La de Peña Nieto, una mala reforma fiscal

El presidente se equivocó. Presentó una reforma fiscal inadecuada en el momento más inoportuno.

 

Por Javier Lozano, senador de la República por el estado de Puebla del Partido Acción Nacional (PAN).

 

El Presidente actuó sin cobrar conciencia de que su bono democrático se agotó; de que la luna de miel pronto se terminó y de que el pobre desempeño de su administración desvaneció la esperanza nacida con su triunfo electoral. En cosa  de nueve meses hizo trizas el mito de que el PRI sí sabe gobernar.

 

La Reforma Fiscal de Peña Nieto —y avalada por el Consejo Rector del Pacto por México, aunque hoy hagan malabares para deslindarse de la misma— no recaudaría lo proyectado; endeudaría al país; restaría competitividad a nuestra economía y, lo peor de todo, lastimaría severa e injustamente a las familias mexicanas de las clases medias.

 

Empecemos por esta última parte: la iniciativa del presidente de México plantea gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa de 16 por ciento, el pago de colegiaturas; los intereses y comisiones de créditos hipotecarios; la enajenación y arrendamiento de casa habitación y el servicio de transporte público foráneo. Ah, también la goma de mascar (el chicle, pues); la venta de perros, gatos y pequeñas especies (mascotas) además de los productos procesados para su alimentación. 

 

Por si fuera poco, se propone aumentar la tasa de interés del Impuesto Sobre la Renta del 30 al 32 por ciento a las personas físicas con ingresos anuales de los 500 mil pesos. Y, para el caso de venta de casa habitación también se reduciría el monto exento de 1.5 millones de UDIS (aproximadamente 7.5 millones de pesos) a solamente 250 mil UDIS (cerca de 1.2 millones de pesos). 

 

Como se puede apreciar, se le hizo fácil a quienes diseñaron este bodrio fiscal cargarle la mano a quienes ya tienen cautivos: a los padres de familia que con gran esfuerzo forman un patrimonio para sus hijos a lo largo de los años y que, en ausencia de una educación pública de calidad se ven obligados a inscribirlos en escuelas privadas. Sobre ellos sería la peor carga de este intento legislativo que, definitivamente, no debe prosperar. 

 

En cuanto a competitividad se refiere, la iniciativa de Enrique Peña Nieto busca eliminar la tasa de 11 por ciento de IVA en la región fronteriza para aplicar la del 16 por ciento general. Eso, en pocas palabras, representaría un duro golpe a nuestros productores y comerciantes pues, al encarecer de un día para otro las mercancías, los consumidores optarían por ir del otro lado de la frontera para adquirir las mismas cosas pero a menor precio. Y tras ello vendría el cierre de empresas y la pérdida de empleos, entre otros males suficientemente conocidos y padecidos. 

 

Todo lo anterior, paradójicamente, lejos de propiciar una mayor contribución deprimiría el consumo interno y, por ende, la generación de ingresos tributarios. Eso en adición a otras medidas fiscales propuestas que se traducirían en menos inversiones de los particulares, nacionales y extranjeros. Es decir, no recaudarían lo que esperan.

 

Por otra parte, eliminar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo sería acabar con la única fuente de ingresos tributarios —3,890 millones de pesos para el presente año— que se recauda de la informalidad y con un valioso instrumento para combatir el lavado de dinero. 

 

Pero ahí no acaba la historia: el Presidente, muy lejos de su oferta de mantener déficit cero en las finanzas públicas, ha anunciado un déficit (deuda) a razón de 1.5 del PIB para el año próximo. Para que entiendan la dimensión: la recaudación esperada con la Reforma Fiscal en comento sería por el equivalente a 1.4 por ciento del PIB en el 2014. ¿En qué quedamos? ¿Regresamos a las épocas de endeudamiento y de crisis recurrentes? 

 

Una cosa debe quedar bien clara: los Senadores del Partido Acción Nacional NO respaldaremos la Reforma Fiscal de Peña Nieto. Vayan y diseñen algo más creativo y, también, más justo. 

 

Por una Reforma Hacendaria Integral

En la izquierda se parte de la idea de que el gran estímulo debe darse por la vía del gasto.

 

Por Armando Ríos Piter, senador de la República por el estado de Guerrero del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

Una mejor situación de las finanzas públicas nacionales requiere, no solo de una mayor recaudación, sino fundamentalmente, que se privilegie la equidad y eficiencia económica, mejorar el gasto, garantizar la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

 

Ante el mal desempeño económico de las últimas dos décadas (incluidos los nueve primeros meses de la actual administración), es evidente que se necesita un modelo alternativo que mejore la distribución del ingreso, e impulse el crecimiento.

 

En la izquierda partimos de la idea de que el gran estímulo debe darse por la vía del gasto, a través de mejores servicios de educación, atención a la salud, caminos, infraestructura y otros que resultarían al disponerse de mayores recursos fiscales.

 

En una sociedad profundamente inequitativa como la nuestra, requerimos que el Estado tenga mayores recursos, pues es la falta de estos y la baja inversión en servicios y bienes públicos, lo que ha limitado y concentrado el desarrollo económico.

 

En México, la percepción de los contribuyentes es que existe un sistema hacendario sesgado al interés de unos cuantos grupos, corrupto y que no rinde cuentas, el reto es cambiar la percepción social, así como elevar la disposición a pagar impuestos por parte de la sociedad en su conjunto.

 

Eliminar nichos de elusión fiscal que solo benefician a unos cuantos, darle eficiencia, calidad, y transparencia al gasto, son los verdaderos retos para una discusión hacendaria que le dé confianza a la gente e impulse a la economía.

 

Tras revisar la propuesta del Presidente de la República, podemos subrayar algunos puntos:

 

En los documentos presentados por el gobierno federal, quedó plasmado el reclamo del PRD de no gravar con IVA alimentos y medicinas, lo cual cobra importancia en un contexto de bajas expectativas de crecimiento y franca desaceleración económica.

 

En un país donde el 10 por ciento de las familias con menores ingresos dedican el 46.4 por ciento de su gasto a alimentos, mientras que los de más altos ingresos dedican sólo el 14.4 por ciento, esta medida resultaría fuertemente regresiva y perjudicial para los que menos tienen. Mas aún, si se considera que hoy por hoy, el incremento en los precios de la canasta básica está por encima de la inflación.

 

Históricamente, en la izquierda, hemos  manifestado la necesidad de tener una política progresiva en el pago de impuestos. 

 

Lo anterior, debido a que la capacidad redistributiva del sistema tributario en México es prácticamente nula. Mientras que las mediciones del índice de Gini (el cual mide la forma en que se distribuye el ingreso en una sociedad) para países europeos e incluso de América Latina mejoran después de impuestos y transferencias, en nuestro país, dicho índice se  mantiene estático.

 

Se ha demostrado que los supuestos incentivos fiscales que buscan los regímenes especiales, se han convertido en simples privilegios, en lugar de ser una herramienta para lograr crecimiento económico.

 

Incrementar el ISR para los sectores de la población que más ganan, gravar los ingresos de operaciones financieras, eliminar los regímenes especiales, así como los abusos de la consolidación fiscal, son planteamientos elaborados por el PRD en busca de una mayor equidad en el sistema tributario mexicano y ampliar la capacidad de gasto gubernamental. 

 

Al mismo tiempo, pese a ser regímenes especiales, mantenemos críticas frente a la mala idea de proponer una tasa del 16 por ciento en colegiaturas y sector vivienda.

 

No se justifica solicitar a la sociedad un mayor esfuerzo fiscal, si no existen  compromisos de que el dinero recaudado va a tener un buen uso.

 

Cuando hablamos de la necesidad de invertir en bienes y servicios públicos como educación, salud, seguridad, o carreteras, hablamos de que el gasto se ejerza con eficiencia, calidad y transparencia. 

 

Para garantizar una reforma hacendaria integral, debemos:

 

1) Fortalecer las finanzas públicas a través de eliminar los privilegios fiscales.

 

2) Identificar mecanismos que garanticen la calidad en el ejercicio del gasto público.

 

3) Fortalecer los instrumentos de fiscalización y rendición de cuentas.

 

4) Combatir a la corrupción para mejorar la calidad del gasto.

 

Una característica fundamental de la vida democrática es que los contribuyentes conozcan y exijan cuentas sobre la forma en que se administran los impuestos que pagan. Contar con un mayor presupuesto no es garantía para la sociedad de que éste, por sí mismo, dará buenos resultados.

 

Reforma Hacendaria: modernizar el sistema tributario

La reforma ofrece certidumbre acerca del destino de los recursos derivados de una mayor recaudación.

 

Por Omar Fayad, senador de la República por el estado de Hidalgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

 

La reforma hacendaria es para el presidente Enrique Peña Nieto, ante todo, una reforma social, que busca incluir el derecho a una Pensión Universal y a un Seguro de Desempleo, como dos componentes de un nuevo sistema de seguridad social.

 

De concretarse, será soporte para la consolidación de otras recién aprobadas como la educativa, ya que tendremos recursos para más escuelas de excelencia, más becas y más escuelas de calidad, donde los niños reciban alimentos nutritivos, además de permitir un aumento a la cobertura en educación media superior y superior.

  

Acompaña a la propuesta de reforma, un Programa de Aceleración del Crecimiento Económico, cuyo objetivo será dinamizar el mercado interno y apoyar el empleo. Se propone un déficit para el ejercicio 2014, de 1.5 por ciento del PIB para evitar recortes en el gasto público ante la reducción de los ingresos fiscales. Aunado a lo anterior, se busca acelerar el gasto para evitar subejercicios.

 

Así, habrá más recursos para la construcción, ampliación, y modernización de infraestructura, tendremos más carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura hidráulica; para investigación en ciencia, tecnología e innovación.

 

Un tema, a veces controvertido es el aumento de contribuciones; por ello, la reforma no afectará a los mexicanos que menos tienen. Las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, por eso, no incluye el IVA en alimentos y medicinas, ni aumenta la tasa del 16 por ciento, lo cual, es socialmente justo y económicamente responsable.

 

Igualmente continuarán exenciones en el IVA a servicios médicos, al transporte urbano, libros y revistas. Se cobrarán impuestos sobre ganancias obtenidas de la Bolsa de Valores, se eliminarán tres cuartas partes de los tratamientos preferenciales y la mitad de los regímenes especiales, manteniéndose aquellos que dan beneficios sociales y de crecimiento a la economía.

 

Se propuso eliminar el Régimen de Consolidación Fiscal, para que los contribuyentes sin excepciones, ni ventajas para nadie, aporten en la medida de sus posibilidades. También desaparecerá el Impuesto Empresarial a Tasa Única así como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

 

Para atender el fenómeno de la economía informal, que concentra seis de cada 10 empleos, se creará un régimen de incorporación fiscal para nuevos emprendedores, o para negocios informales que decidan regularizarse. Inicialmente no pagarán impuestos, lo que será gradual, sin embargo, sus trabajadores gozarán de los beneficios del IMSS, subsidio en el pago de sus cuotas, la protección del nuevo Seguro de Desempleo y tendrán acceso al crédito para la vivienda.

 

Especial mención merece la disminución de cuotas de seguridad social para los trabajadores con bajos ingresos, que hoy pagan hasta 30 por ciento de su sueldo, lo cual es injusto.

 

Otro aspecto sustantivo, es el impulso a un nuevo régimen fiscal de Pemex, con el propósito de liberar recursos de la carga fiscal actual y destinarlos a una mayor inversión y eficiencia operativa. Si bien estos cambios serán de aplicación gradual, se espera que en 2015, la carga fiscal sobre la extracción de hidrocarburos se reduzca del actual 71.5 por ciento y se compense con el cobro del ISR en el marco de los nuevos contratos de utilidad compartida. 

 

Con estas medidas, se busca poner fin a décadas de espera para modernizar el sistema tributario nacional, y a su vez ofrece certidumbre acerca del destino de los recursos derivados de una mayor recaudación: la inversión en bienestar social. Ahora corresponde a todos sumarnos para consolidar la reforma hacendaria y brindar a nuestras familias un horizonte de mayores oportunidades. Desde el Senado de la República, quienes comulgamos con esta visión de progreso, habremos de cumplir con esta responsabilidad histórica.