Un juez federal admitió un juicio de amparo en contra de la deforestación en La Pona y ordenó a las autoridades aplicar medidas cautelares para proteger la zona, mientras se determina la responsabilidad de los hechos.
La demanda fue promovida por la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) y la asociación Salvemos La Pona A.C., quienes señalan a las autoridades de permitir la destrucción ilegal de este ecosistema, clasificado como suelo forestal.
En el recurso legal, las organizaciones denunciaron que el pasado 25 de abril comenzaron trabajos de desmonte y derribo de árboles dentro del polígono conocido como “Desarrollo Especial La Pona”, en un contexto marcado por recientes incendios. Señalan que estas acciones se realizaron sin contar con autorización federal ni seguir los procedimientos exigidos por la legislación ambiental para terrenos forestales.
El juicio se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Aguascalientes, que otorgó una suspensión provisional para detener las obras mientras se analiza el fondo del caso.
“Lo que ocurrió en La Pona es un acto ilegal e irreversible. Las autoridades debieron proteger el espacio, pero fue la ciudadanía quien lo defendió en el territorio”, expresó Salvemos La Pona A.C.
El amparo también fue respaldado por el Observatorio de Violencia Social y de Género A.C. y Conversa Sur A.C. (ambas integrantes de ADN-A) quienes denunciaron violaciones a derechos humanos relacionados con la participación ciudadana y la protección ambiental. La elaboración del recurso contó con la colaboración de la abogada Carla Escoffié, especialista en litigio estratégico en derechos humanos.
“Este caso demuestra que las autoridades no pueden lavarse las manos ante la devastación ambiental. Si permiten el desmonte en suelos forestales sin intervenir, están violando derechos humanos y dejando en la impunidad actos que afectan a toda la ciudad”, declaró Escoffié.
En su demanda, las organizaciones argumentan que La Pona es un terreno forestal cuya protección corresponde a la federación, por lo que los permisos otorgados por instancias estatales o municipales son ilegales al invadir competencias federales. Advierten que este tipo de omisiones legales pone en riesgo otros ecosistemas urbanos vulnerables.
“Esta demanda sienta un precedente: demuestra que la defensa colectiva del medio ambiente en zonas urbanas es posible y necesaria. No permitiremos que se normalice la devastación de nuestros últimos ecosistemas por intereses inmobiliarios”, sostuvo la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes.
El juicio continúa en curso, por lo que las organizaciones convocan a la ciudadanía a mantenerse informada y exigir el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano.
