El otrora mandatario de Guerrero gestionó una “política de apapachos y reflectores” y se desentendió del concepto de gobernar.
“En este escenario de tragedia me niego a que el debate se centre en si el gobernador debe permanecer o no”, cantó a patriotas surianos el hombre que a lo largo de tres décadas (primero en el Revolucionario Institucional y luego por cuatro años desde el sol azteca) exprimió la melcocha pública en ocho secretarías estatales.
“La prioridad debe ser continuar con la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas desparecidos y garantizar que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos sean castigados”, enfatizó el dos veces diputado en pleno eclipse solar del 23 de octubre y con cinco carteles enloquecidos bajo el firmamento guerrerense.
“Hemos de favorecer un clima que ponga la atención en solucionar esta prioridad inmediatamente”, farfulló el “príncipe de Costa Chica” bajo una chirriante resistencia de 26 días, no carente de voces que reclamaran su caída inmediata gracias a una tasa de 62 muertos por cada 100 000 habitantes en Acapulco y sus alrededores.
Un par de gobiernos después, con 2087 homicidios por detrás, frente a 2284 millones de pobres, posterior al hallazgo de 35 narcofosas y 53 detenidos más tarde, Ángel Heladio Aguirre Rivero presentó su renuncia a la cabecera del poder Ejecutivo, cargo desde el que se le impugna haber favorecido una suerte de cohabitación política con el demonio del crimen organizado. Y es que, incapaz de resolver por mérito propio el acertijo de los estudiantes plagiados de la Escuela Normal Rural “Raúl San Isidro Burgos” de Ayotzinapa, moteado por un creciente historial de culpas y trasteando las brasas de una incipiente “guerra de cruzadas”, el gobernador ha tenido que tirar la toalla, no sin antes proferir la última estocada sobre sus plebeyos.
Patadas (y moches) de ahogado
El pasado martes 21 de octubre, amagado por una posible “desaparición de poderes” y solo tres días previo a dejar el cargo, Aguirre Rivero hizo artimaña de un póstumo esfuerzo para lavar su imagen, esto al mandar colocar inserciones publicitarias a lo largo y a lo ancho de prácticamente toda la familia de periódicos de circulación nacional o mayor tirada de ejemplares como El Universal (Nación – Pág. A6), Reforma (Nacional – Pág. 15), La Jornada (Política – Pág. 15), Excélsior (Nacional – Pág. 27) y La Razón de México (Contextos – Pág. 27).
Las páginas de difusión comercial oficialista (idénticas entre sí, reajustadas al tamaño del impreso, sin firma periodística y carentes de trabajo tipográfico) incluyen cuatro boletines donde se expone el seguimiento a las demandas de la sociedad civil en el caso Ayotzinapa, reconociendo por supuesto “la significativa aportación de las organizaciones gubernamentales para mejorar las condiciones sociales de la entidad (…) ya que las puertas de mi gobierno seguirán abiertas siempre al diálogo y la apertura con las organizaciones sociales”, asegura el exgobernador de emanación perredista en el comunicado de prensa que se encuentra igualmente disponible en el portal cibernético del gobierno de Guerrero.
“Reitera Aguirre Rivero continuar trabajando para fortalecer los sectores productivos del estado”, presume la primera nota fechada en Acapulco, donde se establece que el gobernador es “el primero en pedir que se conozca la verdad” sobre el paradero de los normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de octubre, pero “no puede descuidar, desatender o detener la marcha de las actividades productivas como el turismo”, industria que, de acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios Servicios y Turismo (Concanaco) ha sido fustigada con pérdidas económica de hasta el 15 por ciento a lo largo del mes octubre.
“Les puedo garantizar que en diciembre Acapulco estará lleno”, promete el “príncipe de Costa Chica” en su intervención al lamentar y condenar los hechos de Iguala, por lo que ya ha decidido instruir a las dependencias bajo su mando “a entablar un diálogo” con los presidentes municipales de Buenavista de Cuellar, Coyuca de Benítez, Cuetzala, Huitzuco, Iguala, Ixtla y Tixtla (donde la federación ha intervenido en búsqueda de los “levantados” por la policía preventiva de Iguala y miembros del cartel Guerreros Unidos), “ya que es importante que cada uno de los alcaldes proceda a realizar sus sesiones de cabildo para dejar constancia de que el gobierno federal está asumiendo la responsabilidad en la función preventiva”.
Sin informar en momento alguno sobre el paradero de José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala, o su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes ya fueron señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) como los autores intelectuales del plagio del alumnado en Ayotzinapa, el episodio propagandístico concluye con una escena estudiantil: Ángel Heladio Aguirre Guerrero hizo entrega de 193 nombramientos a normalistas de nueve instituciones públicas y privadas, con lo que suman más de 600 plazas entregadas que “se ganaron a pulso, no hubo recomendaciones de ningún tipo y por eso debemos sentirnos orgullos”, expresa el apodado “señor de las matanzas” en su último acto público antes de ser depuesto.
Propaganda y dispendio real
Pese a que desde el 2007, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE) incluyeron por primera vez el vocablo “propaganda gubernamental” en sus estatutos y vetaron la divulgación de informes “presentados como hechos periodísticos o noticiosos, toda vez que están dirigidos a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía”, por lo menos 26 miembros de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) ejercieron un gasto de 5376 millones de pesos en un intento por “mejorar su imagen pública” con la “compra de medios” a lo largo de 2012… suficiente como para cubrir la totalidad de los daños provocados el pasado mes de septiembre por el huracán Odile en el estado de Baja California.
Conforme a datos proporcionados por el centro de análisis e investigación Fundar y la organización independiente Artículo 19, solo el 47 por ciento del recurso utilizado por las administraciones estatales en materia de divulgación es justificado ante el Congreso de la Unión, lo que deja 2833 millones de pesos hilvanando castillos en el aire. Asimismo, ambos organizaciones en defensa de la libertad de expresión advierten que los estados de Nuevo León (encabezado por el priista Rodrigo Medina) y Coahuila (con Rubén Moreira en la jefatura de gobierno) malversan 1283 millones y 948 millones de pesos, respectivamente, en “maquillaje político”.
“El estudio nos muestra un despilfarro indiscriminado de recursos que se ejercen sin control y que año con año se incrementa sin justificación alguna. La relación financiera entre los medios de comunicación y los gobiernos locales sugiere una inmediata regulación”, demandan Fundar y Artículo 19 en el informe titulado “Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013”, donde se añade que “claramente existe un uso arbitrario y opaco del gasto público, ya que existen grandes lagunas de información que están directamente relacionadas con el concepto o campaña de posicionar a funcionarios públicos”.
Aunque el estudio califica como alarmante el crecimiento presupuestal de hasta un 119 por ciento en el rubro, entidades como Chiapas, Estado de México, Michoacán, Puebla y Querétaro han declarado como “inexistente” el desglose del gasto en publicidad oficial con respecto al 2012, lo que bien puede salvar a estas demarcaciones del desprecio colectivo al tratarse de la primera vez que incurren en esta falta, empero, deja muy mal parado a Guerrero, que desde 2010 se resiste a proporcionar dato alguno en cuanto a gastos de publicidad oficial se refiere.
“Esto es grave, pues significa que están usando recursos de la gente sin decirles en qué”, sentencia el índice elaborado desde principios de la década al exponer que “las lagunas legales continúan permitiendo que todos los niveles de gobierno influencien en la línea editorial de los medios a través de la asignación de publicidad oficial. Las audiencias por tanto están sujetas a la información que el gobierno autoriza se publique”.
Eventos, comidas y revistas de sociales
En ese sentido, y conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el único “evento político” cuya difusión personalizada no se le considera como propaganda es el Informe de Gobierno, “siempre y cuando se realice una vez al año en medios y espacios con cobertura regional durante los siete días anteriores y cinco posteriores a que se rinda al Informe de Gobierno”.
En cuanto al contenido de la denominada “publicidad oficial”, el Cofipe advierte que nunca habrá de ser de carácter electoral, puesto que con ello podría trasgredir el principio democrático conforme con el cual los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno y los entes públicos deben observar una conducta imparcial en los procesos.
Esto significa que la propaganda gubernamental referida tendrá que erigirse solo institucionalmente y “abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos” personalizados que ensalcen la imagen de servidor público alguno, es decir, queda totalmente prohibido “difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular”.
En ese sentido, Artículo 19 y Fundar denuncian haber documentado “muchos casos donde los reporteros quieren publicar algo pero no lo publican, porque entonces dejan de recibir las ‘becas’ que les dan a los propios periodistas o bien, el medio deja de percibir el porcentaje que se le da del convenio anual con las alcaldías o administraciones estatales”.
Fue en marzo de este año cuando el Senado de la República comenzó a estudiar la posibilidad de fijar límites al dinero utilizado por las dependencias de gobierno para gastos de propaganda, aunque se cuenta con una ley u órgano que investigue presuntas irregularidades exclusivamente en el rubro de la prensa escrita.
“La publicidad oficial se refiere a los espacios en los medios de comunicación que compra el gobierno para informar a la ciudadanía. Debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público”, expone la propuesta emplazada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual plantea que las instituciones públicas no puedan erogar más del 0.05 por ciento de su presupuesto anual en propaganda para dar a conocer sus actividades, abarcando restricciones a las dependencias de los tres niveles de gobierno.
Cabe señalar que en 2012, aún siendo mandatario electo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que una de sus primeras propuestas sería la creación de un órgano que vigilara los contratos de publicidad entre gobiernos y medios. Sin embargo, hasta hoy no se ha dado a conocer esa iniciativa.
@ElJovenRubio
