El Subprocurador de Prevención Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Alberto Rojas Rueda, señaló que se han tomado medidas rápidas y efectivas en respuesta a la disputa ambiental en la Mezquitera de La Pona, en Aguascalientes, en donde recientemente se han clausurado intervenciones de una inmobiliaria por no contar con todos los permisos y estudios correspondientes.
En entrevista, el funcionario detalla que se ha implementado un mecanismo de reacción inmediata ante denuncias ciudadanas, lo que permitió una intervención oportuna en este caso.
Rojas Rueda destacó que, tras recibir llamados de auxilio de ciudadanos de Aguascalientes, se ordenó a la Oficina de Representación en el estado actuar de inmediato para detener cualquier actividad que pudiera dañar el ecosistema de La Pona. Este enfoque preventivo busca evitar la impunidad y minimizar el daño ambiental, ya que, según el subprocurador, una intervención tardía complica la reparación del daño. “Entre más rápido caigamos, menos grave es el daño ambiental y podemos contener y garantizar la reparación original”.
El caso de La Pona cobró relevancia tras la clausura temporal de obras en la zona por parte de la PROFEPA, el pasado 2 de mayo de 2025, debido a la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un requisito obligatorio para intervenir áreas forestales.
En mayo, Sofía González Ponce, representante del colectivo Salvemos La Pona, dio a conocer que los inspectores federales colocaron un aviso de clausura en el punto donde se pretendía iniciar un desmonte, en una acción que detuvo el avance de maquinaria pesada.
Además, Rojas Rueda abordó la protección de los defensores ambientales, un tema crucial en este caso. Explicó que la PROFEPA, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), está trabajando en una reforma legal para incluir a los defensores de derechos humanos asociados al medio ambiente en el mecanismo de protección que actualmente cubre a periodistas y defensores de derechos humanos en general.
Este mecanismo, gestionado por la Secretaría de Gobernación, no contemplaba originalmente a los activistas ambientales, pero la PROFEPA busca garantizar su seguridad. “Como Estado, estamos obligados a prevenir, proteger y promover la defensa de derechos humanos asociados al ambiente,” señaló, asegurando que se brindará acompañamiento a los defensores para evitar su criminalización y apoyarlos en caso de violencia o afectaciones.
