Ningún mexicano puede transcurrir su vida sin estar expuesto a tres problemas que dominan la agenda pública en esta segunda década del siglo XXI: desigualdad, inseguridad, corrupción. Y en cada uno de estos desafíos, los gobiernos de los estados tienen responsabilidad. Los gobiernos estatales, con pocas excepciones, han sido incapaces de reducir las enormes brechas entre campo y ciudad, ricos y pobres, hombres y mujeres. Tampoco —de nuevo con importantes excepciones— han logrado contener la epidemia de violencia. Y han sido señalados, ya sea por acción u omisión, como causa de corrupción.
Esta triada de problemas cruza cada una de las responsabilidades de los gobiernos estatales. En materia de educación, salud, seguridad, desarrollo económico, combate a la pobreza, los mexicanos sufren día a día las consecuencias de la ineficacia gubernamental. Y estos no son problemas abstractos de indicadores y montos agregados: son tragedias cotidianas que se viven en cada niña que no tiene acceso a una escuela digna, en cada familia indígena que sufre hambre, cada persona que no es atendida en un hospital público aunque tenga derecho, cada recién nacido que muere por no haber tenido los cuidados adecuados, cada víctima de la violencia, cada empresario extorsionado y cada mujer discriminada.
Por eso hay que entender cómo los gobiernos estatales pueden hacer una diferencia en la vida de las personas. Los gobiernos salientes en las nueve entidades federativas dejan, en ciertos casos, avances notables en algunas materias. En otros más, retrocesos preocupantes. En todos los estados y en todas las áreas de política pública, es claro que las nuevas administraciones deberán idear soluciones creativas y ambiciosas para poder cumplir, sobre todo en el nuevo entorno económico adverso, los compromisos de campaña y, más importante, atender las necesidades de la población y satisfacer sus demandas.
GOBIERNOS ESTATALES COMO AGENTES DE CAMBIO
Cada cambio de gobierno es una oportunidad para valorar los logros del gobierno saliente y para plantear los retos del entrante. Tras las elecciones de julio pasado, nueve estados cambiarán gobernador —además de renovar completamente diputados locales y presidentes municipales—. Esto significa que los ciudadanos de estas entidades federativas estarán en espera de soluciones novedosas a los problemas que les aquejan.
Significa también que más de doce millones de jóvenes requerirán de sus gobiernos una educación de calidad, servicios de salud, oportunidades de trabajo. Más de diez millones de niñas y mujeres esperarán que se garantice que no tendrán una vida plagada por la violencia de género y que podrán tomar decisiones libres e informadas sobre su desarrollo.
Los gobiernos estatales ejercen alrededor de una tercera parte del presupuesto de la federación; son actores centrales de la política nacional; ejercen un papel importante en el debate legislativo del país por medio de los diputados de cada estado, y son maquinarias administrativas complejas. Pero también son partícipes en políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de la población. Sus decisiones de gasto, sus prioridades de política pública y la calidad de sus intervenciones tienen efectos directos en la capacidad del Estado mexicano para proveer satisfactores básicos, garantizar los derechos sociales y propiciar el desarrollo humano de sus habitantes.
Los gobiernos estatales son actores centrales en las políticas públicas que buscan resolver los grandes problemas del país. En efecto, estos no son sólo nóminas abultadas, burocracias generadoras de deuda y plagadas por la corrupción y vigiladas por legisladores a modo. Son también espacios donde se toman decisiones que afectan directamente la calidad de la educación de las personas, la seguridad de las comunidades, la eficacia de la política social, entre muchas otras.
En este breve recuento de cifras, hemos recuperado información de siete variables que en su conjunto conforman una fotografía inmediata de retos ineludibles para los siguientes gobernadores y legisladores. Agrupamos los datos en cinco ámbitos de política: pobreza, crecimiento económico, salud, seguridad pública y equidad. Todos aluden a problemas nacionales pero que tienen causas y efectos locales y que, para ser resueltos, requieren también la intervención efectiva de los gobiernos estatales.
POBREZA
Quizás el ejemplo más reciente de la importancia de las decisiones y acciones de los gobiernos estatales es el del combate a la pobreza. El anuncio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de que entre 2012 y 2014 se generaron más de dos millones de pobres oculta variaciones dramáticas entre los estados. Es tan notable el incremento en número de pobres que tuvo Michoacán en sólo dos años como es notable, en sentido inverso, la reducción en el caso de Guerrero (aunque es explicada por el incremento notable de recursos federales tras los desastres naturales recientes y por el punto partida altísimo). Respecto a pobreza extrema, entre los estados que cambian administración, la mayoría tuvo una reducción en el porcentaje de población en esta situación (Guerrero como caso notable, aunque uno de cada cuatro habitantes sigue en esta condición), mientras que en otros, como Campeche, aumentó.
Porcentaje de la población en situación de pobreza
Fuente: CONEVAL, “Anexo estadístico de pobreza en México 2010-2014”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema
Fuente: CONEVAL, “Anexo estadístico de pobreza en México 2010-2014”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
¿Pueden los estados incidir en los resultados de pobreza? Si bien los principales instrumentos de política social están en manos del gobierno federal (por ejemplo, el programa Prospera), los estados tienen poder sobre decisiones cruciales: pueden utilizar los fondos federales para apoyar el abatimiento de la pobreza extrema, diseñar intervenciones para abatir la pobreza y orientar sus programas hacia la población con mayores necesidades, o bien, desperdiciar recursos, desviar el propósito de los programas para conseguir objetivos clientelares o implementar programas sin control o evaluación.
Los estados cuentan con un enorme repertorio de intervenciones que podrían incidir en la pobreza. Dependiendo de cómo se cuenten, los gobiernos estatales ejecutan entre 1927 (según PNUD y Transparencia Mexicana) y 3788 (según datos de Coneval) programas sociales, que incluyen programas ambiciosos de apoyos a adultos mayores, la distribución de uniformes o despensas e, incluso, ocurrencias como regalar dentaduras postizas o baterías para laptops. Existe ya información detallada sobre personas con carencias sociales por localidad que los nuevos gobiernos podrían utilizar para potenciar su gasto social y ampliar efecto de sus programas. El reto para todos los gobiernos entrantes es diseñar un plan de acción bien orientado y coherente, basado en información que justifique las intervenciones y con la estructura necesaria para poder realizar evaluaciones constantes.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Los gobiernos estatales pueden crear el ambiente propicio para las inversiones, facilitar la creación de nuevas empresas, defender los derechos de los trabajadores, crear una buena vinculación entre las universidades y las empresas, reducir los trámites y abatir la corrupción. Pero también pueden tomar decisiones que ahuyenten la inversión, que compliquen la vida a los emprendedores, que extorsionen a quienes generan empleo y que expulsen al talento.
De los estados analizados, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León alcanzaron durante el sexenio anterior tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal consistentemente por encima del promedio nacional. En cambio, Guerrero y Michoacán han tenido crecimientos bajos, lo cual es doblemente preocupante dado el bajo punto de partida. Campeche sobresale por la caída constante de su PIB, muy probablemente vinculada con la desaceleración de la economía del petróleo. Para el nuevo gobierno de Campeche el llamado es a la diversificación económica; de otra suerte, el declive del estado continuará con las consecuencias que esto conlleva para una población ya castigada con el aumento de la pobreza.
Tasa de crecimiento económico
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica.
SALUD
Los estados tienen una responsabilidad central en materia de salud, de atención a mujeres embarazadas y de cuidado de recién nacidos. La mortalidad infantil es un indicador que refleja la capacidad de los gobiernos de proveer atención antes, durante y después del parto. Da cuenta también del acceso efectivo de la ciudadanía a los servicios de salud. Si bien el promedio nacional no ha tenido variaciones importantes en los últimos seis años (lo cual ya es una mala noticia), entre los estados que cambian gobierno los contrastes son marcados.
En Campeche, la mortalidad infantil aumentó en casi cuatro puntos porcentuales, mientras que en Nuevo León y Guerrero disminuyó de forma marcada (aunque este último permanece entre los casos más preocupantes). Los gobernadores que toman posesión tienen un reto enorme en volver efectivo el derecho a la salud, no sólo con la construcción de más hospitales y la afiliación al Seguro Popular, sino con atención de calidad, acceso efectivo, equipo y medicinas.
Tasa de mortalidad infantil por cada mil nacimientos (2009 — 2013)
Fuente: INEGI. La tasa se obtuvo dividiendo el número de muertes registradas de menores de un año por entidad entre el número de nacimientos registrados y ocurridos por entidad, y multiplicando el resultado por mil.
SEGURIDAD PÚBLICA
Las cifras sobre delitos de alto impacto —homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos— permiten crear una fotografía sobre la seguridad pública y la procuración de justicia. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican cambios positivos para los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Guerrero, donde la incidencia de estos delitos disminuyó (significativamente para el caso de Nuevo León). Para Campeche, Colima, Michoacán, Querétaro y Sonora la situación es contraria, aunque para Colima y Querétaro el incremento es preocupante.
Los delitos de alto impacto tienen obvios efectos inmediatos sobre las víctimas, pero también tienen consecuencias a escala micro y macro social: pérdidas inmediatas en el patrimonio de las familias, desequilibrios en la economía de la comunidad, consecuencias en salud a víctimas y ofendidos del delito, así como el efecto sobre la confianza y la cohesión social. Los gobiernos estatales deben reaccionar con propuestas estudiadas en el ámbito de la seguridad y procuración de justicia, pero también en la prevención del delito.
Tasa de delitos de alto impacto por cada 10 000 habitantes (2009-2014)
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997 2015”. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
EQUIDAD
La violencia de género contra las mujeres elimina la igualdad de oportunidades; su prevalencia es un indicador de una sociedad en donde impera la ignorancia sobre el derecho a una vida libre de violencia. El abatimiento de la incidencia de violencia de género contra las mujeres habla de avances para consolidar un ambiente de igualdad y seguridad para el desarrollo de las mujeres. A escala nacional, 25 por ciento de las mexicanas de quince años y más ha padecido alguna situación de violencia por parte de su pareja. En Sonora, Colima y Michoacán, el porcentaje total se encuentra por encima del promedio nacional (30.6, 28.3 y 26.5 por ciento). Lo relevante, sin embargo, es observar la situación por tipo de violencia. Michoacán y Baja California Sur son dos entidades cuyas cifras se encuentran persistentemente por encima de los promedios nacionales en cualquier tipo de violencia (emocional, económica, física y sexual), mientras que todas las entidades (con excepción de Baja California Sur) presentan porcentajes críticos en lo que concierne a violencia física y sexual.
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia (2011)
Fuente: ENDIREH 2011. Se muestra el porcentaje de mujeres de quince años y más que ha padecido alguna situación de violencia por parte de su pareja en los últimos doce meses.
Un indicador adicional sobre las posibilidades de una vida en igualdad de oportunidades se refiere a la salud reproductiva de las mujeres. Uno de los principales temas y retos actuales en salud que tiene un impacto definitivo en la situación de las mujeres, primero, y en el desarrollo pleno de la sociedad, segundo, es el embarazo no planificado. En México, el tema no es menor pues, a escala mundial, el país se encuentra dentro de los primeros lugares en embarazo adolescente.
De acuerdo con datos del sector salud, para 2013, 377 mujeres de cada mil eran activas en el uso de algún método anticonceptivo a escala nacional. Esto representó un mínimo aumento de 0.03 por ciento con respecto al 2010. Para el conjunto de entidades que enfrentarán cambio de gobierno, el dato más relevante es el avance acotado en el uso de anticonceptivos: la variación es mínima (excepto para el caso de Guerrero). Preocupante son las situaciones de Campeche, Colima y San Luis Potosí, donde la proporción de mujeres activas en el uso de métodos anticonceptivos disminuyó 0.18, 0.15 y 0.05, respectivamente.
Mujeres en edad fértil (15-49 años) activas en el uso de anticonceptivos (2010-2013)
Fuente: Sistema Nacional de Salud.
UNA AGENDA DIVERSA
Muchas veces, desde la Ciudad de México se ve la agenda de los estados como una lista de problemas similares. Lo cierto, sin embargo, es que cada estado tiene una trayectoria diferente, una lista de logros recientes y otra de retos hacia el futuro. Los promedios nacionales ocultan realidades estatales muy distintas, pues aunque los retos son comunes, las magnitudes son diversas y esta heterogeneidad debe ser la pauta para la creación de propuestas específicas.
Los datos de siete variables sobre crecimiento económico, salud, pobreza, seguridad y equidad dan cuenta de problemas multifacéticos que requieren intervenciones inteligentes y, sobre todo, diseñadas con el objetivo central de ser evaluadas de manera periódica. Los nueve gobiernos estatales entrantes deben tener como instrumento central en el proceso de planeación cifras y diagnósticos contra los cuales rindan cuentas en seis años a más de veinte millones de mexicanos.
La valoración que hagan los ciudadanos de sus gobiernos, del federalismo y de la democracia estará mediada por la capacidad de los gobiernos estatales de resolver problemas públicos. No debería haber posibilidades de disfrazar malos resultados detrás de publicidad oficial o de una prensa dócil. La construcción de sistemas de transparencia y anticorrupción tendrían que hacer más difícil el desvío de recursos.
En seis años, los nuevos gobernadores deberán entregar su puesto. Y podrán hacerlo con la tranquilidad de rendir buenas cuentas, o anticipando un futuro similar al de algunos exgobernadores que hoy están en la cárcel, en el exilio o en el descrédito.