¿Socio criminal del Cártel de Sinaloa o jefe de la guerra contra el narco entre 2006 y 2012? La suerte del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, está en manos de un jurado de Nueva York, integrado por 12 miembros. Esto luego de recibir instrucciones por parte del juez Brian Cogan para que puedan comenzar a deliberar si es culpable o no de colaborar en el tráfico de cocaína con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.
Después de un proceso de cuatro semanas —la mitad del tiempo inicialmente previsto —, las deliberaciones para decidir si el acusado ayudó o no a traficar toneladas de droga a Estados Unidos comenzarán este jueves 16 de febrero en el tribunal de Brooklyn.
En los alegatos finales, fiscalía y defensa han presentado dos caras opuestas del funcionario mexicano de mayor rango que se sienta en el banquillo de la justicia estadounidense.
“Resulta chocante que mientras se reunía con el expresidente Barack Obama estaba trabajando con el Cártel de Sinaloa”, señaló el miércoles una de las fiscales, Erin Reid.
Tras el desfile de 26 testigos por el tribunal, para el Ministerio Público está claro que García Luna incurrió en corrupción al “máximo nivel más allá de la duda razonable”. Un punto a destacar durante el juicio es que nueve de los testigos son prominente narcotraficantes mexicanos que colaboran con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas como Jesús el “Rey” Zambada, quien aseguró haber entregado sobornos millonarios al exfuncionario a finales de 2006.
HASTA CADENA PERPETUA
El también denominado “superpolicía” se enfrenta hasta una cadena perpetua por sus cargos relacionados con el tráfico de drogas. Y uno más por emitir declaraciones falsas en cuanto a su carta para solicitar la naturalización estadounidense.
Para definir el veredicto, los miembros del jurado fueron enviados a permanecer encerrados en una sala donde revisarán la evidencia y los testimonios presentados contra el exsecretario de Seguridad. De esta manera determinar si es culpable o no de cada señalamiento.
Los cargos contra García Luna se presentaron en 2019 en la Corte Federal de Distrito de Brooklyn, tiempo después de que un testigo en el juicio de Joaquín el “Chapo” Guzmán testificara sobre la entrega de maletas llenas de dinero al expolicía.
“Una absolución en el caso de García Luna podría sumarse al profundo sentimiento de derrota que existe entre los fiscales estadounidenses y, al mismo tiempo, le daría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevas energías para criticar el sistema legal y político de Estados Unidos”, apuntó el medio The New York Times.
Por lo anterior, el jurado, integrado por siete mujeres y cinco hombres, tiene entre hoy y como máximo esta semana para dar a conocer su veredicto. Conforme a medios locales, para declarar culpable a una persona, 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo, mientras que para una cadena perpetua se necesita la unanimidad.
LAS CONDECORACIONES DE GARCÍA LUNA
Lo cierto es que García Luna, un ingeniero mecánico de 54 años que rehusó declarar en el juicio, recibió distintas condecoraciones durante su lucha contra el narco. En junio de 2004 recibió un reconocimiento por su colaboración en contra del narcotráfico de manos de Karen P. Tandy, administradora de la DEA (Administración de Control de Drogas).
Meses después, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) le otorgó un reconocimiento por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En septiembre de 2005, este exfuncionario se premió con el Distintivo de Plata de la Secretaría General entregado por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Durante el juicio, la defensa de García Luna intentó retirar uno de los cinco cargos de los que es acusado. Esto sobre su participación en una empresa criminal continuada. Alegan que concluyó sus funciones como secretario de Seguridad Pública en 2012 y se instaló en Florida con su familia, donde ha vivido hasta su detención en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Pero la fiscalía se opuso.
Si es hallado culpable, enfrentará una pena de entre diez años o la máxima condena a prisión. Además, el gobierno de México también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario. N
