En enero de 2025, México se convirtió en el primer país del mundo en prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos desde su Constitución. La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero, dio al Congreso un plazo de 180 días —hasta el 17 de julio— para armonizar las leyes secundarias que permitan hacer efectiva esta prohibición. El pasado 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que ello podría ocurrir a mediados de junio.
“Una de las leyes que esperamos se apruebe es la Ley de Salud. En esa ley ya vienen las especificaciones de las sanciones porque falta esa parte regulatoria. Ya está prohibido por la Constitución; lo que falta es la regulación secundaria para ver qué sanciones tendrán”, afirmó la mandataria.
Mientras tanto, crece la incertidumbre entre consumidores, organizaciones civiles y especialistas en salud pública.
“Ya hay denuncias en redes sociales de personas extorsionadas por portar un vapeador en su mochila o auto. Hoy ninguna autoridad tiene base legal para detener a alguien por eso, pero el vacío jurídico se presta a abusos”, advierte Marcela Madrazo Reynoso, presidenta de Procurando Salud Sin Fronteras, A. C., en entrevista con Animal Político.
La reforma constitucional fue presentada como una medida para proteger la salud pública, en consonancia con el Día Mundial sin Tabaco. Sin embargo, Madrazo sostiene que la prohibición puede tener un efecto contrario: “La Constitución no debe ser el espacio para prohibir productos. Es el marco que garantiza derechos. Al prohibir se vulnera el derecho a la salud, porque se deja a millones de consumidores sin acceso a alternativas de menor riesgo que el cigarro convencional”.
OTRAS REGULACIONES
La experiencia internacional sugiere que las prohibiciones absolutas no eliminan el consumo, sino que lo empujan hacia la clandestinidad. “Históricamente está demostrado que las prohibiciones no funcionan. Lo que sí generan es un mercado ilícito que hoy ya está en manos de organizaciones criminales”, añade la activista.
Según estimaciones citadas por Madrazo, en México hay al menos 5 millones de adultos que vapean. Esta demanda ha convertido al vapeo en un mercado apetecible para el crimen organizado. La consecuencia es preocupante: los consumidores quedan expuestos a productos sin regulación, cuya composición, calidad o funcionamiento no puede ser verificada por la autoridad sanitaria.
“El cigarro tradicional —el más dañino— sigue siendo legal. Pero los productos que ofrecen una alternativa de menor riesgo están prohibidos. Es un contrasentido en términos de salud pública”, subraya.
La falta de regulación también deja fuera del debate las opciones terapéuticas que han mostrado eficacia en otros países. Madrazo menciona ejemplos como las bolsas de nicotina, el snus (tabaco oral popularizado en Suecia), los parches y los chicles, además de los dispositivos de tabaco comprimido. En México estos productos son escasos o inexistentes en farmacias y tiendas. Y cuando están disponibles, el personal de venta carece de preparación para orientar al consumidor.
El contraste con otros países es marcado. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el gobierno ha promovido el uso de vapeadores como herramienta para dejar de fumar. Desde 2011, cuando la prevalencia de tabaquismo era del 16.4 por ciento, esta ha bajado al 6.8. En el mismo periodo, el porcentaje de personas adultas que vapean creció de 0.9 a 8.3 por ciento. “A mayor uso de alternativas de menor riesgo, menor consumo de tabaco convencional. Es una buena noticia”, afirma.
La activista concluye que la única alternativa viable es la regulación responsable, como han hecho Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda: “En salud pública se regula para contener, prevenir o erradicar. Si queremos reducir la prevalencia de tabaquismo en México, que hoy es del 19.6 por ciento, necesitamos opciones reales y políticas basadas en evidencia. No prohibiciones”.
MÁS VOCES SE SUMAN AL DEBATE SOBRE LOS VAPEADORES
A ese respecto, Animal Político organizó un foro con especialistas. Asistieron Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública; Zara Snapp, directora del Instituto RIA; y Miguel Ángel Toscano, excomisionado de Cofepris y presidente de Reflecciona con Responsabilidad, A. C.
“Llegamos a la aberración de poner a nivel constitucional una sustancia y un vehículo: el fentanilo y el vapeador. Eso es una mala regulación, no aprendemos de la historia”, lamentó González Roldán.
En su diagnóstico, México repite el modelo fallido de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que generó mercados clandestinos, sustancias adulteradas y violencia. Esa experiencia histórica, dijo, debería servir como advertencia para no repetir los errores del pasado.
Zara Snapp cuestionó el hecho de que, mientras otros países como Reino Unido y Canadá utilizan los vapeadores como herramientas de cesación para personas fumadoras, en México se opte por criminalizar su uso. “Somos el único país del mundo que tiene en su Constitución una prohibición expresa de los vapeadores. Esto es surreal”, subrayó.
Miguel Ángel Toscano, desde su experiencia como regulador cuando fue titular de Cofepris, señaló que “en cuanto prohíbes algo generas un mercado negro”. Hoy, a pesar de la prohibición, los vapeadores se venden en kioscos de centros comerciales a plena luz del día.
“Eso habla del tipo de Estado que estamos construyendo”, afirmó. Añadió que ni Cofepris, ni Profeco ni las aduanas tienen la capacidad real para controlar el ingreso y venta de estos dispositivos, lo cual convierte la prohibición en una simulación institucional. N
REGULACIÓN DEL VAPEO EN EL MUNDO
Desde prohibiciones hasta regulaciones estrictas: así se regulan los productos alternativos al cigarro tradicional.
