Por la omisión en dictar medidas de protección, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la recomendación R-VG-003-1 a la Procuraduría General de Justicia (PGJH) y al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) tras un feminicidio ocurrido en Pachuca en noviembre de 2017.
La queja ante el organismo protector de las garantías individuales fue iniciada el 13 de ese mes, luego de que la mujer perdió la vida nueve días antes. Ese año, Ramiro Lara Salinas, ahora visitador general del ente autónomo, estaba al frente de la PGJH, pues se desempeñó como fiscal estatal del 3 de septiembre de 2016 al 10 de julio de 2018.
El ombudsman Alejandro Habib Nicolás explicó que la víctima, de 60 años de edad, perdió la vida a manos de su propio hijo; sin embargo, consideró que el crimen pudo evitarse, porque, antes de que se consumara el ilícito, el agresor tenía abiertas cuatro carpetas de investigación por el delito de lesiones hacia su progenitora.
De acuerdo con el titular de la CDHEH, dos asesoras jurídicas del CJM incurrieron en omisiones, así como cinco peritos de la fiscalía estatal, para pedir la judicialización de las denuncias y prisión preventiva justificada por dicho ilícito.
Antes de que consumara el feminicidio, el agresor ingresó dos veces a barandilla; una de ellas, en el CJM. Fue en ese momento cuando los servidores públicos adscritos a dichas instancias gubernamentales debieron pedir medidas cautelares al juez para proteger a la víctima; no obstante, fueron negligentes, señaló Habib Nicolás.
De acuerdo con el documento, el 24 y 25 de noviembre de 2017 personal jurídico de la CDHEH recibió dos escritos firmados por dos asesoras jurídicas adscritas al CJM, quienes negaron los hechos y agregaron que fueron solicitadas y autorizadas diversas medidas de protección, entre ellas el envío de la víctima a un albergue, pero fue ella quien se negó a ser transferida.
Además, en julio de 2018 compareció ante el ente autónomo la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación sin Detenido del CJM, debido a que la carpeta de investigación 12-2016-01820 no se judicializó por las “cargas de trabajo”, señala el escrito.
CONTRALORÍAS TIENEN QUE DEFINIR PROCESOS
Cuestionado sobre si son suficientes los procedimientos administrativos para los funcionarios omisos, debido a que se trata de un caso similar al de 2014 –cuando una mujer fue asesinada por su marido, un militar–, Habib Nicolás dijo que eso tendrán que determinarlo las contralorías internas de la PGJH y del CJM, pero advirtió que los procesos podrían derivar en carpetas de investigación por una posible responsabilidad penal
TRAS SISTEMA VIRTUAL
Además de reparar el daño a las víctimas indirectas e iniciar los procesos administrativos para los funcionarios involucrados, se debe implementar un sistema informático en el cual se ingresen los datos de identificación de las personas agraviadas, tanto de actas circunstanciadas como de carpetas de investigación, el cual permita que los representantes sociales adscritos al CJM monitoreen e identifiquen de manera pronta y oportuna a las violentadas, con la finalidad de determinar los antecedentes de cada asunto y, en su caso, decretar la acumulación en los casos que así proceda
Yuvenil Torres | Pachuca
