La palabra “desabasto” ha sido clave en la administración pública federal en enero, pero no solo en el tema de los combustibles, ya que se han encendido los focos rojos para las personas portadoras de VIH/Sida.

Caso emblemático es el de 60 mil pacientes inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que son portadores y de los cuales al menos 30 mil no ha tenido acceso durante estos días a los tratamientos antirretrovirales que contribuyen a impedir que contraigan enfermedades oportunistas que ponen en peligro sus vidas.

Para el 15 de diciembre pasado, personas que viven con VIH/sida, denunciaron el desabasto en el IMSS de cinco fármacos indispensables en la atención de este padecimiento: abacavir-lamivudina, truvada, efavirenz, entricitabina-tenofovir y kaletra. Los tres primeros son esenciales y, de no suministrarse en forma periódica, provocan el deterioro de los portadores.

La AIDS Healthcare Foundation (AHF) denunció en días recientes el desabasto de antirretrovirales en el sector salud en los estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila, así como en el oriente del Estado de México y Ciudad de México. Subrayó que esta circunstancia pone en riesgo la vida de 60 mil personas, cuyo derecho humano a la salud está siendo vulnerado.

Al igual que en otros temas de desabasto, como es el de las gasolinas, es urgente una pronta respuesta institucional y una investigación oportuna que finque responsabilidades en aquellos funcionarios que hubiesen omitido la responsabilidad de licitar la adquisición de antirretrovirales para las personas que viven con VIH.

¿Por qué es tan importante? Por el simple hecho de que se trata de personas, de vidas, de una violación al derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4º constitucional. Porque la desatención y desabasto tendrán costos económicos enormes para el sector salud que se traducirán en más días de ocupación-cama, de atención hospitalaria e insumos humanos y de medicamentos.

Es importante porque en México se estima que en el presente más de 220 mil personas vivan con VIH (uno de cada tres lo desconocen). Porque al 30 de junio de 2018, de estos 220 mil, al menos 147 mil 75 personas recibían tratamiento antirretroviral. Porque dos de cada tres portadores del virus de inmunodeficiencia son atendidos en alguno de los 139 servicios especializados del sector público.

Esta fundación internacional con presencia en México, en mayo de 2018, realizó el foro “Para un abordaje integral en la prevención y atención del VIH: hacia la erradicación del Sida para 2030 en el país”, en el cual participaron representantes de los entonces candidatos presidenciales.

Asa Cristina Laurell, hoy subsecretaria de Integración y Desarrollo del sector salud, en ese momento representante del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se daría cumplimiento al mandato constitucional para garantizar el derecho a la salud.

Por lo cual, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) hace un llamado al director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, así como al director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja, a tomar medidas para subsanar el desabasto de medicamentos antirretrovirales que impedirán mermas en la salud de los pacientes y en la economía de las familias. La lógica indica que el desabasto tendrá consecuencias para las finanzas públicas de este importante Instituto.

De acuerdo con ONUSIDA, a nivel mundial, desde el inicio de la epidemia, 77 millones 300 mil personas contrajeron VIH. Al concluir 2017, casi 37 millones vivían con la enfermedad, de los cuales, poco más de 35 millones son adultos y un millón 800 mil tendrían menos de 15 años.

La meta de Naciones Unidas en el combate al VIH/sida es que para el año 2020, al menos 81% de las personas portadoras con VIH se encuentren diagnosticadas y sean beneficiarias de políticas público-sanitarias de atención y prevención eficaces.

ONUSIDA estima que, a escala global, se necesitarán 26 mil 200 millones de dólares para dar respuesta a la epidemia en 2020.

En 2017 se estimaba que en México 230 mil personas vivían con VIH, sin contar la cifra negra o de casos no registrados, ya que uno de cada tres portadores desconoce su condición.

El cálculo actual de personas vivas es de 220 mil. De los portadores que conocen su condición, más de 147 mil tenían acceso a tratamientos antirretrovirales. La tasa de mortalidad por VIH al concluir  2017 se ubicó en 3.8 casos por cada 100 mil habitantes, a razón de 1.3 mujeres y 6.5 hombres.

En lo personal, y pensando en los costos sociales y económicos del escenario antes descrito, resulta trascendente para la salud –literal– de la república que, en forma transparente, las autoridades informen el monto de recursos públicos que se destinarán durante 2019 a campañas de prevención y de atención del VIH/sida, y que dichas campañas lleguen a todos los sectores de la población, independientemente de los grados de vulnerabilidad o propensión.

Es urgente que el sector salud resuelva en forma pronta y expedita el desabasto de tratamientos antirretrovirales y que en forma simultánea se mantengan e intensifiquen las campañas de prevención de VIH/sida, particularmente entre personas de 15 a 49 años de edad, y que aumente la distribución de condones en forma gratuita entre la población de todas las edades. Se trata de políticas públicas dirigidas a todas las personas y, en especial a grupos vulnerables, de mayor riesgo o propensión.

En promedio, por día 41 personas adquieren VIH, lo que significaría un aproximado de 15 mil personas infectadas por año. Este es un tema de salud pública que no admite “desabasto”.