La Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes inició una investigación relacionada con la Estafa Ponzi, mecanismo con la que se estafó al organismo por un monto de 66 millones de pesos, confirmó el titular de la dependencia, Jesús Figueroa Ortega.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que se dio de baja al Oficial Mayor, David Quezada Mora, y no descartó la posibilidad de que se giren responsabilidades penales en su contra. Además, mencionó que también se investiga la participación de otra persona.

“Ya no forma parte de la fiscalía, tenemos una investigación abierta, incluso ya se giraron órdenes correspondientes, ya se encuentra por lo menos una persona detenida, el día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia y estamos seguros de que este caso se va a ir esclareciendo”.

Detalló que la autoridad abrió dos carpetas de investigación en contra del señalado, en materia administrativa y criminal. Ambas líneas se apoyarán de la documentación que está en manos de la propia fiscalía.

Mientras este procedimiento se lleva a cabo, el fiscal reconoció que el fraude millonario sí impacta a la institución que encabeza, ya que se trató del uso indebido de recursos públicos.

“Evidentemente sí impacta porque es dinero del erario que funcionarios de la fiscalía, con el poder de la administración que tuvieron hicieron un mal uso, es por eso que se abrió una investigación”, dijo. “Vamos a tratar de hacer las acciones legales en contra de las personas o de las empresas que lo hicieron”.

Figueroa Ortega recalcó que la intención de la FGE es recuperar la totalidad de los recursos extraídos en la estafa.

UAA, otra víctima

De igual manera, el fiscal estatal apuntó que en estas investigaciones no se involucró el fraude cometido contra la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que, de sería equivalente a 213 millones de pesos.

Hasta el momento, se sabe que este fraude se originó en 2020, cuando la UAA estaba bajo la rectoría de Francisco Javier Avelar González.

La Estafa Ponzi también afectó a otras instancias mexicanas, como el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Segalmex/Liconsa y el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública.

En total, se obtuvieron 6 mil millones de pesos a través de este mecanismo fraudulento.