En total, contando tanto la administración de Calderón como la de Peña, siguen sin aparecer 22 322 personas.
Emiliano Zamudio, un ejidatario de Durango, desapareció el 4 de diciembre de 2009. Desde entonces, su esposa, Evangelina Quiñones, no ha dejado de buscarlo, aunque por eso prácticamente se ha quedado sin recursos.
De entrada, el juez Cuarto Civil de la capital duranguense ordenó que se le quitara la casa en la que vivían debido a que no pudo pagar 20 000 pesos del crédito hipotecario que contrajo su marido.1
Así, tuvo que mudarse a un cuarto que le prestó su hermana, donde puso una tiendita. A pesar de que Emiliano estaba inscrito en varios programas de apoyo al campo, ella nunca pudo recibir los recursos.
Este es un ejemplo del sufrimiento y el desconsuelo que los familiares de los desaparecidos enfrentan, y que se multiplica por otro drama igual de fuerte: la imposibilidad de realizar trámites patrimoniales y civiles para cobrar seguros de vida, sueldos o recuperar cuentas bancarias.
Existen dos figuras jurídicas a las que podrían acogerse: la presunción de muerte o la declaración de ausencia. Ambas están contempladas en el artículo 21 de la Ley General de Víctimas promulgada el 9 de enero de 20132, que establece la obligación de los Congresos locales de emitir una normatividad en la materia.
Para ello fijaba un plazo que venció en abril pasado. Solo Querétaro, Coahuila y Durango cumplieron. Este último, de hecho, fue pionero en la materia. Luego del descubrimiento en 2011 de fosas clandestinas con cientos de restos humanos, se creó la Comisión de Atención a Familiares Víctimas de la Violencia que obligó a modificar la ley local para incluir esos dos conceptos.
Los familiares de las personas que hayan sido privadas ilegalmente de su libertad, pueden obtener el acta por presunción de muerte en un plazo máximo de un año. El primer documento se expidió el 15 de junio de 2012 y a la fecha suman ya 132.
En Coahuila, la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas fue aprobada en mayo pasado y es de las primeras en garantizar un ingreso familiar, acceso a servicios médicos o la conservación de la vivienda obtenida mediante crédito hipotecario cuando el jefe o jefa del hogar desaparece.
En su artículo primero señala que el ordenamiento busca “asegurar la protección más amplia” a las familias “o cualquier persona que tenga relación afectiva inmediata y cotidiana” con un desaparecido.3
En ese estado, una persona es considerada como desaparecida luego de que transcurrieron 30 días desde que fue vista por última vez y no ha sido localizada, hechos que deben ser certificados por el Ministerio Público.
En su artículo 10 señala que, una vez que el juez determina la validez del caso, el familiar debidamente acreditado podrá percibir los salarios y prestaciones que el trabajador tenía hasta antes de desaparecer, lo que incluye recibir los beneficios del Seguro Social, mantener los créditos de vivienda del Infonavit, además del congelamiento de los créditos bancarios del desaparecido.
Estos apoyos estarán vigentes “en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona”, de acuerdo con lo que dicta el artículo 15.
Los empresarios y empleadores han amenazado con impugnar esta ley. Carlos Rangel, presidente de la Canaco de Torreón, consideró “desproporcionada” la exigencia de transferir salarios y derechos laborales de una persona “que ya no realiza su trabajo”, ya que deben contratar a su suplente con los mismos derechos laborales.
Denunció que se carga toda la responsabilidad al sector patronal, lo que a su decir es inconstitucional y viola la Ley Federal del Trabajo, ya que no se determina el costo que deben asumir las autoridades locales y federales por no garantizar la seguridad de los ciudadanos e impedir esas desapariciones.
La desaparición de los desaparecidos
Las cifras varían, y por mucho. La cadena Univisión informó que durante el sexenio de Felipe Calderón la cifra de desaparecidos ascendió a 26 567 mexicanos4, mientras que la CNDH calcula que hay 24 800.5
Sin embargo, Human Rights Watch, en su informe “Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada”, documenta casi 250 000 casos en la anterior administración.6
Para aclarar dudas, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, ofreció el pasado 21 de agosto un balance en la materia.
Precisó que el gobierno de Calderón Hinojosa concluyó con 29 707 personas desaparecidas. De ese número, ya en el gobierno actual, 17 175 fueron encontradas: 901 muertas y 16 274 con vida. Por lo que se continúa la búsqueda de 12 532.
Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, se localizaron a 13 444 personas reportadas como ausentes: 623 sin vida y 12 821 en buenas condiciones. Actualmente se buscan a 9790.
En total, de ambas administraciones, siguen sin aparecer 22 322 personas.
Al presentar esas cifras, la funcionaria anunció que el gabinete de Seguridad y las procuradurías estatales trabajan en la elaboración de un Plan Nacional de Búsqueda que funcionará de manera permanente para capacitar a ministerios públicos, agentes de investigación y peritos en la búsqueda y localización de esas personas.
Además, ese plan incluye dar origen a una Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas, integrada por 160 funcionarios; y la implementación de un software antemortem-posmortem que permitirá recopilar características y señas particulares de las personas reportadas como desaparecidas para compararlas con la información forense de las personas fallecidas sin identificar.
Mientras esto ocurre, la sociedad exige la localización de todos ellos, pero también el apoyo a los familiares que sufren el doble drama de no saber dónde están y el quedarse sin recursos ante la imposibilidad de beneficiarse con el patrimonio construido en una vida de trabajo.
Mientras persista el problema de los desaparecidos, es el propio México el que se desvanece.
Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario de la televisión mexicana Proyecto 40. @HanniaNovell
