UN HOMBRE afroamericano de 61 años será ejecutado este martes en Missouri, Estados Unidos, pese a las peticiones de clemencia del Vaticano y sus abogados, que alegan una “discapacidad intelectual”.
Ernest Lee Johnson recibirá una inyección letal por los asesinatos en 1994 de tres empleados, Mary Bratcher, Mabel Scruggs y Fred Jones, mientras robaba la tienda para obtener dinero para comprar drogas.
En una declaración la semana pasada, el papa Francisco solicitó clemencia para Johnson en una carta al gobernador de Missouri Michael Parson. La carta no negaba que “crímenes graves como el suyo merecen un castigo grave”, pero pedía a Parson que considerara “el simple hecho de la humanidad del Sr. Johnson y el carácter sagrado de toda la vida humana”. Si se lleva a cabo, será la primera ejecución de Missouri desde mayo de 2020, informó The Guardian.
El gobernador Mike Parson, rechazó este lunes los llamamientos para detener la ejecución, que está prevista en Bonne Terre a las 18:00 horas. “El Estado está preparado para hacer justicia y cumplir la sentencia legal que recibió el señor Johnson”, señaló Parson en un comunicado.
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Johnson fue juzgado y condenado por el brutal asesinato “de tres víctimas inocentes durante un robo en 1994. Las pruebas mostraron que Johnson hizo todo lo posible para planificar y ocultar su crimen. Tres jurados han revisado el caso de Johnson y recomendaron una sentencia de muerte.
“La afirmación de Johnson de que no es competente para ser ejecutado ha sido revisada y rechazada por un jurado y los tribunales seis veces diferentes, incluida una decisión unánime de la Corte Suprema de Missouri. Johnson ha recibido el debido proceso bajo las leyes en el tribunal de primera instancia estatal, la Corte Suprema de Missouri, el tribunal federal de distrito, el Tribunal de Apelaciones del 8o Circuito y la Corte Suprema de los Estados Unidos”, indica el comunicado.
Los abogados del condenado han intentado en repetidas ocasiones bloquear su ejecución alegando que tiene una discapacidad intelectual y que violaría la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
En una presentación ante la Suprema Corte, los abogados de Johnson dijeron que obtuvo una puntuación promedio de 67 en las pruebas de coeficiente intelectual, el rango de la discapacidad intelectual.
Dijeron que su madre y un hermano eran discapacitados intelectuales y que Johnson había nacido con un trastorno del espectro alcohólico fetal.
“El señor Johnson fue retenido dos veces en segundo y tercer grado debido a sus deficiencias intelectuales”, aseguraron, al explicar que abandonó la escuela después de un segundo intento en el noveno grado. N
Con información de AFP