El presidente Enrique Peña Nieto heredó un México por demás violento, pero ni con la implementación de cambios en los nueve subejes de este rubro se ha podido disminuir la creciente inseguridad, la cual es el mayor de los retos, pues evita el desarrollo de los demás ejes.
Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres decir que el México en el que ellos crecieron era muy diferente al que nos ha tocado vivir y que podían salir seguros a jugar en las calles sin mayor problema. Pero pareciera que aquel México ha quedado muy pero muy atrás. Hace unos 11 años comenzaron a verse problemas serios de inseguridad e incluso hubo sorpresa e indignación cuando naciones como Estados Unidos hicieron “recomendaciones” a sus ciudadanos de tener cuidado o, específicamente, abstenerse de visitar ciertas ciudades mexicanas.
Pero lo peor es que México se dio cuenta de que esos países no estaban tan lejanos de la realidad, pues ya no podía minimizarse el grado de violencia que se desarrollaba en el territorio a la par de la guerra entre carteles, por la cual, a su vez, el gobierno del presidente Felipe Calderón emprendió una en su contra. Esta guerra dejó evidentes daños colaterales: 121 683 muertes violentas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos alarmantes números de bajas referían a todos los bandos, policías, supuestos narcotraficantes y ciudadanos, muchos ciudadanos: hijos, esposos, padres, hermanos.
¿Cómo llegó México a este extremo? ¿En qué momento perdió el control? En realidad deberíamos de preguntarnos si es verdad que como ciudadanos tuvimos el control alguna vez.
Al asumir la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto estableció cinco ejes mediante los cuales, aseguró, se tendría un mejor país. Uno de esos ejes lleva el nombre de un sueño largamente anhelado por millones de compatriotas: México en Paz, el cual, a su vez, contiene nueve subejes: Gobernabilidad democrática; Seguridad pública; Sistema de justicia penal; Seguridad nacional; Protección civil y prevención de desastres; Federalismo articulado; Defensa exterior y seguridad interior; Derechos humanos, y Rendición de cuentas y combate a la corrupción.
“Los delitos en este año son equiparables al número de delitos en toda Europa”
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal reveló que, en los primeros ocho meses del año, se denunciaron en el país 1130 secuestros, 35 por ciento más que en el mismo período de 2012. De acuerdo con el organismo, la tendencia indica que la cifra podría triplicarse durante lo que resta del año.
Además, las autoridades reconocen que la gran mayoría de extorsiones no se reportan; según un sondeo de víctimas del hampa realizado por el Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 92 por ciento. Ese mismo estudio, realizado en abril, indica que la extorsión es ahora el segundo delito más común luego de los atracos callejeros, conformando el 7.6 por ciento de los casos en 2012, un aumento de aproximadamente dos puntos porcentuales comparado con el año anterior.
Aunque los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2012 solo se presentaron 1317 denuncias por secuestro en el país, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe 2013, del mismo INEGI) estima que en el mismo período se cometieron 105 682 plagios, lo que representa 200 cada 24 horas.
Los resultados obtenidos en la encuesta mencionan que la diferencia de datos entre la ENVIPE-2013 y el SESNSP se debe a la falta de confianza en las autoridades y a que los habitantes consideran que denunciar es una pérdida de tiempo.
En entrevista con Newsweek en Español, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, explica: “El número de denuncias por secuestro anda rondando las 1130 de enero a agosto, lo que equivale al 4.75 por ciento de las averiguaciones previas de las denuncias. Pero esto no refleja el número de víctimas porque, como se sabe, en una averiguación previa puede haber un sinnúmero de víctimas. El 2013 apunta a ser el peor año en la historia del secuestro en México; incluso si se compara con 1997, que había sido el año récord, lo va a sobrepasar por mucho, lo que es preocupante. Los homicidios que estamos teniendo y vamos a tener en México en este año, son equiparables con todos los de Europa.
“Son cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, pero aun así no son cifras confiables, y esta es la parte de transparencia, las cifras que maneja el Secretariado no están homologadas entre sí. Hay estados que en lugar de reportar averiguaciones previas, están reportando víctimas. Hay estados que, en el tema de privación ilegal de la libertad, incluyen al secuestro extorsivo y otros, al secuestro exprés. Otros estados, que tienen grandes carencias de capacitación en sus policías y fallas en sus sistemas electrónicos, no registran adecuadamente el robo con violencia o de vehículo, y en varias averiguaciones solo se registra un delito cuando en realidad fue a varias personas al mismo tiempo. Y así, en caso de asesinatos, se registran homicidios culposos, es decir, no intencional, cuando deberían ser registrados como homicidios dolosos. Michoacán y Guerrero representan el 25 por ciento de las denuncias de homicidio culposo a nivel nacional, pero resulta raro, por supuesto, que en estos estados haya tantos atropellados y tantos ‘accidentes’; simplemente no se explica. Y esto es solamente de denuncias”, indica Rivas.
Por su parte, Sergio Aguayo, politólogo, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, analiza para Newsweek en Español el polémico primer año del Presidente: “Si uno compara al presidente Peña Nieto con el gobernador Peña Nieto en la prioridad que está dando a la seguridad, es equivalente a la que daba el gobernador a la construcción de la candidatura. Es decir, Enrique Peña Nieto ha puesto a los mejores en el área de seguridad, se basó en un análisis de las biografías de estos personajes, pero no se han visto resultados todavía”.
México cuenta con más de 2000 cuerpos policiales en todo el país, y buena parte de ellos, sobre todo los municipales, han sido infiltrados por el crimen organizado, como se ha constatado en diversos delitos que han salido a la luz pública.
Como estrategia, el presidente Enrique Peña Nieto resalta la implementación del mando único, a lo que Francisco Rivas señala: “Me parece que sí puede funcionar y tener múltiples beneficios porque las policías municipales son extremadamente vulnerables, pues los delincuentes saben dónde están sus familias. Así podría haber mayor coordinación; que las policías se muevan dentro de los estados con mayor frecuencia evitando que haya un contacto directo con la delincuencia organizada.
“Pero el tema es cómo se va a dotar de un buen sistema de integridad en donde se incentiven las buenas prácticas y se castiguen las malas. El control de confianza es solo una parte. Deberían tomarse en cuenta, más que el polígrafo y otras cosas, el estudio toxicológico y el socioeconómico. Ahora, si ganan 10 000 pesos y tienen que comprar gasolina para su patrulla y balas, y el jefe pide cuota, pues se acaban corrompiendo; además de que trabajan en horas inauditas, ganan poco y no tienen acceso a créditos, y eso los hace también vulnerables”.
Por su parte, Sergio Aguayo opina: “El mando único es una herramienta indispensable. Creo que puede funcionar, pero no toma en cuenta la debilidad del Estado. La estrategia de Enrique Peña Nieto es de un gobierno débil, el mando único tiene sentido y lógica conceptual, pero no toma en cuenta el poder que tienen los gobernadores y presidentes municipales para frenar su implantación”.
Y es que el poder que se ha acrecentado en el crimen organizado se deriva de diversos factores y se le halla en todos los sectores, como lo señala el director de Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad: “Se llegó a decir que EE UU ponía las armas y México, los muertos. Pero las armas no entran por acto de magia, esto se debe a que en la frontera hay mucha corrupción. La delincuencia conoce a agentes de ambos lados de la frontera, saben a qué hora salen de sus casas, investigan a sus familias, además ganan muy poco, y todo eso los hace muy vulnerables a la corrupción. Exactamente lo mismo ocurre en el campo; lamentablemente no hay quién defienda a los campesinos, a quienes presionan de igual forma para sembrar mariguana y ahora ya no es ‘si quieres’, sino ‘vas a hacerlo’. Todavía antes era plata o plomo, ahora es plomo o plomo”.
Aumentan los grupos armados de autodefensa
Otro fenómeno importante se ha desarrollado en la creación y aumento de grupos armados de autodefensa, los cuales han tomado el control de sus poblados en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En el caso de Michoacán, estos grupos surgieron en apoyo al cartel de La Familia Michoacana con el fin de desterrar a Los Zetas, pero después hubo problemas internos y se dividieron para formar Los Caballeros Templarios y seguir peleando la plaza.
“Hay al menos dos fallas gigantescas: la falta de información dura y el factor externo”
Lamentablemente, todo es prospectivo, y los índices en delincuencia, secuestros y asesinatos van a la alza antes de que el Poder Ejecutivo pueda dar resultados totalmente efectivos con los mecanismos y estrategias que se mencionan. Como ejemplo, la Secretaría de Salud dice que el gasto que causa la delincuencia en ese sector cuesta el 1.3 por ciento del PIB anual, cifra igual o menor al crecimiento económico que presentará México al terminar 2013.
Sergio Aguayo es tajante al respecto: “Lo que impacta es que no se esté notando la diferencia [para disminuir la inseguridad]. En parte, esto se debe a lo enormemente complejo que es el problema de la inseguridad y el crimen organizado porque el poder que han alcanzado los carteles es gigantesco, y el gobierno al cual llega Enrique Peña Nieto está extraordinariamente debilitado por múltiples razones ajenas a él. Yo creo que en el mediano y largo plazo [sus estrategias] sí van a funcionar porque tiene a los mejores y a los más brillantes [colaboradores] en seguridad; fuera de eso, es un gabinete por lo demás bastante gris y mediocre”.
“Hay al menos dos grandes fallas gigantescas en la estrategia de Peña Nieto. La primera es la falta de información dura; desconocemos muchísimo del tamaño del enemigo. Si uno se pone a revisar las estadísticas es notable el desorden y falta de claridad sobre el número de ejecutados, secuestrados y desaparecidos; esa debilidad fáctica impide al gobierno armar una estrategia de seguridad adecuada porque es más lo que se desconoce que lo que se conoce. Voy a poner un ejemplo muy claro: no sabemos el número de las pandillas que hay en México. Sabemos que en Centroamérica, además de las maras, hay aproximadamente 2000 pandillas con unos 400 000 miembros entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En México yo solo conozco un estudio gubernamental, bastante malo por cierto, que hizo la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna, en 2010; por tanto, desconocemos cuántas pandillas hay en México y cuántos efectivos hay. Por lo consiguiente, no sabemos el número de sicarios que tiene a su disposición el crimen organizado”, acota Aguayo.
“La segunda gran carencia de la estrategia de seguridad que tiene Enrique Peña Nieto es el trato tan superficial al factor externo. Si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, es sorprendente lo poco que lo aborda. No basta centralizar la relación con Washington, aunque, insisto, era necesario que se hiciera, pero no es suficiente en tanto no se tenga una convención integral de los factores externos y la importancia que puedan dar Colombia, Centroamérica, el Caribe Negro, incluso Cuba y, por supuesto, EE UU, en el esquema de violencia”, puntualiza el académico del Colegio de México.
En la gráfica siguiente se muestra la diferencia entre el número de asesinatos denunciados en los primeros seis meses (diciembre-julio) de los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006 -2012) y Enrique Peña Nieto (2012 – 2018). Si se comparan exclusivamente los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, se puede observar que el inicio del gobierno del segundo lleva casi el doble de homicidios que el del primero. En lo que va de 2013, el mes que más homicidios registró fue abril, con 1649.
Impunidad, cercana al 95 por ciento
Nuestro sistema de justicia penal ha sido por demás cuestionable, por lo que la meta que señala el Ejecutivo es que sea “eficaz, expedito, imparcial y transparente”. Ante ello, hay mucho camino que recorrer para que se cumpla.
Un aspecto que resalta sin duda en este inciso es la palabra “impunidad”, lo que inmediatamente trae a la mente casos como el de Florence Cassez, Arturo Montiel, Marisela Escobedo (en Ciudad Juárez, Chihuahua) y Jessica Lucero (adolescente de 14 años residente de Ecatepec, Estado de México, que fue violada y asesinada y cuyos victimarios fueron liberados).
Y es que las cifras de impunidad dadas a conocer por el INEGI son indignantes, pues señalan que el año pasado solo se castigó a 16 responsables por cada 100 homicidios. Es decir, los autores de 84 de cada 100 asesinatos quedaron impunes.
“La impunidad en México, que es cercana al 95 por ciento, se debe a que, en un sentido estricto, las instituciones no investigan los delitos, sino que simulan investigar. Los contados casos que se someten a una verdadera investigación son escogidos de manera selectiva, atendiendo a criterios políticos o mediáticos, mientras que el grueso de los casos simplemente se abandonan a los vericuetos de los aparatos del sistema de justicia.
“No existen incentivos para llevar a cabo investigaciones auténticas ni para formar investigadores del delito, ya que las instituciones que persiguen el delito pueden fácilmente sortear los casos con pruebas obtenidas sin una labor de investigación”, explica el maestro Antonio López Ugalde, especialista en temas de seguridad, justicia y derechos humanos.
Respecto al Código Único de Procedimientos Penales y a la Ley General Penal, López Ugalde manifiesta que “resulta positivo, ya que permitirá homogeneizar los criterios y estándares para el enjuiciamiento de los presuntos autores del delito en todo el país, generará mayor certidumbre. Sin embargo, todavía no es visible un cambio en la materia en la nueva administración debido, principalmente, a que la reforma penal no ha sido implementada en el ámbito federal y el plazo para llevarla a cabo concluye en 2016. Lo que vimos este año es una nueva administración operando con las viejas reglas y no pueden tenerse mayores expectativas mientras no se materialice la reforma. El modo como se creará y echará a andar la Gendarmería Nacional no permite ser muy optimista”.
“Si los criminales evaden la justicia, debe atribuirse a la falta de capacidad de las instituciones”
El mes pasado, la ONU recomendó a México mejorar las políticas sobre derechos humanos y el gobierno recibió 176 recomendaciones, entre las que destacan mejorar el control sobre las fuerzas de seguridad para evitar que se cometan crímenes graves contra civiles e investigar a fondo todas las desapariciones de personas.
Otras preocupaciones expresadas por la comunidad internacional estuvieron relacionadas con el desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el incremento en los casos de tortura, la violencia contra las mujeres, la discriminación contra los indígenas, la permanencia de la práctica del arraigo en el sistema de justicia, la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
En el caso de agresiones a periodistas, la semana pasada la organización Artículo 19 dio a conocer su último informe, en el cual se señala que, de enero a septiembre de 2013, van siete muertos, tres desaparecidos, 32 amenazas de muerte y 50 agresiones físicas. Con un total de 225 agresiones genéricas, la cifra ya supera al total anual de agresiones de 2012, año en el que se registraron 207, y al total de 2011, en el que se documentaron 172 ataques. En nueve meses, 2013 ya es uno de los años más violentos contra la prensa. “Resulta preocupante que las agresiones a la prensa continúen siendo en gran porcentaje cometidas por agentes estatales”, denunció la organización.
En su análisis de este subeje, el maestro Antonio López Ugalde señala: “Existieron graves problemas de derechos humanos que persistieron en el último año: la débil protección a periodistas y defensores de derechos humanos; la permanencia de la figura del arraigo y el fuero militar; la impunidad de los delitos; el incremento de los casos de tortura; la persistencia de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales; la falta de concreción y aplicación de la reforma penal y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Las iniciativas en materia de derechos humanos enviadas por el presidente Peña Nieto, si bien son positivas (retiro de algunas reservas a tratados internacionales, la regulación de la suspensión de garantías, las limitaciones en la expulsión de extranjeros, la protección de miembros de las fuerzas armadas con sida, etcétera), no constituyen un avance significativo frente a los graves problemas que se enfrentan en la materia”.
Ahora bien, también sorprende que, en muchas circunstancias, los amparos sean un escudo para seguir investigaciones en diversos casos de presuntos culpables. Al respecto, manifiesta López Ugalde: “Si bien la impunidad de muchos delincuentes se atribuye a que tienen ‘demasiados derechos’, debe considerarse que se trata de un argumento falaz, de un falso dilema. El hecho de que toda persona tenga el derecho de ser juzgado conforme a las reglas del debido proceso no tendría por qué derivar en la impunidad de los delitos. Si los criminales evaden la justicia, ello debe atribuirse a la falta de capacidad de las instituciones que persiguen el delito para integrar debidamente las investigaciones correspondientes, así como a la corrupción en la que participan tanto servidores públicos como abogados postulantes”.
Reformas estructurales, un estira y afloja con negociaciones nada claras
Las reformas estructurales se han manejado lentamente en un estira y afloja entre partidos y el Poder Legislativo. El Instituto Federal Electoral, uno de los órganos para el buen desempeño de la gobernabilidad democrática, mantendrá un programa de austeridad debido al recorte de 500 millones de pesos en su presupuesto, advirtieron los consejeros. Los recursos solicitados por el IFE ascendían a 12 333 millones de pesos; los recursos aprobados por diputados fueron 11 833 millones, es decir, 500 millones menos, por lo que advirtieron que buscarán que este recorte presupuestal no afecte las elecciones del 2015.
La tormenta tropical “Manuel” nos tomó desprevenidos y no se dimensionó su gravedad
A pesar de que el desastre en Guerrero a causa de la tormenta tropical “Manuel” es multifactorial, especialistas señalan que hubo aplicación insuficiente de medidas preventivas para salvaguardar a la población y que las autoridades subestimaron sus efectos.
El viernes 13 de septiembre comenzaron las lluvias torrenciales de “Manuel” mientras que en la noche de ese mismo día se realizaba un evento organizado por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en la casa de gobierno de Chilpancingo, en donde estuvo acompañado por la plana mayor de diputados locales y federales, así como de senadores. Esto tras los festejos del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac en esa ciudad.
El sábado 14, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, emitió, a través de Twitter, la primera alerta pública : “Precaución estados (Guerrero, Chiapas, Oaxaca) que tendrán lluvias torrenciales (150 mm) por tormenta tropical Manuel”. Varios secretarios de Estado fueron enviados a atender la emergencia la noche del domingo 15, cuando ya habían comenzado a ocurrir los deslaves e inundaciones graves.
Además, después se supo que el director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), José María Tapia Franco, estaba fuera de México mientras la contingencia ocurría; específicamente se le había visto bebiendo y apostando en Las Vegas, Nevada. De hecho, el subsecretario de Gobernación y vocero del gobierno de Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, confirmó que Tapia Franco estuvo fuera de México desde el 13 de septiembre y llegó a Acapulco, Guerrero, el día 16, para atender la emergencia, cuando la tormenta tropical “Manuel” había ya provocado el desastre.
Asimismo, de la investigación que pidió posteriormente el presidente Enrique Peña Nieto sobre la construcción de viviendas en zonas irregulares, el subsecretario Eduardo Sánchez aseguró que algunas autoridades pudieron ser cómplices por haber otorgado licencias de construcción, por lo que tendrían que ser castigadas.
Personal de la Comisión Nacional del Agua señaló que previeron la emergencia desde el 11 de septiembre y que solo dos gobiernos estatales, Veracruz y Tamaulipas, habrían hecho caso de las alertas y evacuaron a tiempo diversas comunidades en zonas vulnerables.
Datos del Cenapred indican que nueve personas murieron por el paso de “Juliette” en el 2001. Ese mismo año, “Iris” ocasionó 23 decesos; en 2002 “Kenna” provocó dos fallecimientos; en 2003, “Ignacio”, ocho; y “Marty”, ocho. En 2005, “Emily”, categoría 5, no dejó víctimas mortales, aunque “Wilma” y “Stan” dejaron un saldo de casi un centenar de fallecidos; en 2006, “Lane” dejó dos muertos; “Jhon”, cinco, y “Dean”, nueve.
El resultado: los daños a la autopista siglo XXI y la inundación del aeropuerto provocaron que 40 000 vacacionistas quedaran varados en el puerto turístico; posteriormente fueron evacuados a sus destinos en aviones facilitados por el gobierno. La cifra de muertos en Guerrero fue de 72 personas, mientras que el total de afectados por “Manuel” e “Íngrid”, ascendió a 248 477 personas en todo el país.
Rendición de cuentas y combate a la corrupción
Respecto al combate a la corrupción y rendición de cuentas, el “Barómetro Global de la Corrupción 2013”, elaborado por Transparencia Internacional (TI), señala que, en una escala del uno al cinco, en donde uno es “nada corrupto” y cinco significa “extremadamente corrupto”, los mexicanos calificaron a las fuerzas políticas con 4.6. Solo Nigeria estimó un poco peor a sus organizaciones políticas, asignando un 4.7 de marcaje. Respecto a los niveles de corrupción en los últimos años, los números revelan que siete de cada 10 mexicanos consideran que esta condición ha aumentado. Al igual que los partidos, la Policía fue calificada con 4.6; los funcionarios públicos obtuvieron 4.5, y al sistema judicial se le adjudicó un 4.3 de calificación. Ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción: los medios de comunicación obtuvieron 3.6, mientras que la industria privada fue calificada con 3.5, y al sistema educativo le fue asignado 3.3 de promedio. Los militares, el sector salud y las organizaciones no gubernamentales registraron un empate en cuanto a opinión, a quienes les fue asignado un 3.2. Finalmente, la mejor evaluación la obtuvieron las instituciones religiosas al conseguir 3.1 de promedio. Los números, indicados en el documento, señalan que el 72 por ciento de los encuestados en el país considera que las acciones que ha tomado el gobierno para combatir la corrupción son inefectivas, y 62 por ciento opina que el gobierno opera solo por unos cuantos intereses. En México, 33 por ciento de la población encuestada aceptó haber ofrecido dinero a cambio de algún servicio.
Federalismo articulado
En la pasada Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Peña señaló que, para integrar un federalismo articulado, el gobierno apoyaría con mayores recursos al mando único de policías en las entidades federativas y la regionalización del combate a la inseguridad pública.
Por su parte el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para 2013, 2500 millones de pesos para ser destinadas a los gobiernos estatales y municipales de 57 regiones del país, en las 32 entidades federativas, con altos índices de violencia, ya fueron entregados. Sin embargo, ahora falta ver el desarrollo de la implementación organizacional entre los recursos otorgados y los resultados en seguridad, entre los que destacan el mando único como mayor enfoque de homologación de mandos en todo el país.
“Hay que darle el beneficio de la duda”
Un año puede ser poco tiempo para evaluar el desempeño de un gobierno, pero es innegable que quienes generan la violencia e inseguridad no están dispuestos a parar.
Sergio Aguayo resume: “La estrategia está bien, está mejor que la de Calderón, tiene mejores cuadros, está empezando a funcionar en algunas áreas, pero todavía no es suficiente para encarar el tamaño de la violencia en México. Uno podría decir que hay que darle el beneficio de la duda y darle un lapso para que empiecen a funcionar sus políticas”.
Finalmente, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, reflexiona:
“De la administración pasada podemos criticar mil cosas, pero se podía ver algo; ahora este combate no se ve, hasta en los últimos meses apenas estamos percibiendo movimiento. Nos parece muy positivo que la autoridad invite a la sociedad civil y a doctores especializados a comentar sobre el Plan Nacional de Seguridad, sin embargo me pregunto cómo es posible que, a un año, apenas se estén pidiendo estas opiniones cuando debió de ser desde el principio. Vamos tarde, este plan debió estar listo desde la campaña”.
“Lo que hay que implementar es una política integral, educativa y comercial, donde todos seamos corresponsables. Hablando con la Coparmex, los empresarios tienen una responsabilidad muy fuerte, no solo en denunciar y demandar seguridad a la autoridad, sino también en ofrecer colaboraciones”.
