De las 20 ciudades de México que midió el Índice de Movilidad Urbana, Aguascalientes se posicionó en el lugar número 9 con una calificación de media baja, en materia de competitividad por acceso a servicios de transporte, regulación y políticas públicas en relación a la movilidad en la ciudad.
Este índice, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) analizó 100 distintas variables para medir el desempeño de las ciudades en temas como: transporte seguro, accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana, contexto urbano, aire limpio, eficiencia y transparencia gubernamental, regulación y políticas públicas en favor de la movilidad y economía dinámica y competitiva.
En general, la ciudad capital del estado obtuvo una calificación que podría considerarse reprobatoria, pues el estudio considera que únicamente los tres primeros lugares –el Valle de México, Saltillo y Guadalajara-, lograron una competitividad adecuada.
En accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana, que mide la satisfacción y percepciones sobre los servicios, tipo y características de la infraestructura
para la movilidad, Aguascalientes se posicionó en el número 5. León ocupa el primer lugar y Querétaro el último.
En eficiencia y transparencia gubernamental, que analiza el desempeño de los gobiernos locales en materia de inversión en transporte sustentable, provisión de transporte, transparencia, percepción de corrupción y gestión de calidad del aire, baja a la posición número 11. El Valle de México encabeza la lista, mientras que Acapulco se coloca hasta el final.
En el índice que mide la regulación y políticas públicas en materia de movilidad, Aguascalientes aparece en el lugar número 8. El primer lugar es nuevamente para El Valle de México, así como Acapulco de nuevo en el último lugar.
La ciudad capital destacó por no contar con un sistema de medición de la calidad del aire, una baja apertura a empresas de transporte a través de plataformas, y contar con una densidad poblacional (personas por hectárea) de 87.9, cuando la media nacional es de 67.4.
Debido a los resultados, el IMCO propone una serie de sugerencias:
Promover transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.
Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia, por medio del intercambio de información entre Gobierno y empresas.
Elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de transporte público y no motorizado.
Incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas.
Fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT) y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamientos (como en CDMX y Guadalajara).
Dotar a los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) con atribuciones necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial.