros a menos de que se vea obligado a ello. Los reporteros publicaron su historia inicial sobre los viajes en jet privado de Price el 19 de septiembre, y sus detalles provenían del mismísimo pantano que Trump prometió secar: costosos viajes privados a Filadelfia, cuando un viaje en tren habría sido suficiente, así como un viaje al Festival de las Ideas de Aspen, un potente símbolo del elitismo que Trump había denunciado durante su campaña.

Trump estaba furioso, y Price renunció a finales de ese mes, tras ofrecerse a devolver 52,000 dólares de sus costos de viaje. Se calcula que el costo total de sus excursiones pagadas por los contribuyentes fue de un millón de dólares.

Esta conducta es indignante, pero también sorprendente, pues se piensa que el Gabinete de Trump es el más adinerado de la historia de Estados Unidos. Según nos dijeron, se trataba de personas que habían sacrificado lucrativos puestos en el sector privado para trabajar al servicio del pueblo estadounidense. Ahora, esos mismos “estadounidenses olvidados” le pagaban a Mnuchin, cuyos bienes ascienden hasta 500 millones de dólares, debido a que, aparentemente, no desea pasar por las medidas de seguridad aeroportuarias. En su Gabinete hay muchas personas que asistieron a universidades pertenecientes a la Ivy League (la liga de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos), y trabajaron para corporaciones de la lista de las 500 empresas más importantes según la revista Fortune. Debieron haberlo sabido. Y si no es así, ¿cómo podemos confiar en ellos?

“El poder y la estupidez van de la mano”, dijo Teachout cuando le pregunté cómo tantos miembros del Gabinete podían cometer el mismo error con tanta frecuencia. “Ellos viven en un mundo en el que no pueden ver las formas en las que se están corrompiendo”, especula. “Una persona es tan poderosa que ni siquiera comprende que un vuelo privado no es un derecho”.

Un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca señaló que, en gobiernos anteriores, no existía un encargado de manejar detalladamente los planes de viaje del Gabinete. Ahora, esos planes necesitan ser aprobados por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. David J. Apol, que dirige la Oficina de Ética del Gobierno (OGE, por sus siglas en inglés), escribió recientemente un memorando en el que decía estar “profundamente preocupado porque las acciones de algunos líderes del gobierno han perjudicado las percepciones sobre la importancia de la ética”. Sin embargo, aunque fue muy bien recibida, la consternación de Apol no es suficiente para todas las personas que creen que el gobierno de Trump no está dispuesto a enfrentar sus errores éticos. “No se ven muchas personas avergonzadas por aquí”, dice E. J. Dionne Jr., columnista de The Washington Posty coautor del nuevo libro One Nation After Trump (Una nación después de Trump).

“Y eso es muy preocupante”.

EL GRAN FACILITADOR

La mañana del 9 de noviembre, Teachout enfrentaba una pérdida política personal: la noche anterior había perdido un escaño de la Cámara de Representantes en el Valle del Río Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York, ante el republicano John Faso. Teachout había promovido una plataforma anticorrupción durante su campaña, mientras que Faso era un republicano del noreste bastante convencional que nunca resolvió su evidente descontento con respecto a Trump. Aparentemente, a los votantes no les importó.

En algún momento de ese día, ella habló con una persona contraria a Clinton que pudo haber votado por Trump. “Yo solo quiero poner un pequeño obstáculo en la corriente”, le dijo. El voto fue un pequeño acto de desafío, ya que el estado de Nueva York era completamente demócrata. Pero incluso un pequeño voto puede decir muchas cosas. Al dar posiblemente un voto a favor de Trump, la persona mostraba su profunda exasperación con el sistema político, así como su convencimiento de que una reimaginación completa de lo que el gobierno hacía, y cómo lo hacía, podría hacer que los estadounidenses volvieran a creer en el gobierno. Aun cuando no estaba claro lo que Trump quería decir cuando hablaba de “secar el pantano”, la imagen evocaba fuertemente una justa limpieza, una renovación de la tierra agotada e infértil.

“El lenguaje de la corrupción es increíblemente poderoso”, señala Teachout, y la campaña de Trump aprovechó ese poder para lograr un gran efecto. Sin embargo, la transición hacia el gobierno presentó nuevos desafíos, siendo el principal de ellos el cuestionamiento acerca de la inescrutable y transnacional Organización Trump, en la que se ha incluido de todo, desde una línea de filetes hasta un nuevo hotel en el corazón de Washington, D. C., en un edificio arrendado al mismísimo aparato federal que ahora controla.

Elaine Chao, secretaria de Transporte. Rick Perry,
secretario de Energía. Betsy DeVos, secretaria de Educación. Tom Price, exsecretario de Salud y Servicios
Humanos. FOTOS: MICHAEL REYNOLDS-POOL/GETTY; ALEX WONG/GETTY; WIN MCNAMEE/GETTY;
ZACH GIBSON/GETTY

El 11 de enero, apenas unos días antes de su toma de posesión, Trump realizó una conferencia de prensa en la Torre Trump, en la periferia del centro de Manhattan, para abordar los temas de ética que rodean a su gobierno. “Yo podría dirigir mis negocios y dirigir el gobierno al mismo tiempo”, alardeó. Sheri Dillon, su abogada fiscal, describió un impreciso acuerdo según el cual Trump no dirigiría sus negocios, pero tampoco se desligaría de ellos. En una mesa junto a Trump había montones de papeles, presuntamente relacionados con sus finanzas. La foto de un reportero parecía mostrar que los papeles estaban en blanco y se habían usado solo para impresionar.

“El presidente estableció el tono cuando decidió no deshacerse de sus empresas”, afirma Walter Shaub Jr., que fue nombrado por Obama, el predecesor de Trump, como director de la OGE, y que permaneció en ese puesto durante la transición y en los primeros cinco meses y medio del gobierno de Trump. Afirma que este gobierno “no estaba preparado para los rigores” de trabajar con el gobierno federal, “no estaba consciente del hecho de que existen muchos requerimientos y una cultura de rendición de cuentas ante el público”.

Shaub culpa de muchas de las fallas éticas a Donald McGahn II, el asesor de la Casa Blanca, a quien acusa de promover una atmósfera donde todo vale al interpretar los reglamentos y las leyes en formas que le permitieran a Trump eludirlas. “Ha sido el gran facilitador. Y ha amplificado el mensaje de que la ética no importa”. McGahn no respondió a una solicitud hecha por Newsweek para realizar comentarios.

Un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, que solo estaba autorizado a hablar de manera extraoficial y desde el anonimato, cuestionó la afirmación de que el gobierno de Trump no ha hecho de la ética un asunto prioritario. Afirma que los abogados que trabajan en temas de ética en la Casa Blanca no son “nada tímidos” y señala la elevación de su cargo al estatus de funcionarios de segundo nivel, lo cual presuntamente les da una mayor influencia. La oficina está dirigida por Stefan Passantino, asistente adjunto del presidente y consejero adjunto de este y que, desde su nombramiento, fue elogiado por Howard Dean, excandidato demócrata para la presidencia en las elecciones primarias y gobernador de Vermont. “Confío plenamente en que establecerá claramente cuáles son los límites éticos y legales en el asesoramiento que proporcione a la Casa Blanca”, señaló Dean en ese momento.

Una de las personas que trabajó con Passantino en los primeros días del gobierno lo describe como una persona cortés y ansiosa de trabajar arduamente en el gobierno, un agradable contraste a las hoscas actitudes de algunos de los funcionarios de alto nivel de Trump. Al mismo tiempo, esta persona afirma que Passantino averiguaba diligentemente cómo desmantelar los reglamentos. Señala que entre los clientes legales anteriores de Passantino se encuentra Gingrich, que fue sancionado por la Cámara de Representantes por cometer violaciones de ética.

Un episodio muy revelador ocurrió el 9 de febrero, cuando Kellyanne Conway, la consejera de mayor nivel del gobierno, acudió al programa Fox & Friends para defender a Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense. Ivanka también dirige una empresa de modas, pero Nordstrom’s había rechazado recientemente su línea de ropa, debido a protestas realizadas por activistas liberales que deseaban que la tienda de departamentos cortara cualquier relación con la familia Trump. Conway defendió a Ivanka, hablando en directo en la televisión desde la Casa Blanca: “Lo que quiero decirles es que vayan y compren las cosas de Ivanka… Voy a hacer un comercial gratuito aquí. Todos vayan y compren hoy”.

Esta parecía una violación flagrante de las reglas de ética, que prohíben que funcionarios electos apoyen una empresa comercial. Shaub envió una carta a Passantino, informándole que “hay sólidas razones para pensar que la señora Conway ha violado los Estándares de Conducta y que se requiere una acción disciplinaria”. Passantino respondió diciendo que Conway “hizo la declaración en cuestión en una forma ligera y despreocupada, al tiempo que pretendía defender a una persona que, en su opinión, había sido tratada injustamente, y lo hizo sin ningún motivo nefando y sin ningún intento de beneficiarse personalmente”. En una nota al pie, Passantino interpretó las reglas generales para concluir que la OGE, la oficina de Shaub, no tenía jurisdicción sobre la oficina del presidente, lo que significaba que no podía sancionar a Conway por ese hecho.

Shaub quedó sorprendido. “La afirmación es incorrecta, y la carta no menciona ninguna base legal para ella”, le escribió a Passantino. Para él, esta fue una prueba de que el gobierno de Trump buscaba no solo hacer caso omiso de las reglas de ética, sino que pretendía desmantelarlas activamente. Shaub renunció a la OGE el 6 de julio y consideró que el gobierno que dejaba atrás estaba “muy cerca de convertirse en un hazmerreír”. Ha venido haciendo mordaces críticas similares en las redes sociales y en CNN, empresa a la que se unió como colaborador en septiembre pasado.

PROMESAS ROTAS: Trump firma una orden ejecutiva sobre
compromisos de ética en la Oficina Oval en enero pasado. La orden tenía como
objetivo terminar con el intercambio de empleados entre la Casa Blanca y las
empresas de cabildeo, pero sus críticos afirman que el presidente la ha minado
completamente. FOTO: MANDEL NGAN/AFP/GETTY

La migración de Shaub a las noticias por cable ha molestado a los partidarios del presidente Trump. Otro colaborador habitual de CNN es Richard Painter, que fue el principal abogado de ética de George W. Bush y el vicepresidente del grupo Ciudadanos a Favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), que ha demandado a Trump por la cláusula de los emolumentos. Otro miembro de CREW, su presidente y, en algún momento, comentarista de CNN, es Norman Eisen, que ocupó el mismo puesto en la Casa Blanca durante el régimen del presidente Obama. El funcionario de alto nivel de la Casa Blanca con el que hablé expresó su consternación ante esta “maquinaria” de indignación, calibrada perfectamente para un público televisivo liberal.

Cuando le mencioné estas preocupaciones a Shaub, este se rio y las descartó como “profundamente cínicas”.

ES UNA COSA DEL PANTANO; NO LO ENTENDERÍAS

Trump realizó la acción más importante para secar el pantano una semana después de iniciada su presidencia. El 28 de enero firmó la Orden Ejecutiva 13770, titulada “Compromisos de ética de los funcionarios designados en la rama ejecutiva”. Todos esos funcionarios designados deberían jurar que no cabildearían ante el organismo al que habían sido asignados durante cinco años después de dejar su cargo, que acatarían restricciones referentes a su contacto con funcionarios de ese organismo, que no cabildearían ante gobiernos extranjeros después de trabajar para el gobierno, que no aceptarían regalos de cabilderos y que seguirían otras regulaciones.

Shah la califica como “la Orden Ejecutiva más amplia en la historia de Estados Unidos para acabar con el intercambio de personal” entre el número 1600 de la Avenida Pennsylvania y las empresas de cabildeo de la Calle K, señalando en particular la orden contra el cabildeo en el extranjero. En cierta forma, la orden es similar a la que estaba en vigor durante el gobierno de Obama.

Sin embargo, Eisen piensa que el hecho de conceder tantas exenciones al cumplimiento de la ética por parte del gobierno, es decir, permisos para violar las nuevas reglas, perjudican completamente la orden ejecutiva. “Han convertido la orden ejecutiva y a la ética en general en una burla”, gritó cuando lo llamé, afirmando que el gobierno de Trump no tiene “prácticamente ningún estándar” sobre la forma en que se conceden dichas exenciones. Hasta el 31 de mayo, se habían concedido 14 de esas exenciones.

Aunque los funcionarios del gobierno de Trump han descrito la orden ejecutiva como no muy distinta a la que guiaba al gobierno de Obama, para Eisen esa afirmación es absurda: “Se trata de una calamidad ética, de una clase que jamás habíamos visto en la historia presidencial moderna”. En junio pasado, un supercomité de acción política liberal llamado American Bridge 21st Century encontró que 74 cabilderos trabajaban en el gobierno, 49 de ellos en organismos ante los cuales cabildearon alguna vez a favor de sus clientes. Por ejemplo, el nuevo administrador adjunto de la Agencia de Protección Ambiental es Andrew Wheeler, el antiguo cabildero de la industria del carbón.

“Esto no quitará ni un solo voto”, afirma Sam Nunberg, socio de Trump desde hace mucho tiempo que fue expulsado de la campaña presidencial en 2015.

Puede ser verdad. Pero también puede ser corto de miras. Painter, el antiguo abogado de Bush es un republicano “Nunca Trumpista” que apoyó a Clinton en la elección general. Piensa que Trump no solo está eviscerando las leyes éticas, sino que además destruye el movimiento conservador que, durante décadas, predicó la responsabilidad moral y la prudencia fiscal. “Este podría ser el fin del Partido Republicano”, se lamenta.

¿Y qué hay del plan para “secar el pantano”, con su visión de un Washington purificado? Logré encontrar el enlace al comunicado de prensa original y, mientras lo cargaba en mi navegador, me transporté a aquellos días de finales de octubre, cuando los expertos reflexionaban sobre si Clinton tomaría Arizona y si Trump pondría en marcha una cadena de televisión propia.

El enlace se abría, pero la página no mostraba nada.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek