Este día fue cerrada nuevamente la 31 Poniente en protesta por el eventual cierre de la Junta de Conciliación y Arbitraje 33.
Esta vez el bloqueo de protesta fue por parte de trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, encabezados por el líder en Puebla, Leobardo Soto Martínez.
Dio a conocer que en caso de que la autoridad no resuelva sobre evitar el cierre de la Junta Especial 33 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje harán su movimiento más grande y consideran más bloqueos y cierres de vialidades importantes.
Soto Martínez advirtió que actuarán hasta las últimas consecuencias para evitar el cierre de la Junta Especial, ante los miles de procesos irresueltos cuyos expedientes se pretenden llevar a Tlaxcala y Oaxaca en perjuicio de la clase trabajadora.
Propuso se reciba una Comisión de Abogados para dialogar sobre el conflicto técnico jurídico que representa el cierre, sobre todo por el riesgo de que por el interés jurídico se dé carpetazo a unos tres mil expedientes, aunado a los laudos que quedarían sin resolverse, de tres mil a 10 mil pesos promedio por expediente.
ES INJUSTO EL CIERRE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN
Asimismo, aseguró que es injusto el cierre cuando existen temas pendientes, incluso resaltó que, hay un incumplimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal en torno a la promesa que se resuelvan todos los juicios antes del cierre de las Juntas Federales, cuando hay muchas opciones jurídicas como habilitar otros dos tribunales en materia laboral para agilizar las resoluciones.
Reiteró que es una manera de proteger al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que sólo tiene más de cinco mil expedientes no resueltos en perjuicio de los trabajadores en temas como el pago de pensiones, jubilaciones e incapacidades.
Así como temas como incapacidades, accidentes de trabajo, despidos injustificados, cierres colectivos y otros expedientes, aseveró el dirigente de la FTP-CTM.
Además, refirió que se encuentran recabando firmas para poder ingresar un documento a la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que intervenga a favor de los derechos laborales de los trabajadores.
