Los dictámenes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFAGS) las cuentas públicas de las dependencias de gobierno estatal, municipios y organismos públicos descentralizados, correspondientes al año 2018, fueron aprobadas por el Congreso Estatal, las cuales ascienden a 482 millones 446 mil 35 pesos, en el caso de las presuntas anomalías que refieren posibles afectaciones al erario público.
El 84% del recurso observado pertenece al ayuntamiento de Aguascalientes, concentrando 404 millones 847 mil 274 pesos, principalmente por realizar un cobro inferior del impuesto predial debido a que no se actualizaron los valores catastrales de algunas propiedades.
“Las tablas catastrales ellos no las han modificado, no las han armonizado o actualizado, y por ende ellos dejan de percibir un impuesto, entonces es por eso que se les observa”, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia, Karina Eudave Delgado.
Posteriormente, aparece el gobierno estatal, la administración pública descentralizada y organismos descentralizados, por un monto de 25 millones 484 mil 440 pesos, destacando conceptos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), como por ejemplo la comprobación de indirectos de obra, destino del gasto, comprobación de construcción de retorno en Pabellón de Arteaga y pagos de conceptos extraordinarios sin autorización ni análisis en reparación de hundimiento en la Isla San Marcos.
En los municipios del interior, Jesús María fue el que tuvo un mayor monto observado, con 9 millones 484 mil 186 pesos, destacando una falta grave por un recurso de 494 mil 360 pesos por descuentos otorgados por personal no facultado para ello.
Asientos, por su parte, registra un monto probable de resarcimiento de 8 millones 403 mil 229 pesos. La única falta grave registrada en el ayuntamiento es de 489 mil 907 pesos por pagos en exceso, por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados.
En San José de Gracia, se registraron observaciones susceptibles de resarcir por un recurso de 8 millones 151 mil 816 pesos.
Le siguen los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá, cada uno con montos resarcitorios superiores a los 6 millones de pesos.
En cuanto a los organismos públicos descentralizados, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) tuvo observaciones por un monto de un millón 215 mil 69 pesos. La Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo observaciones por 109 mil 779 pesos y el Instituto Estatal Electoral (IEE) por 103 mil 240 pesos.
Las únicas entidades públicas que no registraron montos susceptibles de resarcimiento fueron el Congreso del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA).
Diputados votan para que observaciones sean solventadas en órganos internos de control de cada ente público
Durante la sesión del pleno, los legisladores locales aprobaron por mayoría un punto de reserva del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Enrique García López, quien sugirió que en apego a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, las faltas graves detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) fueran solventadas a través de los órganos internos de control de cada ente público, y no directamente por el OSFAGS.
La propuesta fue avalada por prácticamente todos los diputados presentes, a reserva de los panistas Gustavo Báez Leos, Mónica Janeth Jiménez, Salvador Pérez Sánchez y Karina Eudave Delgado, quienes votaron en contra, argumentando que el OSFAGS sería el responsable de dar seguimiento a las observaciones, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dicha “laguna jurídica” fue provocada luego de que el Congreso del Estado no realizara las armonizaciones correspondientes a las leyes locales, señaló el diputado del PAN, Gustavo Báez Leos.
“Hay una omisión que tenemos de la aplicación de las cuentas públicas desde el ejercicio pasado, donde la ley general atrae estos temas, pero también tenemos una ley local que no se ha reformado, que dice que las observaciones se deberán revisar en los órganos internos de control y desde el año pasado se había dicho que se iba a ir regulando que se aplicara la ley general y se quedó en pausa, y ese error legislativo provoca este tipo de debates”, mencionó.
Tras la aprobación, los entes públicos deberán justificar o solventar las observaciones de las cuentas públicas en un plazo de 60 días, periodo en el que se determinará si existen responsabilidades de funcionarios públicos y aplicar las sanciones o resarcimientos correspondientes.
“La temporalidad es de 60 días para que las contralorías traten de subsanar los temas, o si no entraría el propio OSFAGS”, añadió el también dirigente estatal del PAN.
Por su parte, el diputado local de MORENA, Héder Guzmán Espejel, reconoció que los legisladores tuvieron poco tiempo para analizar los dictámenes de las cuentas públicas, además de cuestionar el trabajo realizado por el Órgano Superior de Fiscalización.
“Nos dieron el disco el viernes, no nos dan mucho tiempo, no nos dan el tiempo para analizarlas, porque tenemos que revisarlas con un equipo jurídico, con un equipo de contadores, y no nos da el tiempo suficiente (…); no obstante se menciona que hay muchísimas irregularidades y nosotros no confiamos del todo en el OSFAGS”, concluyó el legislador de oposición.
