En el estado de Durango, alrededor de 200 colonias están en proceso de regularización, según Jaime Fernández Saracho, director de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi). Afirmó que a través del programa de regularización se busca brindar certeza jurídica a las familias y facilitar su acceso a programas sociales, además de evitar conflictos con líderes sociales e incluso con familiares.

Para avanzar en el proceso, explicó que la Coesvi ha citado a propietarios de terrenos donde se han construido viviendas, con el objetivo de formalizar los permisos necesarios. El director hizo énfasis en que en 2023 se regularizaron cerca de 2 mil predios, mientras que en 2024 fueron alrededor de 1 mil 500. Para este 2025, la meta es superar esas cifras y ampliar la cobertura del programa.

Afirmó que regularizar una vivienda es un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y facilitar diversas gestiones financieras. Este proceso legal, dijo, certifica que las construcciones cumplen con las normas establecidas por las autoridades locales, evitando posibles sanciones o complicaciones futuras.

Una propiedad sin regularización puede perder valor en el mercado, dificultando su venta. Quienes buscan comprar una vivienda suelen evitar aquellas que no tienen certeza legal, ya que podrían enfrentar problemas administrativos o costos adicionales para su regularización.

Otro aspecto relevante es la relación entre la regularización y el acceso a financiamiento. Los bancos y otras instituciones financieras requieren que las viviendas cumplan con la normatividad vigente para otorgar créditos hipotecarios o préstamos para mejoras.

Fernández Saracho agregó que la regularización no solo protege el patrimonio familiar, sino que también abre la puerta a beneficios como acceso a programas sociales y subsidios gubernamentales.

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