Miguel Ángel Jaramillo es un desplazado colombiano, uno de miles. También es campesino, aunque lo que cultiva está prohibido: hoja de coca. Es noviembre de 2014 y huye junto con su esposa, su hija y su nieta, que está aprendiendo a correr. Cuando se descubre los brazos, se puede ver su piel morena convertida en cenizas, con granos endurecidos y escamas que vuelan al viento como si fueran tierra seca. “Es el glifosato”, explica. “Con eso fumiga el ejército para acabar con la planta, pero a la planta no le hace nada, a nosotros sí.”

Colombia es el único país en el mundo donde se permite la aspersión de glifosato para controlar cultivos ilícitos. Dicha política forma parte del Plan Colombia patrocinado por Estados Unidos, el cual brinda ayuda económica, logística y militar para combatir la producción y tráfico de drogas ilegales. Tan sólo en 2009 el Departamento de Estado pagó casi 52 millones de dólares a Lockheed-Martin; más de 96 millones a DynCorp y 5 millones a Olgoonik, para lo que llaman la erradicación aérea de cultivos. Dos datos importantes: primero, las empresas mencionadas han sido consideradas por diversas organizaciones internacionales como mercenarias; segundo, el herbicida usado es dañino para la salud humana.

En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, catalogó al glifosato como posible causa de cáncer. Casi una década antes, el Instituto de Tecnología Industrial de Argentina en una investigación señaló que el glifosato, cuya versión más comercial es el Roundup, de Monsanto —el mismo que se utiliza en Colombia—, es tóxico para organismos benéficos del suelo e incrementa la susceptibilidad a enfermedades de los cultivos. Además, si bien no es altamente tóxico para los mamíferos y aves, genera efectos indirectos perjudiciales en pájaros y pequeños mamíferos al dañar su provisión alimenticia y hábitat.

Ahí no crece nada

El glifosato es un herbicida no selectivo que acaba con todo tipo de vegetación con la que entre en contacto. Su creación data de 1970 y desde entonces su uso va en aumento de la mano de los sembradíos genéticamente modificados. La empresa Monsanto, que es el principal productor de este activo químico, desarrolló en 1995 la tecnología Roundup Ready, consistente en semillas transgénicas resistentes al glifosato. Con los años la naturaleza hizo lo propio y la maleza se está volviendo resistente al herbicida, lo cual lleva a la agroindustria a usar mayores concentraciones.

Uno de los países más expuestos a esta sustancia es Argentina (conocido en alguna época como el granero del mundo). El país austral, por sus planicies, es uno de los principales productores de soya en el mundo, entre otros granos. De acuerdo con el informe “Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos”, es ahí, en la provincia del Chaco, donde de 2000 a 2009 casi se cuadruplicaron los defectos de nacimiento. Dicho estudio, realizado por Greenpeace, también encontró en Paraguay defectos similares en los hijos de mujeres expuestas durante el embarazo a herbicidas a base de glifosato.

Los reportes son variados. El Dr. Damián Verzeñassi, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, encabeza investigaciones en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que han demostrado un cambio en las causas de muerte de las personas que ahí habitan y que están en contacto con los llamados agrotóxicos. Los estudiantes del último año de Medicina organizan campamentos sanitarios durante sus prácticas finales, visitan poblaciones de menos de 10 000 habitantes y construyen perfiles de morbilidad y mortalidad.

“Cuando recorremos los pueblos nos encontramos con problemas de salud realmente serios. Advertimos una epidemia de hipotiroidismo que no está declarada como tal. Estamos viendo cómo empiezan a aparecer muchos casos de trastornos neurológicos y cómo en la línea de tiempo de la evaluación se incrementan los abortos espontáneos en el sur de Santa Fe, así como las malformaciones congénitas. Nadie puede decir: los agrotóxicos no tienen nada que ver”, comenta Damián Verzeñassi, cuya investigación también reporta el aumento de casos de cáncer e hipotiroidismo.

Dichas apreciaciones sobre los efectos del glifosato coinciden con los reportes de la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la cual indica que dicho herbicida puede producir congestión pulmonar, enfermedades respiratorias, desordenes reproductivos y daño renal. Incluso en 1985 la EPA clasificó el glifosato como un producto con alto riesgo de producir cáncer; sin embargo, años después dijeron que no existían pruebas concluyentes para tal afirmación.

Lo peor de todo esto, a decir de Sandra Laso, campañista de Comida Sana de Greenpeace México, es que no existen datos que demuestren que con estas técnicas usadas por la agroindustria, en buena parte del planeta, se mejore la productividad de los cultivos. Por si fuera poco, la activista señala que pesticidas como el glifosato contaminan las fuentes de agua y afectan los ecosistemas circundantes a los sembradíos. También dañan otras industrias agropecuarias como demostró Greenpeace con el caso de la miel mexicana, chilena y argentina, que se veía contaminada por polen transgénico, con lo que quedaban vetados para su venta en la Unión Europea, el principal mercado para estos productos.

Daños colaterales

En 2008, el gobierno de Ecuador demandó al de Colombia ante la Corte Internacional de la Haya debido a que las aspersiones realizadas en la zona de la frontera estaban afectando los cultivos de los agricultores ecuatorianos. Las aspersiones se detuvieron en una zona de diez kilómetros de la frontera y en 2013 acordaron que Colombia pagaría 15 millones de dólares como compensación por los daños.

Ese mismo año, los economistas colombianos Daniel Mejía, Sandra Rozo y Pascual Restrepo realizaron una investigación donde compararon las imágenes satelitales de los diez kilómetros en la frontera donde no se había fumigado en cinco años y los diez kilómetros aledaños, a lo largo de la zonas de Nariño y Putumayo. Descubrieron que la reducción de los cultivos en la zona fumigada sólo fue de entre 15 y 16 por ciento, en relación con la zona no fumigada.

Pero no sólo eso, en otra investigación que igualmente duró cinco años, el propio Daniel Mejía, en conjunto con la también economista Sandra Camacho, reportó que en la zonas fumigadas con glifosato aumentaron las enfermedades dermatológicas y los abortos. Mejía, quien es director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, señala que, dado la baja efectividad de esta política antidrogas, el gobierno de Colombia debería reevaluar los costos y beneficios de seguir aplicando esta herramienta, ya que para eliminar una hectárea de coca hay que fumigar treinta y dos… “amén de los daños al medioambiente, la salud de las personas y la confianza hacia el Estado”.

En el caso colombiano no todo es culpa de Monsanto: de acuerdo a la etiqueta del Roundup, la empresa sugiere preparaciones de 1.6 a 7.7 por ciento mezclado con agua. Sin embargo, derivado del juicio que mantuvo Ecuador, fue público que la mezcla usada en Colombia contenía aproximadamente 44 por ciento de glifosato. De acuerdo con un análisis de la organización InSight Crime sobre cifras del Washington Office on Latin America (WOLA), entre 1996 y 2012 se fumigaron 1.6 millones de hectáreas, lo cual equivale a una hectárea cada cinco minutos y veintinueve segundos.

De prosperar las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se tendrían que suspender las fumigaciones tal y como se señala en el punto tres de las pláticas que se llevan a cabo en La Habana. En el documento se apunta que la fumigación será la última opción para erradicar los cultivos de uso ilícito. Propone, a cambio, la erradicación manual y la sustitución por cultivos productivos; el apoyo alimentario a los campesinos que ahora, por necesidades económicas, cultivan la hoja de coca; y la protección a estos por parte del gobierno en contra de los grupos criminales que operan en esas zonas. Y es que si bien la cocaína puede costar en Europa o Estados Unidos 70 000 dólares el kilogramo, un campesino colombiano a lo mucho aspira a ganar 5000 al año.

Tras el anuncio realizado por la OMS, el propio ministro de salud de Colombia, Alejandro Gaviria, envió una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes en la que “recomienda suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”, lo anterior de acuerdo con el principio de precaución. Ante estas nuevas evidencias, diversas organizaciones ambientalistas piden a los gobiernos del mundo que prohíban el uso del glifosato bajo cualquier circunstancia. Claro que Monsanto asegura
—como en otras ocasiones— que este, uno de sus productos estrella, es inofensivo para la salud humana.

La tarde cae sobre Bogotá, Miguel Ángel Jaramillo termina de contar su historia que involucra narcotraficantes mexicanos huyendo por la frontera, mezclas de gasolina con algún otro químico para inmunizar las plantas de coca frente al accionar del glifosato —que se absorbe por las hojas—, y habla de su pueblo y de lo que vive la gente con las fumigaciones.

Cuando se despide me da la mano, es rasposa, dura, como la corteza de un árbol. No obstante, siento que algo se desmorona: “Acá nadie nos escucha, la gente de la ciudad no nos quiere a los desplazados, nos ignoran. Si usted puede, vaya y cuente”.