El Congreso mexicano tiene bajos niveles
de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición
de cuentas, por lo que ocupa el sexto lugar entre los nueve países evaluados en
el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015.

El estudio, elaborado por la Red Latinoamericana
por la Transparencia Legislativa, evaluó a Perú, Chile, Ecuador, Guatemala,
Colombia, México, Argentina, Bolivia y Venezuela y fue presentado este lunes 26
de octubre en el Seminario “Transparencia y Actividad Legislativa en México:
¿cómo evaluar?”.

Una de las coincidencias de opacidad es
que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles,
cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría
la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues
todos los países obtuvieron 0 por ciento en este indicador.

Además existe muy poca información
respecto a las asesorías externas que se realizan a los legisladores y pocas
veces se registran versiones estenográficas de las sesiones de comisión.

Aunque hay avances de algunos países, los
Congresos no producen la información en formatos accesibles, ni datos abiertos
para la producción, sistematización y publicación de información parlamentaria,
presupuestaria y administrativa.

“Esto demuestra que el problema de los
Congresos Nacionales, en materia de transparencia, radica no tanto en sus
funciones legislativa, fiscalizadora y representativa, sino en la forma en que
funcionan y se rinden cuentas de la gestión en estas instituciones”, detalla el
estudio presentado por María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.

El Índice propone una serie de estándares
mínimos de transparencia en lo político, administrativo y legislativo de los
Congresos de la región, para conseguir una medición que pude comparar los
avances de los países.

La evaluación incluyó cuatro indicadores:
Normatividad; Labor del Congreso o Asamblea; Presupuesto y Gestión
Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición
de Cuentas.

En promedio, los Congresos de
Latinoamérica obtuvieron un 40 por ciento) de Transparencia. Perú (55 por ciento) y Chile (53 por
ciento) tienen niveles de transparencia superiores a 50 por ciento), mientras
Venezuela (21 por ciento) y Bolivia (24 por ciento) son los países que se
encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25 por ciento. Es de
destacar que ningún país obtuvo resultados sobre el 70 por ciento) y México alcanzó un nivel de 37 por
ciento) .

EL
LEGISLATIVO CON AVANCES, PERO LENTOS

El primer criterio evaluado fue la
“normatividad”, es decir, mide la existencia de una normativa referente a la
transparencia legislativa y sus alcances. Sólo Perú (59 por ciento) y Ecuador
(51 por ciento) lograron un índice mayor a 50 por ciento , por tener dispositivos
legales que fomentan ciertos niveles de transparencia; mientras que Bolivia (30
por ciento) y Venezuela (32 por ciento) presentan los mayores rezagos respecto
del resto de los países Latinoamericanos.

Sobre la obligatoriedad de presentar un
registro de intereses, Bolivia y Guatemala no tienen regulación y Perú lo hace
en el reglamento del Congreso. Argentina y Venezuela poseen una Ley Nacional
para la materia y sólo Chile, Colombia y México lo hacen de forma
Constitucional.

Entre los países de la región, sólo
Chile, Ecuador y Guatemala obligan por Ley a sus legisladores a informar sobre
sus gastos, aunque Guatemala no estipula plazos para esto, y Chile establece
ambiguamente “en la época que correspondan”.

El estudio recomienda la existencia de
una norma que regule la publicidad y publicación de información y explicite
procedimientos y mecanismos estandarizados para el acceso a la información. Así
se permite un conocimiento más eficaz sobre el funcionamiento del Congreso.

La segunda dimensión evaluada es “la
labor del Congreso o Asamblea”, referente a los mecanismos para que los
legisladores publiquen información sobre sus labores en materia legislativa
(debates, votaciones), de control político (a las diferentes ramas del poder) y
elección de autoridades (selección de altos dignatarios).

Uruguay –que sólo participó en este
indicador- obtuvo 67 por ciento de transparencia, seguido por Perú (60 por
ciento), Argentina (57 por ciento ) y Guatemala (52 por ciento). Bolivia (24
por ciento) y Venezuela (12 por ciento) los más opacos.

Más de la mitad de los países medidos no
cuenta con mecanismos para registrar lo sucedido en las comisiones de forma
textual. Sólo Argentina (76 por ciento ), Guatemala (63 por ciento), Perú y
Uruguay (ambos con 68 por ciento) cuentan con versiones estenográficas de las
reuniones de comisión. Este aspecto, dice el estudio, es de suma importancia,
ya que es en ellas donde suceden la mayor cantidad de modificaciones a los
proyectos.

Sobre las versiones textuales de los
debates legislativos y las posiciones de los legisladores, Argentina y México
se encuentran en la mejor posición con un 80 por ciento y 77 por ciento
respectivamente.

Casi ningún Congreso publica información
sobre las asesorías externas que reciben los congresistas (remuneradas o no)
por parte de externos. Sólo Uruguay (75 por ciento) donde las versiones
taquigráficas recuentan todo lo que sucede con fecha, tema, dependencia; Chile
(50 por ciento ), donde se publican en la web el listado con la entidad
asesora, solicitante, título, costo y fecha de comienzo y fin.

A todos los Congresos carecen de formatos
abiertos y reutilizables para que la información allí producida pueda ser
trabajada y analizada por quien lo desee de forma rápida y oportuna.

Sobre Presupuesto y Gestión
Administrativa hubo un menor rendimiento pues los países obtuvieron un promedio
de transparencia de 26%. El Congreso chileno fue le único que alcanzó 50 por
ciento de transparencia.

Cuatro países evaluados publican las
propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del
presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela); mientras que en otros cinco
no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México).

El ejercicio presupuestal se publica en
la mayoría de los países evaluados (excepto Bolivia y Venezuela) mediante
informes periódicos publicados en sus páginas web o documentos impresos. Sin
embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y
en Chile sólo se hace público en el informe anual.

También se evaluó la transparencia de los
recursos asignados a las bancadas o bloques parlamentarios y su ejecución. En
Chile, Colombia y Ecuador no poseen un presupuesto propio; mientras que en
Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y la Cámara de Diputados de México esta
información no se conoce. Guatemala y el Senado mexicano publican el gasto de
las fracciones parlamentarias.

Sobre los Mecanismos de Participación,
Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, Perú (68 por ciento), Ecuador (68
por ciento) y Chile (65 por ciento ) obtuvieron los mejores porcentajes. En
tanto, Argentina (23 por ciento ) y Venezuela (27 por ciento) no alcanzaron el
30 por ciento de transparencia en esta dimensión.

Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú
cuentan con medios electrónicos para la solicitud de información pública. Sin
embargo, en más de la mitad de los países no existe un mecanismo –interno o
externo- mediante el cual se resuelvan los conflictos de acceso a la
información.

En cuanto a la existencia de un mandato
de consultar a los ciudadanos sobre proyectos de ley o actividades de los
legisladores, sólo cuatro países poseen una reglamentación específica al
respecto (Ecuador, Guatemala y Venezuela en la Constitución Política, y Perú en
un Acuerdo de Consejo).

En tanto, Argentina, Chile, Colombia y
México no lo hacen. Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú los ciudadanos pueden
solicitar intervención en las comisiones legislativas para emitir su opinión,
mientras que en Argentina y Colombia esta posibilidad está abierta, depende en
realidad de l presidente de la comisión.
(Con información de Animal Político)