El 5 de julio de 2017, la entonces Procuraduría General de la República y la Marina Armada de México detuvieron, con orden de Aprehensión en mano, a Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo por la compra y venta de combustible robado a PEMEX, vía huachicoleo.

Entonces, Morales Ugalde era propietario de tres gasolineras establecidas en el primer triángulo rojo del estado, el segundo está en la Sierra Norte de Puebla, y sobre todo, por cual partido político llegó a presidir el ayuntamiento de referencia: Pacto Social de Integración.

Fuentes federales filtraron que la investigación se había extendido a otros tres alcaldes más: Néstor Camarillo, de Quecholac; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco y Antonio Aguilar, de Acajete.

También hay que considerar que, en el marco del “Operativo Encrucijada”, el 10 de marzo de 2017, José Isaías Velázquez Reyes, alcalde de Atzizintla, había sido aprehendido por su presunta participación en un levantón y ejecución de varios policías ministeriales, integrantes del Grupo Antisecuestro.

Velázquez Reyes formó parte de un contingente de 87 personas detenidas, que tenían participación en el cobro de piso y secuestro, actividad directamente vinculada a “El Bukanas”, Roberto de los Santos de Jesús, cuyo principal bastión es Palmarito Tochapan, aunque sus operaciones cubren Esperanza, Huixcolotla, Palmar de Bravo, Atzizintla y Chalchicomula.

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A saber y de acuerdo a investigaciones oficiales, la organización de “El Bukanas” tiene una alianza con los Zetas y, por lógica es adversario de Antonio Martínez Fuentes, “El Toñín”, a su vez asociado de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero, hay que entender por qué son adversarios, como se verá más adelante.

“El Toñín” es el amo de la mayor parte de la vida criminal de Tecamachalco, siguiendo el ejemplo de “El Bukanas”: imponer por el miedo o el dinero, a que numerosos habitantes cooperen con sus actividades, ya sea trabajando o delatando.

Por otra parte, no debe de pensarse de ninguna manera que estos dos individuos son unos simples criminales: ambos controlan organizaciones delictivas a las que difícilmente podría calificárseles de “pandillas”: tienen capacidad de movilizar a miles de personas que participan en el robo de combustible.

De esa capacidad da fe la Marina Armada y el Ejército Mexicano, quienes al entrar a hacer algún operativo en los territorios de “El Bukanas” y “El Toñín”, saben que se van a enfrentar a cientos de personas, incluyendo mujeres y niños, que funcionarán como “escudos humanos” para impedir que puedan cumplir con su trabajo.

Justamente, en Palmarito Tochapan, la Marina Armada se ha visto en serios problemas cuando ha intentado catear domicilios para encontrar a “El Bukanas” o a sus liderazgos intermedios: armados con pistolas, revólveres, machetes y hasta palos, cientos de personas han plantado cara a las unidades de los marinos, para darle margen de escape a Santos de Jesús o a sus asociados más relevantes.

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En octubre de 2018, un tumulto de personas asociadas a “El Bukanas” demostró su capacidad de movilización al bloquear por unas ocho horas, la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 185.

Solo la Policía Federal pudo negociar la liberación de la vía, prometiendo algo inconcebible: que la Marina no entrara de nuevo al Palmarito.

Hábil como pocos, “El Bukanas” se escabulló en marzo de 2018, de un operativo practicado por unos 500 efectivos de la Marina Armada, la Gendarmería Federal y el Ejército.

Para dar una idea de quien es “El Bukanas”, además de que es asociado de “Los Zetas” y tiene una notoria capacidad de movilización popular en su feudo, va un ejemplo.

El 21 de junio de 2017 en Tepaltlán, una comunidad con menos de dos mil habitantes cercana a Tepetzitzintla, en el municipio de Vicente Guerrero, un grupo de la Marina Armada y el Ejército tuvieron un encontronazo con “El Bukanas” y su hermano Saúl.

Éste resultó herido al igual que otros integrantes de su escolta y lograron escapar de las Fuerzas Armadas, pero necesitaban atención médica. Al más puro estilo Zeta, plagiaron a Eusebia Hernández, enfermera de una modesta clínica y se la llevaron para que se encargara de su cuidado.

La levantaron en Alcomunga, Ajalpan. Pero, para asegurarse de que la enfermera cooperara, también se llevaron a su esposo, un policía de nombre Fortino Andrade. Cuando los heridos se recuperaron, mataron a la enfermera y a su pareja.

Supuestamente, Saúl murió ahí en el enfrentamiento, pero estaba distante de esa posibilidad. El 29 de junio de 2018 fue detenido en Acultzingo y fue el propio comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, quien lo informó en un tweet.

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Así para entender qué pasa en el mundo criminal del huachicol en el primer triángulo rojo, hay que ubicar que “El Toñín” no salió de la nada sino que era un antiguo colaborador de Roberto de los Santos; fue este último quien le enseñó los secretos del negocio y le delegó responsabilidades cada vez mayores.

La ruptura entre “El Bukanas” y “El Toñín” se dio porque a ninguno de los dos, les salieron las cuentas respecto a algunos trabajos relacionados con la venta del combustible, así que cada quien siguió su camino.

Sin embargo, el ADN de “El Bukanas” lo traía ya Antonio Martínez Fuentes, quien uso exactamente el mismo método: hacerse de una monumental base social para que funcione como proveedor, cliente, empleado, bodeguero, halcón y escudo humano.

Justamente por este problema entre ambos, es que “El Bukanas” se mantiene firme con los Zetas y Martínez Fuentes optó por los competidores de su antiguo jefe, CJNG. La organización de Nemesio Oseguera entendió sin problemas los motivos del por qué ese joven campesino quería aliarse con ellos: era un tema de negocios, pero también de rencores.

En la misma lógica, tanto “El Bukanas” como “El Toñín” se han aplicado a comprar favores, tanto en el ámbito federal como en el estatal y el municipal. En el territorio federal y el estatal, obtienen impunidad e información ya que ambos tienen conexiones al más alto nivel que les avisan de lo que puede ocurrir.

Los presidentes municipales, en el mejor de los casos, son sus socios; sin embargo, la mayor parte de las veces terminan siendo sus empleados.

Los ediles son vulnerables porque no tienen apoyo para perseguirlos y porque son miles los habitantes que apoyan a los delincuentes: si un alcalde va contra un capo, se echará encima a una parte del pueblo que gobierna.

Ése es el motivo por el que los alcaldes tienen fortunas inexplicables y hasta les alcanza para financiar cargos de elección popular en otros municipios. Es de uso que se presenten como mecenas para “apoyar” a candidatos a presidentes, regidores y diputados, aún en zonas alejadas de aquellos lugares que dijeron gobernar.

Si se le pega a cualquiera de estos dos jefes criminales, habrá que entender que la otra responderá, con delaciones anónimas o de plano, con acuerdos confidenciales al más alto nivel: al final de la historia, uno le guarda rencor al otro.

En todo esto, no hay que perder de vista un detalle: Néstor Camarillo Medina fue presidente municipal de Quecholac de 2014 a 2018, justo cuando ocurre la mayor parte de lo aquí escrito.

Lo que viene es un reacomodo de los liderazgos de ambas organizaciones: CJNG y Zetas solo están acomodando sus piezas en Puebla, con el Cártel de Sinaloa como tercer invitado en una guerra inédita a nivel nacional.

Con información de Diario Puntual