Tenemos nuevo Bush en la política:
George Prescott Bush, el hijo mayor (treinta y nueve años) de Jeb Bush. En
noviembre pasado fue electo comisionado de la Oficina General de Tierras de
Texas, que gestiona los derechos minerales de millones de hectáreas de
propiedad estatal, cuyos ingresos se utilizan para financiar escuelas públicas
y beneficios para veteranos.
Es
el primer cargo político de George P. Bush y lo sitúa en el centro de una lucha
desatada meses antes de asumir su puesto, en enero. El problema enfrenta a los
texanos contra el estado de Texas en un debate para determinar cuáles tierras
están sujetas a la fractura hidráulica intensiva (ofracking)
y en qué medida puede el gobierno imponerse a las personas que viven en esas
tierras.
El
18 de mayo, el gobernador Greg Abbott autorizó una ley que “prohíbe las
prohibiciones locales al fracking”, como la aprobada en la ciudad de Denton en
noviembre pasado. Dicha legislación representa una importante victoria para la
industria del petróleo y el gas, y fue descrita por el gobernador como una
defensa de “los derechos de propiedad privada” y una medida para limitar la
burocracia y sobrerregulación del gobierno.
“Desde hace un siglo, las ciudades de
Texas han hecho que las cortes y el estado reconozcan su autoridad de
autogobierno, en el entendido de que la ciudad conoce la mejor manera de
proteger su vida y la de sus ciudadanos”, explica Adam Briggle, profesor de
filosofía de la Universidad del Norte de Texas en Denton y presidente de Denton
Drilling Awareness Group, organización que aprueba las prohibiciones al fracking. “Pero ahora esa
tradición ha sido socavada.”
Desde
que asumió su cargo, Bush —exnegociador de capitales privados en la industria
energética— ha respaldado los esfuerzos del estado para detener las
prohibiciones al fracking, y ha declarado: “No necesitamos una estrategia
múltiple para gestionar las regulaciones de perforación en el estado”. El
político declinó comentar para Newsweek debido a un litigio pendiente, pero un
representante dijo que su postura no ha cambiado.
El despacho de Bush
demandó a Denton (ciudad universitaria en rápida expansión, con una población
de unos ciento veinte mil habitantes) cuando casi 60 por ciento de los
residentes votó por prohibir la fractura hidráulica dentro de los límites
urbanos. “No empezamos buscando la prohibición”, aseguró Briggle a Newsweek.
“Somos texanos, así que estamos habituados a ver plataformas por todas partes.
Hemos tratado de colaborar con la industria durante años, pero comenzó a
invadir zonas densamente pobladas y no estábamos dispuestos a sacrificarnos
más. Fue entonces cuando votamos por la prohibición.”
La ciudad yace en uno
de los condados más productivos de Texas: Denton County produce más de
quinientos millones de litros de gas en un mes. La actividad ya se ha
reanudado, pero los residentes han vuelto a protestar en los sitios de
perforación y se espera que las manifestaciones se intensifiquen. “¿Qué ciudad
se enorgullecería de permitir que haya desechos industriales peligrosos junto a
los dormitorios de sus niños?”
La
oposición a las prohibiciones es igual de intensa. Según la Conferencia
Nacional de Legislaturas Estatales, en esta temporada legislativa se
presentaron once anteproyectos de ley prohibiendo las prohibiciones al fracking
en Texas, y al menos ocho más fueron introducidos en Oklahoma. Limitar las
prohibiciones locales forma parte de una añeja tradición estatal para mantener
un estricto control sobre la supuesta autonomía de los gobiernos locales y, al
mismo tiempo, para proteger celosamente la autoridad del estado contra la
intervención federal, que los conservadores denuncian como “gran gobierno”.
Pero hay una tradición
aún más antigua de validar los derechos minerales sobre los derechos de los
terratenientes, la cual data de la Europa precolonial, asegura Roger Flynn,
profesor en ley energética y minera en la Universidad de Colorado, en Boulder,
y director de Western Action Mining Project. “Durante siglos se consideró que
el acceso mineral a la tierra era el uso de suelo ‘mejor y superior’”, explica.
“Y eso quedó asentado en la ley de Estados Unidos cuando se construyó el país.
El propietario de los minerales domina, y si eres dueño de la tierra
superficial, pero no tienes los derechos de los minerales subyacentes, no hay
mucho que puedas hacer.” En estados ricos en recursos, como Texas, los dueños
de viviendas a menudo descubren que no tienen los derechos minerales de sus
propiedades. “En muchos casos, van a la Corte y descubren que la única manera
como pueden ganarle al propietario mineral es cuando la perforación amenaza un
acuífero o una especie en peligro”, concluye Flynn, abogado litigante.
Mary Fallin,
gobernadora republicana de Oklahoma, debe decidir si firmará en junio la
segunda prohibición nacional contra las prohibiciones al fracking.
La medida fue aprobada esta primavera por la legislatura del estado, pese a que
el Estudio Geológico de Oklahoma advirtió, en abril, que el incremento en la
actividad sísmica estatal, desde 2008, equivalía a “aproximadamente seiscientas
veces la [tendencia] histórica” y estaba “muy probablemente” vinculado con la
inyección de agua residual para fracking
en los pozos de desecho. La oficina de Fallin declinó comentar. En una
declaración de fines de abril, posterior a la advertencia, la gobernadora
aseguró a la ciudadanía que “las agencias del estado de Oklahoma estaban
tomando medidas para resolver este problema y proteger a los terratenientes”.
No hizo más aclaraciones.
Otras entidades
federales están presentando medidas parecidas para proteger la fractura
hidráulica. Colorado analiza una legislación mediante la cual los gobiernos
locales que prohíban el fracking
estarán obligados a compensar a los dueños de regalías que sean afectados por
una prohibición. Y las cortes también han decidido intervenir. En febrero, la
Suprema Corte de Ohio, en una votación cuatro-tres, dictaminó que el Estado
tiene “autoridad exclusiva” sobre las prohibiciones al fracking y
en enero, un juez federal de Nuevo México anuló una de las prohibiciones al fracking
más antiguas de Estados Unidos, impuesta en 2013 por Mora County, condado que
luego fue demandado por una subsidiaria de Royal Dutch Shell.
Entre tanto, otros
estados han prohibido la fractura hidráulica, incluidos Vermont, en 2012, y
Nueva York, en 2014. La legislatura de Maryland ha aprobado una ley prohibiendo
elfracking en el estado durante
los próximos dos años, aunque aún no se sabe si el gobernador Larry Hogan la
firmará. Se están considerando otras medidas que requieren de estudios ulteriores
o moratorias temporales en, por lo menos, siete estados más. Nueva Jersey y
Hawái tienen legislaciones pendientes que prohíben el fracking,
en tanto que la ley para impedir la fractura hidráulica en Nueva Hampshire
fracasó.
Por lo
pronto, habrá que esperar más protestas. El problema se reduce, en realidad, a
equilibrar los derechos de los propietarios de viviendas y los dueños de los
derechos minerales, asegura Briggle. “En este momento, las familias de Denton
sólo reciben 2 por ciento de la riqueza mineral y, sin embargo, cargan con el
100 por ciento del costo de la contaminación.”
