AQUEL 28 de junio de 1995 parecía un día común, uno de tantos en la larga tradición de protesta social en Gue- rrero. Un grupo de 40 campesinos integrantes de la Or- ganización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se trasladaba a Atoyac de Álvarez para exigir al gobierno del estado la presentación con vida de uno de sus com- pan?eros detenido.
En el vado de Aguas Blancas, policías judiciales y motorizados ya los esperaban. Los obligaron a descen- der del vehi?culo y comenzaron los disparos, muchos a quemarropa. Diecisiete campesinos perdieron la vida y otros 23 resultaron heridos.
La versio?n oficial de la administracio?n del goberna- dor Rube?n Figueroa Alcocer sen?alaba que un primer ca- mio?n fue detenido en un rete?n, cuando llego? un segun- do con ma?s de 20 personas que agredieron con machete a uno de los uniformados. Luego les dispararon, por lo que los agentes repelieron el ataque.
Pero este relato era totalmente distinto a la declara- cio?n que rindieron los campesinos sobrevivientes, quie- nes aseguraron que no iban armados. Adema?s, algunos testigos corroboraron que se trato? de una emboscada, lo que quedo? demostrado con un video que difundieron los medios.
Organizaciones de la sociedad civil y la oposicio?n pidieron la cabeza de Figueroa Alcocer, quien se nego? en un primer momento a separarse del cargo, pero la pre- sio?n fue tal, que el 12 de marzo de 1996, con solo tres an?os de gobierno, se vio en la necesidad de solicitar li- cencia al Congreso local. Parado?jicamente, quien lo sus- tituyo? fue A?ngel Heladio Aguirre, quien hoy enfrenta una circunstancia similar.
¿Ayotzinapa sera? el Aguas Blancas de Aguirre Rivero?
LAS SALIDAS JURI?DICAS
Hay enojo en el gobierno federal. Hasta antes de estos hechos, la imagen de Me?xico en el exterior era la de un pai?s que en 20 meses habi?a logrado los consensos para aprobar reformas estructurales que durante de?cadas se habi?an negociado. Eficacia en la negociacio?n poli?tica que permitio? acuerdos histo?ricos con la oposicio?n. Era el Mexico moment.
Pero en unas cuantas semanas, el escenario se des- compuso. La ejecucio?n extrajudicial de 22 presuntos delincuentes por parte de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de Me?xico, y los hechos de Ayotzinapa, desenmascararon otra realidad, la del Me?xico murder.
Human Rights Wach, Amnisti?a Internacional, la Co- misio?n Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y el Parlamento Europeo, entre otros organis- mos, emitieron recomendaciones con las que mostra- ban su preocupacio?n por la constante violacio?n de los derechos humanos en territorio mexicano.
En lo interno, muchos sectores se pronunciaron por la salida del gobernador guerrerense como un paso indispensable para evitar la impunidad en este caso. Juri?dicamente, tres son las opciones: una solicitud de licencia, la desaparicio?n de los poderes y la revocacio?n del mandato.
Analicemos la viabilidad de cada una. La revocacio?n del mandato esta? contemplada en la Fraccio?n VI del Ar- ti?culo 35 constitucional; sin embargo, solo tres estados las contemplan en sus respectivas Cartas Magnas: Chi- huahua, para todos los cargos de eleccio?n popular; Tlax- cala, solo para los presidentes municipales cuando la mayori?a de la poblacio?n lo solicite “con una causa justi- ficada”; y Oaxaca, u?nicamente para el caso del goberna- dor con una figura similar a la del juicio poli?tico que in- cluye el derecho de audiencia de las partes.
El propio Aguirre Rivero propuso esta salida: some- ter a refere?ndum su mandato en una encuesta organi- zada por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual era doblemente tramposo porque la ley local no contem- pla esa figura (apenas el 14 de octubre envio? la iniciativa para reformar la Ley de Participacio?n Ciudadana que no podri?a aplicarse de manera retroactiva); y porque el or- ganismo electoral tampoco tiene facultades para realizar una consulta de ese tipo.
En cuanto a la desaparicio?n de poderes, el PAN pre- sento? la solicitud respectiva ante el Senado de la Repu?blica, que es la Ca?mara que tiene la atribucio?n exclusiva de certificar que se cumplan los requisitos que estable- ce la Fraccio?n V de la Ley Reglamentaria del Arti?culo 35 de la Constitucio?n2 y de realizar la declaratoria respecti- va para nombrar a un gobernador provisional a partir de una terna que presente el titular del Ejecutivo Federal.
Desde 1917, en 34 ocasiones ha procedido esta me- dida. De ellas, seis corresponden a Guerrero:
1918: el gobernador Silvestre Mariscal y el Congreso local se rebelaron contra la Federacio?n. En su relevo en- tro? Francisco Figueroa.
1935: el gobernador Gabriel Guevara fue acusado de complicidad en el asesinato de varios campesinos en Coyuca de Catala?n, por lo que fue sustituido por Jose? Inocente Lugo.
1941: las autoridades del estado intervinieron en las elecciones locales, por lo que Carlos Carranco suplio? a Alberto Berber.
1954: los poderes del estado fueron acusados de violar las garanti?as individuales. Dari?o Arrieta se convirtio? en gobernador provisional en lugar de Alejandro Go?mez.
1961: el Eje?rcito disparo? contra quienes participaban en una protesta estudiantil el 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, por lo que un an?o despue?s Rau?l Caba- llero fue sustituido por Arturo Marti?nez.
1975: el gobernador Israel Nogueda fue acusado de fraude por lo que entro? en funciones Xavier Olea.
Se ve difi?cil que el resto de los partidos avalen la pro- puesta del PAN. De hecho, el PRI la descalifico?. Asi? que la u?nica salida que queda es que el propio A?ngel Aguirre solicite al Congreso local una licencia hasta las eleccio- nes del 7 de junio del pro?ximo an?o.
¿Esto solucionari?a el conflicto? No. Lo que se re- quiere es atender la legi?tima exigencia de los familiares de los 43 desaparecidos: que se localice y que se casti- gue con todo el rigor de la ley a los responsables mate- riales e intelectuales.
Luego vendra? la ardua tarea de arrebatarle el control del estado a Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, Los Granados, Los Ardillos, el Cartel Independiente de Acapulco y otros grupos criminales.
Y, finalmente, se tendra? que dar la reconstruccio?n del tejido social y regresar la confianza a las institucio- nes. Tareas nada fa?ciles, pero urgentes si realmente se quiere rescatar a Guerrero de la ingobernabilidad.
