HACE CERCA DE MEDIO SIGLO, Daniel Ellsberg, un joven y apasionado empleado del Departamento de Defensa, afligido por la interminable guerra de Vietnam, retiró varios volúmenes de documentos clasificados de su caja fuerte y los entregó a la prensa. En los “Papeles del Pentágono”, como llegaron a ser conocidos, se registraba la historia de la participación encubierta de Estados Unidos en Indochina desde principios de la década de 1940 hasta 1968.
La filtración de Ellsberg ha sido comparada con el robo de miles de documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) cometido por Edward Snowden, el antiguo contratista de inteligencia que ha estado viviendo como fugitivo en Moscú durante tres años. Al igual que Ellsberg, Snowden ha sido acusado de varios cargos por el robo de información clasificada de acuerdo con la Ley de Espionaje de 1917, un arma legal diseñada para encarcelar a los espías, pero que se utilizó frecuentemente contra delatores y otros disidentes políticos. A diferencia de Snowden, Ellsberg y su cómplice, Anthony Russo, que enfrentaban 115 años de cárcel, salieron de su escondite tras pocas semanas como fugitivos y se rindieron ante el Departamento de Justicia. “Hice esto claramente bajo mi propio riesgo”, señaló Ellsberg, “y estoy preparado para enfrentar las consecuencias de esta decisión”.
No ha sido así en el caso de Snowden. Otra diferencia entre él y Ellsberg es la naturaleza de lo que robaron. Los “Papeles del Pentágono” eran más un sórdido registro de crímenes y temeridades del gobierno que un compendio de secretos adecuadamente clasificados. En ellos se incluye un capítulo sobre cómo el Pentágono y el presidente Lyndon Johnson conspiraron en 1964 para elaborar un falso recuento de un ataque no provocado contra embarcaciones estadounidenses para justificar la ampliación de la guerra contra Vietnam del Norte. Ellsberg creyó que el público tenía derecho a conocer lo que el enemigo ya sabía sobre la manera en que Estados Unidos luchaba esa guerra.
Los partidarios de Snowden afirman que los estadounidenses también tienen derecho a saber lo que él reveló acerca de la amplia vigilancia que la NSA ejercía sobre sus correos electrónicos y llamadas telefónicas. Sin embargo, también reveló el alcance del espionaje de la NSA contra adversarios como el grupo Estado Islámico (EI), Rusia y China (junto con aliados como Israel y Alemania). Es mucho menos seguro que los estadounidenses necesiten saber acerca de las actividades de recopilación de información en el extranjero autorizadas por el Congreso, las cuales ayudan a proteger al país contra la subversión o el ataque.
En septiembre, los partidarios de Snowden pusieron en marcha una campaña para lograr su perdón. Uno de sus argumentos es que el sistema está amañado contra los delatores, lo cual es cierto. Glenn Fine, inspector general del Pentágono, declaró recientemente ante un panel de la Cámara que el número de empleados que presentaron quejas por haber sufrido represalias por informar acerca de derroches, fraude y abuso había “aumentado más de cuatro veces” durante los últimos 12 años, y se esperaba que la cifra total llegara a 1600 para fines del año fiscal de 2016. “En este momento”, añadió, su oficina tenía “192 casos abiertos” contra ella, mientras que todo el Departamento de Defensa tenía un total de 800.
Mandy Smithberger, del Proyecto de Supervisión Gubernamental, una organización con financiación privada, testificó en la misma audiencia acerca de una encuesta en la que se mostraba que 45 por ciento de los empleados de la Oficina del Inspector General “estaban en desacuerdo con la idea de que los altos niveles de liderazgo mantuvieran altos estándares de honestidad e integridad, cerca del doble del índice informado por [otros] empleados del Departamento de Defensa”, dijo.
Ese es el manicomio al que, según los críticos de Snowden, este debió haber acudido en lugar de hacer públicos sus hallazgos.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional trata de acorralar a futuros Snowden antes de que salgan de sus oficinas llevando dispositivos de almacenamiento llenos de secretos. De acuerdo con un informe publicado en septiembre por la Casa Blanca, se han establecido recompensas por “decir la verdad ante el poder al ejemplificar una integridad profesional, o al informar sobre malas acciones a través de los canales adecuados”.
Este anuncio fue revelado por primera vez por Steven Aftergood, editor de la muy respetada revista Secrecy News, una publicación de la Federación de Científicos Estadounidenses. “La integridad profesional podría ser bien recibida en otras partes —escribió—, pero ‘decir la verdad ante el poder’ pocas veces es bien recibido por ‘el poder’”. Añadió que el hecho de informar alguna mala acción, “al parecer, suele terminar mal para el informador”.
Ni siquiera el hecho de crear oficinas centrales para recibir informes de campo acerca de crímenes y delitos “funciona”, señala Tom Devine, director legal de otro equipo de ayuda para delatores con sede en Washington, denominado Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno. “Constantemente, son utilizados como una trampa que identifica a los delatores y canaliza las pruebas hacia entidades que tengan algún conflicto de interés, las cuales tratan después de encubrir la mala conducta”, señaló Devine en un comunicado de prensa publicado a finales de septiembre, donde se oponía a un plan del Congreso para abrir una oficina de ese tipo en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Él y otras personas afirmaban que se requieren nuevas leyes para proteger a los empleados del gobierno que no informen sobre malas acciones, especialmente si ocurren dentro de las agencias de inteligencia y del Pentágono.
Sin embargo, la reescritura de la Ley de Espionaje no es algo que vaya a ocurrir pronto, señalan varios abogados que siguen el tema. “Nunca he visto que haya ninguna intención real en la división ejecutiva de enmendar[la],” señala Stephen Vladeck, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
Esta ley, de un siglo de antigüedad, tiene un gran peso ante los jueces y jurados y “puede generar sentencias extremas”, como lo señalan los abogados del antiguo oficial de la CIA Jeffrey Sterling. Evidentemente, el juez estuvo de acuerdo, al sentenciar a Sterling a 42 meses por filtrar detalles de una operación de espionaje peligrosamente defectuosa, realizada por la CIA contra Irán, en lugar de los 19 a 24 años establecidos en el estatuto.
Snowden no tendrá tanta suerte. El fugitivo tampoco disfruta de las ventajas de relaciones públicas que tenía Ellsberg cuando los estadounidenses se volvieron en contra de la guerra en Vietnam. La oposición al perdón de Snowden ha sido muy amplia, y va desde el presidente Barack Obama y Hillary Clinton hasta el Comité de Inteligencia de la Cámara, dirigida por los republicanos y el Consejo editorial de The Washington Post (uno de los diarios que se beneficiaron en gran medida de las filtraciones de Snowden). En el contexto actual, es probable que tenga que pasar muchos inviernos más en Moscú.
“Tengo profundos conflictos con respecto a toda esta situación”, señala Vladeck en un correo electrónico. “La mejor situación para todos sería que el gobierno ofreciera (y que Snowden aceptara) algún tipo de declaración de culpabilidad… a cambio de una suspensión de sentencia y una enorme cantidad de condiciones de liberación supervisada”.
Sin embargo, esto no ocurrirá durante el gobierno de Obama, admite, ni durante el de ninguno de sus probables sucesores. “No obstante, en algún punto, es posible que ambas partes se den cuenta de que no existe ninguna solución perfecta”. Afirma que Snowden “violó la ley, y todos estamos mejor por ello”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
