OLINALÁ, Guerrero.- La Comandanta lleva dos años en prisión, y apenas el pasado 20 comenzó la etapa de desahogo de pruebas en las tres causas que tiene abiertas por secuestro, privación de la libertad y robo, todas ellas enmarcadas en su actividad como coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá. El lunes 31 se celebró el último de los careos sin que se presentara ninguna de las 54 personas que la acusan en el juzgado del penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Para el abogado de Salgado, el especialista en derechos humanos Augusto Sandino Rivero, esto responde a una maniobra del aparato de justicia del estado de Guerrero para mantenerla presa.

“Los jueces de Tlapa están obstaculizando el proceso”, acusa. “No han enviado las citaciones a los denunciantes y esto dilatará la permanencia en prisión de Néstora”. Sandino señala la importancia de que la justicia haga uso de la fuerza pública para que se presenten en el juicio. El próximo 28 de septiembre se ha vuelto a programar una nueva audiencia. “Es la primera oportunidad para que Néstora ejerza su derecho a defensa y podamos interrogarles. Algunos de estos ofendidos han declarado ante los medios de comunicación que es una secuestradora, pero no lo han hecho frente a un juez, por lo que es importante que les podamos preguntar y que ella les pueda carear para que se reviertan las acusaciones”, explica.

Néstora Salgado fue detenida sin orden de aprehensión el 21 de agosto de 2013 mediante un gran operativo militar que ella misma narró en directo a través de la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero. Fue trasladada a la PGR de Chilpancingo, de ahí en helicóptero a Acapulco, y momentos después en un avión privado al penal federal de Tepic, en Nayarit. “Se le envió a mil kilómetros de distancia con una simple orden administrativa girada entre el secretario de Seguridad Pública de Guerrero y el comisionado del órgano administrativo de los reclusorios federales; ni siquiera a través del fiscal estatal”, comenta el abogado.

Después de permanecer una semana incomunicada, se le negó el derecho a notificación y representación consular por ser ciudadana estadounidense y no le informaron de sus derechos, de los delitos que se le imputaban ni quién la acusaba. Además, no se le permitió una entrevista previa con la defensa que entonces la representaba para la declaración preparatoria. “Todo esto ha traído un rosario de violaciones al debido proceso que en su momento se dejaron pasar porque la defensa anterior agotó los recursos que tenía para impugnar las acusaciones”, lamenta Sandino. “Se perdió la oportunidad de amparo que podría haber revertido el caso.”

La detención de la lideresa comunitaria fue el inicio de una serie de irregularidades que, dos años después, la han convertido en un icono feminista y rostro de los presos políticos del estado de Guerrero. Lo primero, por su trabajo como coordinadora de la Policía Comunitaria en un entorno construido y disputado entre hombres y, específicamente, en un lugar donde el papel de la mujer se reduce a las labores domésticas y la cría de vástagos. Lo segundo, por tratarse de un caso que mantiene en la agenda mediática internacional (especialmente en Estados Unidos), la facilidad con la que algunos activistas y dirigentes sociales mexicanos terminan entre rejas, cuando no son desaparecidos o asesinados.

EL FACTOR WALLACE

En abril de 2014, el juez federal del Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito con residencia en Chilpancingo, dictó auto de libertad para Néstora Salgado, desestimando los cargos de delincuencia organizada en modalidad de secuestro. Sin embargo, continuó en la cárcel por delitos del fuero común, acusada del secuestro de 54 personas, además del síndico procurador de Olinalá (hoy presidente interino del municipio), y sólo la fiscalía estatal podía desestimar las acusaciones.

Después de negociar con una comisión de diputados de diferente signo la libertad de Salgado, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, solicitó el desistimiento de la acción penal en su favor, e incluso llegó a afirmar que era una “presa política” ante la opinión pública. El grupo de parlamentarios abrió el diálogo con el gobernador guerrerense para la creación de una “ley de Amnistía” para los presos políticos del estado.

Tres días después de las declaraciones del gobernador, Ricardo Martínez Chávez, subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero durante el periodo del gobierno de Ángel Aguirre en el que Néstora Salgado fue detenida, presentó en rueda de prensa a Dulce Rubí Burgos Pérez. Apoyándose en la organización Alto al Secuestro y arropada por su presidenta, Isabel Miranda de Wallace, la supuesta víctima de la Policía Comunitaria denunció las atrocidades sufridas al ser “secuestrada” y ajusticiada según el reglamento de usos y costumbres de la CRAC. El procedimiento penal en contra de la lideresa comunitaria se mantuvo con firmeza.

Para el diputado perredista Roberto López Suárez, quien forma parte de la comisión, “existen acusaciones fabricadas por parte del gobierno estatal para mantenerla presa”. En entrevista con Newsweek en Español, afirma que Néstora Salgado no tuvo un debido proceso desde el inicio y que se trata “de un problema político más que legal”.

Después de comprobar las condiciones de reclusión de Salgado, el grupo de diputados elaboró un informe en el que denunciaron diversas violaciones a sus derechos y las razones de su encarcelamiento. “Néstora Salgado inició una actividad política en una zona de tráfico de drogas y trata de personas, logrando bajar el índice de delincuencia al grado de que, durante el año que trabajó al frente de la Policía Comunitaria, no se registró ni un solo secuestro ni homicidio en Olinalá. Esto, evidentemente, tuvo una afectación a las autoridades que están involucradas en la delincuencia, Armando Patrón entre ellos”, apunta.

El entonces síndico procurador municipal, de filiación priista, fue detenido y acusado por la Policía Comunitaria de estar en posesión de ganado robado y encubrir el asesinato de un ganadero y su hijo con la ayuda de un agente del Ministerio Público. “Ellos mismos auspiciaban que la trata de personas funcionara sin ningún problema”, según el diputado. “Ricardo Martínez, además de ser amigo de Isabel Miranda y abogado del caso Wallace, es el defensor legal de los dueños de los antros en el Distrito Federal —como el Cadillac y el Lobohombo—, donde existe trata de blancas. Es decir, que era subprocurador de atención a víctimas de secuestro al mismo tiempo que defendía a quienes finalmente ejercían la trata”.

Para el diputado de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la razón por la que interviene Isabel Miranda de Wallace en contra de la lideresa comunitaria fue “por interés de salvar a su amigo”. A su vez, Miranda de Wallace acusó a los diputados integrantes de la comisión que investigó el caso de Néstora Salgado de formar parte de una red de tráfico de influencias por pedir su libertad. Pero López se defiende bajo el argumento de que hay una clara intencionalidad en alargar el proceso, ya que “si Néstora Salgado es liberada, existe la posibilidad de que Ricardo Martínez y el exprocurador Iñaki Blanco vayan a la cárcel por fabricar delitos tanto contra ellos como a otros dirigentes sociales”.

EL TERRITORIO DE “LA COMANDANTA”

En medio de un mar de colinas verdes asfaltadas de pasto y hectáreas de milpa, a dos horas hacia el norte de Tlapa, aparece Olinalá con el característico cerro del santuario que la preside. Familias de agricultores, ranchos humildes de caña y adobe, y niños pastoreando el ganado bajo el cielo azul, completan la postal idílica de la pequeña población de origen náhuatl. La belleza palpable por los cinco sentidos, sin embargo, va acompañada de la realidad de una de las regiones más pobres del país: aislamiento, marginalidad de comunidades indígenas, migración forzosa de familias enteras y violencia latente por la disputa de tierras para la ganadería y el cultivo de maíz, amapola o mariguana. Es la montaña de Guerrero, lugar de nacimiento de Néstora Salgado García.

Los vecinos de esta comunidad campesina, famosa por sus artesanías fabricadas con madera de linaloe, aún tienen muy presente el día que estalló el zafarrancho en octubre de 2012. Sonaron las campanas de la iglesia y todo el pueblo se reunió en el zócalo, frente a la presidencia: había que acabar con la banda de criminales que atormentaba a la comunidad. Durante los últimos años, los homicidios y los secuestros fueron en aumento, sin que las autoridades tomaran iniciativa alguna para solucionarlo. La noticia del secuestro de un taxista, en pleno entierro de una persona asesinada por el mismo grupo, fue la gota que colmó el vaso.

Armados con escopetas y rifles de caza, los pobladores se organizaron e iniciaron la búsqueda de los autores: conocían sus identidades y el lugar donde se escondían. Néstora Salgado figuró desde el principio como una de las principales integrantes de los operativos que rápidamente lograron detener a dos de ellos. Pese a que la vecindad organizada los puso bajo tutela de la policía municipal, a las pocas horas llegó la noticia de que los malhechores habían sido liberados, logrando escapar al cerco establecido por los vecinos en los límites del municipio. El enojo alcanzó su máximo y la población desarmó a los policías. Este episodio fue el germen para el nacimiento de la Policía Comunitaria en Olinalá.

Néstora Salgado, al igual que muchos de los integrantes de su comunidad y de su misma familia, había experimentado la vida como emigrante en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía. Ya era un miembro destacado de la sociedad olinalteca por las iniciativas que —pese a ser mujer— impulsaba para paliar las problemáticas sociales, la inseguridad y las dificultades de las familias más humildes cuando surgió la chispa por formalizar la Policía Comunitaria en su municipio. Su personalidad carismática la llevó a ponerse al frente del grupo cuando se consolidó su creación, con el beneplácito de la CRAC y el gobierno, en marzo de 2013, convirtiéndose en una lideresa visible en todo el estado.

Rápidamente, Salgado pasó de ser una coordinadora más de la Policía Comunitaria a ser una dirigente política de la CRAC en Guerrero: la Comandanta Néstora. En palabras del diputado Roberto López, “no sólo era una autoridad comunitaria, sino que además se convirtió en una dirigente social en el estado, crítica con el gobierno estatal y federal; un icono político que trascendió a la prensa nacional e internacional”. Además, apunta que en Guerrero “hay por lo menos otros veinticinco presos políticos”, por lo que la liberación de Néstora daría pauta para la liberación “no sólo de estos, sino de otros en todo el país”.

Las policías comunitarias están reconocidas en la Ley 701 del estado de Guerrero, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (sobre la autodeterminación de los pueblos originarios), y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pese a este respaldo legal, la Procuraduría estatal no ha tenido en cuenta que los delitos de los que se acusa a Néstora se enmarcan en su actividad como autoridad pública en su cargo como coordinadora de la CRAC. Para su abogado, “es un tema de fondo que implica a mucha más gente y otros intereses”.

Independientemente de las faltas de un debido proceso, al encarcelamiento de Néstora Salgado se sumó al de otros trece líderes comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), detenidos con cargos similares. En estos dos años, la organización de justicia indígena ha sufrido una división que la ha segregado en cuatro subgrupos y la ha debilitado en algunos lugares. Paralelamente, la violencia ha repuntado en muchos de los municipios donde la Policía Comunitaria se había afianzado.