Para acabar con la discrecionalidad con la que se otorgan las notarías en Oaxaca al término de cada gubernatura, la diputada panista María de Jesús Mendoza Sánchez presentó una iniciativa por la que se crea la Ley de Notarías.
A través de la normatividad explicó la legisladora, se busca establecer los requisitos y procedimientos para la designación de notarios, así como definir el número y ubicación de estos organismos.
“Basado en criterios estrictamente técnicos, se establecería como medio único el examen público de oposición, con lo cual se busca garantizar la debida profesionalización del notariado, para seguridad de los usuarios del servicio”, aseguró.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados recalcó que con la iniciativa se contempla la elaboración de un tabulador para el cobro de honorarios, servicios profesionales y gastos notariales.
Destacó que de aprobarse la ley, se brinda certeza a la ciudadanía respecto al costo de los servicios, lo que permitiría establecer costos uniformes en todas las instituciones de este tipo y para todo el territorio estatal.
“Muchos han sido los intentos para que esta iniciativa pueda volverse realidad, el anterior gobierno inclusive la incluyó como iniciativa preferente, llegó hacer dictamen inclusive, pero de último momento fue bajado del orden del día, en la legislatura que nos antecedió solo alcanzó a ser motivo de análisis sin ser considerada como prioridad”, refirió.
Entre los artículos que contempla la ley se encuentra que: “Cuando esté vacante una notaría de número por muerte, renuncia del titular o porque haya sido cesado en sus funciones; cuando deba crearse alguna notaría por aumento de la población o por falta de Notario de Número en algún distrito, el gobernador del estado convocará a los licenciados en derecho que cubran los requisitos previstos y a realizar el examen para tener la calidad de aspirantes a notario y poder presentar el examen de oposición”.
De tal forma que los notarios deberán presentar examen para poder obtener un Fiat, con la participación de los autoridades gubernamentales, así como del poder Legislativo, el colegio de Notarios y la dirección de Notarías.
