Luego del desastroso sexenio de Juan Manuel Oliva, lastrado por la corrupción y la ineptitud que campeó en algunas áreas de su administración, los guanajuatenses llegaron a tener cierta esperanza de mejoramiento con el arribo del actual gobierno.

Ahora,  cuando faltan escasos nueve meses para que se termine la gestión de Miguel Márquez, se puede constatar que el equipo que está preparando sus maletas, no sólo mantuvo una viciosa inercia, sino que en algunos rubros resultó peor que su antecesor.

Por desgracia, uno de los renglones en los cuales el Gobierno de Márquez ha fracasado de manera estrepitosa, es en el área del combate a la violencia y procuración de la seguridad de los guanajuatenses.

En efecto, varios de los índices relacionados con esa delicada materia se han disparado de manera importante, poniendo en entredicho el programa Escudo, que fue la propuesta emblema del régimen marquezista y en el que se dispuso de la friolera de 2 mil 700 millones de pesos.

Uno de los indicadores donde más mal calificado va el actual gobierno estatal, es el que se refiere a la incidencia de los homicidios dolosos, departamento en el cual, el Estado gobernado por Miguel Márquez duplica los números alcanzados bajo el ejercicio de Oliva.

Ciertamente, Durante el sexenio anterior se cometieron en la entidad 2 ,581 homicidios dolosos, mientras que en lo que va de la administración de Miguel Márquez, hasta el mes de octubre, iban  4,895 asesinatos, casi el doble.

Estas cifras fueron extraídas de los reportes que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato emite de forma mensual al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gobierno de Oliva

Gobierno de Márquez

Habría que tener en cuenta que a partir de 2014, el Secretariado Ejecutivo obligó del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impuso a las autoridades locales a reportar cifras relativas al número víctimas del delito; pues con anterioridad sólo se informaba el número de averiguaciones previas iniciadas, y se daba la circunstancia de que en un mismo expediente había más de una víctima de homicidio doloso.

Pese a que durante el presente ejercicio, no en todas las, ahora, carpetas de investigación, se haya presentado sólo un fallecido, es muy preocupante para los guanajuatenses, el notorio incremento de la delincuencia que se ha presentado en esa área.

La contundencia de esos números da al traste con todo lo que se quiera decir a favor de las políticas de prevención criminal y de persecución del delito, pues no reflejan otra cosa más que la incompetencia supina de quienes se han encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.

Es evidente que el Gobierno de Miguel Márquez Márquez les mintió a los guanajuatenses al haber ofrecido un Guanajuato seguro para crear un entorno de paz y tranquilidad, y que les falló al no resultar capaz de garantizar la prometida armonía y una sana convivencia social.

A pesar del notorio fracaso de las medidas preventivas, el Ejecutivo estatal ha mantenido a su Secretario de Seguridad Pública y como predicador en el deserto, en la soledad del fracaso, ha seguido festinando su Programa Escudo.

El Procurador Carlos Zamarripa asumió la dependencia desde finales de 2009 y al comenzar el sexenio que está a punto de terminar, fue ratificado por el actual Gobernador, pese a que ya desde su primer año de ejercicio, comenzó a registrarse el crecimiento constante de la cifra de homicidios dolosos, lo que denota una falla en la persecución de ese delito.

Alvar Cabeza de Vaca declaró en febrero de este año, que la situación por el incremento de los homicidios dolosos y ejecuciones era una situación extraordinaria, por la disputa entre grupos delictivos que se quieren asentar en la entidad.

El Gobernador acude, con frecuencia a explicaciones banales y ocurrentes, que por la gravedad del asunto no se le pueden tolerar ni pasársele como un simple desliz o exceso de un peculiar humor negro.

El aumento creciente de los homicidios violentos en Guanajuato, pone de relieve la falta de brújula y la carencia de estrategia de prevención y control de un gobierno, del que, en contraste con el de Oliva Ramírez, se esperaba un poco más que promesas fallidas, explicaciones absurdas y cifras editadas.

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