El ahora gobernador de Baja California adquirió un predio que era público mediante triangulación. La operación considerada como ilegal por expertos fue hecha en 1993, y es la primera de una turbia relación comercial que sigue construyendo con Enrique Rafael Victoria Espinoza.
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La creciente riqueza del gobernador de Baja California es un terreno en el que se levantan departamentos, plazas y triangulaciones de bienes públicos.
Francisco Vega de Lamadrid se dedica al negocio inmobiliario desde 1980 y ha combinado su vida de comerciante con la función pública en las últimas tres décadas.
Pero algunas veces lo ha hecho beneficiándose de bienes que antes pertenecieron al erario.
Un caso es motivo de este reportaje.
Se trata de un terreno del gobierno estatal en la colonia Mariano Matamoros Sur de Tijuana, que Kiko Vega obtuvo a través de un prestanombres, y por el que habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, según abogados consultados.
Para esta triangulación hecha en 1993, Kiko se ayudó de Enrique Rafael Victoria Espinoza.
Hoy una fracción de ese bien que pertenecía al erario, forma parte de su patrimonio familiar.
Esta transacción es la primera irregular que pudo ser documentada en el largo historial como funcionario del hoy gobernador.
Pero no fue la única.
Después de esta operación en Mariano Matamoros, su paso por la función pública se acompañó de casos similares, sin que haya recibido alguna sanción.
Un caso más reciente y ampliamente conocido, es la triangulación que hizo en la colonia Villa Fontana de un terreno que pertenecía al gobierno de Tijuana, y después terminó en sus manos convertido en centro comercial.
La justicia no lo alcanza, pero Kiko sigue acumulando denuncias por estas operaciones.
Catalina Salas Bravo, ex presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, dijo que la autoridad está obligada a investigar, aún si nadie presentara una denuncia, si ésta fuera anónima o de notas periodísticas.
“Este tipo de delitos lo que sucede es que dañan a la sociedad en general”, dijo la abogada sobre el mal uso del erario.
Desde 2013 se han presentado al menos tres denuncias penales contra el gobernador.
Aun así, él se niega a publicar su patrimonio, una exigencia hecha por organismos civiles como el Instituto Mexicano de la Competitividad.
“Cumplo la ley. Si la ley me lo obligara, lo tuviera que hacer”, dijo el gobernador en noviembre pasado, en relación a transparentar su riqueza.
El terreno de Mariano Matamoros operado el 4 de junio de 1993 fue un negocio pequeño para Kiko, comparado con las transacciones inmobiliarias que hoy realiza, pero del caso se sabía poco, hasta hoy.
Así es como se operó.
Enrique Rafael Victoria Espinoza compró un lote de 2 mil 358 metros cuadrados, que pertenecía a Inmobiliaria del Estado, una dependencia que dirigió el propio Vega de Lamadrid, y después le vendió una fracción del terreno convertido en plaza comercial.
Enrique Victoria Espinoza es socio y a veces prestanombres del gobernador de Baja California.
La dependencia Inmobiliaria del Estado se dedicaba a realizar programas para la construcción de viviendas de interés social, función que ahora hace el instituto conocido como Indivi.
La triangulación de Mariano Matamoros inició dos meses después que Kiko renunció a Inmobiliaria del Estado, que dirigió hasta el 31 de marzo de 1993, según la Cuenta Pública Patrimonial de ese año.
Ese predio se vendió en 209 mil 874 pesos, de modo que Victoria Espinoza pagó 89 pesos por metro cuadrado.
Pero un año y medio después, Kiko y sus hermanos Enrique y José, sacaron provecho de esa adquisición.
Según documentos públicos, los Vega de Lamadrid adquirieron un local de 92 metros cuadrados a un precio mayor al del terreno de 2 mil metros cuadrados.
Pagaron 251 mil 300 pesos por el local; 41 mil 426 pesos más que todo el terreno.
El camino fue así.
Enrique Victoria creó ante notario, una sociedad llamada Edificaciones Pocos el 5 de marzo de 1993, con su esposa Olivia Galván Pérez como socia fundadora.
La propiedad del terreno pasó a manos de esa empresa, que nació 26 días antes de que Kiko renunciara al instituto.
Después Edificaciones Pocos construyó un centro comercial de 20 locales, llamado Plaza Victoria.
Y el 16 de diciembre de 1994, Kiko y sus dos hermanos compraron el local número 15, según el contrato de compraventa.
Ahí instalaron Multiempeños, que operaba con la razón social Casa de Empeño de Baja California, S.A. de C.V., disuelta en 2010 por pérdidas financieras, de acuerdo a un acta de asamblea.
Hoy ese local comercial y otros de la plaza están desocupados y en promoción para rentarse.
Cuando esta reportera solicitó información en los dos números telefónicos que ofrecen los espacios de la plaza, uno fue atendido por Enrique Alejandro, hermano del gobernador, y otro por Edificaciones Pocos.
Hay más vínculos entre Kiko Vega y el prestanombres.
Edificaciones Pocos comparte despacho con la oficina privada del propio gobernador de Baja California, en una plaza sin nombre sobre el bulevar Insurgentes, colonia Río tercera etapa.
Detrás de una puerta de vidrio polarizado rotulada con el nombre del gobernador, operan los negocios de ambos.
Una empleada que no se identificó abrió esa puerta y confirmó que se trata de la oficina privada del gobernador donde atiende sus negocios.
—¿Asuntos inmobiliarios?, se le pregunta sobre los negocios del gobernador.
—Sí.
—¿Son dos negocios aquí?
—Sí.
—¿El otro negocio de qué es?
—Una constructora.
—¿Es Edificaciones Pocos, del señor Victoria?
—Sí, respondió la empleada.
El gobernador y Enrique Victoria atienden sus negocios en la misma oficina.
Hay una larga relación entre el contador Enrique Victoria y el gobernador de Baja California.
Además de triangular en 1993 el terreno público de Mariano Matamoros con el contador, en 2001 Kiko Vega también se ayudó de Victoria Espinoza para hacerse del terreno de Villa Fontana, que también pertenecía al gobierno.
De acuerdo al Código Penal de Baja California, es ilegal que un funcionario se beneficie con ayuda de personas con las que tenga vínculos afectivos o comerciales.
Por eso, la triangulación del predio en Mariano Matamoros encuadra en la probable comisión de delitos de peculado, negociaciones ilícitas y enriquecimiento ilícito, según la ex presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Catalina Salas Bravo.
A los servidores públicos que resultan responsables de peculado, se les debe destituir e inhabilitar para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Además, se hacen acreedores a un periodo de hasta cinco años en cárcel, más los que resulten de otros delitos.
Por enriquecimiento ilícito, un funcionario puede sumar de dos a catorce años de prisión y una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente al momento en que se cometió el abuso.
“Y en el caso del particular, también hay una conducta que se llama promoción de conducta ilícita”, agrega la especialista en derecho.
Quien ayuda a que un funcionario cometa delitos, puede recibir de seis meses a cuatro años y de cincuenta a trescientos días multa.
Pero a pesar de que el gobernador se hace de bienes públicos, Kiko Vega conserva su cargo y sus propiedades sin consecuencia alguna.
Y es que la ley ha jugado a su favor porque con el paso del tiempo los delitos de este caso prescribieron y ya no pueden ser sancionados.
La ex presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas explicó que siendo el peculado el delito con la pena más alta, de ocho a catorce años de cárcel, la ley toma la media de esa suma a partir de los hechos para poder actuar. Es decir 11 años, y ya pasaron 24.
“Tendría que haberse llevado a cabo ya una denuncia, una investigación, o incluso que estuviera ya bajo un proceso penal para considerar que se interrumpió la prescripción”, dijo la abogada Salas Bravo.
Además recuperar los bienes o recursos que un funcionario se apropie “es demasiado difícil”, dijo Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Pero señaló que escenarios como el de Kiko en Baja California pueden significar un conflicto de interés.
“O gobiernas o atiendes tus negocios”, opinó Alvarado.
Pero Kiko no renuncia a ninguno.
En noviembre de 2018, Marisol Rodríguez Meza presentó en nombre del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en contra de Kiko Vega.
Ésta quedó registrada con el número de expediente FED/BC/TIJ/0005116/2018, por delitos relacionados con hechos de corrupción, cuestionando la fortuna inmobiliaria que no ha querido transparentar.
Antes que ellos, el diputado local del Partido Transformemos, Luis Moreno, presentó una denuncia por desvío de recursos también ante la PGR, ahora llamada Fiscalía General de la República.
Y la ex diputada Nancy Sánchez, quien era dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inició una querella más en 2013 por peculado y enriquecimiento ilícito ante el Ministerio Público local.
“Estamos ante un gobierno sumergido en la sospecha”, dijo el diputado local de partido opositor al gobierno, Luis Moreno, quien preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Además de su relación con Enrique Victoria Espinoza, está el destino y uso que debía tener el lote de Mariano Matamoros, que tampoco es claro.
Plaza Victoria se ubica en la colonia Mariano Matamoros Sur. Se construyó sobre un terreno que el gobierno del estado vendió al socio de Kiko en 1993.
El terreno donde se construyó Plaza Victoria fue parte de las más de 480 hectáreas que el gobierno federal expropió en abril de 1987 y terminó como donación en manos de Inmobiliaria del Estado.
Esta donación se hizo a petición del gobierno estatal, a beneficio de una propuesta de reservas territoriales que se llamó “Fraccionamientos Populares Tijuana”, y que tenía el propósito de regularizar el desarrollo urbano del entonces ejido Matamoros.
“Todo era invasión”, dijo Javier Mejía Pancardo, director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi).
“Como la gente invadió, se [tramitó] un permiso de fraccionamientos”.
En ese proceso, aseguró que se dio registro a las áreas comerciales que ya estaban, y así trazaron los usos de suelo.
Aunque ese no es el caso de Plaza Victoria, que se construyó siete años después de la expropiación.
Mejía ofreció la explicación sobre el uso de suelo porque el objetivo de la expropiación fue que los terrenos se utilizaran, “entre otros”, para vivienda de interés social.
Según el contrato de la donación que hizo el gobierno federal al de Baja California, los terrenos podían venderse a desarrolladores, a condición de beneficiar a habitantes o trabajadores de la zona, siempre que no poseyeran otro inmueble habitacional.
Sin embargo, en el terreno que Inmobiliaria del Estado vendió al prestanombres del gobernador, solo hay negocios.
Se pidió a distintas instituciones el plano de lotificación con usos de suelos correspondiente al año de la donación, pero ninguna autoridad la proporcionó.
El Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (Implan) respondió que no lo tenía. Mejía Pancardo contestó lo mismo y culpó a la antigüedad del caso.
“Cuando los expedientes son muy viejos se van quemando y de esos, que son de tantos años, ya no hay nada”, dijo.
En Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana se hizo otra solicitud, pero respondieron que tampoco tenían la información.
“Los usos de suelo estaban dados por las invasiones” insistió Mejía, “Cuando se regularizan, se cobra una cantidad por la regularización, se inscriben en el registro público, y se entregan títulos o escrituras según el caso”.
La vía que tomó Victoria Espinoza para adquirir los más de 2 mil metros cuadrados fue otra. Aunque el contrato de compraventa se celebró en 1993, tuvo que demandar al instituto inmobiliario del estado para obtener las escrituras.
El expediente número 2329/93 del Juzgado Cuarto Civil, que fue inscrito en el Registro Público, dice que Victoria Espinoza buscó formalizar el contrato de compraventa y que gobierno del estado no se presentó cuando fue citado, por lo que un juez ordenó que se le escriturara al testaferro.
El socio de Kiko obtuvo las escrituras casi un año después, en marzo de 1994.
Mejía Pancardo dijo que en sus archivos no tienen registro de una demanda.
No sabe por qué se les demandó ni por qué se le negaron las escrituras al prestanombres de Kiko Vega.
“Por cuestiones que desconozco, no hay antecedentes de la demanda. No existe en el expediente”, dijo el director de Indivi.
Kiko ha sido comerciante y servidor público en las últimas tres década, beneficiándose para incrementar su patrimonio.
Enrique Rafael Victoria Espinoza fue buscado por distintos canales para conocer su versión.
Se le insistió por teléfono, correo electrónico y en persona en la misma oficina que comparte con el actual gobernador de Baja California.
Incluso se le entregaron copias de estos documentos a la empleada que abrió la puerta.
Pero hasta el cierre de esta edición, no ofreció comentario.
La comunicación se dio principalmente a través de Zelma Mascareño, quien responde al teléfono de Edificaciones Pocos.
En una ocasión respondió un hombre que no se identificó y que al escuchar sobre el interés de Newsweek, dijo que el número estaba equivocado y colgó.
Después se hicieron distintos intentos de llamada al mismo número fijo y nadie contestó.
Al gobernador también se le buscó, aunque rechazó la operación que fue documentada para este reportaje y negó una explicación sobre cómo se hizo de un bien que era público.
“He comprado con mucha transparencia”, dijo Kiko Vega alzando la voz.
Pero se le insistió en que el caso está documentado.
“No, no, no. ¡Está equivocada usted, señorita!”, dijo antes de darse la vuelta y marcharse.
El problema en situaciones como la de Kiko es que no rinde cuentas, dijo el legislador Luis Moreno.
Pero Kiko ha evitado hablar al respecto.
Moreno opinó que si Kiko fuera transparente, podría pensarse que es blanco de críticas y ataques por cuestiones políticas, pero es todo lo contrario.
“Él mismo se lo ha provocado”.
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