Hay muchas partes del planeta en donde no se puede vivir. Y quienes ahí habitan no tienen opciones.
La oleada de niños migrantes que ha llegado a Estados Unidos en las últimas semanas exhibe con toda su crudeza una crisis de desarrollo en varios países latinoamericanos que obliga a una reflexión más allá de los simples controles fronterizos. Lo que estamos viendo es, simplemente, la gota que derrama el vaso de una tragedia humana de proporciones gigantescas: hay muchas partes del planeta en donde no se puede vivir y quienes ahí habitan no tienen opciones. ¿Cómo enfrentar esta crisis? Hay remedios temporales que pueden paliarla sin duda, pero una solución requiere de un cambio fundamental en la forma en que se han desarrollado la política y la economía en algunos países de América Latina.
Un problema añejo
La migración indocumentada y documentada desde América Latina hacia Estados Unidos no es nueva. Durante buena parte del siglo pasado llegaron a territorio estadounidense miles de mexicanos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos. Las razones eran muchas. Algunos migraban por razones políticas, huyendo de dictaduras de diversos colores, pero la gran mayoría lo hacía por razones económicas. La migración mexicana, por ejemplo, ha estado motivada desde hace décadas por la persistente incapacidad de la economía de México para generar empleos suficientes y bien remunerados. Sin embargo, también se ha dado migración por razones de seguridad. A partir de mediados de la década pasada este tipo de migración se incrementó debido a la ola de violencia que afectó a varias regiones del país. En el caso de Centroamérica, la migración ha estado motivada por una mezcla de factores. La pobreza ha sido, desde luego, el telón de fondo permanente de este fenómeno, pero también la violencia. Durante la década de 1980 muchos huían de la represión de las dictaduras del área, como fue el caso de los refugiados guatemaltecos que llegaron a México a principios de esa década, pero los conflictos en la región, como los que se presentaron en El Salvador y Nicaragua, también fueron generadores de migración.
Y en la última década el crecimiento de la delincuencia organizada, como las pandillas llamadas maras, que afecta principalmente a El Salvador, Honduras y Guatemala, ha sido también un propulsor de este fenómeno. En fin, lo cierto es que, por angas o por mangas, la migración indocumentada de latinoamericanos a Estados Unidos ha sido una tendencia constante durante las últimas décadas. Y como resultado de ella hay alrededor de 9 millones de latinoamericanos indocumentados en ese país, y cada año llegan miles de millones de dólares a América Latina provenientes de Estados Unidos en forma de remesas.
Los discursos sobre el problema
Sin embargo, a pesar de que este es un fenómeno motivado por las malas condiciones económicas o de inseguridad en algunos países latinoamericanos, el problema se sigue viendo por Estados Unidos como un tema de control de fronteras, pero también incluso por los propios países latinoamericanos, los cuales muchas veces cooperan con las políticas de control migratorio que establece Washington.
El resultado está a la vista: el fenómeno no desaparece, simplemente mejora o empeora de acuerdo con la situación en los países de origen.
Frente a esta situación trágica, se han desarrollado varios discursos que pretenden proveer una solución. El discurso dominante en Estados Unidos es ciertamente el del control de fronteras. Esta visión considera que los migrantes indocumentados llegan a ese país porque la Casa Blanca es demasiado blanda con los ejércitos de desesperados que intentan llegar a territorio estadounidense a pesar de los crecientes obstáculos que enfrentan en el camino. La solución es, pues, muy simple: poner más muros en la frontera con México.
Si ello no es suficiente, hay que “cazarlos” en tierras estadounidenses y, desde luego, deportarlos a sus países de origen o, en el peor de los casos, a la frontera mexicana. De hecho, este ha sido el enfoque dominante en las últimas décadas en ese país, a pesar de algunas voces que han buscado flexibilizar los controles migratorios y regularizar a los millones de indocumentados que ya están en ese país y que están integrados de facto a la economía estadounidense. Sobra decir que esta perspectiva no piensa que la posible solución al problema se debe buscar en los países en los que se origina la migración. Finalmente, ese ya no es su asunto. Lo que importa es que no lleguen a territorio estadounidense, y si lo hacen, hay que deportarlos lo más pronto posible.
Curiosamente, el discurso de buena parte de los gobiernos latinoamericanos se ha centrado también en los controles fronterizos que ejerce Washington. Durante muchos años, los gobernantes de la región se han quejado amargamente de que Estados Unidos no ha hecho una reforma migratoria que permita que más latinoamericanos ingresen a Estados Unidos. Ese fue el caballo de batalla de los presidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón: el problema migratorio lo tienen que arreglar los estadounidenses. Sin embargo, esta vía de solución no ha avanzado en buena medida porque una parte importante de la opinión pública estadounidense no ve con buenos ojos la llegada de migrantes indocumentados desde el sur del continente, ya sea porque piensa que quitan empleos a los estadounidenses, lo cual es falso, o simplemente por racismo.
Y lo cierto es que, a pesar de la crisis humanitaria que se vive en Estados unidos con la llegada de miles de niños migrantes que son quienes están en las peores condiciones de vulnerabilidad, el panorama no parece que va a cambiar mucho en este aspecto. Al menos no en el corto plazo.
Frente a la cruda realidad del endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos y del aumento gigantesco que han tenido las deportaciones durante el gobierno de Barack Obama, algunas voces liberales en Estados Unidos y América Latina han insistido en que el problema se debe atacar desde su origen. Esto es, que hay que atender las causas que impulsan la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Esta es una vieja idea en la política exterior estadounidense. La propuesta de atacar los problemas en su origen llevó después de la Segunda Guerra Mundial a impulsar el Plan Marshall en la Europa devastada por el conflicto bélico, y también llevó al presidente Kennedy a lanzar su famosa “Alianza para el Progreso”, que pretendía ayudar a los países de la región a desarrollarse económicamente para que, a través de la prosperidad latinoamericana, se incrementara la seguridad estadounidense. La idea prosperó y contribuyó de alguna forma al crecimiento económico del área en la década de 1960. Sin embargo, las cosas se complicaron en la década de 1970 cuando el modelo económico proteccionista hizo crisis y las dictaduras de la zona empezaron a resquebrajarse.
La crisis económica de la década de 1980 no hizo más que empeorar las cosas y los migrantes continuaron llegando al “sueño americano”. La situación se volvió insostenible al grado de que el congreso de Estados Unidos aprobó la International Reform Control Act (IRCA), que permitió la regularización de alrededor de 3 millones de indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos. Paradójicamente. esta ley generó en América Latina la impresión de que la migración era un problema de Estados Unidos y que era su gobierno quien debía resolverlo. Si bien esta ley despresurizó el problema migratorio, con el paso de los años se acumularon más migrantes que vivían en Estados Unidos sin papeles y el flujo continuó, al grado de que comenzaron a ser cada vez más comunes las manifestaciones antiinmigrantes en varios estados de la Unión Americana y aparecieron los primeros intentos locales por restringir el acceso de estos a los servicios públicos, como la propuesta 187 en California, en 1994, que fue aprobada en ese estado, pero revocada por una corte federal. Desde entonces la tendencia en Estados Unidos ha sido la del endurecimiento de los controles migratorios a nivel federal, con medidas como la construcción del muro en algunas partes de la frontera y la proliferación de intentos locales para criminalizar la migración, como la ley de Arizona SB1070, votada favorablemente en 2010, aunque algunas de sus disposiciones fueron suspendidas por un juez federal.
Es en este contexto que en los últimos años Estados Unidos ha revivido la idea de apoyar a algunos países de América Latina para mejorar sus condiciones internas. Sin embargo, este apoyo se ha concentrado básicamente en los aspectos de seguridad con poca atención a los problemas económicos. Así, en 2001, la Casa Blanca promovió el llamado Plan Colombia, que le dio a ese país cerca de 5000 millones de dólares de 2000 a 2005. Dicho Plan buscaba mejorar las capacidades del estado colombiano para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
Un enfoque similar se adoptó en 2007 con la aprobación de la llamada Iniciativa Mérida, que contemplaba inicialmente 1400 millones de dólares para México durante tres años y 50 millones de dólares para Centroamérica en el primer año. No obstante lo anterior, y a pesar de que la Iniciativa Mérida ha puesto en los años más recientes mayor énfasis en los aspectos de construcción institucional en México y en la construcción de la cohesión comunitaria y menos en la parte persecutoria de los criminales, lo cierto es que por sí sola no puede resolver los problemas de desigualdad y desempleo en México, factor que ha impulsado la migración hacia el Norte durante años. La Iniciativa Mérida también se ha quedado corta frente a los problemas de violencia e inseguridad en México y Centroamérica, dada la debilidad institucional de los gobiernos de la región.
Así pues, tenemos que los esfuerzos de Estados Unidos para resolver las causas internas de la migración en los países latinoamericanos no han sido muy exitosos y lo cierto es que tampoco es evidente que esa sea su responsabilidad. Desde este punto de vista, la única solución restante es el remedio de los problemas de los países latinoamericanos por sus propios gobiernos. Y aquí es donde el panorama se presenta muy desigual. Si se observa el origen de la mayoría de los migrantes indocumentados de América Latina, estos provienen de unos cuantos países: Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Ello sugiere que estos países son los que han tenido las políticas más ineficientes para retener a sus ciudadanos en su territorio. Y la explicación de ello está a la vista: los cuatro países han sido incapaces de contener a la delincuencia organizada y desorganizada y tampoco han sido muy exitosos en sus políticas económicas. Ciertamente, la geografía también importa. La cercanía con Estados Unidos hace más tentadora la opción de migrar hacia ese país, a pesar de los crecientes obstáculos que enfrenta tal opción.
La crisis de los niños migrantes
Ahora bien, más allá de las razones estructurales que explican la persistencia de la migración indocumentada hacia Estados Unidos, a pesar de los festejos prematuros de que el problema ya se había resuelto en el caso de la migración mexicana, algo ha ocurrido en los últimos meses que ha hecho que el problema estalle. El incremento inusitado de niños que migran a Estados Unidos, en la mayoría de los casos sin acompañamiento, ha revelado una dimensión del problema que ha encendido las alarmas en Washington. Y no es para menos: la tragedia humana que se encierra detrás de las detención de más de 50 000 menores en el último año es de tal magnitud que el presidente Obama se ha reunido ya con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras para buscar una solución.
Sin embargo, la propuesta de Obama busca básicamente hacer que los controles fronterizos dentro de los propios países centroamericanos se incrementen para evitar que estos migrantes alcancen territorio estadounidense. Esto es pedirle peras al olmo. Los estados centroamericanos tienen instituciones débiles con las cuales difícilmente podrán detener el flujo de migrantes hacia el Norte. Y ese es finalmente el fondo del problema. Con estados débiles y economías ineficientes no hay forma de evitar la migración indocumentada: ni el largo brazo de la ley ni la mano invisible del mercado funcionan para detener a quienes claramente buscan encontrar fuera de su país las condiciones mínimas para preservar su existencia. En el juego de culpas, los gobiernos centroamericanos han culpado a Estados Unidos de la demanda de drogas que existe en ese país y que, en su perspectiva, alienta a las bandas del narcotráfico y que, por ende, genera la violencia que hace que los centroamericanos abandonen sus países. Algo hay de razón en ese argumento, pero lo cierto es que, al final, si las instituciones estatales y la economía funcionan mal, la migración es inevitable.
Por ello, la solución que ha anunciado el gobierno mexicano, la de impedir que los centroamericanos aborden el famoso tren de carga “la bestia”, sobre cuyo techo se transportan los migrantes que buscan llegar a la frontera de México con estados Unidos, no va a funcionar. Si los migrantes no se mueven en “la bestia”, lo harán en otros medios de transporte, igual o más inseguros que este. Al final, el aumento en los obstáculos para la migración solo incrementa los costos y los riesgos que corren quienes buscan llegar al norte porque, para decirlo, en términos económicos, la demanda por migrar es tan inelástica como la demanda por consumir drogas. No importa cuántos y qué tan duros sean los controles para impedir estas actividades: siempre habrá demanda por ellas y siempre habrá quien pueda proveer ese bien o servicio.
Por ello, el culpar del fenómeno a quienes transportan a los migrantes, a los “coyotes”, es otra vez confundir el síntoma con la enfermedad. No es centrando las baterías en el combate de dichas bandas de traficantes, como tampoco lo es el combatir a los traficantes de drogas, como se va a resolver el problema. La única opción viable y de largo plazo es hacer que para la gran mayoría de los latinoamericanos permanecer en su país sea mejor opción que migrar a Estados Unidos. Lo que es evidente es que, a pesar del incremento en los costos a la migración, esta se sigue dando porque, hoy por hoy, sigue siendo más racional migrar que no hacerlo. Ciertamente, la crisis de los niños migrantes parece haberse acelerado por la difusión de rumores de que los niños que llegarán a Estados Unidos podrían permanecer en territorio norteamericano precisamente por ser menores de edad. Ello claramente no es cierto como ya lo ha advertido el presidente Obama, y muchos de estos niños van a ser deportados. Pero aunque se revierta la idea de que los niños se pueden quedar automáticamente en Estados Unidos, evidentemente el problema no se ha resuelto y no parece que se resolverá pronto.
¿Qué hacer?
Ante este panorama ¿qué pueden hacer Estados Unidos, México y los países centroamericanos para resolver esta crisis? A corto plazo, no mucho. Estados Unidos deberá aumentar su presupuesto para atender a los miles de migrantes que seguirán llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad. Seguramente también va a aumentar las deportaciones, con el terrible costo humano que esto implica. México buscará hacer un poco lo mismo: tratará de aumentar los controles en su frontera sur y obstaculizar el transporte de los migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Los países centroamericanos, por su parte, tienen menos margen de maniobra. Difícilmente podrán disuadir a sus habitantes de migrar, y en el corto plazo tampoco podrán mejorar las condiciones económicas o de seguridad en sus territorios.
En este sentido, las estrategias deberán centrarse en el mediano y largo plazo. Washington ciertamente deberá rediseñar su política migratoria. Evidentemente, no se puede partir del supuesto de que es responsabilidad de Estados Unidos admitir a todos los latinoamericanos que lleguen a su territorio, pero sí debería de haber criterios más claros para resolver situaciones de facto que afectan a muchas familias. Las deportaciones a rajatabla tienen un costo humano que ningún país democrático debe tolerar. También es obvio que hay muchos millones de indocumentados que ya están integrados a la economía y a la sociedad estadounidenses y que mantenerlos en la ilegalidad tiene más costos que beneficios. No obstante, buena parte de la tarea debe hacerse en Latinoamérica, particularmente en México y en Centroamérica. Es evidente que las economías de estos países deben generar más y mejores empleos y que deben fortalecerse las instituciones de justicia para disminuir la violencia y la inseguridad.
Ello es más fácil decirlo que hacerlo, pero las recetas tampoco son tan complicadas. Hay que hacer reformas que promuevan la competitividad y que atraigan inversiones para generar más empleos. Para ello es necesario afectar intereses creados y acabar con los privilegios de las oligarquías feudales y grupos de interés que detentan el poder económico en muchos de estos países. También hay que fortalecer a las instituciones poniendo el acento en el combate a la corrupción, que es finalmente lo que propicia el crecimiento del crimen organizado. En estos esfuerzos tiene mucho que aportar la comunidad internacional, en particular Estados Unidos.
Sí hace falta una especie de Plan Marshall para la región, pero no un plan que solo dé dinero a economías sin competitividad y a gobiernos carcomidos por la corrupción. La ayuda no debe ser solo económica, sino de diseño de políticas y debe centrarse en fortalecer la competitividad y las instituciones de justicia y seguridad. En este sentido, la Iniciativa Mérida en su segunda etapa, centrada en el fortalecimiento institucional, va en la dirección correcta, aunque obviamente falta mucho por hacer.
También debe haber un énfasis en la reconstrucción, o de plano construcción, del tejido social en estos países. Ciertamente, ello no es “responsabilidad” de Estados Unidos, pero el hacerlo claramente redundará en su beneficio. El presidente Obama debe convencer a su Congreso de que invertir en que Honduras o Guatemala tengan mejores instituciones de seguridad se va a reflejar a la larga en que habrá menos migrantes que controlar, deportar o auxiliar en Estados Unidos. Por su parte, los países latinoamericanos deben entender de una buena vez que la solución está en casa.
Ciertamente hace falta ayuda del exterior, pero la solución al problema está en su territorio y en sus instituciones, no en el Capitolio de Washington. Estados Unidos puede tener una responsabilidad histórica por sus intervenciones militares en la región y por su apoyo a algunas dictaduras en el pasado, así como por su incapacidad para disminuir el consumo de drogas en su territorio, pero la única forma de que los países latinoamericanos resuelvan sus problemas es aceptando que estos son su responsabilidad y no la de otros gobiernos.
Es ciertamente vergonzoso cómo trata Estados Unidos a los migrantes indocumentados, pero lo es más como estos son tratados en sus propios países. Es en la propia América Latina donde está el problema y también la solución.
Jorge Chabat es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la ciudad de México. Es Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami y catedrático en las principales universidades de México. Sus temas de investigación son Seguridad y Crimen Organizado, Política Exterior y Democracia y Derechos Humanos. Ha colaborado en varios medios de información y actualmente es comentarista de El Noticiero de Televisa.
