Abogados de indígenas de Santiago de Anaya que resultaron afectados por la colocación de postes de alta tensión en sus terrenos acusaron que, por órdenes del procurador de la entidad, Alejandro Straffon Ortiz, fue detenida la consignación contra la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita SA de CV por el delito de despojo.
“Se detuvo la diligencia derivado de los compromisos políticos que se tienen con esa empresa”, señaló Imagen y Comunicación en Movimiento en un comunicado.
Según la defensa de los pobladores, el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Cuauhtémoc Granados, les informó que se consignaría a la empresa responsable; sin embargo, previamente daría parte al fiscal estatal, “en virtud de la repercusión social y política que dicho acto tendría”.
“De esta manera fue que nuevamente se detuvo la consignación de la averiguación previa 494/2013”, sostuvo.
Luis Ojeda, asesor jurídico de los afectados, aseguró que desde el 23 de octubre se entrevistó con el titular de la Mesa Uno de la PGJH para verificar si ya había sido enviado el pliego de consignación de la averiguación previa ante el juez penal en Actopan, luego de que se les informó que estaba lista la resolución en la que la procuraduría determinó consignar a la probable responsable.
“El abogado y los indígenas afectados nuevamente se organizarán para regresar a las manifestaciones para exigir de nueva cuenta al director de Averiguaciones Previas y al procurador Alejandro Straffon cumpla con sus compromisos y remita la consignación ante el juez competente, tal y como se había comprometido hace mes y medio, aproximadamente, y de una vez por todas la empresa pague a los afectados y terminen con este conflicto”, añade el escrito.
