El presidente de la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez, ha aceptado la denuncia del consejero
político nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armando
Barajas Ruiz, emitida el pasado jueves con la petición de iniciar un “procedimiento
sancionador” en contra los actos de corrupción de los gobernadores Javier
Duarte de Veracruz; César Duarte de Chihuahua; y Roberto Borge de Quintana Roo.
Con el inicio del proceso interno para la expulsión de
los mandatarios, ha surgido una separación dentro del partido, unos 30
diputados federales que apoyan a los mandatarios acusados se dividen entre
permanecer entre las filas del PRI y otros amenazan con dejarlo para
convertirse en funcionarios independientes.
Al respecto, el consejero nacional dijo que, aparentemente, sus compañeros se preocupan más por lo que opine la oposición que por componer
el partido del que forman parte.
En el comunicado de denuncia de Barajas, éste insistió en la suspensión temporal
de los derechos de los funcionarios y su posterior expulsión, apoyado en la
necesidad actual del PRI de hacer valer el principio de justicia social, que
significa transparencia y rendición de cuentas.
El funcionario enlistó una serie de supuestas
irregularidades cometidas por cada gobernador, en el uso de recursos púbicos,
lo que supone “conductas contrarias a los documentos básicos” del PRI.
En el caso específico de Veracruz, Barajas Ruiz, destacó
que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, denunció
en dos ocasiones al gobierno de Duarte de Ochoa por no cubrir el pago de
subsidios por 2,076 millones de pesos desde el año 2013. Y que, contra el mismo
gobierno existen 26 averiguaciones previas relacionadas con desvío de recursos públicos provenientes de
partidas federales.
César Duarte Jáquez, cuenta con 17 denuncias por irregularidades detectadas
por la Auditoría Superior de la Federación;
Borge Angulo será investigado por el mismo organismo por solicitud del
Congreso de la Unión, por los recursos federales entregados en 2015 al gobierno
de Quintana Roo, más de 16 mil 700 millones de pesos.
