En el año que concluye no hubo demasiado que celebrar. La libertad de expresión en México en esos 12 meses se tuvo que abrir espacios a base de intimidaciones, amenazas, secuestros, golpes, asesinatos y el ataque a instalaciones de los medios.

Sirvan los siguientes ejemplos como muestra de la barbarie a la que el ejercicio del periodismo en nuestro país es sometido cotidianamente.

Morir por Tamaulipas

El 17 de octubre, la cuenta en Twitter de María del Rosario Fuentes Rubio, @Miut3, mostraba una foto de ella viva y otra muerta, con mensajes en los que se despedía y ofrecía perdón a sus familiares.

“Cierren sus cuentas, no arriesguen a sus familias como lo hice yo (…) Encontré la muerte a cambio de nada, están más cerca de nosotros de lo que creen.” Fueron los últimos mensajes subidos a la red.

Fuentes Rubio era médica de profesión y mediante la cuenta @ValorPorTamaulipas y el hashtag #ReynosaFollow, brindaba información sobre la violencia generada por el narcotráfico en Tamaulipas.

Al parecer, esto molestó al crimen organizado que decidió secuestrarla y asesinarla, además de que mandó ese mensaje de intimidación a través de la cuenta de la propia víctima con la publicación de las fotos y mensajes póstumos.

A raíz de estos hechos, el administrador de la cuenta Valor por Tamaulipas, quien se mantiene en el anonimato, reveló que su cabeza ya tiene precio y que mediante un volante sin firmar distribuido en Ciudad Victoria y otras ciudades del estado se ofrecen 600 000 pesos para quien aporte datos exactos sobre él o sus padres, hermanos, hijos o esposa. El panfleto incluía un número de teléfono celular al que se debía llamar para ofrecer esos datos.

Explicó que originalmente publicaban datos sobre balaceras, narcobloqueos y otras situaciones de riesgo, a fin de que los ciudadanos evitaran las zonas de peligro. Sin embargo, comentó que desesperado de ver cómo el crimen organizado asesinaba y desaparecía gente de manera impune, comenzó a dar detalles sobre las actividades delictivas de estos grupos.

Pero eso no los detuvo. Por el contrario, aseguró que los delincuentes gozan de total impunidad debido a que las autoridades municipales o estatales no han mostrado voluntad para actuar en su contra. De hecho, no descarta solicitar asilo a otro país, y mientras se le concede, considera que la única opción que les queda es extremar precauciones y “encomendarse a Dios”.

En Silao, la letra con sangre entra

El 4 de septiembre, Samuel Ornelas Martínez, junto con Luis Gerardo Hernández Valdenegro y Joaquín Osvaldo Valero Garnica, llegaron hasta las instalaciones de El Heraldo del Bajío, en Silao, Guanajuato, para golpear brutalmente a la reportera Karla Janeth Silva en el rostro y diversas partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser internada en un hospital con un edema cerebral. De paso, atacaron también a la recepcionista del diario y causaron destrozos en las instalaciones.

Al parecer, la orden provino directamente de Nicasio Aguirre Guerrero, director de Seguridad Pública de ese municipio, quien pidió al subdirector de la policía, Jorge Alejandro Fonseca Durán, el Pelón, dar un escarmiento a la periodista, pues ya le habían advertido que “le bajara” a sus notas en las que reportaba la inseguridad de la región, la falta de servicios e irregularidades en el manejo de los fondos públicos.

Por la agresión, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitió siete recomendaciones al alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola, quien las aceptó el 29 de noviembre, además de que ofreció una disculpa pública a la comunicadora (sin que ella estuviera presente), y de que tendrá que indemnizarla y reparar el daño con la cobertura de los gastos médicos y psicológicos que haya erogado en su tratamiento.

Sinaloa, territorio mortal

En Sinaloa, el cadáver del periodista Jesús Antonio Gamboa fue encontrado el 22 de octubre en el municipio de Ahome. El director de la revista Nueva Prensa, que abordaba temas relacionados con la corrupción y la política local, estaba reportado como desaparecido desde el 10 de octubre.

El cuerpo fue encontrado semienterrado y con heridas de bala, luego de que las autoridades detuvieran a los presuntos asesinos, quienes habrían utilizado la tarjeta bancaria del comunicador.

Gamboa Urías tuvo una participación activa en las movilizaciones que periodistas sinaloenses encabezaron durante agosto, con motivo de la aprobación de la llamada “Ley Mordaza”, que limitaba la cobertura periodística de hechos delictivos en el estado y que finalmente fue derogada por el Congreso local.

Por este crimen, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que manifestaba su preocupación e instaba a las autoridades mexicanas “a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.

Este asesinato coincidió con el de Octavio Atilano Román Tirado, líder de un movimiento de desplazados por la construcción de la presa Picachos en Sinaloa, quien fue acribillado mientras transmitía en vivo su programa de radio semanal en Culiacán.

El sábado 11 de octubre, dos sujetos armados se introdujeron en la cabina de la estación radiofónica Fiesta Mexicana, mientras Román Tirado conducía Así es mi tierra, por la frecuencia 98.7 de FM.

Uno de los homicidas amenazó a los invitados y otro disparó en dos ocasiones contra el locutor quien cayó en el suelo y recibió otro balazo en la cabeza. Herido, fue trasladado a un hospital donde murió horas después.

El activista de 47 años luchó desde 2009 para que se respetaran los derechos de 1000 familias que se quedaron sin casa cuando se inundó el embalse de la presa Picachos, lo que provocó que perdieran todo.

“Goyo” y el caso

particular de Veracruz

El 4 de febrero, el periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, quien cubría información policiaca para Notisur y Liberal del Sur, fue “levantado” por un grupo armado en la comunidad de Villa de Allende, Veracruz.

Una semana después, la procuraduría del estado confirmó que su cuerpo, junto con los de otras dos personas, fue encontrado en una fosa de la comunidad de Las Choapas. Cuatro sujetos fueron detenidos por los hechos y se determinó que el móvil fue una venganza personal.

Entre los detenidos estaba Teresa de Jesús Hernández, quien fue señalada como autora intelectual del homicidio, por el que habría pagado 20 000 pesos. Versión que fue descalificada por organizaciones como Artículo 19, PEN International Sección México y La Casa de los Derechos de los Periodistas.

Desde el 1 de diciembre de 2010, cuando Javier Duarte de Ochoa asumió el gobierno de Veracruz, 10 periodistas han sido asesinados en el estado, lo que convierte la entidad en la de más crímenes en contra de periodistas en los últimos años.

Alerta roja en México

En su informe “El camino a la justicia: romper el ciclo de impunidad en los asesinatos de periodistas”,¹ el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) destaca que, en la última década, 370 comunicadores han sido ejecutados en represalia directa por su labor informativa. La gran mayoría de ellos informaban sobre corrupción, delincuencia, derechos humanos, política y guerra.

Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Afganistán y Colombia ocupaban los primeros lugares de la lista mundial de los países más peligrosos para ejercer esta profesión.

Pero en América Latina, es México el que ocupa la nada honrosa primera posición con 81 periodistas asesinados entre enero de 2000 y septiembre de 2014, seguido de Colombia, Brasil y Honduras, según la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF).² Desde el año 2000 en estos cuatro países se han registrado 202 casos de asesinato de periodistas, blogueros, comunicadores sociales y colaboradores de los medios de comunicación”, reveló un informe del organismo que vela por la libertad de prensa.

RSF estima que esos crímenes “segura o probablemente” estuvieron relacionados con la profesión de las víctimas, pues en la mayoría de los casos no se estableció con precisión el móvil y con frecuencia las investigaciones —cuando las hay— “son obstaculizadas por autoridades corruptas”.

“Muchos de estos periodistas fueron víctimas de su afán de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción, las injerencias”, y casi “todos estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha debido a la falta de voluntad política y de un sistema judicial eficaz”, denunció.

Por si fuera poco, en los primeros 20 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió 58 expedientes de queja por hechos violatorios contra periodistas.

Entre las quejas recurrentes se encuentran detenciones arbitrarias; imputaciones indebidas de hechos; integración de averiguaciones previas de manera irregular; empleo arbitrario de la fuerza pública; retenciones ilegales y restricción del derecho a la libertad de expresión.

Las autoridades señaladas como responsables de esos actos son la Policía Federal, las secretarías de la Defensa y de Marina, la PGR, las procuradurías estatales y tres gobernadores: Ángel Aguirre, de Guerrero, antes de su licencia; Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo.

Además, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR reconoció que, en lo que va del milenio, en México han sido asesinados 102 periodistas: 55 de ellos en Chihuahua, 16 en Veracruz, 15 en Tamaulipas y 13 en Guerrero.

El denominador común: la impunidad

En todos estos casos hay un denominador común: la impunidad.

Del total de homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, únicamente el 19 por ciento de las investigaciones se han consignado ante un juez y solo 10 por ciento de estas consignaciones han terminado en una sentencia condenatoria, lo que arroja un índice de impunidad de 89 por ciento.

Son datos de la CNDH, que en agosto de 2013 emitió la recomendación general número 20, en la que advirtió que la impunidad en los ataques a la prensa obedece a que, tras integrar una averiguación previa, las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de los ilícitos cometidos contra comunicadores.

Ante la falta de protección de las autoridades municipales, estatales y federales, organizaciones de reporteros han elaborado documentos con recomendaciones para realizar la cobertura en ciertas zonas del país que están prácticamente en guerra.

El primer Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situación de Alto Riesgo de México³ fue creado en el estado de Chihuahua. Se trata de un abecé con recomendaciones de autoprotección, el tratamiento ético de las fuentes, la cobertura de temas relacionados con violencia desde una perspectiva respetuosa de las víctimas, así como la relación profesional y crítica de las fuentes.

El Colegio de Periodistas de Chihuahua y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, junto con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el Foro de Periodistas de Chihuahua, el Colegio de Periodistas José Vasconcelos, y el Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación, en coordinación con las autoridades del Operativo Conjunto Chihuahua, elaboraron el documento a partir de un modelo colombiano.

En él se establecen 28 recomendaciones de carácter general. Entre ellas: denunciar amenazas que reciba por teléfono, correo electrónico o impresas; evitar sustentar las noticias con fuentes anónimas; así como buscar alternativas de información para contrastar los datos obtenidos que sustenten las noticias.

El Protocolo propone respetar el dolor de las víctimas; no hacer preguntas incisivas ni señalar a ningún responsable por los hechos sin tener certeza, y apoyar las denuncias por agresiones, intimidaciones o atentados a la libertad de prensa.

Se sugiere también capacitar e implementar medidas de protección y primeros auxilios en las empresas periodísticas y que en la recepción de los medios exista siempre personal de seguridad calificado, que nunca proporcione información, ni detalles personales de los periodistas y empleados.

Revisar siempre la correspondencia, no recibir paquetes de remitentes desconocidos o anónimos, no abrir paquetes dudosos y utilizar un detector de metales; además de hablar por teléfono con la misma precaución que lo haría si se supiera que está intervenido.

Concienciar a la familia acerca de los riesgos que implica su profesión; adoptar medidas básicas de seguridad en el hogar como el uso de alarmas, visor en puerta principal, iluminación exterior y denunciar personas o situaciones sospechosas, así como modificar los hábitos de desplazamiento, tanto en horarios como en rutas.

Por último, se propone generar copias de seguridad del material periodístico, de preferencia impreso, y guardarlas en distintos lugares.

¿Ha servido de algo la Fiscalía?

El 5 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR.

Para el 1 de marzo de 2014 había iniciado 493 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas, de las cuales 130 estaban bajo investigación y 43 fueron consignadas ante un juez. Las entidades con más denuncias eran Veracruz, Tamaulipas y el Distrito Federal.

También reveló que había emitido 80 medidas de protección, que van desde la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico, hasta la asignación de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, para garantizar la integridad física de los comunicadores.

En 2012, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que faculta a las autoridades federales para atraer los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de información o el ejercicio del periodismo. Esta modificación permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de Derechos Humanos.

Estas medidas, como lo demuestran las cifras y los casos expuestos, resultan insuficientes y se requiere un acuerdo que comprometa a los gobiernos federal, estatales y capitalino, a los medios de comunicación y sus trabajadores, así como a la propia sociedad, a fin de “blindar” la actividad periodística.

México no es una isla

Este escenario adverso contra el periodismo no es exclusivo de México.

James Foley era un fotoperiodista que trabajaba como independiente para varios medios en zonas de riesgo. Sabía lo peligroso de su profesión. En 2011 fue corresponsal en Afganistán para Stars and Stripes, un periódico dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Ese mismo año, cuando colaboraba para la agencia Global Post, fue raptado en Libia por fuerzas terroristas leales al régimen de Muamar el Gadafi, durante un asalto en el cual su compañero, Anton Hammerl, perdió la vida. Después de 44 días de secuestro, consiguió su libertad.

Ese fue un aviso. Meses más tarde, el 22 de noviembre de 2012, fue capturado en el noroeste de Siria, cerca de la ciudad de Taftanaz, por varios individuos armados. Originalmente se creyó que había sido retenido por fuerzas afines al gobierno de Bashar al Assad, pero no fue así. Sus captores pertenecían al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés).

A principios del verano de 2014, Estados Unidos llevó a cabo una operación de rescate para liberar a varios ciudadanos estadounidenses que estaban secuestrados por el Estado Islámico en Siria, entre ellos Foley. “Desafortunadamente, la misión no fue exitosa porque los rehenes no estaban presentes en el lugar de la operación”, reveló el vocero del Pentágono, John Kirby.

Semanas después, la familia del fotógrafo fue contactada por sus captores mediante un correo electrónico con mensajes de odio en el que advertían que el hombre sería ejecutado si no se pagaban 100 millones de euros, unos 132.5 millones de dólares.

El 8 de agosto de 2014, el presidente Barack Obama autorizó ataques aéreos contra posiciones yihadistas en Irak para “proteger los intereses de Estados Unidos”.

En represalia, la tarde del 24 de agosto, los terroristas difundieron un video en el que se observa la decapitación de James Foley. Al final del mensaje, un militante encapuchado amenazaba con un cuchillo a otro periodista estadounidense secuestrado, StevenSotloff, y advertía que su vida dependía de las decisiones que tomara Obama respecto a Irak.

Sotloff, al igual que Foley, trabajaba de manera autónoma para medios como Time, Foreign Policy y National Interest. Aunque residía en Bengasi, Libia, en julio de 2013 se trasladó a Siria para una cobertura que le fue asignada.

La última ocasión que se tuvo noticia de él fue el 4 de agosto de ese año. Se cree que fue secuestrado cerca de la frontera entre Turquía y Siria, en los alrededores de Alepo, y que fue retenido en la localidad siria de Raqqa.

El 2 de septiembre, el Estado Islámico difundió un nuevo video en el que Sotloff es decapitado. Su verdugo lanza otra advertencia: si las fuerzas norteamericanas insisten en atacar, harán lo mismo con otro periodista británico.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, aseguró que había unos 20 periodistas desaparecidos en Siria y presumía que estaban en manos de grupos extremistas.

No obstante, se estima que la cifra podría ser mayor debido a que muchos medios no informan del secuestro de sus corresponsales con la esperanza de que la falta de publicidad ayude a que sean liberados.

Ben Anderson, el respetado reportero de guerra de la BBC, reveló, en un artículo para la revista Esquire titulado The Long Read. Confessions Of A War Reporter,⁴que luego de cubrir situaciones de conflicto en Kosovo, Gaza, Irak, Irán, Afganistán, Birmania, Sierra Leona, Costa de Marfil, Colombia y la India, la mejor recomendación que puede hacer a los periodistas es: “Tengan miedo. Mucho miedo”.

Pero me quedo con su conclusión:

“Podría retirarme mañana y ningún conflicto o su conocimiento se verían afectados. Pero si todos nos retiráramos, el mundo sería aún más violento, corrupto e injusto. Y por eso seguiré corriendo riesgos (…) Sin los reportajes de guerra el mundo sería, sin duda alguna, un lugar mucho peor.”

Por desgracia, las perspectivas no son favorables ni en nuestro país ni en el resto del planeta, por lo que el gremio periodístico demanda, a las autoridades de todos los niveles, medidas urgentes que nos permitan ejercer en libertad este derecho.

El objetivo es no solo hacer del periodismo “el mejor oficio del mundo”, como lo estimó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, sino también el más seguro.

Y es que una sociedad informada es capaz de tomar mejores decisiones y de exigir a sus autoridades y representantes populares el cumplimiento de los compromisos que asumieron en campaña.

Si no hay libertad de prensa, difícilmente se podrán ejercer el resto de los derechos.