La titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), Ofelia Castillo Díaz, informó que la dependencia a su cargo se encuentra analizando dos procesos administrativos en contra de la empacadora de carnes, UGASA, ubicada en Av. Universidad, así como de la empresa forrajera para ganado, FOGASA, ubicada en el Fracc. Arboledas, debido a contaminación generada durante sus procesos de producción.
“Estamos atendiendo dos procedimientos jurídico-administrativos que pueden llegar a una sanción a través de la dictaminación que se haga de ambos casos, son sanciones económicas o, lo que está aplicando mucho la procuraduría, el pago de compensación ambiental”, indicó.
Ambos procedimientos datan de finales de 2018, por lo que se espera que puedan concluirse en la definición de la multa económica a más tardar en el mes de marzo.
En el caso de UGASA, a mediados de noviembre, el Congreso local emitió un exhorto al Poder Ejecutivo del Estado para establecer una estrategia conjunta entre la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), para evaluar el impacto social y ambiental de las actividades industriales de dicha empresa, a fin de lograr su reubicación, fuera de la zona urbana de Aguascalientes.
Asimismo, se indica que en caso de confirmarse las emisiones de sustancias contaminantes se puedan establecer las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley en la materia.
Castillo Díaz señaló que personal de la procuraduría ha acudido a ambas empresas para verificar el cumplimiento a las disposiciones ambientales, o en su caso, determinar la sanción a imponerse, de las que la funcionaria estala evadió mencionar su tope al señalar que se trata de casos que “están siendo investigados”.
“Hemos tenido visitas a ambos sitios, incluso he ido yo personalmente. A veces cuando llegan más reportes se juntan al expediente y hasta que yo no termine un procedimiento, puedo iniciar otro”, comentó.
De acuerdo a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes en su artículo 212, se señala que las multas por este concepto podrían ir de los dos a 20 mil días de salario mínimo vigente en la región, además de la clausura temporal o definitiva de los establecimientos.
Durante el análisis de los procedimientos sancionatorios, las partes denunciadas -en este caso las empresas- tienen la oportunidad de presentar las evidencias que indiquen que sus procesos de producción se encuentran libres de emisiones contaminantes para el ambiente.
“Incluso se podría sugerir su reubicación, pero eso ya dependerá de la evaluación de las afectaciones al ambiente”, aseveró Castillo Díaz.
