La candidata a gobernadora de Aguascalientes por Morena y exdelegada de la Secretaría del Bienestar del mismo estado, podría estar detrás de compras irregulares a empresas fantasmas, así como de otorgar contratos de manera directa a personas físicas que además son accionistas de empresas que también se vieron favorecidas con las adjudicaciones, operaciones que superan los 17 millones de pesos de acuerdo a una investigación y según un listado de contratos y convenios que obran en poder de este medio.
La aspirante a encabezar el Gobierno del Estado durante el próximo sexenio, Nora Ruvalcaba Gámez, ex súper delegada del Bienestar en el céntrico estado de Aguascalientes, se ha visto envuelta en una serie de escándalos en los últimos días que incluyen una millonaria residencia campestre propiedad de una de sus hijas; pero además su paso por la delegación de la Secretaría más importante de la Cuarta Transformación, ha dejado una estela de dudas sobre el manejo de recursos, especialmente, se habla de adjudicaciones directas, es decir sin licitación como lo marca la ley para entes públicos, que suman 17 millones 138 mil 209 pesos.
Concretamente se trata de 22 contratos hechos en su mayoría con empresas que son solamente una fachada, así como pagos exorbitantes por arrendamientos inmobiliarios, compras desmesuradas de artículos para limpieza, compañías que se constituyeron prácticamente días antes de ser contratadas por la dependencia federal y otras singularidades, son las que fueron encontradas por este medio en una investigación realizada en el estado de Aguascalientes.
Ruvalcaba Gámez quien hoy compite por la gubernatura aguascalentense bajo el cobijo de los colores del partido en el poder –MORENA- ocupó varios cargos antes de ser responsable de la oficina estatal del Bienestar, entre 2002 y 2004 fungió como regidora del Municipio de Aguascalientes; después, fue diputada local en la Sexagésima Legislatura, correspondiente al periodo 2007-2010. En 2010 también fue candidata al gobierno estatal postulada por el PRD, y repitió la candidatura en 2016 con MORENA en unas elecciones en las que terminó en el cuarto sitio.
En los más de dos años que lleva la pandemia, la oficina de la Secretaría del Bienestar que dirigió Nora Ruvalcaba, realizó diversas compras y contrataciones de bienes y servicios pagando cantidades extraordinarias para una dependencia de un gobierno que pregona la austeridad; pero lo más relevante, es que en todos los casos fueron adjudicado vía licitación directa, lo que contradice la ley para los entes públicos.
EMPRESAS BENEFICIADAS
De acuerdo a la investigación realizada y con datos obtenidos a través de Compranet entre las empresas beneficiadas por la Delegación en Aguascalientes de la Secretaría del Bienestar destacan L&PR Perfect, Distribuidora NORTAGS, Zenil Construcciones, Grupo Corporativo ARDISA, Grupo Constructor Río, Nalu Produciendo, Grupo Empresarial, Publirota; y Servicios, Equipamientos y Desarrollos Hidrocálidos; así como personas físicas que en muchos de los casos son las mismas accionistas de las mencionadas empresas.
Como muestra de las irregularidades encontradas durante la gestión de Nora Ruvalcaba en la Secretaría del Bienestar de Aguascalientes, se puede encontrar a la empresa Nalu Produciendo, S. A. de C. V.; fundada el 5 junio de 2019, su objeto social principal es la comercialización, compra, venta, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, reconstrucción, consignación, comisión, reparación y adecuación, de toda clase de artículos, maquinaria, equipos, implementos, refacciones, accesorios y materiales en general, nuevos o usados, para la industria alimenticia, la industria automotriz y maquinaria, la industria informática, la industria farmacéutica y todas sus derivadas, según consta en el Registro Público de Comercio.
Nalu Produciendo, S. A. de C. V. también contrata, promociona y presta servicios de meseros, modelos, edecanes, actores, animadores y toda clase de personal necesario para el desarrollo de su objeto social. Asimismo, el diseño, planeación y organización de todo tipo de eventos culinarios (incluidos banquetes y recepciones), compra, venta y elaboración de alimentos, bebidas, panadería, entre otros, así como el servicio y alquiler de cuchillería, muebles y enseres necesarios para dicho objeto.
La Secretaría de Bienestar tuvo tratos con esta empresa en tres ocasiones entre 2020 y 2021 por 1 millón 896 mil 396 pesos, por conceptos como adquisición de material de limpieza para dar continuidad y atención a las disposiciones y protocolos de protección derivados de Covid-19, en las tres compras la adjudicación se hizo vía directa, contraviniendo las disposiciones legales y según la Secretaría de Bienestar, bajo la justificación de “causas de fuerza mayor que ponen en riesgo la salud de la población”, ello luego de realizar una “investigación de mercado” con proveedores “que cuenten con capacidad de respuesta inmediata”.
Por otro lado, la Delegación del Bienestar de Aguascalientes también hizo negocios la empresa Distribuidora del Nortags, S. A. de C. V.; fue otra de las beneficiadas con contratos de la Secretaría de Bienestar de Aguascalientes y de acuerdo con el Registro Público de Comercio se constituyó el 8 octubre de 2019 con el objeto social de exportar, importar, comprar, vender, comercializar, promover franquicias, promoción, diseño, fabricación, confección, maquila, arrendamiento, empaque, industrialización, comisión, consignación, representación, distribución y comercio en general de toda clase de artículos, productos y servicios para uso doméstico, comercial e industrial, permitidos por la ley y todo lo relacionado con estos ramos.
OTRAS EMPRESAS
Con dicha empresa, la Delegación del Bienestar firmó un contrato por la “adquisición y suministro de material de limpieza por contingencia sanitaria”, vigente del 1 al 30 de abril de 2021, por un monto de 307 mil 298 pesos y de igual manera, la adjudicación fue vía directa. Las justificaciones de la dependencia federal fueron exactamente las mismas que ofreció con Nalu Produciendo, S. A. de C. V.
Otra empresa beneficiada con contratos de adjudicación directa fue Publirota, S. A. de C. V., que se constituyó el 24 marzo de 2017, entre otras cosas para la prestación de servicios de agencia de publicidad y diseño industrial y publicitario como creatividad artística industrial y publicitaria; no obstante, con esta empresa la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes contrató en dos ocasiones los servicios de arrendamiento de mobiliario para operativos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el primero fue entre el 22 de enero y el 28 de febrero de 2021 y el segundo contrato abarcó el periodo entre el 11 de marzo y el 31 de julio de 2021, la suma de ambos convenios ascendió a los 3 millones 229 mil 103 pesos
En ambos casos la contratación se realizó a través de una adjudicación directa como en los casos anteriores bajo el pretexto de que “la entrega de apoyos a los beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un acto prioritario, por lo que para atender dicha eventualidad por tratarse de un caso de fuerza mayor originado por el covid-19, se requiere apoyar con mayor celeridad a la población más desprotegida, por lo que derivado de la necesidad de entregar los apoyos a la brevedad no es posible obtener la prestación de este servicio mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido”.
Una empresa más beneficiada cuando la hoy candidata a gobernadora de Aguascalientes, estuvo como súper delegada es la de Servicios, Equipamientos y Desarrollos Hidrocalidos, S. A., misma que también obtuvo tres contratos por adjudicación directa de la Secretaría de Bienestar estatal los cuales sumaron la cantidad de 1 millón 633 mil 102 pesos, el primero de ellos fue entre el 25 de mayo y el 15 de agosto de 2020 por la “adquisición y suministro de combustibles mediante vales para vehículos en uso y aprovechamiento de la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Aguascalientes durante el operativo del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante la Contingencia Sanitaria”.
El segundo contrato fue entre el 22 de agosto y el 31 de diciembre de 2020, y el tercero entre el 4 de febrero y el 4 de marzo de 2021, bajo el mismo concepto que el primero y en todos los casos la adquisición directa se justificó, so pretexto de una emergencia y porque, ante la contingencia sanitaria, no se podía llevar a cabo una licitación pública, como lo recomienda la Secretaría de la Función Pública.
LA SFP RECOMIENDA
También se debe mencionar a L&PR Perfect compañía que de acuerdo con el Registro Público de Comercio, se constituyó como empresa el 4 de septiembre de 2013 y cuyo objeto social principal es brindar servicio automotriz y mantenimiento en general de autos, camionetas y camiones, detallado y lavado.
Esta empresa obtuvo un contrato con la oficina del Bienestar en Aguascalientes, vía licitación directa, por 91 mil 226 pesos en el periodo del 9 de febrero al 30 de junio de 2021. El pago fue a propósito de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Aguascalientes, a cargo de la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con información obtenida vía Compranet.
La justificación utilizada por la Delegación del Bienestar para otorgar el contrato a L&PR Perfect fue que es “quien cotiza el precio más bajo, así también es el proveedor que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, resultando ser la propuesta más viable”.
Estos son sólo algunos de los ejemplos en los que la ex delegada del Bienestar y hoy candidata de MORENA para el Estado de Aguascalientes, contravino la ley y a la Secretaría de la Función Pública -dependencia del Poder Ejecutivo Federal con funciones de contraloría-, para la cual “la licitación pública es el procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación”.
Cabe destacar que la Secretaría de la Función Pública recomienda “enfáticamente” no utilizar el procedimiento de adjudicación directa, sino en los siguientes dos supuestos: 1) cuando por las características del bien o servicio (incluida obra) de que se trate sólo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o prestar el servicio; 2) tratándose de bienes o servicios que sean objeto de un contrato marco, únicamente para los supuestos en que dicho acuerdo de voluntades, autorice que la adjudicación de los contratos específicos se haga precisamente mediante la adjudicación directa para garantizar que a través de dicho procedimiento de excepción, se obtendrán las mejores condiciones de contratación en el caso concreto. N