En México, “Santo Domingo” es el santo patrono de la mentira.

“La mentira inunda la vida mexicana: ficción en nuestra política electoral; engaño en nuestra economía, (…) mentira en las relaciones amorosas; mentira en el pensamiento y en el arte; mentira por todas partes y en todas las almas (…) somos gesto y apariencia y nada”. La mentira de México: Octavio Paz.

En México, todo es susceptible de ser falsificado, todo. Actas de nacimiento, credenciales de elector, cartillas del servicio militar, pasaportes, títulos universitarios, cédulas profesionales, facturas, tarjetas de circulación de vehículos. Vamos, hasta documentación para obtener préstamos millonarios ante corporativos internacionales como Citigroup (entiéndase el caso Oceanografía).

Y aunque mi capacidad de asombro es inagotable, esta historia me dejó pasmada. Entre octubre y diciembre de 2013, seis reos lograron fugarse de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla. Sin embargo, fue hasta el 3 de marzo pasado cuando las autoridades se percataron de las irregularidades, gracias a que otro interno intentó huir con el mismo método y fue descubierto.

Antes de permitir la salida de Guillermo Muñoz Sánchez, preso desde 2004 por robo calificado y robo agravado, personal de la penitenciaría llamó al juzgado para preguntar por la notificación de libertad correspondiente.

Al día siguiente, se descubrió el engaño. Una mujer que se hacía pasar como notificadora del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) entregaba los documentos de la preliberación. Los papeles eran originales, no así las firmas y los sellos.

De esta forma, el 22 de octubre del año pasado logró evadirse José Romero Salgado, condenado a cinco años por robo calificado; el 30 de octubre se fugó David Garfias Meléndez, quien purgaba una pena de 26 años por homicidio calificado; y Gerardo Said Figueroa Díaz repitió el engaño el 5 de noviembre.

Luis Mario Martínez, condenado a 11 años por secuestro, se escapó de esta forma un mes después, el 5 de diciembre; José Luis Martínez Hernández o Víctor Gastón Olvera Solache, sentenciado por robo, escapó el 12 de diciembre, y el 15 lo siguió Jonathan Piña Alvarado.

¿Y qué hay de las autoridades involucradas en esta red de corrupción? La Subsecretaría del Sistema Penitenciario reveló que la documentación para que los reos fueran liberados estaba autorizada por José de Jesús Leftt López, exdirector de la penitenciaría. Así como por el entonces jefe de Seguridad, Juan Carlos Mora Figueroa, y por Sergio Ives Anaya Díaz, encargado del despacho de la Subdirección Jurídica.

Lo cierto es que no hay un solo funcionario detenido por estos hechos. El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, aseguró que la averiguación previa está abierta; mientras, el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, manifestó en entrevista el pasado 9 de julio: “Tenemos que ver cómo consiguieron la documentación falsa de nuestro Tribunal… y quién fue que confeccionó estos documentos tan bien hechos”.

Y si los reos pudieron falsificar papeles oficiales de los juzgados del TSJDF, qué más no se podrá hacer, ¿comprar una vida, intercambiar identidades, postularse a cualquier puesto?

Delito al alza

De 2006 y hasta el año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 25 528 averiguaciones previas relacionadas con la falsificación de documentos; tan solo en 2013 fueron 3713.

El Distrito Federal es la entidad con mayor cantidad de casos, con un total de 13 782 pesquisas iniciadas en los últimos siete años. Le siguen Baja California, Jalisco y Estado de México.

Según el Código Penal Federal, para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable, se necesita que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero.

Si lo que se falsifica son documentos públicos, las penas van de cuatro a ocho años de cárcel y de 200 a 360 días (salarío mínimo) multa. En el caso de documentos privados, la prisión será de seis meses a cinco años, y de 180 a 360 días de salario mínimo de multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena aumenta una mitad más.

Los documentos que más se falsifican son los escolares. Un título universitario o una cédula profesional, sin importar la carrera o la institución, pueden adquirirse aproximadamente en 6000 pesos cada uno en imprentas ubicadas en la Plaza de Santo Domingo, justo frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ¿qué ironía, no? Aunque hay paquetes: tira de materias, certificado de estudios, título y cédula por 10 000 pesos, pero se puede negociar y conseguir reducir el precio a 6000 pesos.

Según la SEP, Enfermería, Medicina y Derecho son las carreras con mayor número de documentos apócrifos y tiene bajo su resguardo 3147 cédulas falsas del período 2002-2012.

Una farsa de orden internacional

En 2009, la Embajada de Estados Unidos en México descubrió un fenómeno creciente: los intentos de alteración y falsificación de documentos para obtener visas de no residentes.

Dos cables de Wikileaks identificados como 09MEXICO3091 y 09MEXICO944, describen la preocupación por este proceso. Señalan que la Unidad de Prevención de Fraude (FPU, por sus siglas en inglés) calificó como “frágil” la seguridad para obtener un pasaporte mexicano.

Aunque esa instancia reconocía que el documento como tal incluye una serie de medidas de seguridad “efectivas”, era muy fácil obtenerlo mediante actas de nacimiento falsas o con la compra de otros documentos de identificación.

De hecho, los cables revelan que esta unidad compartió su información con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para demostrar que las delegaciones donde se expiden pasaportes, entregaban estos documentos a centro y sudamericanos, europeos y mexicanos, que se identificaron con documentos apócrifos. Además, los “coyotes” tenían capacidad para producir, falsificar y alterar todo tipo de documentos oficiales mexicanos, de manera sofisticada o no.

Para frenar esos casos, el gobierno estadounidense implementó el Programa de Investigaciones Criminales de la Oficina de Seguridad Diplomática y el Programa de Seguridad de Visas y Pasaportes, que incluyó el despliegue de siete agentes especializados en los consulados del DF, Hermosillo, Juárez, Tijuana, Matamoros, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo y Nogales.

De Santo Domingo al mundo ejecutivo

Santiago era un comerciante ambulante. Vendía ropa de paca en los tianguis, pero en 2005 leyó en el periódico la convocatoria para la Policía. Entre los requisitos estaba contar con estudios de bachillerato. No lo pensó dos veces y recurrió al Santo Patrono de lo Apócrifo: Santo Domingo.

Logró su objetivo: entrar a la corporación, donde se percató de que, para escalar en el organigrama, necesitaba un título. Así que, de la noche a la mañana, se convirtió en licenciado en Economía y en jefe de un equipo de 25 personas.

Pero en 2010 las cosas cambiaron. Llegó un nuevo director con su equipo, así que Santiago pidió su baja ante el temor de que su expediente fuera revisado, descubierto su engaño y hasta encarcelado.

Aunque los operativos de la Policía de Investigación han hecho que los “enganchadores” traten de ocultarse, lo cierto es que todavía operan bajo la sombra en las calles de Brasil, Cuba, Tacuba, Justo Sierra y Donceles (México, Distrito Federal).

Y con estos tipos de actividades cotidianas, confirman el adagio de Octavio Paz: “La mentira inunda la vida mexicana”.   

Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario de la televisión mexicana Proyecto 40. @HanniaNovell