La pobreza se entiende como la imposibilidad de una persona para satisfacer necesidades básicas, carencias que se miden en seis aspectos: rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Se cataloga a alguien como pobre cuando carece de una o dos de estas necesidades y como pobre en extremo cuando carece de tres o más y su ingreso es tan bajo que ni dedicándolo por completo podría adquirir lo básico elemental.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en su medición de febrero de 2018 considera que una persona en zona urbana necesita $1,472.94 mensuales para alimentarse con lo mínimo básico -$49 al día-; así como $2,974.46 para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias más básicas -$99 al día por persona-. Una familia de cuatro personas (de ésas que le gustan al Frente Nacional por la Familia) necesita un ingreso mensual de casi 12 mil pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas y al menos 6 mil para cubrir lo más básico de sus alimentos.

Estos parámetros implican, de acuerdo a las mismas estimaciones de CONEVAL en 2016, que en el estado de Aguascalientes tengamos las siguientes cifras de pobreza:

Las cifras son más que alarmantes. Cerca de la tercera parte de la población en Aguascalientes está en situación de pobreza, el 2% -cerca de 30 mil personas- en pobreza extrema. El 10% de los habitantes en Aguascalientes no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y más de la mitad de la población tiene carencias sociales; dentro de las carencias destaca el 40% sin acceso garantizado a la seguridad social y el 17% por carencia de acceso a la información. Para rematar, el CONEVAL nos señala que más de la tercera parte de la población en Aguascalientes (el 38.8%) tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, y 1 de cada 10 no recibe los ingresos suficientes para alimentarse.

Trascendió en los medios de comunicación, por declaraciones del mismo Gobernador del Estado, que cuando le presentaron las espeluznantes cifras de la pobreza preguntó dónde encontraba esos miles de Aguascalentenses y cuando le explicaron que son estimaciones y proyecciones estadísticas, por lo que no se tienen los datos de contacto, decidió emprender una encuesta que le permitiera detectar con nombre y apellido a cada una de ellos.

Los resultados del estudio del Gobierno del Estado fueron presentados hace unos días. Se aplicaron 83 preguntas en 19 mil viviendas distribuidas en 91 asentamientos de seis municipios (Aguascalientes, Cosío, Jesús María, San José de Gracia, El Llano y San Francisco de los Romo). Se utilizaron los mismos indicadores de carencia social del CONEVAL y los resultados, a pesar de ser una bofetada en la cara a todas las políticas de desarrollo social, son más conservadores que las estimaciones del CONEVAL:

Fueron detectadas con carencias sociales a 55 mil personas distribuidas en 12mil de las 19mil familias entrevistadas, dentro de ellas, 11 mil padecen inseguridad alimentaria severa, 35mil carecen de acceso a la seguridad social, 18 mil sufren rezago educativo y 9 mil carecen de acceso a los servicios de salud. A cualquiera con un mínimo de sensibilidad se le debería erizar la piel para cambiar inmediatamente de emoción al recordar que, tan sólo en 2017, las áreas de desarrollo social recibieron en Aguascalientes 11 mil 535 millones de pesos, el 60% del presupuesto de todo el estado.

El problema de la pobreza es multidimensional y abarca más que la actual y las anteriores administraciones. Incluso hay quienes se sienten consolados porque Aguascalientes presenta una disminución del 38 al 28 por ciento de población en pobreza en los últimos seis años, sin considerar que la pobreza extrema no ha disminuido y que los indicadores para determinar el Ingreso/Gasto de los hogares fueron modificados en 2015 para sacar a más personas de la categoría pobreza.

La actual administración gubernamental se encuentra aún en ciernes, decidiendo qué tipo de rumbo tomará Es claro que todos los gobiernos se encuentran preocupados por presentar resultados inmediatos, estadísticas que hablen contundentemente de su trabajo e indicadores que señalen que sus políticas han sido eficientes. Ello no es malo en sí mismo, sin embargo, se vuelve perverso cuando las acciones tienden a modificar los indicadores estadísticos y no las realidades sociales.

¿Por qué el Gobierno del Estado nos habla de 55 mil personas en situación de pobreza? ¿Se preocupará por verdaderamente modificar sus condiciones sociales o por alterar los indicadores con los que ellos mismos determinaron que sufre carencias sociales? ¿El estudio servirá para erradicar o al menos abatir la pobreza o simplemente en unos años nos dirán que dejaron de ser pobres porque les techaron las casas y repartieron certificados de educación?